Por: R. Vincent Morfín Calvo, Ejecutivo de Asuntos Públicas de Early Institute
Publicación original de: ContraRéplica

En todo el año no hemos dejado de escuchar sobre los terribles casos de bullying y violencia entre niñas, niños y adolescentes, en México. Todos ellos se han vuelto de gran interés por la brutalidad de las agresiones que cometen los menores de edad en contra de sus pares. El común denominador es un uso desmedido de violencia física o psicológica con desafortunados desenlaces, ya que suelen ser tragedias que dañan a todos los involucrados.

El caso más reciente es el de un joven estudiante de la Universidad Anáhuac en el estado de Puebla, quien golpeó en repetidas ocasiones a otro joven que trabajaba como guardia en el complejo residencial donde vive. La reacción violenta del estudiante fue porque se le pedía identificarse para ingresar al edificio.

También, hace apenas unos días se dio a conocer la agresión que sufrió otro joven estudiante, a quien sus compañeros de clase prendieron fuego dentro del recinto educativo. El afectado resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en sus piernas y genitales, y aunque ya fue dado de alta, la situación fue grave.

Hace unos meses, varios jóvenes, también en el estado de Puebla, golpearon a otro afuera de una zona de bares, provocándole una fractura en la base ocular. El agredido estuvo en riesgo de perder un ojo.

Otro caso más ocurrió hace unos meses en el estado de Jalisco, donde tres adolescentes citaron a una compañera de escuela en un parque con el único fin de agredirla hasta, prácticamente, dejarla inconsciente.

Desafortunadamente, podríamos continuar citando casos de este tipo, que además corresponden únicamente a las historias que se viralizan gracias a las redes sociales, sin considerar la cifra negra que ocurre día con día en gran parte de las escuelas públicas y privadas.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), más de 18 millones de estudiantes mexicanos de nivel primaria y secundaria son víctimas de bullying. Estos datos colocan a México en primer lugar en dicha práctica, a nivel internacional, generando que la violencia se vea como una circunstancia “normal” en la vida de niñas, niños y adolescentes desde temprana edad.

Además de eso, otro problema es la carencia de mecanismos de prevención. Sin duda, no es suficiente emitir suspensiones temporales en escuelas o, incluso, expulsiones definitivas para evitar la comisión de estas conductas, pues estas medidas son únicamente de carácter reactivo, es decir, que se llevan a cabo una vez que se ha realizado el hecho, sin resolver nada de fondo.

Las acciones realmente necesarias para romper de tajo el ciclo de violencia que se vive entre la niñez y adolescencia mexicanas, son las de carácter preventivo y de sensibilización, sin embargo, hay que reconocer que como sociedad, familia, academia y gobierno, hemos fallado.

Ante la creciente ola de violencia en estos grupos sociales, urge que se implementen medidas tendientes a favorecer la sensibilización no sólo en ellos, sino también en autoridades gubernamentales y educativas y padres de familia. Estas medidas deben abordar la importancia de contar con una vida libre de violencia, así como mecanismos para prevenirla de manera integral. Sobre todo, hay que enfatizar en el papel de la familia —institución base de la sociedad mexicana— como transmisora de principios y valores, asegurando que se fortalezca el mensaje de que la violencia nunca es la solución ante ningún conflicto.

Para evitar que la problemática siga evolucionando, Early Institute, a través de su iniciativa ALUMBRA, genera conocimiento basado en evidencia para promover la sensibilización entre los actores políticos y se puedan crear políticas públicas de prevención de toda forma de violencia que afecte a niñas, niños y adolescentes. Hoy más que nunca es necesario contribuir y atender, desde la prevención, escenarios tan indeseables como los descritos, ya que la responsabilidad es de todos y la protección de los más vulnerables debe ser una prioridad.

