Las Procuradurías de Protección, una respuesta inmediata frente a la violencia contra la niñez

Fortalecer a estas instituciones y exigir su actuación inmediata y oportuna es un deber y compromiso que el Estado debe asumir con la niñez y adolescencia, con su seguridad, su dignidad y su derecho a vivir libres de violencia

¿Sabías que en México existen instituciones especializadas en cuidar y defender los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes? Se trata de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, instituciones creadas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar que ningún niño o niña quede sin protección ni acompañamiento antes la vulneración de sus derechos.

Las Procuradurías de Protección tienen diversas facultades, entre las que pueden destacarse: garantizar la protección efectiva y restitución de los derechos de la niñez, detectar situaciones en las que puedan estar en riesgo su bienestar, dar asesoría legal y psicológica cuando se encuentran ante una afectación de sus derechos y fortalecer el cumplimiento de la ley y los derechos de la niñez en coordinación con otras autoridades.

Bajo ese contexto, cobran relevancia las reformas legislativas publicadas el pasado 30 de septiembre en el Periódico Oficial del Estado de México, mediante las cuales se modificaron disposiciones del Código Penal, el Código Administrativo, la Ley de Víctimas y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todas del Estado de México.

Dichas reformas tienen por objeto fortalecer el marco jurídico local para la protección frente a la violencia sexual contra la niñez y adolescencia, reforzando las obligaciones específicas de las autoridades para garantizar una respuesta inmediata y efectiva cuando se identifiquen casos en los que niñas, niños o adolescentes han sido víctimas.

Entre las modificaciones más relevantes se establece la obligación de las autoridades educativas y del sector salud de dar aviso inmediato a las Procuradurías de Protección cuando se detecte que una niña, niño y adolescente es víctima de violencia sexual. Este cambio es crucial, pues garantiza que las Procuradurías de Protección, actúen de manera inmediata para su protección integral, disminuyendo la posibilidad de que sean revictimizados o estén expuestos a más formas de violencia.

La importancia de esta reforma se refuerza con los datos; de acuerdo con el INEGI 2024, la cifra oculta de delitos sexuales alcanza el 95%. Sin embargo, en el caso de niñas, niños y adolescentes, una parte significativa de los casos se detecta desde el sector salud o el educativo. Según datos de la Secretaría de Salud, entre 2019 y 2023, 9,822 niñas, niños y adolescentes requirieron atención médica por violencia sexual, lo que significa que cada día 27 niñas y niños llegan a una unidad de salud por esta causa.

Estos números muestran la urgencia de contar con mecanismos de respuesta inmediata y articulada. El sector salud, al tener contacto directo con la niñez cuando se presentan daños físicos, puede detectar señales de violencia sexual. Por su parte, el sector educativo, al ser un espacio cotidiano de convivencia y confianza, también puede identificar signos de alerta. En cualquiera de los casos es necesario que el Estado establezca protocolos y leyes que de manera clara señalen como obligación de estas autoridades activar mecanismos para proteger y denunciar.

De ahí deriva la importancia de esta reforma, pues determina que no basta con denunciar ante el Ministerio Público, es necesario dar aviso inmediato a las Procuradurías de Protección, para accionar una protección reforzada que garantice una intervención con enfoque en el interés superior de la niñez.

Deben seguirse fortaleciendo a las Procuradurías de Protección, en su papel de “las abogadas de la niñez”, promoviendo la inmediatez de su intervención que tiene como propósito que se adopten las medidas necesarias para asegurar el respeto, protección y restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas.

Finalmente, vale recordar que aunque la violencia sexual es una de las vulneraciones más graves a los derechos humanos de la niñez, las Procuradurías de Protección están facultadas para intervenir en cualquier caso de vulneración de derechos, ya sea por violencia física, abandono, maltrato o cualquier otra forma de violencia.

Fortalecer a estas instituciones y exigir su actuación inmediata y oportuna es un deber y compromiso que el Estado debe asumir con la niñez y adolescencia, con su seguridad, su dignidad y su derecho a vivir libres de violencia.

Escuelas ¿espacios de aprendizaje o de violencia?

Por Valeria González Ruiz, Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo

El mensaje es claro: las escuelas tienen que ser aliadas protectoras, no cómplices y mucho menos agresoras, ellas contribuyen directamente al bienestar, la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos de la infancia

“Nos enteramos del abuso que vivieron niñas y niños de 3 a 5 años de edad en su escuela, incluidos nuestros hijos y nuestras hijas. En un principio todo parecía extraño; sin embargo, escuchar a otros padres mencionar los síntomas que presentaban sus hijos resonaba en nosotros porque sabíamos que su dolor era el que estábamos sintiendo”

Testimonio narrado en el Acto de disculpa pública por la actividad irregular del Estado por los abusos cometidos por servidores públicos en el Jardín de Niños “Marcelino de Champagnat” el 28 de agosto 2025

Aunque parezca increíble, la violencia sexual cometida dentro de las escuelas es un fenómeno real y frecuente. De acuerdo con los datos de lesiones de la Secretaría de Salud, en 2023 se registraron 268 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes ocurridos en el entorno escolar: 68 contra niñas y niños de entre 1 y 5 años, 79 contra el grupo de 6 a 11 años y 121 contra adolescentes de entre 12 y 17 años. Paradójicamente el sector educativo, al igual que el sector salud, resulta clave para la detección y atención inmediata de casos de violencia sexual, ahí se pueden identificar señales de alerta, fortalecer factores de protección y fomentar una cultura del respeto y la no violencia desde edades tempranas.

