Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

El reclutamiento forzado pone en riesgo a la población infantil y adolescente de nuestro país y es necesario emprender estrategias que detengan su propagación.

Inicia un año y los problemas de violencia en México siguen generando sucesos lamentables que afectan a niños, niñas y adolescentes. Uno de ellos es el reclutamiento forzado que ejerce la delincuencia organizada en este grupo social. El reclutamiento forzado incluye acciones realizadas por organizaciones criminales como cárteles de droga, familiares criminales y pandillas para incorporar a menores de edad a sus filas y hacerlos delinquir.

En los últimos años, esta problemática ha ido creciendo en el país sin que exista un registro que dé cuenta de lo que se vive en realidad. Sin embargo, entidades como el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA) ya reconocían esta actividad en 2019 y advertían la necesidad de desarrollar un programa de atención para combatirla.

Ante la falta de información, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano publicaron en 2021 el informe Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México. Acercamientos a un problema complejo, en el que se dice que “entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por alguna agrupación delictiva a lo largo del país”.

En los primeros días de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió una alerta general a toda la población sobre el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por medio de plataformas y juegos en línea. Este entorno digital es un escenario propicio que se suma a otros factores de riesgo como son la pobreza, la marginación, el abandono, la violencia intrafamiliar, entre otros.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

En la actualidad hay un fenómeno que está llamando la atención y alertando al mundo; me refiero al suicidio en los adolescentes. El tema no es un asunto menor, ya que se está registrando un importante crecimiento a nivel global. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023, la cifra total de muertes por suicidio aumentó 10.1 por ciento en comparación con 2022, alcanzando 9 mil 72 decesos, de los cuales 7 mil 310 fueron de hombres. De acuerdo con el INEGI, en 2023, los grupos de 15 a 24 años y de 25 a 34 concentraron el mayor porcentaje de suicidios.

En el rubro de los adolescentes, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2023: 4.4 por ciento de la población adolescente reportó haberse hecho daño, al menos alguna vez, con el fin de quitarse la vida; el porcentaje es mayor en mujeres (7.7 por ciento) que en hombres (1.2 por ciento). Al preguntar si el intento de suicidio fue en los últimos 12 meses, destaca que el 50.2 por ciento del total de adolescentes lo realizó en ese lapso.

Según el Cuadernillo básico para la prevención del suicidio, editado por el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, “este fenómeno es multifactorial”.

Las causas más frecuentes se relacionan con: 1) el deseo de escapar de un sufrimiento intolerable; 2) un estado de desmoralización y desesperanza que nubla la posibilidad de pensar de forma positiva en el futuro, y 3) tras una muerte o pérdida afectiva.

En los adolescentes, la situación de riesgo se agrava ante ciertos contenidos en redes sociales o por ser víctimas de bullying, lo que aumenta su vulnerabilidad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, el suicidio es la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años.

En Colombia, se habla de que seis menores se quitan la vida por semana y las autoridades han reconocido el incremento de casos en los últimos años. En el sitio de Save The Children se estipula que: “es clave reconocer que en la niñez factores como el acoso escolar, la violencia intrafamiliar, la pobreza, la violencia sexual y de género, la discriminación, la exposición al conflicto armado, la exclusión social y la falta de acceso a servicios de salud mental adecuados pueden incrementar el riesgo de conductas suicidas”.

Es decir, se confirma la intervención de varios factores que pueden provocar que una niña, un niño o un adolescente considere la opción de suicidarse para no padecer alguna situación dolorosa. Con este panorama, es necesario establecer estrategias de prevención que pudieran reducir el número de casos. En el Cuadernillo se hace énfasis en ocho acciones: 1) fomentar relaciones sociales saludables; 2) gestionar el estrés; 3) realizar deporte y/o actividades culturales; 4) fomentar la comunicación en casa y observar cambios de conducta; 5) facilitar a las y los jóvenes contactos especializados en atención emocional; 6) contar con personal capacitado para detectar y actuar ante el comportamiento de riesgo suicida; 7) promover hábitos de vida saludable, y 8) promover servicios de salud emocional.

