Paola Guzmán, impunidad para el violador, sanción para el Estado.
Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original en ContraReplica
Hay una historia que sacudió a Ecuador desde el año 2002 y que culminó con una sentencia condenatoria 18 años después.
Paola del Rosario Guzmán Albarracín nació el 10 de diciembre de 1986 en Guayaquil, Ecuador, a sus 14 años estudiaba el segundo año de secundaria y comenzó a tener problemas con ciertas materias, el Vicerrector de la escuela, haciendo uso de su relación de poder, acosó a Paola ofreciéndole aprobar sus materias con la condición de mantener relaciones sexuales; a partir de ese momento, fue sometida a situaciones de acoso sexual y violación que produjeron un embarazo.
El Vicerrector exigió a Paola que abortara y la llevó con el médico del servicio escolar, quien accedió a solapar los abusos y realizar el aborto, siempre y cuando Paola tuviera relaciones con él. Derivado de este tortuoso camino y con graves afectaciones psicológicas, Paola se suicidó a los 16 años.
El 24 de junio de 2020, después de 18 años de limitantes en el acceso a la justicia, la madre de Paola, Pepita Albarracín, obtuvo una sentencia de la Corte Interamericana en la que se consideró como responsable: no al violador, sino al propio Estado de Ecuador.
La Corte concluyó que el Estado no hizo aquello que le correspondía, como es: prevenir e identificar los casos de violencia sexual; establecer medidas especiales de protección para Paola en su calidad de niña y perseguir y castigar a un violador que quedó impune. Además, nos recordó que la violencia contra niñas y niños tiene consecuencias psicológicas y emocionales, trastornos afectivos, traumas, temores, ansiedad, inseguridad y destrucción de la autoestima que afectan la toma de decisiones y puede llevar a pensamientos suicidas.
La historia de Paola no nos es ajena y nos hace preguntarnos: ¿Cuántos casos como este se presentan en nuestro país todos los días? ¿Qué medidas toman las autoridades de educación y salud cuando tienen conocimiento de que una niña o adolescente fue violada? ¿Cuántos violadores viven en la impunidad?
Con datos de alumbramx.org, podemos señalar que sólo en 2019 se presentaron 23,191 casos de abuso sexual infantil y que cada día 7 niñas y niños son víctimas de homicidio; de conformidad con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de 2020 se han presentado más de 199 mil llamadas de emergencia de violencia contra la mujer de las cuales 3,910 corresponden a abuso sexual, 6,311 corresponden a acoso y 2,785 a violación.
Ante un panorama nada alentador, el 19 de noviembre nuestro país conmemoró el “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil” para hacernos reflexionar sobre las medidas que toman nuestros legisladores, jueces, fiscalías y autoridades administrativas para atender casos como el de Paola, esperando que las medidas de protección, acceso a la justicia y reparación no lleguen años después de que nuestras niñas y adolescentes estén muertas.
Preocupa el funcionamiento del Congreso de la Unión
Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original en: ContraReplica
En nuestra columna anterior, hacíamos referencia a un contexto en donde la priorización de la agenda en materia de niñez, a nuestro juicio, requiere poco más que buenas intenciones de carácter político y de la elaboración de documentos o estrategias que desde el papel hacen todo el sentido, pero que en el terreno de lo práctico no suelen llegar a buen puerto.
La experiencia indica que para dar resultados concretos de política pública y mejorar en lo cotidiano las condiciones de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, es menester crear una agenda pública lo suficiente robusta y convencida de que la inversión en la infancia es una apuesta estratégica para la sostenibilidad de nuestras generaciones.
Para lograr esto, las sociedades que así se lo han propuesto con visión de largo plazo, han apostado por generar en su proceso de toma de decisiones al menos dos condiciones muy claras: a) favorecer de manera permanente el consenso entre todos los actores involucrados para evitar que la agenda se polarice; y b) anticipar, planear y ejecutar una andamiaje mínimo y progresivo de recursos humanos, materiales y financieros que permitan construir políticas públicas con sentido de practicidad, lo cual implica no solo emitir leyes o reglamentos, sino ejecutar verdaderas acciones de gobierno y participación entre sectores que sean susceptibles de ser implementadas y evaluadas.