En ese sentido, es prioritario no solo evitar que casos tan atroces sucedan dentro de los planteles, sino también crear los mecanismos necesarios para detectar a tiempo y atender sin revictimización violencia sexual infantil. Es por eso que este ciclo escolar podemos celebrar un gran logro, fruto de años de lucha: en 2018 se descubrieron diversas agresiones sexuales en contra de niñas y niños del Jardín de Niños "Marcelino de Champagnat" en Ciudad de México, cometidas por parte de personal docente, directivo y de supervisión. Las 17 familias víctimas iniciaron un arduo proceso de acceso a la justicia -acompañadas de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI)-, que concluyó en 2021 con una sentencia que dictó 494 años de prisión y que señala la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública de garantizar un servicio educativo seguro para la niñez, obligándola a implementar diversas medidas de reparación y no repetición.

Este año al fin se ven materializadas esas medidas; en mayo se publicaron los Lineamientos para la prevención primaria, atención y medidas de no repetición para la erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica que establecen obligaciones para las autoridades en la prevención y atención de casos de violencia sexual. Estos incluyen acciones de prevención, detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento de casos, señalando con énfasis la coordinación interinstitucional como una medida para fortalecer la atención y evitar la repetición de estas violencias. Por otra parte, se incluyó en el Calendario Escolar 2025-2026 la Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, que tiene por objetivo brindar las herramientas necesarias a personal docente y administrativo para prevenir, identificar y actuar frente a la violencia sexual en las aulas, así como que las y los alumnos cuenten con la información necesaria para reconocer la violencia sexual y saber a quién acudir si llegan a presenciarla, vivirla o identificarla.

Finalmente, la Secretaría de Educación Pública -a través de su titular Mario Delgado Carrillo- ofreció disculpas públicas por la "actividad irregular del Estado" en los actos de violencia sexual cometidos en el Jardín de Niños "Marcelino de Champagnat", reconociendo que la autoridad falló en cuidar y proteger a las niñas y niños, y en garantizar que su escuela fuera un espacio libre de violencia.

El mensaje es claro: las escuelas tienen que ser aliadas protectoras, no cómplices y mucho menos agresoras, ellas contribuyen directamente al bienestar, la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos de la infancia. Las y los docentes pueden detectar oportunamente signos de abuso o riesgo; fortalecer la participación de familias y comunidades en la prevención; y crear una cultura escolar basada en el respeto, la igualdad y la protección.

Definitivamente estos avances son solo el primer paso en un largo camino para la construcción de entornos libres de violencia para la infancia y adolescencia de nuestro país. En lo individual, es prioritario allegarnos de información y herramientas efectivas para entender y prevenir efectivamente la violencia sexual infantil en todos los ámbitos sociales, especialmente en el familiar, escolar, y de salud.

En alumbramx.org se alojan herramientas de prevención dirigidas a mamás, papás pero también a cuidadores y autoridades de primer contacto; entre ellas, insumos específicos para identificar espacios escolares seguros. Ahí podrán, por ejemplo, aprender que las aulas que no permiten la visibilidad favorecen los abusos; que los baños no deben compartirse con personal docente; que los conserjes no deben vivir dentro de las escuelas; o que las escuelas deben de contar con protocolos de actuación claros que contemplen dar vista inmediatamente a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ante cualquier indicio de un caso de violencia sexual. Les invito a involucrarse, informarse y asumir una responsabilidad colectiva en la prevención de la violencia sexual ejercida contra niñas, niños y adolescentes.

Guía para madres y padres; lo que nadie te cuenta al tener un hijo

Por: Rafel Vincent Morfín Calvo, Abogado del área de Asuntos Públicos de Early Institute.
Publicación original de: El Heraldo de México

Esta guía representa nuestro compromiso con la primera infancia, la niñez y la adolescencia, así como con los adultos que, al igual que hicieron mis padres, día con día dan lo mejor de sí para que niñas y niños puedan vivir una infancia plena y feliz

Me gustaría comenzar por dar un profundo, sincero y humilde agradecimiento a mi papá, a mi mamá y a mi abuelita, quienes con mucho esfuerzo, dedicación y compromiso, nos dieron a mi hermana y a mi una infancia plena, una educación admirable e inculcaron en nosotros valores y principios que nos acompañan durante nuestra adultez. Por todo su amor, cariño y apoyo, ¡muchas gracias!

Dicho lo anterior y viendo ahora la vida desde la etapa adulta, me admira aún más la firmeza y convicción con que los padres y madres mexicanos hacen una labor heroica para criar, educar y proteger a sus hijas e hijos, pues la toma de decisiones sobre la vida de un ser que depende completamente de ti, puede llegar a ser sumamente compleja y, a veces, hasta estresante.

Y es que no solo te enfrentas al dilema de cómo tus decisiones van a influir o a direccionar el curso de vida de tu hija o hijo, sino que muchas veces también te enfrentas a la duda y al cuestionamiento derivado de la “opinología” de muchas personas que, consideran, podrían realizar una acción mejor que tú o que cuentan con más experiencia para resolver determinadas problemáticas.

Lo cierto es que no existe un manual concreto de cómo ser una madre o un padre en el que se entreguen instrucciones detalladas para la crianza de hijas e hijos; nada tampoco te prepara para las situaciones particulares que enfrentarás en el día a día a lo largo de todas las etapas de crecimiento desde su niñez, adolescencia e incluso, en muchas ocasiones, también durante su etapa adulta.