En Early Institute nos adherimos a las propuestas del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio para combatir este lastimoso fenómeno y hacemos un llamado a la sociedad para estar atentos a las conductas de riesgo de los más jóvenes, las cuales podrían significar un aviso de sus intenciones. Asumamos el cuidado y la protección de las niñas, los niños y los adolescentes como una tarea compartida, un compromiso social y una responsabilidad diaria.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

Con la LGDNNA se logró que niñas, niños y adolescentes contaran con un marco legal propio que los reconocía como sujetos de derechos que requieren una protección reforzada.

Hace 10 años, en México se promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Con ello, nuestro país dio un paso significativo en materia de protección a uno de los sectores sociales más vulnerables.

Dicha ley reconoció los principales derechos a los que niñas, niños y adolescentes (NNA) tienen acceso como ciudadanos mexicanos, basados en el principio del interés superior de la niñez previsto desde nuestra Constitución.

Por primera vez en la historia legislativa de México, con la LGDNNA se logró que niñas, niños y adolescentes contaran con un marco legal propio que los reconocía como sujetos de derecho que requieren una protección reforzada.

Los avances fueron sustanciales, ya que se crearon diversos organismos e instrumentos que garantizaban el respeto de las garantías de este grupo etario en apego a estándares internacionales. Así, se instituyó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) para coordinar y articular políticas públicas, programas y acciones permanentes desde los distintos ámbitos de gobierno en beneficio de los derechos de este sector. El SIPINNA es operado por la Secretaría de Gobernación.

También se creó la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) —considerada como ‘el abogado de la niñez’— con atribuciones para ejercer representación jurídica en suplencia o coadyuvancia, defensa y protección de los derechos de NNA; generar planes de restitución ante vulneraciones de derechos; y prevenir la violencia y el abuso contra niñas, niños y adolescentes.

Sin duda, esta última década marcó un camino relevante en el reconocimiento de los derechos de NNA y alentó la instauración de una infraestructura para la protección de sus intereses, pero aún quedan enormes áreas de oportunidad en distintas materias, principalmente en temas presupuestales y en la efectividad de las instituciones que coordinan las políticas.

En este sentido, debe decirse que México destina solo 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto a la primera infancia, cuando hay evidencia de que esta etapa de la vida humana es fundamental para un óptimo desarrollo en la adultez. A su vez, se ha identificado que la primera infancia se encuentra en mayor situación de pobreza en comparación con adolescentes y personas adultas. Un aspecto más es la seguridad: en 2023, 368 niñas y niños de cero a cinco años fueron reportados como desaparecidos o no localizados. Es triste y vergonzoso reconocer que la violencia familiar y los delitos sexuales contra esta población siguen siendo alarmantes.

Respecto a la salud, se tienen carencias en la infraestructura sanitaria, falta de recursos médicos e insuficiencia de personal capacitado, lo que dificulta el monitoreo del desarrollo infantil temprano, la vacunación y el tratamiento de enfermedades. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2022, 45.9% de niñas y niños de entre 0 y 5 años careció de acceso a servicios de salud.

Como se ve, las necesidades siguen siendo demasiadas y se puede considerar que, a 10 años de la promulgación de la LGDNNA, su creación fue una gran ayuda, pero la aplicación ha sido insuficiente. Prácticamente, mientras esta ley no cuente con presupuesto asignado, es ley muerta. En Early Institute reconocemos los esfuerzos y las voluntades para garantizar los derechos y la protección a NNA, a la vez que nos comprometemos a impulsar una agenda que contribuya a la mejora de las políticas públicas que requieren las niñas y los niños de México.

Una década de trabajo ha abierto espacios, pero es necesario hacer más y lograr la correcta implementación de una legislación que tiene por objetivo el resguardo de una población del país que demanda toda nuestra atención y cuidado.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

En un interés por proteger la salud mental de niñas, niños y adolescentes, el gobierno de Australia ha decidido prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años.