Así, mientras más fuerte y sólido sea el nivel de consenso entre los actores, más efectiva y visible será la inversión en acciones concretas.
Uno de los errores que suelen cometerse en este proceso, se da justamente en la forma en la que el consenso es construido. De hecho, sin ignorar su dimensión en la esfera privada, la sola palabra que consenso nos remite casi de manera automática al terreno de la deliberación política y los procesos de formación de acuerdos que son exclusivos del fenómeno político, en donde pareciera que únicamente los partidos políticos, gobernantes, legisladores y tomadores de decisión son quienes deben participar en la dialéctica para construir mayorías en democracia y adoptar decisiones.
No obstante, la propia raíz etimológica de la palabra consenso nos recuerda que en realidad la formación del mismo, es una tarea que compete – sin distinguir – a todos los involucrados en una determinada materia. Si extrapolamos esta reflexión básica al caso que nos ocupa, entonces valdría la pena cuestionarnos ¿Cómo deberían construirse los consensos para mejorar los derechos de la infancia y adolescencia? ¿Es una tarea que debe quedar únicamente en manos de los gobernantes en curso?
Para tratar de responder el planteamiento me permitiré utilizar un ejemplo reciente. Desde la experiencia que hemos delineado en Early Institute a través de la iniciativa ALUMBRA, creada en 2018 y cuyo objetivo es contribuir a la prevención de la violencia sexual infantil en México, nos hemos propuesto justamente acelerar los procesos de formación de consensos y la creación de agendas comunes para hacer de la protección de la infancia una tarea compartida.
En tal sentido, la apuesta al cambio de ALUMBRA busca replantear la manera en la que construimos los consensos y definimos las agendas prioritarias para avanzar en lo esencial.
A través de la creación de una Comunidad de Conocimiento y Práctica, conformada de manera voluntaria por instituciones públicas, organismos internacionales, investigadores y organizaciones sociales involucradas en el tema. ALUMBRA ha puesto sobre la mesa la necesidad generar información y conocimiento a partir de la participación y co-creación entre los sectores social, público y privado, sin distinción alguna y con la única intención de desarrollar estrategias bajo una visón integral y sistémica del problema de la violencia sexual infantil.
Bajo la evidencia de que la violencia sexual infantil es una problemática multidimensional, que admite diversos enfoques y requiere la participación de diversos agentes, la Comunidad desarrollada por ALUMBRA, durante los últimos dos años busca, en esencia, amplificar el impacto de las estrategias, para generar más información en el tema; incidir de manera más efectiva en las políticas públicas; así como desarrollar experiencias formativas y de comunicación hacia la sociedad, para incrementar la formación de habilidades y prácticas para prevenir esta forma de violencia.
El reto es amplio, porque la participación colegiada entre actores siempre supone desafíos importantes, no solo por lo que conlleva la formulación de acuerdos y la definición de temáticas prioritarias, sino, sobre todo, por la necesidad de construir una cultura de diálogo permanente, que se asuma como la regla y no como la excepción entre los involucrados, incluido, desde luego, el sector público.
A casi dos años de esta iniciativa, la Comunidad ALUMBRA ha transitado por una primera fase en su arquitectura, en donde se ha logrado integrar a más de 40 aliados de todos los sectores para intercambiar información, prácticas, contenidos y diseñar estrategias de prevención que puedan sistematizarse en un solo espacio, incluso aprovechando las ventajas que hoy ofrece la tecnología.
En tal sentido, el trabajo colegiado de ALUMBRA se ha materializado en la plataforma digital www.alumbramx.org, desde donde se han creado contenidos y materiales específicos para dar recomendaciones a padres, educadores y cuidadores, sobre cómo prevenir la violencia sexual e incluso se cuenta con un canal de asesoría telefónica y online hacia la ciudadanía, para brindar información y canalizar denuncias.
