En México, ejercer la paternidad en solitario es un desafío

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Los permisos por paternidad siguen siendo garantías que deben afianzarse y requieren el total apoyo del Estado para beneficio de las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

Cuando se trata de asuntos de crianza, en México hay un tema que, pese a los esfuerzos, sigue presentando una escasa atención. Me refiero a cuando se es padre soltero o lo que se conoce como paternidad autónoma. En un país como el nuestro, en donde se relaciona, con mayor contundencia, el cuidado de los hijos y las hijas por parte de la madre, hablar de la paternidad autónoma es referirnos a un fenómeno casi invisible.

En este sentido, habría que empezar por señalar los retos a los que se enfrentan los padres que han optado por hacerse cargo de sus hijos e hijas sin la colaboración de la madre. Uno de los principales desafíos es, según Leonardo Felipe Olivos Santoyo, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los replanteamientos en torno a la paternidad: “Este fenómeno no solo pone en cuestión estereotipos de género profundamente arraigados, sino que también invita a reflexionar sobre los desafíos, prejuicios sociales y realidades emocionales, legales y económicas que enfrentan los hombres que crían en solitario”.

Las reacciones que surgen con esta práctica llegan a producir burlas, cuestionamientos sobre el papel del hombre como proveedor, desacreditación, cuando más bien deberían reconocerse los prejuicios que se han formulado en torno al cuidado familiar y que afectan la participación activa de los padres.

“En ciertos contextos, ser un padre autónomo se puede percibir como un fracaso moral o personal”, dice el académico en Global Revista, una publicación de la UNAM. Si bien las cifras exponen a una escasa población de padres en esta situación, al menos logran “poner en evidencia la capacidad de los hombres para cuidar y educar”.

Un asunto de desigualdad entre madres y padres es la licencia por nacimiento y adopción. Según el documento Recomendaciones para implementar una política de permisos parentales en México, editado por Early Institute en 2019: “Actualmente, la mayoría de las mujeres y hombres mexicanos considera que el permiso por paternidad debería ser de la misma extensión que el permiso por maternidad. A casi cien años de que fue introducido el permiso por maternidad en la Constitución mexicana de 1917, el permiso por paternidad es incorporado en la Ley Federal del Trabajo en 2012 como un reflejo del cambio social y cultural en torno al rol de las madres y padres en el contexto actual”.

En definitiva, los permisos por paternidad siguen siendo garantías que deben afianzarse y requieren el total apoyo del Estado para beneficio de las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

En Early Institute reconocemos la decisión de aquellos padres que cuidan a sus hijos e hijas sin la presencia activa de la madre y hacemos un llamado a la formulación y aplicación de políticas públicas que cubran los derechos tanto de los menores a ser cuidados como de los padres a cuidar de ellos. Sin duda, es fundamental mirar a este grupo, que merece tener las mejores condiciones para ejercer su paternidad de manera segura, afectiva y responsable.

Embarazos precoces: un problema de indignación nacional

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Las listas dadas a conocer por la Secretaría de Salud son más que cifras. Son niñas, adolescentes y mujeres que están maternando en condiciones críticas.

Recientemente, la Secretaría de Salud dio a conocer un par de listas terroríficas. Se trata de los 30 nacimientos registrados en México con las madres más jóvenes y las edades de los padres. Lo indignante es saber que estas madres tienen entre 10 y 12 años y los padres de sus hijos e hijas les llevan en promedio más de 30 años. Destaca el caso de una niña de 12 años que tuvo un hijo con un hombre de 65 años, lo cual sucedió en El Oro, Estado de México.

¿Qué significa esto? Que en México hay una total desprotección a la infancia y adolescencia y que el reflejo de ello son estos abusos en contra de las más vulnerables. Los estados de la República mexicana con mayor número de casos son Guerrero y Chiapas.

Por otro lado, también se difundieron los 30 nacimientos con la mayor diferencia de edad entre los padres, sobresaliendo el caso de una mujer de 22 años y su cónyuge de 97 años. El caso fue registrado en Acuña, Coahuila.

