La objeción de conciencia es un derecho

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Es fundamental que se discuta y legisle para respetar las creencias individuales cuando se está frente a imposiciones que pueden vulnerar nuestro ámbito privado.

Desde octubre de 2023, hay un asunto pendiente en el Senado de la República. Se trata de la discusión para incorporar en la Ley General de Salud nuevas directrices relativas a la objeción de conciencia. En términos sencillos, la objeción de conciencia es la capacidad de una persona de desobedecer una ley o un mandato cuando ello va en contra de sus creencias o convicciones.

Esta facultad ha sido legislada en diferentes momentos en México, siendo las disposiciones de 2023 las más recientes. A pesar de su relevancia, la objeción de conciencia suele reducirse al ámbito de salud, pero abarca mucho más.

Su importancia radica en que es una salvaguarda de los derechos más íntimos del individuo frente al poder del Estado. De igual modo, es un mecanismo que permite proteger los derechos de las minorías ante las decisiones de la mayoría que, en ocasiones, pudieran entrar en conflicto con sus libertades esenciales.

En nuestro país, las diversas legislaciones que se han hecho a lo largo del tiempo engloban modificaciones legales o reglamentarias vinculadas con los derechos, principalmente del personal de salud, para abstenerse de participar en procedimientos o decisiones médicas que no vayan de acuerdo con sus convicciones éticas o morales, como es el caso del aborto.

Sin embargo, países como Estados Unidos o Alemania tienen sistemas legales integrales que permiten a todos sus ciudadanos, bajo supuestos bien definidos, abstenerse de cumplir alguna obligación legal en temas relacionados no sólo con la salud, sino también con la educación y los derechos cívicos, entre otros. Incluso, su legislación contempla la obligación del Estado para garantizar las condiciones necesarias que posibiliten a los ciudadanos ejercer su derecho a objetar.

La objeción de conciencia es un derecho. Así lo establece el dictamen de 2023, al señalar que “se entiende como derecho individual que tiene el personal médico, profesional y de enfermería adscrito al Sistema Nacional de Salud, para excusarse a realizar un acto médico legalmente aprobado y jurídicamente exigible, al considerarlo incompatible con sus convicciones religiosas, principios morales o de conciencia ética”.

Otra característica que señala la resolución legislativa es que se trata de una garantía a título personal (no institucional) y únicamente podrá ser ejercido “por el personal médico y de enfermería que participe directamente en los procedimientos sanitarios sujetos a la objeción”.

Como se observa, el tema es delicado, ya que se ven involucradas cuestiones de libertad de conciencia y religión, ampliamente respaldadas en materia de derechos humanos y en la Constitución mexicana.

En Early Institute nos pronunciamos por contar con un marco regulatorio que garantice el derecho de la objeción de conciencia a los mexicanos y evite que el Estado interfiera en las garantías de las personas. Sobre todo, es fundamental que se discuta y legisle para respetar las creencias individuales cuando se está frente a imposiciones que pueden vulnerar nuestro ámbito privado.

La mortalidad materna en México

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Hay una gran deuda con la mujer embarazada, ya que no hay apoyo suficiente de la sociedad, cuando es en esta etapa de su vida cuando requiere el mayor acompañamiento posible.

La situación de la mortalidad materna en México es un tema que debería ser atendido por la sociedad, sin embargo, la realidad es otra. Hoy en día, en nuestro país se sigue desconociendo el valor de las mujeres embarazadas y, por ende, su cuidado es escaso.

Si bien la tasa de mortalidad materna ha bajado en los últimos años, como lo señala la socióloga María Elena Critto, de Melisa Institute, siguen persistiendo deficiencias importantes. Entre los factores que inciden en las muertes en el embarazo se habla de siete causales, que son fallas en la educación de las mujeres, en el acceso a la salud, en la obtención de información y en sus condiciones de vida, prevaleciendo la falta de agua potable, drenaje e higiene, que pueden provocar infecciones durante la gestación.

Hay que recordar que una mujer embarazada se encuentra en un estado de alta vulnerabilidad y dichas fallas ponen en riesgo tanto su vida como la de su hijo o hija por nacer. Otro de los factores que influyen en la mortalidad materna es la violencia, para lo cual se requerirían programas de prevención para que se adopten mecanismos que eviten situaciones que amenacen la vida de las mujeres.