Por: R. Vincent Morfín Calvo, Ejecutivo de Asuntos Públicas de Early Institute
Publicación original de: ContraRéplica

Por: R. Vincent Morfín Calvo, Ejecutivo de Asuntos Públicas de Early Institute
Publicación original de: ContraRéplica

Dentro de los diferentes métodos para formar una familia, existe un mecanismo que recientemente ha despertado la curiosidad del ojo público por sus diferentes y controversiales matices; la llamada “gestación subrogada”.

Pero ¿qué es realmente la “gestación subrogada”? Es una actividad mediante la cual una mujer gesta en su vientre a un bebé y que, al darlo a luz, entregará a otra persona o pareja. Adicionalmente, cabe mencionar que esta actividad se realiza al margen de contratos y que puede existir remuneración para la denominada “madre gestante”.

En su conjunto, el procedimiento despierta muchas interrogantes respecto de su legalidad y también sobre su falta de apego a los Derechos Humanos. No obstante, uno de los ejes más preocupantes entorno a la llamada “gestación subrogada”, es el mercado negro que se genera alrededor de las mujeres “gestantes” y de sus hijas e hijos por nacer.

El Senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario MORENA, recientemente ha declarado que esta actividad es una forma de trata de personas en la que prevalece una visión mercantilista de la maternidad y en la que se despojan de sus derechos a madres y niños, y dichas declaraciones no son infundadas.

La “gestación subrogada” propicia, entre otras cosas, la comisión de abusos en contra de mujeres en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos, la existencia de escenarios de trata de personas por parte del crimen organizado para satisfacer las “exigencias del mercado”, la cosificación de la mujer al considerarla meramente un “cuerpo para gestar”, y la compraventa de niñas y niños por nacer; todos ellos escenarios ilegales y contrarios a los derechos inherentes a toda persona.

En ese orden de ideas, el pasado 13 de abril se listó en el Orden del Día del Senado de la República una iniciativa del Senador Narro Céspedes por la que se reforman las leyes de Niñez, de Salud y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a efecto de establecer una prohibición rotunda [y muy necesaria] a la práctica de los también llamados “vientres de alquiler”. La iniciativa fue turnada a comisiones legislativas donde se espera su estudio y dictaminación. Dicho lo anterior, el Senador Narro ha sido consistente en mantener la temática en la agenda pública y en exponer los diversos escenarios negativos que su comisión representa para las mujeres, así como para niñas y niños por nacer.

Más allá de las discusiones ideológicas, la “gestación subrogada” representa una verdadera problemática social y un conflicto de Derechos Humanos. No es menor que en países europeos como España e Italia, esta práctica se mantenga prohibida desde la década de los años 2000.

Concretamente en Italia, recientemente ha prosperado una propuesta legislativa para sancionar el “alquiler de vientres” cuando este se realice fuera del territorio nacional, aún en países donde se encuentre permitida, dándole así un carácter de delito universal de conformidad con la misma propuesta de reforma.

Para concluir, en Early Institute llevamos más de una década estudiando y alentando propuestas de políticas públicas para evitar que México se convierta en un escenario para la comisión de abusos y explotación de mujeres, así como de compra y venta de niñas y niños por nacer; respaldamos la prohibición de cualquier tipo de actividad que pretenda poner en entredicho los Derechos Humanos de mujeres en situación de vulnerabilidad y de sus bebés.

Por: Vincent Morfín, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute

Publicación original en Diario ContraRéplica

La alta importancia que se le concede a la salud física, ha relegado otro tema de gran importancia para las personas; la salud mental. Diariamente se nos recomienda ingerir como mínimo dos litros de agua al día, mantener una alimentación balanceada y saludable, ejercitarnos de manera regular y acudir a revisiones médicas de manera periódica. Sin embargo, entre dichas recomendaciones se omite la importancia del cuidado de nuestra mente.