En este listado, la diferencia de edad es cerca de 60 años entre la madre y el padre, lo cual también exhibe una cruel desigualdad que puede derivar en tratos inadecuados para las mujeres y sus hijos e hijas. Los estados con mayor número de casos fueron Guerrero y Puebla.

Sin duda, es lamentable esta información, ya que las uniones sexuales a temprana edad atentan contra los derechos más elementales de las niñas. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés): “A nivel mundial, en 2023, se estima que el 13% de las adolescentes y mujeres jóvenes dan a luz antes de los 18 años. La maternidad precoz, o el embarazo y el parto durante la adolescencia, puede afectar negativamente el desarrollo saludable de las niñas hacia la edad adulta y tener repercusiones negativas en su educación, sustento y salud”.

De igual modo, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, México ocupa el primer lugar de embarazos adolescentes en mujeres de 15 a 19 años.

La situación en nuestro país es grave, de ahí la urgencia por detener este tipo de violencia en contra de las niñas y adolescentes. Es inadmisible que estas mexicanas, quienes deberían vivir en un entorno mucho más adecuado, disfrutar de un desarrollo óptimo y ser respetadas, sean víctimas de atropellos de toda índole, empezando por el abuso sexual.

En Early Institute hacemos un llamado a la visibilización de lo que está ocurriendo en torno a los embarazos precoces y atender iniciativas en las que se privilegie la salud y las necesidades de las niñas y adolescentes. Es necesario poner un alto a las prácticas que demuestran claramente violaciones a los derechos de este grupo social y emprender acciones legales contra los responsables de los delitos.

Las listas dadas a conocer por la Secretaría de Salud son más que cifras. Son niñas, adolescentes y mujeres que están maternando en condiciones críticas y sus hijos e hijas, naciendo y creciendo en un ambiente totalmente adverso.

Obesidad: un foco rojo en la infancia mexicana

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

México figura como un país con altos índices en obesidad infantil, según organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

En el marco de la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz, que busca “contribuir a garantizar el bienestar y la salud de las niñas y los niños de las escuelas del país, mediante acciones orientadas a la promoción de hábitos saludables”, en mayo de 2025 se dieron a conocer los primeros resultados recabados en escuelas públicas. Las evidencias no son nada alentadoras, ya que, según el secretario de Salud, David Kershenobich, “39 por ciento de las y los niños evaluados en escuelas públicas presentan condiciones de sobrepeso y obesidad, mientras que el 38 por ciento presenta debilidad visual”. De igual modo, se detectó que el 59% de los menores tiene caries.Sin duda, son cifras alarmantes, pues se está hablando de niñas y niños que tienen una alimentación y atención bucal deficientes, situación que en gran medida se asocia al consumo de azúcar.

En palabras del secretario de Salud: “evitar el consumo excesivo de azúcar desde edades tempranas contribuye significativamente a reducir el desarrollo de enfermedades como obesidad, sobrepeso, diabetes y caries dental”, de ahí que controlar su ingesta sería una forma de prevenir este tipo de padecimientos.

Desde hace unos años, México figura como un país con altos índices en obesidad infantil, según organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Lamentablemente, el problema no ha podido ser resuelto. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2023: “el sobrepeso y la obesidad continúan fluctuando en más de un tercio de la población de escolares y adolescentes, con variaciones entre categorías del estado de nutrición, por sexo y por tipo de localidad

El consumo de bebidas endulzadas es de especial preocupación, pues cerca del 80 y 90% de los preescolares y escolares las consumen. Está ampliamente documentado que el consumo elevado de estas bebidas desde la infancia se asocia con un mayor riesgo para el desarrollo de sobrepeso y obesidad en la edad escolar, así como enfermedades crónicas como diabetes tipo 2 en la edad adulta”.

Si bien se han emprendido esfuerzos para alentar una mejor alimentación y reducir el consumo de azúcar (como la estrategia nacional referida), todavía falta mucho por hacer en el cambio de estilos de vida.

Para el secretario de Salud, también la publicidad fomenta la adquisición excesiva de productos ultraprocesados, lo cual “genera alteraciones en la microbiota intestinal que incrementa el deseo de ingerir más azúcar”.