Si bien la experiencia acumulada durante los últimos meses en ALUMBRA nos ha hecho ver el enorme potencial que plantean las iniciativas y plataformas de trabajo colaborativo, también es cierto que, dada la magnitud y urgencia del problema a resolver, debemos ser cada vez más eficaces y precisos en la construcción de soluciones. De tal suerte, que la formación de consensos y la integración de acciones para la protección de la infancia no debe ser una tarea en manos únicamente del poder político, sino una responsabilidad colectiva, desde la cual se congreguen todos quienes tenemos en nuestras manos una parte de la solución.
Se trata de un propósito que, desde luego, no será sencillo y del cual nos entusiasma ir dando cuenta a los lectores de sus resultados e invitándolos a formar parte de las estrategias e iniciativas que se desprendan de la comunidad ALUMBRA, todo ello como el nombre lo sugiere, para brindar una luz en contra de la violencia infantil.
¿Con mis hijos no te metas?
Por: Cristián Acosta de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original en ContraReplica
Durante los últimos años ha surgido un debate amplio sobre los derechos y obligaciones de los padres y las obligaciones del Estado frente a niñas, niños y adolescentes; hoy tenemos posturas encontradas que se resumen en frases como: “Con mis hijos no te metas”, o declaraciones como las de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ha manifestado defender “hasta mi tumba el derecho a los niños y adolescentes a ser educados, y a que la educación sea laica”, lo que lleva el discurso a extremos que se descalifican entre sí y en medio quedan los derechos de niñas, niños y adolescentes, como si se tratase de un divorcio en el que cada parte quiere llevarse todo.
Más allá de los discursos existentes es necesario considerar que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, pero no son personas adultas, por lo que la atención y las políticas públicas de la administración en turno dirigidas a este sector de la población deben ser diferenciadas.
De conformidad con la Convención de los Derechos del Niño, la orientación y dirección de los padres permite que el niño ejerza su derecho a vivir en familia y su desarrollo; por su parte, el Estado, tiene la obligación de respetar esos derechos, así como tomar las medidas legislativas y administrativas adecuadas que fomenten la coordinación necesaria entre familia, sociedad y autoridades.
Así lo ha dicho la Corte, en el amparo en revisión 203/2016 reconoció que el Estado debe prestar asesoría, orientación y acceso a servicios de salud, educación, justicia, pero no puede desplazar la función protectora y orientadora de la familia, además, en el amparo directo en revisión 2994/2015 reconoció que la patria potestad se encuentra estrechamente vinculada con la protección a la familia y entre sus finalidades se encuentra la protección integral del niño.
A pesar de que estos parámetros son claros, hoy en el Congreso se discuten iniciativas como la de las senadoras Martha Lucía Micher, Citlalli Hernández y Jesusa Rodríguez, que buscan establecer que una niña víctima de violación pueda solicitar sola la Interrupción Voluntaria del Embarazo sin el acompañamiento de su madre, padre o tutor y sin un plan de restitución elaborado por las Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes; o la del senador Ricardo Monreal que con el objetivo de “simplificar” los trámites administrativos de reasignación sexo genérica en el Código Civil Federal, omite considerar la participación oficiosa y acompañamiento de las citadas Procuradurías cuando quien solicita el cambio de género es una niña, niño o adolescente.
En conclusión, tanto padres como autoridades, tenemos funciones distintas, pero complementarias, en las que se requiere una actuación coordinada, pues sólo así podremos diseñar políticas públicas con un verdadero enfoque de niñez.
Alumbra: una nueva forma de construir consensos
Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original en: ContraReplica
En nuestra columna anterior, hacíamos referencia a un contexto en donde la priorización de la agenda en materia de niñez, a nuestro juicio, requiere poco más que buenas intenciones de carácter político y de la elaboración de documentos o estrategias que desde el papel hacen todo el sentido, pero que en el terreno de lo práctico no suelen llegar a buen puerto.