Hoy tenemos una gran deuda social con la mujer embarazada, ya que no hay apoyo suficiente de la sociedad en su conjunto, cuando es en esta etapa de su vida cuando requiere el mayor acompañamiento posible.

Uno de los fenómenos que hablan del poco reconocimiento que se le da al valor de la maternidad es la disminución de las tasas de natalidad, lo que según la experta puede llevar al colapso social y económico en los países desarrollados.

Para la especialista es indispensable usar la información que México tiene para reducir la muerte materna y emplear los recursos al combate de las verdaderas causas y no dejarse llevar por grupos sociales que buscan desviar la atención hacia otros escenarios. Por ejemplo, la vinculación que suele hacerse de la despenalización del aborto con la reducción de la mortalidad materna es falsa, pues en las investigaciones de Melisa Institute no se ha encontrado ninguna evidencia que sostenga dicha relación.

En todo caso, habría que elevar la alfabetización de las mujeres embarazadas, dotarlas de los servicios y controles médicos indispensables antes, durante y después de su embarazo, ofrecerles información que les sirviera para prevenir cualquier complicación y mejorar sus condiciones de vida con adecuados servicios de agua potable y alcantarillado. Estas acciones sí contribuyen a reducir la muerte durante la gestación.

En Early Institute, la protección de la maternidad es una prioridad. En la medida en que sea vista como un bien social, avanzaremos en su atención. La prevención de la muerte en la gestación es posible, de ahí que damos evidencia que visibilice la problemática para proponer acciones sustanciales e impulsamos la generación de políticas públicas que consideren el cuidado integral de las mujeres embarazadas y sus hijos e hijas por nacer.

Niñas, niños y adolescentes migrantes nos necesitan

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

La crisis de la migración infantil es una alerta que no debe ignorarse, sobre todo porque se trata de una población que puede ser dañada fácilmente.

En el ámbito del cuidado de la infancia, en México hay un escenario complicado que se refiere a las niñas y los niños migrantes. Desafortunadamente, hay una escasa protección a este grupo social que se ve reflejada en las cifras que exhibe la Unidad de Política Migratoria, Identidad y Registro de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob). La dependencia señala que, de enero a noviembre de 2023, 23 mil 22 mexicanos menores de 18 años fueron repatriados desde Estados Unidos y de ellos, 62 por ciento viajaba sin compañía de algún adulto.

La situación es grave, pues se trata de niñas, niños y adolescentes que se exponen a riesgos físicos y a la violación de sus derechos más elementales. Una de las amenazas más desgarradoras es la trata de personas, siendo las mujeres las más afectadas, pero también corren el peligro de ser detenidos, sufrir de hambre y frío o violencia, por mencionar algunos fenómenos.

En su informe Estadísticas Migratorias. Síntesis 2023, la Segob dice que la mayor parte de los menores repatriados proviene de los estados de Guerrero (16.6 por ciento), Chiapas (14.1 por ciento), Guanajuato (9.8 por ciento), Oaxaca (8.0 por ciento) y Veracruz (7.8 por ciento).

La infancia migrante en México es un reto importante, ya que va en crecimiento. Se estima que en 2017 casi 9 mil niñas y niños mexicanos fueron devueltos de Estados Unidos y la cifra fue casi tres veces mayor en 2022, pues se registraron 24 mil 905 casos.

Hay que recordar que la infancia es una etapa crucial en el desarrollo de las personas y su desarrollo se ve comprometido cuando se desenvuelve en entornos problemáticos. En este caso, la devolución de niñas, niños y adolescentes de Estados Unidos los coloca en una situación de vulnerabilidad extrema, en tanto su atención es inadecuada. La crisis de la migración infantil es una alerta que no debe ignorarse, sobre todo porque se trata de una población que puede ser dañada fácilmente si no cuenta con las garantías de su protección.

Dice el reporte El rostro cambiante de la niñez migrante en América Latina y el Caribe. Una región como ninguna otra del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés): “Estos riesgos se ven agravados por la falta casi total de acceso a servicios esenciales —como atención sanitaria, nutrición, agua potable, saneamiento y protección— que los niños, niñas y adolescentes necesitan para su bienestar”.