La medida fue tomada por el Parlamento con la firme decisión de hacer lo correcto en cuanto al cuidado de la integridad física y mental de un sector vulnerable. Se sabe que su implementación tardará por lo menos un año y considera la aplicación de multas cuantiosas a aquellas plataformas que no sigan los parámetros de seguridad que garanticen que los menores no puedan acceder a sus servicios.

Esta ley ha sido la respuesta a la preocupación de grupos sociales que han notado daños considerables en los más jóvenes ante el uso de las redes y que, en palabras del primer ministro de Australia, Anthony Albanese, “son plataformas donde se ejerce presión de grupo, causantes de ansiedad, canales para los estafadores y, lo peor de todo, una herramienta para los depredadores en línea”.

Esta prohibición se da en el marco de una serie de iniciativas, a nivel mundial, que exige mayor vigilancia y seguridad a los usuarios de las redes sociales, en particular cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.

Tan sólo en este año, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos sancionó a la plataforma NGL por promover su servicio a menores de edad, sin las debidas medidas de seguridad para resguardar su privacidad.

Otro ejemplo es la supervisión de la Unión Europea a la plataforma de TikTok para verificar si cumple con los requerimientos de protección a menores, transparencia en la publicidad, y la gestión de riesgos en el diseño adictivo y contenidos nocivos.

En Australia aún quedan muchas interrogantes referentes a la aplicación de la ley aprobada, sobre todo en la parte técnica, lo que podría facilitar que pese a las restricciones, las niñas, los niños y los adolescentes burlen las medidas.

No obstante, el primer ministro australiano ha defendido la aprobación de la ley al señalar: “No estamos planteando que su implementación será perfecta, tal como la prohibición de alcohol para menores de 18 no significa que alguien menor de los 18 nunca tendrá acceso, pero sabemos que hacemos lo correcto”.

Por su parte, las posibles plataformas afectadas han cuestionado la eficacia de la ley, señalando incluso su incompatibilidad con los tratados internacionales que Australia ha suscrito en materia de derechos humanos.

Si bien hay diversos puntos que hay que atender en esta inédita prohibición, es necesario enfatizar en la relevancia que se le está dando a la salud física y emocional de una parte de la población que requiere, sin excepción alguna, orientación y protección.

En Early Institute reconocemos la importancia de velar por el desarrollo integral de las niñas, los niños y los adolescentes. Una parte esencial es su aspecto emocional y las repercusiones en su salud mental, que suelen ser muy frágiles en ese periodo de vida. Por otro lado, la seguridad digital es uno de los temas de mayor preocupación para tutores, educadores y autoridades, que siguen alentando no poner en riesgo a los menores ante el uso de la tecnología. Hoy los debates son más recurrentes y casos como el de Australia motivan a que otros países puedan ser más estrictos con los accesos a las plataformas en beneficio del sector social más joven e indefenso.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

No hay duda de que Donald Trump avanzó sustancialmente en la predilección de la comunidad latina y cuya reelección tiene implicaciones importantes para México, opina Annayancy Varas García.

Las recientes elecciones en Estados Unidos han llamado la atención por distintos factores. Entre ellos, fue el voto latinoamericano que obtuvo el candidato republicano Donald Trump pese a su constante discurso antihispano. Las cifras señalan que Trump consiguió una mayor ganancia entre los hombres latinos (cerca de 53 por ciento) frente al apoyo de 37 por ciento de las mujeres latinas.

Si bien la candidata demócrata, Kamala Harris, logró un porcentaje mayor del voto latino (53 por ciento frente a 45 por ciento para Trump), el presidente electo tuvo un aumento de 10 puntos porcentuales entre los votantes hispanos en comparación con las elecciones de 2020.

¿A qué respondería este resultado? En principio se habla de que los votantes varones latinos suelen respaldar políticas que puedan frenar la inmigración ilegal, ya que este fenómeno afecta el empleo y la seguridad. Otro tema que pudo haber sido crucial es la economía, ya que prometió que sus iniciativas beneficiarían a todos los estadounidenses —incluida la comunidad latina— a través de la creación de empleos y el apoyo a pequeñas empresas.