La experiencia indica que para dar resultados concretos de política pública y mejorar en lo cotidiano las condiciones de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, es menester crear una agenda pública lo suficiente robusta y convencida de que la inversión en la infancia es una apuesta estratégica para la sostenibilidad de nuestras generaciones.
Para lograr esto, las sociedades que así se lo han propuesto con visión de largo plazo, han apostado por generar en su proceso de toma de decisiones al menos dos condiciones muy claras: a) favorecer de manera permanente el consenso entre todos los actores involucrados para evitar que la agenda se polarice; y b) anticipar, planear y ejecutar una andamiaje mínimo y progresivo de recursos humanos, materiales y financieros que permitan construir políticas públicas con sentido de practicidad, lo cual implica no solo emitir leyes o reglamentos, sino ejecutar verdaderas acciones de gobierno y participación entre sectores que sean susceptibles de ser implementadas y evaluadas.
Así, mientras más fuerte y sólido sea el nivel de consenso entre los actores, más efectiva y visible será la inversión en acciones concretas.
Uno de los errores que suelen cometerse en este proceso, se da justamente en la forma en la que el consenso es construido. De hecho, sin ignorar su dimensión en la esfera privada, la sola palabra que consenso nos remite casi de manera automática al terreno de la deliberación política y los procesos de formación de acuerdos que son exclusivos del fenómeno político, en donde pareciera que únicamente los partidos políticos, gobernantes, legisladores y tomadores de decisión son quienes deben participar en la dialéctica para construir mayorías en democracia y adoptar decisiones.
No obstante, la propia raíz etimológica de la palabra consenso nos recuerda que en realidad la formación del mismo, es una tarea que compete - sin distinguir - a todos los involucrados en una determinada materia. Si extrapolamos esta reflexión básica al caso que nos ocupa, entonces valdría la pena cuestionarnos ¿Cómo deberían construirse los consensos para mejorar los derechos de la infancia y adolescencia? ¿Es una tarea que debe quedar únicamente en manos de los gobernantes en curso?
Para tratar de responder el planteamiento me permitiré utilizar un ejemplo reciente. Desde la experiencia que hemos delineado en Early Institute a través de la iniciativa ALUMBRA, creada en 2018 y cuyo objetivo es contribuir a la prevención de la violencia sexual infantil en México, nos hemos propuesto justamente acelerar los procesos de formación de consensos y la creación de agendas comunes para hacer de la protección de la infancia una tarea compartida.
En tal sentido, la apuesta al cambio de ALUMBRA busca replantear la manera en la que construimos los consensos y definimos las agendas prioritarias para avanzar en lo esencial.
A través de la creación de una Comunidad de Conocimiento y Práctica, conformada de manera voluntaria por instituciones públicas, organismos internacionales, investigadores y organizaciones sociales involucradas en el tema. ALUMBRA ha puesto sobre la mesa la necesidad generar información y conocimiento a partir de la participación y co-creación entre los sectores social, público y privado, sin distinción alguna y con la única intención de desarrollar estrategias bajo una visón integral y sistémica del problema de la violencia sexual infantil.
Bajo la evidencia de que la violencia sexual infantil es una problemática multidimensional, que admite diversos enfoques y requiere la participación de diversos agentes, la Comunidad desarrollada por ALUMBRA, durante los últimos dos años busca, en esencia, amplificar el impacto de las estrategias, para generar más información en el tema; incidir de manera más efectiva en las políticas públicas; así como desarrollar experiencias formativas y de comunicación hacia la sociedad, para incrementar la formación de habilidades y prácticas para prevenir esta forma de violencia.
El reto es amplio, porque la participación colegiada entre actores siempre supone desafíos importantes, no solo por lo que conlleva la formulación de acuerdos y la definición de temáticas prioritarias, sino, sobre todo, por la necesidad de construir una cultura de diálogo permanente, que se asuma como la regla y no como la excepción entre los involucrados, incluido, desde luego, el sector público.