Es por ello que desde Early Institute hemos desarrollado un documento ejecutivo pero con sentido práctico titulado Mis Derechos y Deberes como Padre y Madre, en la cual se explican a detalle los derechos y obligaciones que adquieres en el momento que tienes una hija o hijo en tópicos de gran relevancia como la crianza, la educación, la salud y la protección jurídica.

Por ejemplo, ¿sabías que tienes la obligación de proveer a tus hijas e hijos de educación, y que tienes el derecho de elegir el tipo de educación que consideres más adecuada para ellos? Parecería lógico, pero en más de una ocasión puedes llegar a cuestionarte si hacer caso a tus instintos parentales, o si escuchar las voces del exterior que tienen una opinión diversa.

Otro ejemplo, tal vez menos lógico que el anterior es, ¿sabías que como madre o padre tienes la obligación de administrar los bienes con que cuente o llegue a contar tu hija o hijo hasta los 18 años, y que para ello, puedes decidir respecto de la utilización de estos, siempre y cuando se realice de manera prudente y observando el mayor beneficio para ellos?

Habrá situaciones que te resulten intuitivas, lógicas y predecibles, pero habrá otras en las que descubras que tus derechos como madre o padre van más allá de lo que te hubieras podido imaginar, por lo que podrás poner en práctica una parentalidad plena e integral en beneficio de tu hija o hijo.

Adicionalmente, dentro de la guía preparamos para ti una sección con consejos prácticos para que tú, como madre, padre o persona que ejerce la patria potestad, guarda o custodia, puedas hacer valer tus derechos de una manera más efectiva.

Para concluir, me gustaría invitarte a consultar y descargar de manera gratuita la guía en comento; puedes encontrarla en nuestra página de internet, staging.earlyinstitute.org/ donde también podrás conocer un poco más acerca de nuestro trabajo en favor de la vida de niñas, niños y adolescentes, la familia, las mujeres embarazadas y todo el ecosistema que interviene en la vida de las y los menores. Esperamos la disfrutes mucho y te sea de mucha utilidad para acompañar el presente y el futuro de la crianza de tus hijas e hijos.

Informarte como mamá o papá es cuidar mejor

Por: Sandra Espinosa Rizo, Abogada del área de Asuntos Públicos
Publicación original en El Heraldo de México

Conocer tus derechos como mamá o papá no solo te fortalece a ti, también protege a tus hijas e hijos. Por eso, hoy más que nunca, es momento de informarse, exigir y ejercer tu parentalidad con responsabilidad.

Convertirse en madre o padre transforma la vida, no implica solo la llegada de una nueva persona por amar, sino que también la adquisición de nuevos derechos y obligaciones fundamentales.

De acuerdo con los estándares de derechos humanos, se reconoce a la familia como el pilar fundamental de la sociedad, razón por la cual debe ser protegida desde los más altos niveles normativos tanto nacionales como internacionales. Dentro de los objetivos de la protección de la familia está garantizar que las niñas y niños que ahí se desarrollan lo hagan de manera adecuada, en vínculos sanos, de confianza y afecto por quienes integren su núcleo familiar.

Es por ello que, como mamá o papá, debes contar con toda la información sobre tus responsabilidades y derechos, no solo para cumplir de manera adecuada tu papel sino también para asegurarte que tus hijas e hijos crezcan de manera plena y con las herramientas necesarias para la vida.

Desde Early Institute, conscientes de la complejidad de lo que esto puede implicar, hemos diseñado una herramienta útil y sencilla, la guía: Mis derechos y deberes como madre y padre, pensada como un recurso práctico para el día a día de las familias.

En un contexto en el que diariamente surgen noticias sobre el reconocimiento de nuevos derechos y formas de protección para niñas, niños y adolescentes, es comprensible que te sientas confundido o incluso temeroso sobre qué puedes hacer y cuál es tu papel al respecto, por lo que es necesario contar con herramientas que respondan esas dudas con información clara y accesible.

Basados en el concepto de la responsabilidad parental, esta guía se encuentra dividida en cinco apartados clave: educación, cuidado y protección, crianza, salud y representación legal. El desarrollo de estos elementos se centra en lo que puedes y debes hacer para asegurar el bienestar de tus hijas e hijos. Por ejemplo, elegir la escuela, decidir sobre su formación, garantizar su alimentación y atención médica, o dar una representación adecuada ante cualquier autoridad. Todas estas acciones cotidianas que podrían parecen instintivas, tienen un marco legal que las respalda y que es importante las conozcas.

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022, el panorama para la primera infancia en México sigue presentando retos urgentes. Más de la mitad (53.8%) de niñas y niños de 1 a 4 años ha sido sometida a métodos de disciplina violentos por parte de sus cuidadores; el 8.1% recibe cuidados inadecuados; el 7.7% presenta sobrepeso u obesidad y sólo el 42.6% de la niñez de edad menor a un año tiene completo su esquema de vacunación. A todo ello se suma que el 46% de niñas y niños menores de cinco años carecen de acceso a servicios de salud, esto último según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de 2022.

Estas cifras reflejan una realidad alarmante que exige fortalecer las capacidades de todas las madres y padres, reconociendo que son por principio, quienes mejor conocen a sus hijas e hijas, y que tienen una relación de corresponsabilidad con el Estado que debe apoyar, orientar e intervenir cuando sea necesario, todo esto con el fin primordial de garantizar el bienestar integral de todas las niñas, niños y adolescentes.