En cuanto a las zonas geográficas, Trump consiguió avances entre los latinos en áreas que antes eran territorios de los demócratas. Por ejemplo, en Miami ganó con 55 por ciento; incluso en el emblemático condado de Starr, Texas, 57 por ciento de los votantes lo favoreció, siendo que 97 por ciento de la población de ese condado es latina.

No hay duda de que Donald Trump avanzó sustancialmente en la predilección de la comunidad latina y cuya reelección tiene implicaciones importantes para México, ya que se habla de que implementará nuevos aranceles que afectarían los tratados entre ambas naciones, así como políticas de deportación.

Entre las propuestas que Trump lanzó para atraer a la comunidad latina destacan las de inmigración, advirtiendo la implementación de políticas estrictas, que incluyen la construcción del muro fronterizo con México; seguridad, al enfatizar la lucha contra el crimen, situación que ayudaría a crear entornos con una vida más tranquila; y educación, ya que prometió mejorar el acceso a la educación y a las oportunidades laborales.

El aumento de popularidad de Trump en la comunidad latina quizá obedece a la necesidad de contar con liderazgos decididos a enfrentar problemáticas tan sensibles como lo es la corrupción y que sólo el tiempo confirmará si se trató de la mejor opción.

En un interés por garantizar el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en Early Institute reconocemos la importancia de dar seguimiento a las medidas que encabezará el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en tanto sus antecedentes como mandatario estadounidense demuestran un estilo polémico. Hoy los resultados arrojan una sorpresiva confianza por parte de la comunidad latina, que sin duda será capitalizada por el también empresario y cuya actuación deberá ser observada en beneficio de las familias mexicanas que viven en el vecino país.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Los datos indignan y alertan sobre la necesidad de proveer a las mujeres embarazadas y sus parejas entornos seguros que protejan su integridad, desde la concepción hasta el puerperio.

Es increíble que, aun cuando se reconoce la importancia del embarazo, se puedan vivir experiencias traumáticas en una de las etapas cruciales de las mujeres. Diversos estudios confirman la violencia obstétrica en todo el mundo, afectando la vida misma y los derechos humanos de las mujeres embarazadas y de sus hijos e hijas por nacer.

En un artículo publicado en la revista The Lancet se han hecho evidentes los abusos que han sufrido las mujeres, durante el parto, en países de Ghana, Guinea, Myanmar y Nigeria. “El estudio investigó el maltrato a las mujeres durante el parto, que incluye abuso físico y verbal, estigma o discriminación, negligencia, falta de consentimiento informado y privacidad, entre otros”.

El estudio indica que de las 2,016 mujeres en labor de parto que fueron observadas, 838 (42%) experimentaron abuso físico, abuso verbal, estigma o discriminación; 282 (14%) padecieron abusos físicos, destacando las bofetadas, los golpes o los puñetazos; incluso 38 (2%) fueron sujetadas con fuerza en la cama. Gritos, regaños y burlas (762 mujeres) fueron las expresiones más comunes en los países estudiados.

La investigación es responsabilidad de la Dra. Meghan Bohren, de la Universidad de Melbourne (Australia), quien sentencia: “Promover una atención de maternidad respetuosa para todas las mujeres es fundamental para mejorar la equidad sanitaria y es un componente esencial de la calidad de la atención”.

El problema ha ido creciendo a nivel mundial y es más agudo en países poco desarrollados, como los analizados por Bohren. En este sentido, es fundamental que se atienda la violencia obstétrica por tratarse de un fenómeno que afecta tanto la vida como los vínculos iniciales entre madres e hijos o hijas.

El aumento de este problema ha sido tema de análisis y estudio por instancias, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En 2019, la relatora especial Dubravka Šimonović presentó ante la Asamblea General de la ONU un informe sobre el maltrato y la violencia contra la mujer en la atención del parto con énfasis en la violencia obstétrica. Al respecto se presentaron testimonios de mujeres que exponían distintas formas de violencia en los centros de salud, lo que detonaba la presencia de complicaciones durante el parto. La relatora sostuvo: “El maltrato y la violencia contra la mujer no solo violan el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, sino que también pueden poner en peligro su derecho a la vida, a la salud, a su integridad física, su intimidad, su autonomía y a no sufrir discriminación”.