En Early Institute hacemos un llamado a las autoridades para que se haga válido el interés superior de la niñez en materia de migración con revisiones a las políticas y los protocolos de atención. La construcción de entornos adecuados para una de las poblaciones más vulnerables debe ser un compromiso social, priorizando el respeto a sus derechos. Debido a que en la infancia se define la salud mental de un adulto, con estas situaciones se va gestando una sociedad con niñas y niños carentes de ella ante la incertidumbre diaria y por no ver cubiertas sus más básicas necesidades de cuidado y protección. Por ello, es necesario no ser indiferentes y visibilizar esta problemática que daña a miles de niñas, niños y adolescentes no solo en México, sino a nivel mundial.

 

Unicef y la crisis de la infancia en el mundo

El Fondo ha solicitado 8.6 mil millones de euros para socorrer a cerca de 94 millones de niñas y niños que son seriamente violentados en al menos 155 países.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

A principios de diciembre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) cumplió 77 años de haber sido fundado.

Desafortunadamente, en el marco de esta celebración, la infancia se enfrenta a escenarios adversos que han obligado a que instituciones como Unicef insistan aún más en la ayuda a este sector. Hoy la violencia afecta a millones de niñas y niños, motivo por el cual el Fondo en su reciente Informe de Acción Humanitaria para la Infancia 2024 ha solicitado 8 mil 600 millones de euros para socorrer a cerca de 94 millones de niñas y niños que son seriamente violentados en al menos 155 países.

La solicitud no es menor, pues se trata de una petición que obedece a las condiciones que la misma institución cataloga como “sin precedentes”. En este sentido, es incuestionable la crisis que atraviesa la infancia y que exige soluciones y medidas colaborativas, puntuales y apremiantes.

Entre los sucesos que ponen en riesgo la vida de las niñas y los niños, Unicef destaca el cambio climático, la pobreza alimentaria, los conflictos bélicos, las enfermedades vinculadas con la contaminación y escasez de agua, la falta de vacunas, el poco acceso a un sistema de salud a tiempo, la desnutrición, los desplazamientos, entre otros. Todo ello, a su vez, provoca que la red humanitaria se vea sobrepasada, ya que las necesidades son demasiadas.

En México los problemas son de alto riesgo, en particular la situación de la primera infancia, que es un foco rojo. Pese a la investigación científica que determina que la calidad de vida de los primeros años de cualquier persona es crucial para su desarrollo, en nuestro país sigue siendo una agenda social poco atendida como política de Estado.

Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), sólo el 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el país es destinado al gasto público en esta población; y sólo el 1.6 por ciento de este gasto está dirigido a programas exclusivos a la primera infancia. La falta de priorización de la agenda de niñez se sustenta en tres factores: 1) la escasa implementación de políticas públicas en los tres niveles de gobierno para el desarrollo de niñas y niños de 0 a 5 años; 2) la debilidad institucional que ha sufrido el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), la cual siendo la institución rectora en esta materia, hoy es una instancia de menor relevancia administrativa y presupuestaria de la Secretaría de Gobernación; y 3) la nula articulación interinstitucional, que refleja una falta de perspectiva de niñez en los programas federales, estatales y municipales.

En sí, no ha habido una política clara, seguimiento ni coordinación que dé prioridad directa de atención a la primera infancia y esto se ha venido presentando por lo menos en los tres últimos sexenios.

En este contexto, el papel de instituciones como Unicef en países como el nuestro es sustancial, en tanto las alianzas que construye con gobiernos, instituciones financieras, sociedad civil, instituciones académicas, organizaciones religiosas, entre otros, facilitan que algunos retos puedan superarse en beneficio de los más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes que habitan en territorio mexicano.

En Early Institute, aplaudimos y alentamos la labor de todas las iniciativas públicas y privadas que buscan el cuidado de este segmento poblacional, que no sólo requiere de toda nuestra atención, sino demanda el ejercicio de sus derechos más fundamentales. Al término de este 2023, es indispensable destacar que la infancia y la adolescencia, a nivel mundial, nos necesitan. Colaboremos en su bienestar y aseguremos una mejora en sus vidas.