Conocer tus derechos como mamá o papá no solo te fortalece a ti, también protege a tus hijas e hijos. Por eso, hoy más que nunca, es momento de informarse, exigir y ejercer tu parentalidad con responsabilidad. Te invitamos a consultar nuestra página web staging.earlyinstitute.org/ y descargar de manera gratuita la guía Mis derechos y deberes como madre y padre, para seguir construyendo un mejor presente y futuro para todas las niñas, niños y adolescentes.

Descarga gratis la guía Mis derechos y deberes como madre y padre aquí: https://bit.ly/4kOGsfb

Maternar es resistir

Por Valeria González Ruiz, Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo

Todas aquellas mujeres que han tomado el camino de la maternidad lo hacen -bajo las condiciones actuales- con valentía, amor, pero también con mucha resiliencia

“Millones de hombres y mujeres se sacrifican para cuidar la vida de los demás.
Ellos encarnan la resistencia”
Ernesto Sábato

Hoy en día, ejercer la maternidad puede parecer un acto de resistencia: embarazarse, parir, lactar pueden sentirse como actos revolucionarios que desafían a un sistema que, de una u otra forma, nos ha oprimido y dificultado día con día el ejercicio de la maternidad.

Todas aquellas mujeres que han tomado el camino de la maternidad lo hacen -bajo las condiciones actuales- con valentía, amor, pero también con mucha resiliencia. Muchas tienen miedo de dar a conocer su embarazo a sus empleadores por temor a represalias, miles han sido despedidas, otras más han tenido que renunciar a su trabajo porque carecen de redes de apoyo para cuidar de sus bebés.

Y estas historias, familiares para todos, han impactado irremediablemente las dinámicas familiares, la forma en la que nos conducimos como sociedad y, por supuesto, las cifras de natalidad. En el marco del Día Mundial de la Fertilidad, que se conmemora en este mes de junio, se publicaron numerosos estudios que muestran la reducción de la natalidad a nivel global.

Por ejemplo, desde el 2007 los índices de natalidad en Estados Unidos han ido en declive según los registros del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La preocupación sobre la posibilidad de que la economía del país colapse y de un futuro que no cuente con la fuerza de trabajo suficiente para brindar seguridad social y protección a la creciente población de personas mayores, ha generado una “lluvia de propuestas” que se han anunciado en medios de comunicación para incentivar el incremento de nacimientos: un bono a cada mujer después del parto; una “medalla nacional de la maternidad“ a la que podrían aspirar aquellas mujeres que tuvieran seis o más hijos; e incluso reducir el costo de los procesos de fecundación in vitro.

Pero no se trata solo de incrementar los números, sino de brindar las condiciones adecuadas para que las madres y padres cuenten con herramientas para que sus hijas e hijos crezcan en condiciones dignas y libres de violencia.

En contraste Japón, que comparte las mismas inquietudes, ha implementado no “ideas creativas” sino políticas públicas integrales para resolver esta problemática de forma estructural. De acuerdo con la página de la Oficina del Primer Ministro de Japón, la población joven de este país decaerá rápidamente después del 2030, volviendo imposible revertir la tendencia, por lo que han diseñado toda su estrategia sobre por 4 ejes: 1) apoyo financiero, con reducción del costo de las escuelas y creación de becas, no solo para los hijos, sino para aquellos que incluso estudian posgrado y deciden tener hijos, con subsidios para cubrir los costos de las consultas prenatales y el parto, además de uno mensual que puede incrementarse con el número de hijos; 2) apoyo de asesoría, acompañamiento y proveeduría de vivienda para garantizar que existan espacios asequibles donde críar a sus hijos; 3) promoción de la conciliación laboral con la vida familiar, a través del impulso a licencias de paternidad, coordinación con los trabajadores para que escojan el formato de trabajo que mejor se ajuste a su estilo de vida y reducción de horarios laborales; 4) impulso de la “estrategia para el futuro de la niñez”, esto significa que todos los miembros de la sociedad -incluyendo las empresas- aporten recursos para incrementar considerablemente el presupuesto destinado al futuro y estabilidad de la niñez, como una respuesta solidaria a su cuidado.

Y México no se queda atrás: de acuerdo con el Consejo Nacional de Población en 2023 las mexicanas en edad reproductiva tuvieron 1.6 hijas o hijos, en contraste con 2018 que tuvieron 2.07, mientras que en 1997 fue de 2.7.

Aquí la maternidad -en todas sus expresiones- es una de las principales razones por las que se discrimina; ésta es bienvenida y celebrada por todos en la vida privada -por ejemplo, felicitamos a nuestra amiga por su embarazo y la llegada de su bebé-, sin embargo, en la esfera pública -como en el trabajo, la escuela o el sector salud- es tratada con desprecio y violencia. La discriminación laboral por embarazo, la violencia obstétrica, ausencia de espacios de lactancia dignos e higiénicos, presión para abandonar los estudios, horarios de trabajo extenuantes y poco flexibles, imposibilidad para ascender laboralmente y falta de espacios para el cuidado infantil seguros y accesibles son fenómenos que reflejan esta realidad.

Es cierto, hemos tenido enormes avances en materia de derechos humanos los últimos años. Hoy somos un país que es liderado por una mujer presidenta y contamos con congresos legislativos paritarios. Poco a poco se han abierto puertas que antes se encontraban totalmente cerradas para las mujeres; sin embargo, aún existe una deuda pendiente: brindarle una protección reforzada a la maternidad y al embarazo.

Impulsar la igualdad de género de forma estratégica y coherente exige visibilizar la maternidad como una de las facetas de la mujer más susceptible de ser vulnerada y, en consecuencia, brindarle una protección reforzada.