Otro de los países con evidencia sobre la presencia de violencia obstétrica es España. En 2021, Desirée Mena Tudela, investigadora del Departamento de Enfermería de la Universidad Jaume I fue entrevistada por la agencia SINC. La especialista alertó que de 17,500 cuestionarios hechos vía digital a mujeres embarazadas, “poco más del 38% de las mujeres encuestadas percibieron haber recibido violencia obstétrica, pero sospechamos que este porcentaje puede ser mayor”. Esto por tratarse de una encuesta a la que mujeres de bajos recursos pudieron no haber tenido acceso.

Como se aprecia, los índices son devastadores y la solución al problema parece no encontrarse.

En Early Institute reconocemos la importancia de ver qué sucede en otras partes del mundo con relación a la violencia obstétrica, ya que se trata de una problemática que vulnera las garantías más básicas de las mujeres embarazadas y de sus hijos e hijas por nacer. Los datos indignan y alertan sobre la necesidad de proveer a las mujeres embarazadas y sus parejas entornos seguros que protejan su integridad y para que el nacimiento y desarrollo de sus bebés sean los más adecuados, desde su concepción hasta el puerperio.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Se ha registrado que el cerebro de una mujer embarazada se modifica sustancialmente durante todo el proceso, facilitando el vínculo madre-hijo desde la etapa más temprana.

Cuando una mujer está embarazada, experimenta ajustes importantes en su cuerpo, motivados por la segregación de hormonas que favorecen el desarrollo de la gestación. De igual modo, se ha registrado que su cerebro se modifica sustancialmente durante todo el proceso, facilitando el vínculo madre-hijo desde la etapa más temprana.

En un reciente estudio, a cargo de la científica Emily Jacobs de la Universidad de California, en Santa Bárbara, se señalan con evidencia las transformaciones del cerebro en la mujer embarazada, arrojando información muy precisa sobre las áreas y funciones que se moldean con el inicio de una nueva vida.

Los hallazgos denotan una disminución en el volumen de materia gris y un aumento en el volumen de materia blanca. La materia gris está vinculada a funciones cognitivas y la materia blanca a funciones motoras. Para la neurocientífica Emily Jacobs, estos cambios expresan que el cerebro se vuelve más especializado para preparar a la mujer para la llegada de su hijo o hija.

Otro descubrimiento ha sido saber que estos cambios pueden permanecer hasta dos años después del parto, lo que sostiene que las hormonas del embarazo dejan huellas duraderas en la mujer.

Para la realización de esta investigación se contó con la participación de otra neurocientífica que accedió a ser evaluada antes, durante y después de su embarazo. Ella es Elizabeth Chrastil, de la Universidad de California, en Irvine. A través de 26 resonancias magnéticas, su función cerebral fue observada durante su etapa de gestación.

Destaca que otras investigadoras, como la neurocientífica del Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam, Elseline Hoekzema, han catalogado este nuevo estudio como un “mapeo detallado” de lo que ocurre en uno de los órganos más complejos del cuerpo humano durante esta fase de enormes cambios fisiológicos.

Hoekzema también se ha dedicado a la investigación de la estructura cerebral durante el embarazo y ha compartido que es en esa etapa cuando se establece un mayor número de conexiones neuronales dirigidas a dar el mejor entorno posible al bebé que está por nacer.

Sin duda, estos descubrimientos abren la puerta para sostener con más datos la relevancia de cuidar a una mujer embazada y a reconocer que su biología es todavía más extraordinaria en esta fase de su vida, pues sucede una serie de procesos celulares que fortalecen el vínculo madre-hijo con una gran solidez.

En Early Institute, la divulgación de estos estudios significa un avance en la valoración de la maternidad. Pero también significa conocer la increíble capacidad de comunicación que establecen madre e hijo o hija desde el primer instante en que ocurre la fecundación. Es fundamental seguir indagando y difundiendo exploraciones que den cuenta de las experiencias en el embarazo para reconocer su trascendencia y el respeto que merece en todos los sentidos.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

El Comité de los Derechos de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas declaró que en nuestro país desaparecen 14 menores a diario o uno cada dos horas.