A casi dos años de esta iniciativa, la Comunidad ALUMBRA ha transitado por una primera fase en su arquitectura, en donde se ha logrado integrar a más de 40 aliados de todos los sectores para intercambiar información, prácticas, contenidos y diseñar estrategias de prevención que puedan sistematizarse en un solo espacio, incluso aprovechando las ventajas que hoy ofrece la tecnología.
En tal sentido, el trabajo colegiado de ALUMBRA se ha materializado en la plataforma digital www.alumbramx.org, desde donde se han creado contenidos y materiales específicos para dar recomendaciones a padres, educadores y cuidadores, sobre cómo prevenir la violencia sexual e incluso se cuenta con un canal de asesoría telefónica y online hacia la ciudadanía, para brindar información y canalizar denuncias.
Si bien la experiencia acumulada durante los últimos meses en ALUMBRA nos ha hecho ver el enorme potencial que plantean las iniciativas y plataformas de trabajo colaborativo, también es cierto que, dada la magnitud y urgencia del problema a resolver, debemos ser cada vez más eficaces y precisos en la construcción de soluciones. De tal suerte, que la formación de consensos y la integración de acciones para la protección de la infancia no debe ser una tarea en manos únicamente del poder político, sino una responsabilidad colectiva, desde la cual se congreguen todos quienes tenemos en nuestras manos una parte de la solución.
Se trata de un propósito que, desde luego, no será sencillo y del cual nos entusiasma ir dando cuenta a los lectores de sus resultados e invitándolos a formar parte de las estrategias e iniciativas que se desprendan de la comunidad ALUMBRA, todo ello como el nombre lo sugiere, para brindar una luz en contra de la violencia infantil.
Una legislación penal, con enfoque de niñez
Por Cristian Acosta, Coordinador de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original en ContraRéplica
Imagine usted, lector que vive en Coahuila, que en este momento se entera y le consta que la niña que va a la escuela con sus hijos es víctima de abuso sexual infantil y de violación impropia, además de la inmediata indignación que ello le genera siente la obligación moral de denunciar tales hechos, pero si por cualquier circunstancia no lo hace, usted también estará cometiendo un delito denominado omisión de denuncia. Cambiemos de estado, si estas mismas conductas suceden en Veracruz, se estará cometiendo el delito de abuso sexual infantil y de pederastia, pero si usted no acude al Ministerio Público, no tendrá responsabilidad alguna.
Ojalá que esa niña no esté en Nayarit y sea considerada como “púber”; sí lector, leyó bien, el Código Penal de Nayarit utiliza el concepto de “púber” para referirse a las niñas y niños que llegan a la pubertad, destacando que hay niñas que llegan a esa etapa a los 8 años, pues los actos sexuales que se cometan en su contra, serán sancionados con seis meses a dos años de prisión y una multa irrisoria de $260 a $868 pesos por el delito de atentados al pudor, en vez de abuso sexual infantil.
Esta libertad configurativa de delitos, no debería ser un problema, pues dentro de nuestro sistema federal cada estado es libre y soberano para señalar qué conductas son sancionadas por las leyes penales y cuales no, sin embargo, es evidente la falta de eficacia de las leyes, de la impartición de justicia y de la protección a niñas, niños y adolescentes, cuando recordamos casos tan emblemáticos como el de Los Porkys en Veracruz, que generaron criterios con amplitud interpretativa y fomentaron la impunidad.
Esto sucede todos los días en nuestro México y es consecuencia de una legislación penal con fallas estructurales que limitan la impartición de justicia a las víctimas de delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, pues:
-
son emitidos sin una perspectiva de niñez que además de minimizar la gravedad de los delitos, invisibiliza y vulnera a este sector de la población;
-
existen más de 40 delitos sexuales establecidos en los códigos penales locales aplicables para sancionar a los agresores de niñas, niños y adolescentes;
-
hay criterios divergentes en edades de las víctimas que van desde los 12 a los 17 años con agravantes diversas para el delincuente;
-
hay estados con una excesiva o limitada regulación como en Tabasco con 9 delitos y Sonora con 16;
-
la omisión de denuncia sólo es considerada como delito en Coahuila y Puebla;
-
el ciberacoso en contra de niñas, niños y adolescentes tiene criterios específicos sólo en Baja California Sur, Chiapas, Nuevo León, Puebla y Quintana Roo;
-
lo que en un estado es violencia familiar en otro puede no serlo;
-
no hay una visibilización ni fortalecimiento del sistema de justicia penal de la mano de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de los sistemas DIF.