Es por eso que celebro que ya se están haciendo esfuerzos legislativos para brindar una protección reforzada a la maternidad. Destaca una iniciativa presentada en Cámara de Diputados, aprobada por unanimidad y que actualmente está en Comisión de Igualdad de Género esperando a ser dictaminada; ésta tiene por objeto 1) visibilizar a la discriminación laboral por embarazo como una forma de violencia ejercida en contra de la mujer; 2) brindar una protección reforzada al embarazo, la lactancia y la maternidad en el espacio laboral; 3) visibilizar que la mujer embarazada y su bebé pueden sufrir afectaciones a su vida y salud a causa de este tipo de violencia; y 4) establecer mecanismos para sensibilizar, atender adecuadamente y sancionar actos de discriminación laboral por embarazo.

Este ejemplo debe de ser solo el inicio de una ola de protección a la maternidad que permita cambiar el sistema de raíz, un conjunto de cambios profundos y estructurales que envíen un mensaje contundente de aceptación y protección, para que la maternidad ya no sea más sinónimo de resistencia.

Sin nombre, sin derechos: las barreras que impiden el registro de niñas y niños

Por: Sandra Espinosa Rizo, Ejecutiva de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

En este caso, el padre biológico no era el esposo legal de la madre al momento del nacimiento de la niña, por lo que, para que la niña pudiera ser registrada

El pasado abril de 2025, una jueza federal del estado de Morelos resolvió un asunto que es clave para la protección progresiva del derecho a la identidad de la niñez. El amparo 272/2025 resuelto por la Jueza Quinta de Distrito en el Estado de Morelos abordó el caso de una niña de cinco años a la que se le negó el registro de su nacimiento.

Esta negativa se basó en la aplicación de diversos artículos del Código Familiar y del Reglamento del Registro Civil, ambos del estado de Morelos, por los que se establece la presunción de que todo hijo nacido durante el matrimonio es hijo del esposo, y que solo podrá ser distinto, si el esposo desconoce la paternidad ante un juez.

En este caso, el padre biológico no era el esposo legal de la madre al momento del nacimiento de la niña, por lo que, para que la niña pudiera ser registrada, se les exigía primero que, el hombre que fue su esposo, iniciara un juicio de desconocimiento de paternidad, y con esa sentencia, tramitar una constancia de inexistencia de registro y luego así poder expedir un acta de nacimiento.

Obtener un acta de nacimiento es considerado un trámite sencillo; sin embargo, en casos como el que se expone, puede convertirse en toda una travesía legal que, como aquí, puede concluir en una vulneración directa al derecho a la identidad, pues mientras se resolvía esta disputa, ¿qué ocurría con la niña durante esos 5 años?

Una niña o niño sin acta de nacimiento no existe jurídicamente, la falta de este documento le cierra la puerta al ejercicio de otros derechos esenciales, como lo son el acceder a servicios de salud, a centros de cuidado y educación, o a programas sociales. Sin un acta de nacimiento, la niña o niño no tiene legalmente un nombre, una nacionalidad, una filiación reconocida, es decir, una identidad, lo que los coloca en una situación de gran vulnerabilidad.

De acuerdo con el artículo 4° de la Constitución, toda persona tiene derecho a una identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento; también el artículo 8.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, dice que los Estados deben respetar el derecho de la niñez a preservar su identidad. No obstante, de acuerdo con el último censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mismo que se realizó en 2020, en México hay poco más de 451 mil personas sin un acta de nacimiento.

Las razones por las que una niña o niño no son registrados al nacer, son muchas, desde condiciones sociales como pobreza, falta de información, la ubicación geográfica de las oficinas del Registro Civil, nacimientos fuera del sistema de salud, maternidades vulnerables, infancias en movilidad humana, así como la existencia de obstáculos legales o burocráticos que impiden, complican o retrasan el registro.

Es así que, no es posible atribuir la falta de registro de nacimiento a una negligencia de los padres, cuando en realidad existen diversas barreras sociales, legales y económicas que muchas veces se combinan para obstaculizar el cumplimiento de este trámite. Más aún cuando el Estado tiene la obligación de garantizar que todas las niñas y niños cuenten con un acta de nacimiento, eliminando los obstáculos que vulneran su derecho a la identidad.

Si bien lo establecido por el Código Familiar y el Reglamento del Registro Civil del estado de Morelos, puede interpretarse como una medida orientada a la protección de las niñas, niños, así como de sus vínculos familiares, casos como este evidencian una problemática relevante, y es que la aplicación estricta de una ley, en ciertos contextos, las coloca por encima del bienestar y el interés superior de la niñez.

La sentencia de la jueza Martha Eugenia Magaña es un paso en la dirección correcta, pues establece una obligación para las y los legisladores, así como para todas las personas que aplican las leyes (como son el personal del Registro Civil), a revisar de manera critica el marco normativo, para evitar que las leyes desconozcan realidad, y como consecuencia, vulneren derechos esenciales e inherentes a la dignidad humana de niñas y niños, quienes por su edad son los más vulnerables.

Es urgente revisar y analizar las normas para armonizarlas con los derechos de la niñez, eliminando barreras legales y prácticas burocráticas que impiden que niñas y niños tengan acceso de manera inmediata a un acta de nacimiento que les permita ejercer plenamente todos sus derechos.