En México, la situación de la niñez demanda una atención prioritaria. Por un lado, recientemente el Comité de los Derechos de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas declaró que en nuestro país desaparecen 14 menores a diario o uno cada dos horas, siendo las niñas las de mayor riesgo. Un ejemplo es el expuesto por el Comité al decir que, en el estado de Chiapas, los casos de niños desaparecidos han crecido de manera exponencial, ya que de enero a marzo de 2024 se registraron 111 casos, de los cuales 40 por ciento no ha sido localizado y 22 por ciento corresponde a niñas y adolescentes del sexo femenino.

Luis Pedernera, vicepresidente del Comité, dio a conocer que en la actualidad hay 17 mil 788 niños, niñas y adolescentes desaparecidos, por lo cual hace una recomendación a las autoridades mexicanas a tomar “medidas inmediatas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones de niños, incluidas las desapariciones forzadas”. Asimismo, ante la gravedad del asunto, sugiere que se elimine el plazo de 72 horas que se tarda en iniciar la búsqueda de un niño o niña que desaparece, ya que en su opinión la investigación “debe ser inmediata”.

Ante este terrible panorama, el Comité solicitó a México que termine con la impunidad de los delitos relacionados con la desaparición de niños, niñas y adolescentes y que declare causa nacional la lucha contra los homicidios de este sector de la población.

Por otro lado, continúa la problemática de la niñez migrante, pues de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Identidad y Registro de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob), de enero a junio de 2024, 13 mil 737 mexicanos menores de 18 años fueron repatriados desde Estados Unidos; de ellos, 45.5 por ciento no contó con la compañía de algún adulto.

La nula supervisión o acompañamiento hace que los niños, las niñas y los adolescentes migrantes sean altamente vulnerables y corran peligro al exponerse a enfermedades, detenciones, violaciones, trata de personas, entre otros riesgos.

También según el Instituto Nacional de Migración (INM) el año 2023 alcanzó cifras históricas relativas a eventos de menores de edad en situación migratoria irregular en México, ya que se identificaron 106 mil 778 casos, representando un aumento del 50 por cientocon respecto al 2022.

Ambos fenómenos, la desaparición de menores y la migración infantil, requieren ser atendidos con prontitud, ya que la violencia hacia este grupo social ha aumentado significativamente y la insuficiencia de información no ayuda a mitigar las problemáticas. De hecho, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha denunciado que, en el caso de la migración, “la Unidad de Política Migratoria del Estado mexicano ha dejado de visibilizar acciones del Estado en las que podrían existir violaciones a derechos (como el alojamiento no voluntario y la privación de la libertad) para únicamente publicar información de validez demográfica como lo es el número de niñas, niños y adolescentes en situación migratoria irregular”.

Desde Early Institute hacemos un respetuoso llamado a las autoridades a garantizar la seguridad de los niños, las niñas y los adolescentes con medidas de protección y generación de acciones y políticas públicas que velen por su integridad en todos los ámbitos. De igual modo, sostenemos que la responsabilidad es compartida cuando se trata de garantizar el ejercicio de sus derechos y es nuestro deber alzar la voz en beneficio de su bienestar y cuidado.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

La disminución de la población joven económicamente activa impacta en la productividad y el crecimiento económico global.

En los últimos años, ha habido importantes modificaciones en la estructura sociodemográfica mexicana que encienden alertas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población fue de 129.5 millones de personas, de las cuales 67 millones son mujeres (51.7%) y 62.5 millones son hombres (48.3%).

Pese a que aún predomina la población joven, hay una tendencia hacia el envejecimiento en tanto se está registrando una disminución en la población de menor edad. Según la ENADID, en 2023, el porcentaje de la población de menor edad disminuyó con respecto a 2018 (22.7% y 25.3%, respectivamente), mientras que la población de 60 años y más aumentó (14.7% en 2023 y 12.3% en 2018). Asimismo, hay datos que ponen de manifiesto la baja en la población joven, pues “en 2023, la tasa global de fecundidad (TGF) fue de 1.60 hijas o hijos por mujer. Esto representó una disminución con relación a la TGF de 2018, que fue de 2.07″. Hay que recordar que la TGF, según el INEGI, es el total de hijos o hijas que en promedio tendrá una mujer al final de su vida reproductiva.