En este punto, es fundamental hablar de las acciones que podrían desarrollarse para prevenir estos padecimientos. Así, es necesario impulsar constantemente el consumo de frutas, verduras y adoptar una alimentación balanceada; promover la actividad física; informar sobre los riesgos del consumo de productos altamente azucarados y procesados; y crear conciencia sobre la importancia de la salud desde los primeros años de vida.

En Early Institute, el único think tank en México enfocado en la primera infancia, reconocemos las iniciativas gubernamentales para erradicar fenómenos tan graves como la obesidad infantil y confirmamos que la prevención es una de las prácticas más efectivas para evitar peores escenarios. La problemática alimenticia en la niñez requiere alianzas y voluntad para combatirla; de lo contrario, las medidas implementadas no se concretarán en resultados y el sistema de salud no podrá atender los conflictos derivados.

Exhortamos a proteger a la infancia con un sistema judicial íntegro

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Diversas organizaciones civiles han levantado la voz para exigir las revisiones correspondientes a los expedientes de quienes fueron electos para ocupar cargos en el Poder Judicial.

Con el proceso electoral del primero de junio para elegir a los representantes del Poder Judicial, en México, sigue cuestionándose no solo la forma para nombrar a los próximos jueces, magistrados y ministros, sino, peor aún, a qué tipo de personas se les permitió ser candidatos.

La situación de Héctor Ulises Orduña Hernández es uno de los casos más conocidos por haber obtenido el triunfo como juzgador mixto en el Distrito 2 en Veracruz. El problema es que dicho sujeto recibió la medida de prisión preventiva el 6 de abril de 2025 al ser señalado como probable responsable del delito de abuso sexual en agravio de una adolescente. Según la investigación, los hechos ocurrieron el 27 de septiembre de 2021 cuando presuntamente realizó tocamientos lascivos en contra de quien resultó ser su sobrina. De igual modo, Orduña Hernández se encuentra presuntamente vinculado con temas de material de abuso sexual infantil en Estados Unidos.

Actualmente, el acusado está detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual de menores y el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió cancelar su triunfo como juez.

Otro lamentable caso es el de Juan Miguel Morales Monter, quien obtuvo el triunfo para ser magistrado de lo familiar. La cuestión es que este sujeto es señalado por el Frente Nacional de Mujeres, así como por otras madres, de haberse coludido con exparejas de las mujeres para quitarles a ellas la guarda y custodia de sus hijos.

Según una madre afectada, ya son más de 17 mujeres que acusan a Morales Monter de quitarles a sus hijos en complicidad con autoridades y, pese a tener estos señalamientos de violencia vicaria, recibió la constancia de validez como magistrado en materia familiar por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Ante casos como los descritos, diversas organizaciones civiles han levantado la voz para exigir las revisiones correspondientes a los expedientes de quienes fueron electos para ocupar cargos en el Poder Judicial. Hay que recordar que desde abril de este año, el Consejo General del INE determinó que anularía el triunfo de los candidatos al Poder Judicial en caso de confirmarse que son prófugos de la justicia, violentadores o deudores alimentarios. Incluso se configuró un catálogo de ocho impedimentos para rechazar la candidatura a cualquier persona que fuera sancionada por motivos de esa índole.

Con estos terribles hallazgos, se está poniendo en duda la eficacia de los controles de integridad sobre los aspirantes que ahora resultaron electos como ministros, jueces y magistrados, cuando lo que se requiere es un sistema de justicia compuesto por personas íntegras, éticas y comprometidas con la defensa de los derechos, especialmente de niñas, niños y adolescentes.

Desde Early Institute exigimos a las autoridades actuar con celeridad, transparencia y con el más alto estándar de protección a las infancias y las adolescencias. De igual modo, hacemos un llamado a defender el interés superior de la niñez, recordando que la presunción de inocencia es compatible con la obligación del Estado de actuar con máxima diligencia cuando se trata de proteger a esta población. Es imperante que la justicia esté realmente al servicio de la seguridad y protección para que el bienestar de las niñas, los niños y los adolescentes no sea vulnerado.