Ante este panorama en el Congreso de la Unión se ha manifestado durante ya varios meses, la intención de realizar una reforma constitucional que permita crear un Código Penal Único para homologar los delitos en todo el país, si a ello sumamos las declaraciones del Senador Ricardo Monreal quien ha enfatizado en la necesidad de pasar de un sistema de justicia “opaco, anacrónico, poco efectivo” a uno “dinámico, accesible y transparente” es que existe una ventana de oportunidad para llamar a legislar con enfoque de niñez.
Con independencia de que ello ocurra, tanto en el Congreso de la Unión como en los estados, deben revisarse los Códigos Penales para advertir estas deficiencias y contrarrestarlas. Por ello, en Early Institute a través de la página alumbramx.org y los informes ahí consultables, nos hemos dado a la tarea de visibilizar las estadísticas y delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, pues sólo durante 2019 se dieron 23,191 casos de abuso sexual; cada día 7 niñas y niños son víctimas de homicidio; 73% de las víctimas de trata de menores son niñas; 1 de cada 10 mujeres, según la ENDIREH, reportó haber sufrido alguna forma de violencia sexual antes de los 15 años y hoy, se genera confusión y se fomenta la impunidad, ya que hay más de 40 delitos sexuales que no cuentan con un enfoque de niñez.
Los nuevos retos de la Educación
Por Cristian Acosta García, Coordinador de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original en ContraRéplica
Al final de este ciclo escolar hay preguntas que todos los que participamos en los procesos académicos, desde preescolar hasta universidad nos hacemos: ¿Qué tanto hemos aprendido como estudiantes? ¿Qué tanto hemos sido capaces de transmitir como profesores? ¿Qué tanto pudo integrarme con mi hija o hijo para apoyarlos con sus tareas? ¿Lo hicimos bien?
Los esfuerzos han sido variados: nos adaptamos para aprender en casa con los programas de televisión; hicimos el esfuerzo para conseguir una computadora, tablet o celular; contratamos internet, mejoramos nuestro plan, usamos la conexión del vecino o nos trasladamos a lugares con datos abierto; adaptamos un espacio en casa como escuela y oficina; usamos mil y un plataformas, redes sociales, videollamadas, correos, tareas y trabajos interminables, que en educación básica, muchos padres terminamos realizando; si a ello le sumamos las actividades propias del trabajo, el hogar, la convivencia familiar y el Covid, el reto resultó verdaderamente titánico. Estos son algunos de los lugares comunes que hemos vivido en los últimos meses tanto profesores, estudiantes, padres y madres de familia y autoridades educativas como la Secretaría de Educación Pública y las secretarías de educación estatales.
El uso de las tecnologías de la información ha sido emergente y nos muestran que tenemos un largo camino que recorrer para la transformación digital de la educación y la interactividad virtual, así como la generación de técnicas de aprendizaje, programas y contenidos que respondan a las necesidades de generaciones nacidas en una cultura 100 por ciento digital y que, a pesar de ello, sufren desigualdades muy marcadas.
Según datos de Encuetas Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2019) del Inegi y el informe Adopción de las TIC y Uso de Internet en México del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en México hay 80.6 millones de usuarios de internet, lo que se traduce en que casi el 30 por ciento de los mexicanos no goza de conexión y sólo 44.3 por ciento de los hogares disponen de una computadora lo que muestra la desigualdad existente.