La educación como víctima del crimen organizado

Por: Sandra Espinosa
Publicación original de: El Heraldo de México

Las consecuencias de la violencia ocasionada por el crimen organizado son evidentes y diversas; por mencionar algunas: México vive desplazamientos internos, reclutamientos, extorsiones, homicidios, entre otros delitos

El crimen organizado se ha convertido en una amenaza para el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en México. De acuerdo con información de la organización civil Mexicanos Primero, en al menos siete estados de la República, mencionando Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Morelos, Tabasco y Baja California, la violencia generada por el crimen organizado ha impedido que la educación se lleve a cabo de manera cotidiana durante el inicio de este año 2025.

El comunicado de Mexicanos Primero señala que la violencia e inseguridad provocada por el crimen organizado, a través de balaceras, homicidios y la colocación de narcomantas, han obligado a muchas escuelas a cerrar, completamente o de manera intermitente, a llevar clases en línea, o a que las familias no se sienten seguras de llevar a sus hijos a la escuela, elevando el ausentismo escolar.

Las consecuencias de la violencia ocasionada por el crimen organizado son evidentes y diversas; por mencionar algunas: México vive desplazamientos internos, reclutamientos, extorsiones, homicidios, entre otros delitos. Sin embargo, una de las afectaciones a la que debemos prestar especial atención es a la interrupción de la educación, que compromete el futuro de la niñez y adolescencia mexicana.

La educación es un derecho de todas las personas, pero de gran importancia para niñas, niños y adolescentes, pues la educación tiene como principal objetivo el pleno desarrollo de su personalidad. A través de la educación, las niñas y niños adquieren no solo conocimientos académicos, sino también valores, habilidades sociales y herramientas para que comprendan y ejerzan plenamente sus demás derechos.

Además de que la educación permite combatir desigualdades, pues actúa como una herramienta clave en la disminución de la pobreza. Según la UNESCO, un año adicional de escolaridad incrementa los ingresos de una persona hasta un 10%.

Las y los estudiantes del estado de Sinaloa son de los más afectados, ya que desde septiembre de 2024 se enfrentan a una guerra entre grupos del crimen organizado. Esto ha generado que las autoridades implementen medidas que pretenden proteger a niñas y niños de la violencia en las escuelas.

A principios de febrero, la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, afirmó que existen protocolos establecidos para salvaguardar a estudiantes dentro de las escuelas en situaciones de riesgo. Además, el 20 de febrero de este año, la misma Secretaría anunció que, debido a los constantes hechos de violencia en Culiacán, estudiantes de todos los niveles recibirían clases de manera virtual como medida preventiva.

Si bien estás medidas resultan necesarias para prevenir situaciones que pongan en peligro la vida y seguridad de las y los estudiantes, es necesario que se haga conciencia de que esto no es suficiente para garantizar que la educación se ejerza de manera plena.

Una clase en línea no sustituye la interacción en un salón de clases, el jugar con amigas y amigos, el acompañamiento de maestras y maestros, sin olvidar -además-, que no todas las familias cuentan con los recursos necesarios, como una computadora o acceso a internet, que les permita a sus hijos tomar sus clases de manera adecuada.

No podemos permitir que la violencia transforme el ir a la escuela en una situación de incertidumbre y peligro. La educación no puede ser una víctima más del crimen organizado y como sociedad debemos exigir soluciones efectivas para que se ejerza de manera plena el derecho a la educación y debemos participar activamente en la construcción de entornos seguros para la niñez y adolescencia.

Maltrato en el embarazo, ¡no es normal!

Por: Ana Reza Calvillo
Publicación original de: El Heraldo de México

Año con año hay situaciones de maltrato y violencia hacia las mujeres embarazadas en los servicios médicos. Muchas mujeres que acuden a atender su embarazo, en vez de una atención segura y respetuosa, reciben gritos y regaños, palabras denigrantes, comentarios ofensivos.

Muchas de nosotras tenemos una amiga o hermana que ha estado embarazada y puede contarnos sobre médicos que la hicieron sentir como tonta, sobre cómo, en lugar de contestar sus dudas, le hacían caras, ignoraban sus inquietudes o no la tomaban en serio cuando ella expresaba molestias o dolor.

Estos tratos no están bien, las mujeres deberían sentirse protegidas por las instituciones médicas, no vulneradas ni atacadas. Por ello, desde Early Institute hemos elaborado la Guía para la protección de la mujer embarazada y sus hijos e hijas por nacer, donde madres y padres podrán informarse sobre los derechos de atención médica de calidad que tienen, protegidos por la ley, y encontrarán herramientas para prevenir, identificar y denunciar malos tratos y violencia en el sistema médico.

Crear y difundir instrumentos como esta guía es indispensable, porque hay un panorama de gran vulneración de derechos que no podemos pasar por alto. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, entre 2016 y 2021, 31% de las mujeres embarazadas sufrieron algún tipo de maltrato por parte del personal médico que las atendió. Estamos hablando de que una de cada tres mujeres embarazadas vive una situación adversa en los servicios de salud, lo cual es realmente indignante.

En México contamos con un marco normativo amplio que regula el trato de calidad que debe ofrecer el personal médico y protege los derechos de las mujeres y de sus hijos e hijas por nacer, por ejemplo, la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Sin embargo, estas disposiciones quedan en letra muerta.

La realidad es que las mujeres están viviendo situaciones violentas en el sistema de salud y, lo peor de todo: comúnmente desconocen que no deberían soportar esos tratos. Es normal, nos decimos, ya me pasó en el primer parto, entonces va a ser igual en el segundo. Le confiamos “al sistema” nuestra salud y la de nuestro bebé, pensando que ellos son los expertos, que saben más, y así terminamos normalizando situaciones que nos vulneran, cuando no deberíamos permitirlas por ningún motivo.