En peligro, las niñas y los niños por falta de vacunas

Ante el decremento en la aplicación de biológicos y la incapacidad para garantizar el suministro suficiente de vacunas, la aparición de amenazas a la salud de la primera infancia es una realidad.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

La pandemia de Covid-19 ha dejado profundos estragos en diferentes ámbitos, además de revelar rezagos en distintas políticas públicas a nivel mundial. Una de ellas son los programas de vacunación en la primera infancia, siendo México uno de los países más afectados. La gravedad de esto radica en que las vacunas son un pilar fundamental de la medicina preventiva, la base del sistema de atención primaria de salud y un derecho humano incuestionable.

En nuestro país, la problemática en la cobertura de vacunas se ha presentado desde hace un par de décadas y para hacer frente a este fenómeno, se organizó el foro Vacunación para la niñez: #SíPodemos. En el encuentro —encabezado por el Pacto por la Primera Infancia, en coordinación con la Academia Mexicana de Pediatría, la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, la Asociación Mexicana de Vacunología, el Centro Médico ABC, Early Institute, ChildFund, Christel House, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, Medical Impact, Mexicanos Primero, Promotora Social México, la Sociedad Mexicana de Salud Pública y Un Kilo de Ayuda— se habló sobre los retos que enfrenta el Programa de Vacunación Universal, como pieza clave en la protección de la primera infancia en México.

En ese marco se presentó el Diagnóstico de la vacunación infantil en México, 2010-2022: Un llamado a la acción, que entre otros datos, hace énfasis en la magnitud del impacto de la pandemia en las políticas de vacunación en la primera infancia en el país y ofrece alternativas para que las niñas y los niños puedan ejercer su derecho a la vacunación.

El estudio revela que el Programa de Vacunación Universal tiene serios problemas, ya que según uno de los parámetros para evaluar su desempeño, que es el número de dosis aplicadas, refiere que éstas han experimentado una importante reducción. De igual modo, hoy no existe certeza de la cobertura efectiva del esquema completo de vacunación, ni por tipo de vacuna. No es posible saber el número de niñas y niños que han sido vacunados y cuántos no, ni tampoco distinguir las vacunas que son aplicadas a la edad recomendada de aquellas aplicadas de manera extemporánea.

Ante el decremento en la aplicación de biológicos y la incapacidad para garantizar el suministro suficiente de vacunas, la aparición de amenazas a la salud de la primera infancia es una realidad, ya que se abre la puerta a brotes de enfermedades previamente erradicadas.

Sin duda, este escenario exige acciones inmediatas y la participación activa de toda la sociedad. Por todo lo anterior, es urgente el diseño de planes para atender a los miles de niños y niñas con esquemas incompletos; fortalecer el Programa de Vacunación Universal con recursos, infraestructura y personal capacitado; contar con información confiable y oportuna de las coberturas nacionales y estatales; mejorar la coordinación interinstitucional del sistema nacional de salud y ampliar la promoción en la aplicación de vacunas, entre otros.

En Early Institute hacemos un llamado a las diferentes autoridades gubernamentales para reconocer y atender la situación que prevalece en esta área, pues de no hacerlo se corre el riesgo de enfrentar efectos adversos e incluso irreversibles en la salud de la población. Así lo ejemplifican los dolorosos lugares que ocupó nuestro país, en 2019, al formar parte de los diez países con mayor número de niños y niñas sin inmunizar contra algunas enfermedades: décimo para los casos de difteria, tétanos y tosferina y octavo en el caso del sarampión. No olvidemos que las vacunas contribuyen a disminuir la morbilidad y mortalidad de niños y niñas y su falta es un peligroso atentando a su bienestar.

Retos de la maternidad en el campo laboral

Si la maternidad no es vista como una prioridad, como un bien social, los esfuerzos que se realicen serán meros parches en las leyes o reglamentaciones.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

En México es fundamental visibilizar el tema de las mujeres embarazadas en los espacios laborales, pues ellas representan 38 por ciento de la fuerza laboral y son las que más sufren discriminación en la etapa en la que pueden embarazarse. Durante su participación en la mesa de análisis “La maternidad en el espacio laboral, ¿cómo romper la cadena de violencia hacia las mujeres embarazadas?”, Denisse Montesinos Pacheco, presidenta de Mujeres en Finanzas, y Valeria González Ruiz, coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute, coincidieron en que la maternidad debe dejar de ser vista como una desventaja para considerarse como un bien social, que impacta favorablemente en la niñez, en particular en las niñas y los niños en primera infancia.