Estos datos adquieren rostro y apellido cuando recordamos a Iker Rodríguez Landín, un niño de 9 años que en Ciudad Victoria se puso a hacer mandados en su colonia por cinco pesos con la finalidad de ahorrar para comprarse una tablet y poder hacer las tareas de la escuela, lo que nos lleva a hacernos otras preguntas: ¿cuántos niños hay en México como Iker? ¿Cuántas niñas y niños no tuvieron la oportunidad de continuar con su educación en este ciclo escolar por carecer de las herramientas necesarias?
Hoy, derivado de la reforma constitucional en materia educativa de 15 de mayo de 2019 así como de la Ley General de Educación de septiembre de 2019, los gobiernos estatales han iniciado los procesos de discusión y análisis de sus nuevas leyes educativas que deberán garantizar el acceso a educación de calidad.
Hoy ponemos énfasis en los procesos de corresponsabilidad de estudiantes, profesores, padres y madres de familia y escuelas que tienen voz y voto dentro del Sistema Educativo Nacional así como en la relevancia del derecho a la educación y el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación; pero en los procesos de reformas locales no puede obviarse la integración de actores relevantes para las políticas públicas educativas como lo son los SIPINNA locales o las Procuradurías de Protección de NNA; no podemos dejar de lado la Estrategia Nacional de Primera Infancia; ni la correspondiente armonización con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
De otra manera, los Congresos que legislen sin la participación social de los actores involucrados y sin considerar la transversalidad del fenómeno educativo, por muy buenas que sean sus intenciones o los contenidos de sus leyes, perderán legitimidad por no responder de manera corresponsable a los nuevos retos que nos plantea la educación.
Por Cristian Acosta, Coordinador de Asuntos Públicos de Early Institue
Publicación original en ContraRéplica
Miremos por unos segundos hacia atrás y pensemos en cómo era nuestra convivencia a inicios de marzo: despertar, levantarnos, acudir a la escuela, al trabajo, a los gimnasios, saludar amigos, compañeros, conocidos, abrazar a aquellas personas importantes en nuestras vidas, utilizar el transporte público o el auto y pasar horas en el tráfico al trasladarnos para regresar a casa con nuestras familias.
Ahora sabemos que esos días ya no serán iguales, pues hoy el Covid-19 está cada vez más cerca de nuestro entorno y ya no solo en las noticias, de alguna u otra manera sabemos que un conocido, familiar o amigo ha padecido esta nueva enfermedad; en el mejor de los casos se ha recuperado y, en un escenario adverso, no hemos tenido la posibilidad de despedirnos ni de acompañar en su dolor a aquellas personas que queremos. Si a ello le agregamos que ahora un dolor de cabeza es motivo de preocupación; las noches de insomnio; que la actividad económica ha disminuido en perjuicio de nuestro bolsillo; y que no sabemos en qué momento el semáforo pasará de rojo a verde, se genera un caldo de cultivo perfecto para las preocupaciones que derivan en problemas de ansiedad, estrés, adicciones, violencia familiar y depresión.
Para nuestras niñas, niños y adolescentes el esquema no es tan diferente, pues su rutina diaria también ha cambiado y sufren los efectos de la pandemia. Tristemente la semana pasada en Río Bravo, Tamaulipas, un alumno de 13 años de la secundaria “Moisés Sáenz Garza” considerado por sus maestros como un joven ejemplar por su aprovechamiento y participación, se quitó la vida poco después de concluir sus clases en línea.
Para tratar de mitigar estos riesgos el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), publicó el pasado martes 26 de mayo una serie de acciones indispensables para procurar la atención y protección de este sector poblacional.
Entre los mecanismos destaca la difusión de la crianza positiva proporcionando información precisa, amigable y accesible sobre el Covid-19 para prevenir accidentes y enfermedades; el optimizar el funcionamiento de líneas de emergencia y ayuda para atender la violencia familiar coordinadas con el 911, sin desestimar las llamadas que puedan hacer niñas, niños y adolescentes; apoyar la operación de refugios para víctimas de violencia; así como identificar y atender casos de violencia o abuso sexual.