Hay un gran desconocimiento sobre las condiciones mínimas de atención que podemos y debemos exigir. Las mujeres llegan a los centros de salud para dar seguimiento a sus embarazos sin saber los derechos básicos de atención médica que tienen, porque en los servicios médicos, que son justo el lugar donde debería dárseles información, no se les dice, por ejemplo, que tienen derecho por lo menos a cinco consultas prenatales para vigilar su embarazo, que en cada una de las consultas se les debe hacer un examen físico completo y que en caso de urgencia obstétrica tienen derecho a la atención totalmente gratuita en cualquier centro médico público, sin importar si están o no aseguradas.

En México, tristemente estamos acostumbradas a que en los servicios de salud públicos nos traten mal, solo porque son públicos, pero esto no es normal y no está bien. No está bien que nos regañen cuando hacemos preguntas, no está bien que se tarden en atendernos a propósito porque nos quejamos del dolor, no está bien que nos obliguen o amenacen para firmar papeles sin decirnos qué son, no está bien que nos practiquen una cesárea sin darnos una explicación previa y sin pedir nuestro permiso, no está bien que nos esterilicen durante el parto para que ya no podamos embarazarnos, no está bien que una de cada tres mujeres se enfrente con situaciones de este tipo mientras atiende su embarazo en un lugar que debería de velar por su salud y bienestar.

En un país que tiene instrumentos legales para defender a las mujeres, la falta de información está impidiendo que ellas alcen la voz ante los malos tratos que enfrentan. Por ello, desde la sociedad civil estamos poniendo a disposición de las mujeres y sus parejas la Guía para la protección de la mujer embarazada y sus hijos e hijas por nacer, para que conozcan sus derechos fundamentales, para que exijan que el personal médico les dé un trato de calidad antes y durante el embarazo, en el parto y el posparto.
En esta guía, que diseñamos de la mano con madres y padres que se enfrentaron con estas problemáticas, encontrarán herramientas para prevenir, identificar y denunciar malas prácticas médicas.

Como madres, como padres, pueden denunciar formal y jurídicamente cuando sus derechos son vulnerados. En esta guía les decimos dónde y cómo pueden denunciar, de acuerdo con la institución donde sucedió el maltrato, qué pasos deben seguir, en qué páginas de internet pueden encontrar más información o incluso levantar una denuncia desde ahí y a qué teléfonos pueden llamar para recibir acompañamiento y apoyo psicológico si lo necesitan.
Desde Early Institute hacemos este esfuerzo para que ustedes, madres y padres, nunca más se enfrenten a situaciones desagradables en el sistema de salud, que nunca más se queden callados con tal de que los atiendan. Por ello, los invitamos a descargar y compartir gratuitamente esta guía desde nuestra página oficial, staging.earlyinstitute.org/. Léanla, compártanla, háganla suya y alcemos juntos la voz. No permitamos que la violencia contra las mujeres embarazadas y sus bebés pase desapercibida.

Niñas, niños y adolescentes sicarios, la realidad detrás del reclutamiento del crimen organizado

—¿A los cuántos años empezaste a ejecutar? —preguntó el soldado. —A los once —respondió.

Por: Valeria González Ruiz, Coordinadora de Vinculación e Incidencia Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

Aunque este fenómeno no es nuevo, uno de los casos que quedó grabado en el imaginario colectivo fue el de Edgar Jiménez Lugo, alias “el Ponchis”o “el niño sicario” quien en 2010 fue detenido en Morelos a la edad de 14 años por el ejército. A su corta edad ya se dedicaba a torturar y asesinar a sus víctimas.

Este suceso fue demoledor para México, pues reflejaba cómo el crimen organizado había impregnado hasta el más recóndito lugar de nuestro país. Había llegado al punto de cooptar a niñas y niños desprotegidos, de contextos marginados, para integrar un ejército de sicarios. Se aprovechaba de los contextos de pobreza, violencia familiar y utilizaba su vulnerabilidad como carne de cañón: ellos no tenían nada que perder y el crimen organizado mucho que ganar.

Desgraciadamente, ahí no se marcó el final de esta trágica avalancha. Hoy, quince años después, el fenómeno del reclutamiento por el crimen organizado sigue, no solamente vigente sino que se ha reinventado.

Los delincuentes recurren a diversos mecanismos para abastecer su milicia. Engaños laborales, amenazas y secuestros están a la orden del día. Por ejemplo, en Chiapas existen reportes de secuestros masivos a habitantes de comunidades indígenas para obligarlos a trabajar con ellos.

En Chihuahua, denuncias sobre falsas ofertas laborales -en campos agrícolas, call centers, trabajo del hogar, servicios de chofer, de vigilancia, etc.- difundidas en redes sociales y plataformas laborales para después retenerlos a la fuerza y someterlos a prácticas de adoctrinamiento con el fin de obligarlos a realizar labores en favor del crimen organizado. En Jalisco también se han documentado decenas de casos de jóvenes desaparecidos en la Central de Autobuses de Tlaquepaque que se presentaban en respuesta a ofertas laborales.

Los videojuegos tampoco se salvan, ahora son una vía sumamente “efectiva” para reclutar a niñas, niños y adolescentes. Jugando con ellos ganan su confianza y los invitan a colaborar en actividades delictivas. En octubre del 2024 se volvió noticia nacional el caso de un niño de 14 años en Oaxaca reclutado a través Free Fire.