La infancia debe ser prioridad en el nuevo sistema judicial

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Debemos considerar que, con la nueva conformación del aparato judicial, se abrirá una nueva etapa para posicionar posturas de protección integral para niñas, niños y adolescentes.

En 2024, en México se publicó el decreto por el que se reformaban, adicionaban y derogaban diversas disposiciones constitucionales en materia del Poder Judicial de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación. De las modificaciones más relevantes destacan la elección popular de jueces, magistrados y ministros; la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una disminución en el número de ministros; la creación de nuevos órganos de administración y disciplina judicial; la incorporación de los “jueces sin rostro”, que permite resguardar la identidad de los jueces por seguridad cuando se trate de juicios de delincuencia organizada; y la elección de jueces y magistrados de los poderes judiciales locales, para lo cual deberían modificarse las Constituciones de los estados.

De lo más significativo fue la designación de los jueces, magistrados y ministros, mediante una jornada electoral, que se llevó a cabo el pasado 1 de junio. Las personas que resultaron electas tomarán protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1 de septiembre de 2025. Dado el alto número de aspirantes (881 cargos), cada boleta fue llenada manualmente con números identificadores de los candidatos de preferencia, en lugar de marcar un recuadro como en las elecciones tradicionales y, según datos del Instituto Nacional Electoral, la participación en los comicios fue de casi 13% del padrón.

Por ser la primera vez en la historia del país que se eligen de este modo a los representantes de la justicia, la situación ha sido criticada y calificada de confusa, dando pauta a poner atención en distintos focos. Por ejemplo, habría que cuidar que las nuevas personas juzgadoras electas no promuevan la resolución favorable de asuntos para los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación, ya que su papel es el de garantizar la protección de la Constitución y los contrapesos son importantes. También es fundamental establecer mecanismos para fortalecer la carrera judicial de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal electos, a efecto de garantizar una impartición de justicia de calidad. Finalmente, debe darse prioridad a que los poderes judiciales de los estados establezcan regulaciones complementarias que garanticen una justicia pronta, completa y de calidad.

De hecho, una de las preocupaciones más grandes fue saber que muchos de los candidatos tienen hoy procesos judiciales, aumentando la desconfianza de que se traten de los perfiles más aptos para la labor.

Sin duda, el escenario es complejo y marca un rumbo diferente en el país, de ahí la relevancia por seguir de cerca a los nuevos impartidores de justicia e identificar las áreas de oportunidad en el tratamiento de los temas prioritarios como la infancia.

Desde Early Institute denunciamos que, actualmente, las posturas de la SCJN, en particular las de la Primera Sala, han establecido criterios poco favorables en materia de defensa del derecho a la vida desde la concepción. Es por ello que debemos considerar que, con la nueva conformación del aparato judicial, se abrirá una nueva etapa para posicionar posturas de protección integral y prevalencia del interés superior de niñas, niños y adolescentes. La nueva composición representa también la oportunidad de promover la especialización de juzgadores, principalmente de aquellos que resuelven asuntos que afectan de manera directa los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por otro lado, confirmamos nuestro compromiso por vigilar que las personas juzgadoras que resuelvan los asuntos de su competencia y que involucren a niñas, niños y adolescentes emitan sus resolutivos con total apego a Derecho, al corpus juris de niñez, y tomando en consideración los más altos estándares internacionales para la protección de este grupo etario.

Por supuesto, eso implica que existan mecanismos para evaluar que los nuevos juzgadores tomen las decisiones con perspectiva de infancia, escenario que aún no queda claro cómo se efectuaría en el juzgado de disciplina.

Los retos son muchos, ya que es evidente que la impartición de justicia va más allá de los modos de elección ahora empleados, y confiamos en que las decisiones que están por tomarse en materia de infancia en México —en los distintos espacios judiciales— privilegien cabalmente el respeto a sus derechos y bienestar integral.

Falta atención adecuada en el sector público a embarazadas

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

La falta de servicios adecuados durante el embarazo está relacionada con la mortalidad materna y compromete la salud infantil durante los primeros años de vida.