Al respecto, Valeria González habló de hacer esfuerzos para proteger la maternidad de manera integral: “Si la maternidad no es vista como una prioridad, un bien social, los esfuerzos que se realicen serán meros parches en las leyes o reglamentaciones. Es necesario que se ponga en el centro a la maternidad, que se le preste una protección integral reforzada”, señaló.

Por su parte, Denisse Montesinos indicó que en el ámbito privado hay empresas que están adquiriendo compromisos para provocar acciones de protección que van más allá, al generar ambientes inclusivos y buscar el balance de las políticas de cuidado. “Es buscar cómo la empresa puede propiciar que el contexto cambie, que el rol que tiene la mujer en el sistema de cuidados, a nivel país, cambie, buscando un equilibrio en los roles de cuidado”.

Al respecto, la presidenta de Mujeres en Finanzas destacó que hoy la mujer trabaja 40 horas de trabajo no remunerado, es decir, 72 por ciento más que los hombres. “Esto es llegar y tener otra jornada de trabajo”. Sin duda, esto afecta el desarrollo profesional de las mujeres, pues al recaer en ellas el sistema de cuidados no se permite que crezcan en el ámbito laboral. Otra cifra importante se refiere al crecimiento que alcanzaría una empresa preocupada por los procesos de ambientes inclusivos, al señalar que pueden generar un crecimiento de 15, 20 o 25 por ciento más de rentabilidad y de creación de valor contra las empresas que no lo hacen. “¿Qué empresa no quisiera tener esa productividad solo por entrar a los temas de inclusión y de incorporación de las mujeres?”, subrayó.

Entre las conclusiones de la mesa se destacó la visibilización del tema; la generación de acciones para cambiar el entorno con diagnósticos y guías; la aplicación de políticas de inclusión, así como políticas de maternidad y paternidad para erradicar el rol de que el cuidado de los hijos e hijas es exclusivo de la mujer.

Para Early Institute, la maternidad debe verse como un asunto multifactorial, es decir, ser abordado desde diversas ópticas para ofrecer soluciones de manera integral. Sobre todo, es necesario que sea visto como un tema prioritario, que abarca desde la gestación hasta la crianza, para erradicar las condiciones de marginación, maltrato y ausencia de sensibilidad hacia la mujer trabajadora embarazada, situaciones que impiden su desarrollo y crecimiento laboral.

SOS por los niños y las niñas afectados por Otis

De acuerdo con el Coneval, Guerrero ocupa el segundo lugar en pobreza en la primera infancia; 71.5% de las niñas y los niños viven en un hogar con un ingreso por debajo de la línea de pobreza.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Hace unos días, el huracán Otis dañó considerablemente al estado de Guerrero. Se habla de 47 municipios en estado de emergencia, de los 81 que conforman la entidad. La situación es grave, sobre todo para los grupos más vulnerables, como es la infancia.

Al respecto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) estima que más de 296 mil niñas, niños y adolescentes podrían estar seriamente afectados en tan solo cinco de los municipios más dañados por el fenómeno natural. En un comunicado se refiere a que este sector puede estar presentando “carencias de alimentación adecuada, acceso limitado a agua potable, riesgo de enfermedades relacionadas con el estancamiento de agua, deshidratación, atención médica reducida, y abusos a su integridad física y emocional debido al posible aumento de la violencia y el crimen. Además, los daños a los hogares y la infraestructura crítica, como hospitales y escuelas, representarán un riesgo especial para la población infantil y adolescente”.

Unicef también subraya la urgencia por ayudar a esta parte de la población recabando información de sus necesidades inmediatas; ofreciendo apoyo psicosocial; dando atención médica y nutricional; y brindando agua potable e infraestructura hidrosanitaria móvil, entre otros aspectos.

El organismo internacional indica: “Movilizar la ayuda humanitaria lo más rápido posible para la niñez y adolescencia afectadas es esencial en situaciones como esta que ponen en peligro su integridad física y emocional”.