En esta cadena de estadísticas, es relevante mencionar lo que los procesos de transición demográfica han establecido como tasa de reemplazo, es decir, el promedio de hijos e hijas que debe tener una mujer a lo largo de su vida para asegurar el reemplazo de una generación con la siguiente. En este sentido, los especialistas han determinado esta tasa en 2.1 y como se observa, México está por debajo de ella, ya que su tasa global de fecundidad es de 1.6%. Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país, por lo que de continuar así no solo se reducirá la población a nivel mundial, sino también disminuirá la población joven (económicamente activa), impactando en la productividad y el crecimiento económico global.

A esta preocupación social se añaden estudios que hablan de un aumento de mascotas frente a los índices de natalidad. Por ejemplo, el reporte del banco de inversión Goldman Sachs proyectó que para 2030, en China, la población de mascotas superará en número a los niños menores de cuatro años. Según los análisis del banco: “China tendrá más de 70 millones de mascotas en sus ciudades para 2030. Esto es casi el doble de los 40 millones de niños menores de cuatro años que se esperan para el mismo año, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas del país”.

De igual modo en Corea del Sur se está registrando una emergencia nacional, pues la venta de carritos para perros ha superado la de carriolas para bebés, según la cadena Gmarket, uno de los minoristas en línea más grandes de dicho país. Esta nación tiene una tasa de fecundidad de 0.72, es decir, la más baja del mundo y sus autoridades están alarmadas por la tendencia de querer tener una mascota en lugar de un hijo o una hija.

Para Early Institute es importante dar a conocer el contexto en el que se dan los fenómenos sociales, en particular cuando se trata de amenazas a la vida humana. En un interés por cuidar a la primera infancia, es fundamental observar las implicaciones de una baja tasa de natalidad como uno de los principales riesgos a erradicar con la generación de políticas públicas e incentivos de protección a la maternidad. De no lograr la tasa de reemplazo, la inestabilidad poblacional comenzaría a provocar efectos socioeconómicos negativos y poco alentadores a nivel mundial.

Los procesos de adopción intervienen distintos actores, que abonan a que no haya una integración jurídica que agilice los tiempos y los trámites.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

En México, los procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes (NNA) institucionalizados —es decir, que se encuentran en casas de asistencia social— son complejos y tardados, pues hay una variedad de criterios dependiendo del estado en que se efectúen.

Si bien existe una regulación nacional, que sirve de parámetro inicial, cada entidad federativa tiene una legislación específica, lo cual afecta notablemente el derecho de esta población a vivir en familia, vulnerando su desarrollo y crecimiento.

En 2020, en nuestro país se registraron 53 mil 862 NNA viviendo en instituciones de asistencia social. Esta cifra implicó un aumento de 62% con respecto a 2015, cuando se registraron 33 mil 118 niñas, niños y adolescentes habitando estos centros. Lo lamentable es que 70% de ellos permanece más de un año en las casas hogar y algunos pasan ahí toda su infancia y adolescencia. Las entidades con más NNA institucionalizados son Chiapas (4 ml 936), Jalisco (4 mil 88), Guerrero (3 mil 890), Chihuahua (3 mil 465) y Baja California (3 mil 154), de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el caso de menores de edad, también en 2020 se registraron 21 mil 973 niños y niñas viviendo en instituciones de asistencia social.

Hay que señalar que en los procesos de adopción intervienen distintos actores, que abonan a que no haya una integración jurídica que agilice los tiempos y los trámites.

En cada proceso intervienen, por lo menos, las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); el Poder Judicial de la Federación, así como autoridades del ámbito civil o familiar y otros agentes más. En la mayoría de las ocasiones no hay personal suficiente para desahogar las cargas de trabajo, atrasando y haciendo más desgastante el curso de la adopción.