Una de las etapas más importantes en la vida de una mujer es cuando se encuentra embarazada. La atención es primordial por ser un periodo de cambios en todos los sentidos, pero sobre todo por la protección que le brinda a un ser humano, quien desde el momento de la concepción tiene derecho a vivir y a ser cuidado. Desafortunadamente, en México, los servicios públicos de salud que debieran recibir las mujeres embarazadas para garantizar que sus embarazos se desarrollen en óptimas condiciones tienen fallas graves.

Ejemplo de esto fue lo que ocurrió los primeros días de mayo de este año en Ciudad Victoria, Tamaulipas, cuando una mujer con seis meses de embarazo llegó a Urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en una clínica de La Loma. A la mujer no la atendieron de inmediato; solo la recostaron en el suelo en espera de su turno para ser revisada. Evidentemente, el trato fue indigno y mostró la precariedad de los servicios de atención en buena parte del país.

Otro caso fue el registrado el 15 de abril de 2025 en la Ciudad de México, cuando una mujer embarazada parió en el baño de la clínica del IMSS número 48, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco. Según testigos, la mujer estuvo en la sala de espera por varias horas y decidió entrar al baño por su cuenta. Ahí, sola y sin asistencia del personal médico, comenzó y terminó la labor de parto.

Aunque el Instituto señaló no haber omitido la atención, ya que según su comunicado “la mujer no informó estar embarazada”, se visibilizaron las carencias del sistema de salud pública en México.

La falta de servicios adecuados durante el embarazo está relacionada con la mortalidad materna y compromete la salud infantil durante los primeros años de vida. De ahí la importancia de recordar y hacer valer los derechos de las mujeres embarazadas ante organismos como el IMSS, que además están publicados en la página electrónica de la Secretaría de Gobernación (Segob). De acuerdo con estos lineamientos, las mujeres embarazadas tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso, atención médica adecuada y de urgencia, además de ser respetadas en su intimidad con confidencialidad y privacidad, entre otros puntos.

Lamentablemente, los casos expuestos muestran la terrible e inaceptable violencia obstétrica que las instituciones de salud cometen contra las mujeres, siendo que ellas debieran ser las que reciban los primeros auxilios y la mejor atención.

En Early Institute hacemos un llamado a las autoridades a apegarse a las políticas implementadas para la atención de las mujeres embarazadas, dentro de las cuales se encuentra la de cero rechazo en las áreas de urgencias a mujeres en labor de parto. Sin duda, la calidad de atención durante el embarazo, el parto y el puerperio debe regirse bajo los principios del respeto y la seguridad.

Es necesario proteger la salud materna y la mejor forma es exigiendo los derechos de las madres y sus hijos e hijas por nacer, impulsando los cuidados necesarios y reforzando la relevancia de recibir, en todo momento, una atención médica digna, oportuna y humana.

De los 2 a los 5 años: una etapa crucial en la vida humana

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Se valora el desarrollo infantil como un proceso continuo desde la concepción hasta los 5 años y el rol de los cuidadores, la educación y los sistemas de protección es básico para la protección de esa fase.

Ante la importancia de reconocer los primeros años de vida de una persona como una etapa crítica en su desarrollo, la revista inglesa The Lancet publicó una serie dedicada a los avances y las omisiones que se han registrado en los últimos tiempos en torno a la primera infancia. Con aportaciones de investigadores de diversos organismos, la serie El desarrollo de la primera infancia y los siguientes 1000 días muestra la trascendencia de los procesos que experimenta una persona de los 2 a los 5 años, que son de acuerdo con los hallazgos “los siguientes 1000 días”, y que influyen significativamente en su salud física y mental.

En este sentido, si bien se reconoce ampliamente la importancia de los primeros 2 años para el crecimiento físico y cerebral del ser humano, se establece que son los siguientes 1000 días los cruciales para consolidar ese desarrollo, mitigar riesgos y aprovechar las oportunidades perdidas en la primera etapa. Esto es, ​que se valora el desarrollo infantil como un proceso continuo desde la concepción hasta los 5 años y el rol de los cuidadores, la educación y los sistemas de protección es básico para la protección de esa fase.