Pero eso no es todo, según reportajes recientes, la delincuencia organizada ahora requiere también de perfiles más especializados, por lo que han recurrido a universidades en búsqueda de estudiantes de química para que participen en los procesos de producción de droga.

El Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes (ONPRENNA) define al reclutamiento como “un proceso permanente de incorporación a la delincuencia organizada para realizar diversas actividades ilícitas, mediante actos de sustracción, captación, amenaza, intimidación, rapto, engaño, uso de la fuerza y otras formas de coacción, oferta de pago o beneficios, entre otras”.

Como se puede observar a lo largo de todos los casos aquí narrados este fenómeno afecta directamente el derecho a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación y a la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. De acuerdo con en el informe "Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México" de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad “en México al menos 460 mil niños fueron reclutados y utilizados por integrantes del crimen organizado para obligarlos a realizar actividades delictivas”.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha recomendado a México como medidas prioritarias tipificar el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes en hostilidades; así como establecer mecanismos de identificación y recopilación de datos desagregados de niñas y niños que pudieron haber sido reclutados o utilizados en hostilidades, especialmente migrantes, refugiados y solicitantes de asilo -poblaciones aún más expuestas y en situación de mayor vulnerabilidad-.

Desafortunadamente, actualmente México no cuenta con una tipificación a nivel federal ni en varias entidades federativas, y está lejos aún de contar con autoridades estatales -con especialización en víctimas y niñez- coordinadas e involucradas tanto en la investigación, persecución, procuración y administración de justicia. Sin embargo, la ruta de trabajo está ya definida, es cuestión de priorizar, sumar voluntades políticas e invertir todos los esfuerzos posibles en combatir la complejidad de este fenómeno.

Para todas las personas que me leen en estos momentos, acercar esta información y crear vínculos de confianza con niñas, niños y adolescentes son herramientas de prevención prioritarias y efectivas. El riesgo de ser reclutados por el crimen organizado puede reducir significativamente si la niñez y adolescencia puede identificar señales de alerta y pedir ayuda a tiempo.

El primer paso para combatir efectivamente este fenómeno tan complejo y letal es asumir una responsabilidad colectiva que involucre al gobierno, pero también a las familias y la sociedad.

Objeción de conciencia; una materia a considerar en México

Por: R. Vincent Morfín Calvo, Ejecutivo de Asuntos Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

Invitamos a que se escuchen todas las voces involucradas en la materia para emitir una legislación vanguardista que proteja de manera integral los derechos de toda la ciudadanía.

La objeción de conciencia es una figura jurídica que otorga a una persona la facultad de desobedecer una ley o un mandato de autoridad cuando éste viola sus creencias o convicciones; es una protección de los derechos más íntimos del individuo frente al poder del Estado.

También es un mecanismo que permite salvaguardar los derechos de las minorías ante las decisiones de la mayoría que, en ocasiones, pudieran entrar en conflicto con su cosmovisión y con sus libertades esenciales que forman parte de la esfera más personal del ser humano, como lo son, sus convicciones morales o éticas.

En ese sentido, en el año 2018, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley General de Salud para adicionar un artículo 10 Bis y establecer así un parámetro regulatorio inicial de la objeción de conciencia en este ámbito; dicha reforma aludía que la objeción de conciencia podía ser invocada para excusarse de participar en la prestación de servicios que establece dicha Ley; lo anterior, con la excepción de casos en que se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica; la desobediencia a esta norma generaría consecuencias de responsabilidad profesional y su ejercicio no debía derivar en ningún tipo de discriminación laboral.

No obstante, en septiembre del año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 54/2018 mediante la cual se declaró la invalidez de la citada reforma por considerar que esta disposición no establecía los lineamientos y límites necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas, en especial, el derecho a la salud.

A raíz de la decisión de la Suprema Corte, se han presentado diversas iniciativas que buscan establecer nuevos parámetros para regular la objeción de conciencia. La más reciente, es un proyecto de reforma aprobado por la Cámara de Diputados y turnado al Senado de la República, mediante la cual se buscan establecer nuevos parámetros regulatorios en materia de objeción de conciencia, mismos que armonizan con las determinaciones de la Suprema Corte.

Dicho lo anterior, una premisa de gran preocupación para el sector médico y de enfermería es que la regulación que se discute el día de hoy en el Congreso de la Unión busca inhibir la objeción de conciencia para que ésta no pueda ser invocada en situaciones específicas, por ejemplo, para la comisión de abortos.

Los países que cuentan con las legislaciones más avanzadas en materia de objeción de conciencia, como Estados Unidos y Alemania, han creado sistemas legales integrales que permiten a todos sus ciudadanos, bajo determinados supuestos bien detallados, abstenerse de cumplir alguna obligación legal en temas relacionados con la salud, educación, derechos cívicos, entre otros.

Sin embargo, debe decirse que en estos países no queda duda de que la obligación de garantizar y financiar los costos del derecho a la objeción de conciencia corre a cargo del Estado y de sus instituciones públicas, quienes deben asegurar los presupuestos o condiciones necesarias para garantizar a los ciudadanos “objetores” dicho derecho.

En Early Institute, nos pronunciamos a favor de impulsar un marco legal adecuado para reconocer y ampliar el derecho a la objeción de conciencia de todos los mexicanos, como una de las prerrogativas esenciales que derivan de la libertad de conciencia y religión garantizadas ampliamente los sistemas internacionales en materia de derechos humanos, así como el artículo 24 de nuestra Constitución. Invitamos a que se escuchen todas las voces involucradas en la materia para emitir una legislación vanguardista que proteja de manera integral los derechos de toda la ciudadanía.