Aunque indudablemente es necesario mantener nuestro cuerpo en buen estado, pocas veces prestamos atención al cuidado psicológico, un componente integral y esencial para lograr un estado de bienestar general.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud mental como el “estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad”. En este sentido, la organización destaca la importancia de que todas las personas desempeñen actividades cotidianas en ambientes armónicos. No obstante, en la realidad esto no ocurre así.

Día a día, se ha normalizado y minimizado la importancia de padecer trastornos como la ansiedad, depresión, irritabilidad y falta de motivación, entre otros. Esta problemática se acentúa en el ámbito laboral.

Las y los trabajadores a menudo se enfrentan a un cúmulo de presiones derivadas de las comandas laborales y la creencia de que “se deben cubrir horas extra para superar las expectativas de nuestros superiores”; esto simplemente para poder “asegurar” o “mantener” nuestros puestos de trabajo y minimizar los riesgos de un posible despido; o también, por la expectativa de un crecimiento profesional y/o salarial.

Según datos de la OMS, México es la fuerza laboral “más estresada” del mundo con un 75% de prevalencia de estrés, posicionándonos por encima de países como China, con 73%, y Estados Unidos, con 59%. Así mismo, las consecuencias del deterioro en la salud mental de las personas trabajadoras también pueden impactar en la salud física; los principales padecimientos son dolores de cabeza, irritabilidad, cansancio constante y prolongado, ansiedad, malestar estomacal, falta de motivación, tensión o dolores musculares, insomnio, cambios en el peso corporal, falta de concentración, problemas en la piel y depresión.

Si bien han existido esfuerzos por mejorar esta situación, como el caso de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 “Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, análisis y prevención”, estos no han resultado suficientes para mantener un balance entre las exigencias laborales y un bienestar pleno de nuestra salud física y mental. En diversos momentos, se han adoptado políticas públicas para contrarrestar los efectos negativos causados por las situaciones previamente mencionadas; también, han existido esfuerzos de diversas legisladoras y legisladores para incorporar en la normativa vigente, propuestas que aborden de fondo la problemática y mejorar el contexto laboral en general, sin embargo, es evidente que al día de hoy continuamos sufriendo de los efectos negativos que dichos problemas ocasionan.

El llamado a la acción debe de ser, en primer lugar hacia legisladoras, legisladores y personas tomadoras de decisiones, para que, en la esfera de sus competencias, planteen e impulsen las reformas necesarias a la legislación laboral para abordar los estragos ocasionados por la falta de mecanismos de atención de la salud mental; esto con el fin de que las trabajadoras y trabajadores mexicanos puedan desempeñar sus labores en ambientes que les resulten plenos y en los cuales se sientan física y mentalmente confortables. Por otro lado, también es necesario que las personas encargadas de vigilar la correcta aplicación y cumplimiento de lo dispuesto por las políticas públicas vigentes y venideras, prevengan de manera efectiva las situaciones que propician el deterioro de la salud mental de las personas trabajadoras.

Combatir los trastornos en la salud mental de las personas, contribuirá de manera directa en la lucha contra otros problemas que afectan a nuestra sociedad; por ejemplo, al tener personas con un mejor estado de salud mental, también tendremos personas con mejor salud física, lo que disminuiría costos en los tratamientos de padecimientos relacionados a este ámbito; por otra parte, también se proporcionaría una reducción a gran escala en los grados de estrés, lo cual, a su vez, contribuirá a la disminución de índices de diversos tipos de violencia, principalmente la familiar, brindando una esfera de protección adicional a hijas e hijos, así como a todos los que conviven en el núcleo familiar.

Por nuestra parte, los ciudadanos no debemos desestimar la atención que necesita nuestra salud mental, ya que un cuidado pobre de esta, tarde o temprano nos traerá consecuencias en diversos ámbitos de nuestra vida, por ejemplo, un deterioro de nuestra salud física. Así mismo, debemos solicitarles a las y los servidores públicos que atiendan desde la legislación laboral, las causas que originan los altos índices de estrés en las personas trabajadoras.