Hoy nos damos cuenta de que todos, sin importar nuestra edad, sexo, religión, nacionalidad, ideología o estatus social tenemos nuevas dinámicas de vida y convivencia y que hoy más que nunca, nuestra salud mental juega un papel fundamental.
Por ello, como parte de este proceso de resiliencia desde Early Institute, hemos decidido poner en marcha la línea de atención psicológica 55-88-54-66-53 a la que la población en general, así como niñas, niños y adolescentes, pueden acercarse para recibir orientación, canalización y seguimiento personalizado por ansiedad, estrés, depresión o incluso en los casos de violencia familiar, pues estamos aprendiendo que juntos podemos superar esto.
ALUMBRA lanza campaña “Estamos Aprendiendo” para prevenir violencia familiar
¿Cómo afecta el confinamiento a la violencia cibernética?
Violencia en contra de niños
Por Cristian Acosta García, Coordinador de Asuntos Públicos de Early Institute
A más de un mes de la Jornada Nacional de Sana Distancia hemos aprendido a tener nuevos esquemas e interacciones familiares, académicas y laborales que nos han obligado a trasladar todas aquellas actividades que antes realizábamos en la escuela, la oficina, en la empresa, en los restaurantes, parques y lugares públicos de nuestro país a nuestra sala, recamara, estudio o comedor.
Mientras nos acostumbramos a esta dinámica y nos preparamos para la “nueva normalidad”, así como a la incertidumbre sanitaria y económica, se muestra ante nosotros un tema que siempre ha estado presente pero que revela una cara poco explorada: la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que ya no sólo se comete en el transporte público o en la escuela, sino en aquél lugar en el que, se supone, deberían estar más seguros, nuestras casas.
La emergencia sanitaria tristemente nos ha mostrado que la niñez mexicana vive una violencia permanente y sistematizada: a inicios de la contingencia en Chihuahua, una niña de 6 años fue violada y asesinada por quien tenía un deber de cuidado con ella, su abuelo; hoy no sabemos quién es “el niño del suéter rojo del Rayo McQueen”, que tiene entre 8 y 10 años de edad y cuyo cuerpo fue encontrado el 3 de mayo en el municipio de Calimaya, Estado de México; también en ese estado, pero en Atizapán, una niña de 4 años fue asesinada a palazos el 4 de mayo por el novio de su mamá; y en Ecatepec, Nico, un niño de 13 años que vendía globos fue asesinado para robarle unos tenis mientras iba de su casa a la de su abuela a solo dos cuadras de distancia.
El panorama resulta desolador y lo será mucho más si como sociedad no hacemos aquello que Stéphane Hessel nos exigió desde hace años: indignarnos, actuar y exigir en consecuencia. Desde hace ya 5 años contamos con autoridades especializadas en la protección de niñas, niños y adolescentes que hoy tienen un papel protagónico durante la contingencia, por un lado, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o mejor conocido como SIPINNA, que tiene por función coordinar las actividades de autoridades de seguridad, salud y educativas, entre otras, para generar estrategias que disminuyan las violaciones a los derechos de la niñez mexicana.
De igual forma cobran relevancia y debe ser visibilizada la labor de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, pues si el día de hoy, usted lector, tuviera noticias de que la niña, niño o adolescente que comúnmente lo saluda al salir a su puerta de su casa, está siendo golpeado o abusado sexualmente por quien tiene el deber de cuidarlo, tiene usted la responsabilidad colectiva de dar aviso inmediato a estas Procuradurías para que intervengan y salven a esa niña o niño antes de que sea una nota más en este periódico.
Como una labor proactiva, desde Early Institute, hemos impulsado el proyecto Alumbra, una comunidad de conocimiento e información en la que organizaciones de la sociedad civil, autoridades y público en general convergen para prevenir y atender la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes y que ya cuenta con un directorio de las principales autoridades a las cuales puede solicitar ayuda; además, como una medida de apoyo, prevención y contención de la violencia familiar, muy pronto se pondrá en marcha una línea de apoyo psicológica para ayudarnos desarrollar nuestra resiliencia frente a nuestra nueva normalidad.