Se ha descubierto que de los 2 a los 5 años hay una maduración neuronal exponencial que favorece el crecimiento continuo y rápido de las capacidades motoras, lingüísticas e interactivas, así como la expansión de habilidades como la autorregulación y el funcionamiento ejecutivo. Por esa razón es esencial la creación de entornos de educación y cuidado altamente seguros y que garanticen el bienestar integral de las niñas y los niños.

Desafortunadamente, existen grandes inequidades que afectan el desarrollo infantil, ya que, a pesar de los avances (como la reducción del retraso del crecimiento), todavía 2% de niñas y niños menores a 5 años sufre desnutrición y 25% no accede a educación preescolar. Al respecto, se habla de diversas causas, entre ellas las crisis como los conflictos bélicos y el cambio climático que agravan el acceso a los servicios de salud, educación y seguridad. Otros riesgos se refieren a la violencia, dietas inadecuadas, problemas de salud mental en cuidadores, contaminación, falta de calidad en servicios de atención básica y medidas inadecuadas para su educación (castigos físicos, agresiones psicológicas, abandono, etcétera).

Por lo anterior, es necesario invertir en esta etapa de vida con programas de atención y educación temprana, transferencias monetarias, apoyo a padres y políticas públicas enfocadas en esta etapa, pues los efectos positivos están comprobados y brindan un desarrollo sostenible y equitativo.

Pese a la evidencia sobre la gravedad de no invertir en la primera infancia, se ha detectado que solo 25.4% de los niños y las niñas de 3 y 4 años en países de ingresos bajos y medios recibe cuidados adecuados, lo que deja a millones de infantes en riesgo de un desarrollo poco óptimo. La investigación señala que el costo de la inacción es elevado, ya que al no invertir al menos un año en entornos de educación y cuidado implica perder hasta un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) futuro en los países de ingresos bajos, debido a la reducción en productividad y desarrollo humano.

La serie El desarrollo de la primera infancia y los siguientes 1000 días es un llamado a los gobiernos, especialmente en países de bajos ingresos, a aumentar el financiamiento y priorizar intervenciones eficaces como parte de la responsabilidad colectiva y estratégica​.

Early Institute —el único think tank en México dedicado al análisis y diseño de propuestas para la inclusión de políticas que garanticen el bienestar de la primera infancia— se une a este llamado y responde a la atención que merecen las niñas y los niños durante el inicio de su vida. Es nuestro propósito seguir difundiendo proyectos e investigaciones que fortalezcan a este sector y garanticen su protección con iniciativas adecuadas y dirigidas al respeto de sus derechos fundamentales.

Cuidados afectivos para niñas, niños y adolescentes

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Urge la necesidad por implementar estrategias que promuevan prácticas de crianza libres de violencia, que garanticen un desarrollo adecuado en los primeros años de vida y promuevan tratos más afectivos.

La atención a niñas, niños y adolescentes (NNA), en México, se encuentra en un punto crítico. En los últimos años, se ha registrado un aumento de violencia incluso en los métodos de crianza, cuando este tipo de procesos debiera ser lo más cuidadoso y cariñoso posible.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2023, organizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en México, 52% de NNA de 1 a 14 años fue sometido a algún tipo de disciplina violenta como castigos físicos o agresión psicológica. Esta situación comienza en la primera infancia (46.1%) y aumenta en la adolescencia (54.2%). De este alto porcentaje, 4.7% recibe castigos físicos severos, que incluyen golpes en la cara y cabeza o palizas. Este porcentaje equivale a 1,492,498 niñas, niños y adolescentes.

Con estos datos surge la necesidad por implementar estrategias que promuevan prácticas de crianza libres de violencia, que garanticen un desarrollo adecuado en los primeros años de vida y promuevan tratos más afectivos.

Hay que decir que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya reconoce el derecho de la niñez y adolescencia a vivir libres de toda forma de violencia y a que se proteja su integridad personal. Incluso en 2024 se definió la crianza positiva como un conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que promueven el desarrollo, bienestar y crecimiento saludable de NNA, sin recurrir a castigos corporales ni tratos humillantes. Pero las acciones no han sido suficientes.

Por esta razón, recientemente la senadora Anahí González, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una propuesta legislativa, desarrollada por Early Institute y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para fortalecer el marco normativo para la prevención y atención del castigo corporal y humillante en NNA.

La iniciativa incluye: a) reformar artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer como obligación de quienes ejercen la patria potestad abstenerse de cualquier atentado contra la integridad física y psicológica de los menores; b) incluir en esa ley como forma de violencia el descuido, la negligencia y el abandono de NNA y así prohibir estas prácticas; c) modificar la Ley General de Educación para señalar como obligación y derecho de quienes ejercen la patria potestad o la tutela que el proceso educativo se realice sin castigos corporales ni humillaciones; y d) modificar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para establecer como obligación de las autoridades a que la prestación de los servicios dirigidos a la población infantil se oriente a lograr un entorno seguro y protegido contra el castigo corporal o humillante, descuido, negligencia y abandono.

En este sentido, desde Early Institute instamos a los legisladores a garantizar el derecho de NNA a vivir en entornos afectivos, libres de violencia y positivos, y hacemos un llamado a la colaboración y corresponsabilidad entre las familias, la sociedad y las autoridades para prevenir, identificar y atender a niñas, niños y adolescentes expuestos a cualquier tipo de violencia física y psicológica. Nuestra participación es fundamental y la respuesta a esta problemática ya no puede esperar.

Hablemos de maternidad tardía y técnicas de reproducción asistida

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Si bien la tecnología se convierte en un aliado para la solución de problemas de la fertilidad, hay aún muchos vacíos médicos y legales, así como riesgos y un desgaste, tanto emocional como económico.

Todavía en la actualidad hay temas que suelen estar ocultos o de los que se habla poco cuando deberían ser parte de las discusiones públicas. Uno de ellos es la reproducción asistida y sus implicaciones, que pese a su desarrollo sigue siendo una práctica complicada, costosa y de muchos altibajos. Y otro es la afectación emocional por el retraso de la maternidad.

En su libro Querida desconocida, la periodista española Júlia Bertran Lafuente narra su propia experiencia en la búsqueda de convertirse en madre a sus 40 años y presentando dificultades físicas para lograrlo. La solución fue la donación de óvulos y adentrarse en las exigencias de métodos artificiales y técnicos que conocía someramente.
Cabe señalar que la escritora nunca se había planteado ser madre y cuando se abrió a la posibilidad de serlo, concluyó que en su caso el rechazo a la maternidad era una misoginia interiorizada, pues en sus palabras “yo quería ser como un hombre, porque en mi época los referentes académicos, culturales y políticos eran sobre todo masculinos”.
Querida desconocida es un testimonio de lo que significa ser parte de la industria de la reproducción asistida, pero es también una reflexión sobre lo que está ocurriendo hoy en día con muchas mujeres que han decidido retrasar la maternidad o bien, anularla. Dice la autora en varias entrevistas: “Renunciar a la maternidad creyendo que estamos preservando nuestra libertad es erróneo. Lo que hay que hacer es avanzar en corresponsabilidad, tanto en la crianza como en la reproducción”.

Agrega: “Retrasar tanto la maternidad cuando podía haber sido madre más joven, es una culpa muy útil al sistema porque genera ostracismo y hace que te encierres, que no lo hables y que no te des cuenta de que es un problema estructural que compartimos muchas mujeres”.

Para Júlia Bertran Lafuente su experiencia fue una oportunidad para visibilizar también a las mujeres que donan sus óvulos y que suelen estar en situaciones sociales desfavorables, lo que la orilló a reconocer la falta de garantías para proteger y asegurar el bienestar físico y emocional de quienes acceden a someterse a riesgos quirúrgicos para extraer sus gametos.
Asimismo critica a las clínicas de fertilidad por inflar las tasas de éxito y normalizar la maternidad tardía pese a la salud física y emocional de las mujeres. El debate que se plantea en Querida desconocida va entre la culpa por no haber sido madre antes y contribuir a una industria que mercantiliza la maternidad. En sí, el libro busca abrir un diálogo y cuestionar la falta de soluciones públicas para la reproducción.

En Early Institute abogamos por la importancia de repensar el valor de la maternidad no como un lastre sino como un suceso extraordinario, una posibilidad de vida, generador de vínculos y cuidados y la forma más sublime de trascender. Por otro lado, es fundamental estar informados cuando se trata de técnicas de reproducción asistida porque si bien la tecnología se convierte en un aliado para la solución de problemas de la fertilidad, hay aún muchos vacíos médicos y legales, así como riesgos y un desgaste, tanto emocional como económico de dimensiones desproporcionadas, que afectan a los involucrados en las concepciones artificiales. Sin duda son asuntos complejos, pero muy útiles cuando salen a la luz y se tratan con suficiente evidencia para decidir de la manera más adecuada.

Urge una cultura de paz para proteger a la niñez mexicana

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

La población infantil ha sido muy afectada por las acciones del crimen organizado, pues su reclutamiento forzado ante carencias económicas, compromete su integridad física, psicológica y emocional.

México sigue en conmoción por un caso de proporciones mayores. Se trata de lo que un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas (Guerreros Buscadores de Jalisco) descubrió en un rancho del municipio de Teuchitlán, en el estado de Jalisco. En una transmisión en vivo, el colectivo documentó por lo menos cuatro crematorios clandestinos, cuatro fosas clandestinas, ropa, calzado y diversas pertenencias de posibles víctimas del crimen organizado en el rancho Izaguirre. Dicho sitio presuntamente servía como centro de reclutamiento y exterminio de células delictivas para captar y entrenar a jóvenes.

Lo más llamativo es que fue desde septiembre de 2024 cuando la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco realizaron un operativo y el aseguramiento del inmueble, donde fueron rescatadas dos personas, hubo detenidos y se localizaron varias armas, chalecos tácticos, casquillos e incluso restos óseos quemados. Sin embargo, no se hizo mayor indagatoria.

Sin duda, este suceso arroja luz sobre la crisis de violencia que impera en México, el fracaso del Estado por garantizar un entorno libre de violencia hacia sus ciudadanos y la posible colusión de autoridades con grupos del crimen organizado.

La gravedad es mayor por la afectación a niñas, niños y adolescentes que suelen ser captados por la delincuencia organizada, pues tanto a nivel federal como en diversas entidades federativas, no existen criterios mínimos homologados para definir, tipificar, perseguir y castigar el reclutamiento forzado.

Los hallazgos de Teuchitlán representan un golpe de realidad y evidencian el deterioro del Estado de derecho y la ausencia de mecanismos de protección efectiva hacia la ciudadanía, particularmente hacia aquellos que merecen una protección reforzada por parte del Estado. Desafortunadamente, el panorama se empeora ante la normalización de la violencia, haciendo que prevalezca la insensibilidad ante hechos tan lamentables como lo sucedido en ese municipio y otros más que se saben día tras día.

Este triste caso resalta la urgente necesidad de varias acciones, pero principalmente apremia colocar a niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas públicas de prevención de actos delictivos, así como contar con herramientas efectivas con perspectiva de niñez que garanticen sus derechos humanos fundamentales.

Esto es relevante si se considera que, desafortunadamente, en los últimos años, este grupo poblacional ha sido muy afectado por las acciones del crimen organizado, pues su reclutamiento forzado ante carencias económicas, entre otros factores, compromete su integridad física, psicológica y emocional.

Desde Early Institute exhortamos a las autoridades a actuar a favor de un restablecimiento de un Estado de derecho e implementar una cultura de paz, principalmente, para niñas, niños y adolescentes. Es vital reforzar al sistema judicial, de manera integral, ante la complejidad y magnitud de la problemática de seguridad que se vive en México. Ello significa replantear estrategias de prevención del delito, de persecución y sanción de las conductas típicas y generar planes de restitución integral hacia las víctimas. No hay que olvidar que la responsabilidad de garantizar a los más vulnerables un entorno seguro es compartida y ello exige un trabajo coordinado, colaborativo y con miras a obtener resultados.