El panorama se agudiza aún más si se observan los datos que registró, en 2022, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la situación de la pobreza en la primera infancia en Guerrero. De acuerdo con el Coneval, dicho estado ocupa el segundo lugar en pobreza en la primera infancia con respecto a las demás entidades mexicanas, ya que 71.5 por ciento de las niñas y los niños vive en un hogar con un ingreso que se encuentra por debajo de la línea de pobreza y al menos presenta una carencia social (educación, alimentación, seguridad social, acceso a la salud y vivienda digna). El dato está muy por encima del promedio nacional, que es de 48.14 por ciento.

Asimismo, Guerrero ocupa el segundo lugar en pobreza extrema, ya que 30.4 por ciento de las niñas y los niños vive en un hogar con un ingreso que se ubica por debajo de la línea de pobreza extrema y al menos tiene tres carencias sociales (muy por encima del promedio nacional, que es de 11.58 por ciento).

En Early Institute nos sumamos al llamado de Unicef para responder a las necesidades de niñas, niños y adolescentes afectados por Otis, en Guerrero, y solicitamos el apoyo del gobierno mexicano y de la sociedad civil para hacer frente a la crisis de manera inmediata. Abonemos a la protección de la infancia en emergencia, pues los riesgos que enfrenta la colocan en una total vulnerabilidad y su cuidado debe ser primordial.

Primera infancia: un asunto de prioridad nacional

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

En un interés por atender las problemáticas que afectan a la primera infancia en México, se llevó a cabo el simposio “Contribuciones para la agenda de primera infancia 2024-2030″, organizado por Early Institute.

Al encuentro acudieron especialistas de distintos organismos para dar información sobre la situación de las niñas y los niños de cero a cinco años con respecto a sus condiciones de salud, educación, cuidado, nutrición, protección y pobreza. Los temas corresponden a los rubros que analiza Early Institute, a través del Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI México), la única herramienta que reúne y analiza 150 indicadores en torno a los primeros años de vida de niñas y niños.

Así, para Clemente Ávila Parra, especialista del Banco Mundial, el cuidado infantil no está reconocido en México como un derecho en sí mismo, de tal modo que su atención es compleja. Señaló que México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con menor gasto público destinado a este sector, ya que representa menos de 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Marcela Lucía Silveyra de la Garza, también del Banco Mundial, habló de la Política Nacional de Educación Inicial (PNEI), la cual debe considerar dos aspectos fundamentales: educación y cuidado. En ese sentido, se refirió a una herramienta que el Banco Mundial impulsa, en alianza con la Secretaría de Educación Pública (SEP), para la ampliación de la educación inicial en nuestro país, basada en dar prioridad a estados y municipios con mayor rezago en esta etapa de enseñanza.

Martha Merlo, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), enfatizó en las consecuencias de no brindar cuidados infantiles de calidad. La experta habló de un bajo desempeño escolar y riesgos por los cuidados inadecuados. En tanto, el impacto negativo para las madres de familia se refleja en una baja participación laboral que va relacionada con la edad de las niñas y los niños que tienen a su cargo.

Alberto Tonatiuh Sotomayor Avilés, del Pacto por la Primera Infancia, dijo que la pobreza afecta a 48.14 por ciento de niñas y niños menores de seis años, siendo las entidades del sur y el centro las que registran mayores porcentajes. Entre las recomendaciones para combatir la problemática señaló: invertir más y mejor en primera infancia; diseñar e implementar un sistema de protección social con enfoque de derechos y con perspectiva intersectorial; y ampliar y mejorar la cobertura de los programas sociales dirigidos a este sector.

Para Abigail Casas, del Instituto Nacional de Pediatría, la situación de la violencia es un tema central, ya que las experiencias adversas que viva el niño o la niña entre cero y cinco años repercutirán en su desarrollo emocional y cognitivo. Se refirió a la importancia de educar a esta población de acuerdo con sus características intrínsecas, necesidades, etapas de desarrollo y con perspectiva de derechos para prevenir y erradicar la violencia en los primeros años de vida.

Argelia Vázquez Salas, del Instituto Nacional de Salud Pública, reveló que la atención a la salud materno-infantil decayó en los últimos años por la interrupción de los servicios durante la pandemia. Para la especialista es fundamental garantizar que mujeres embarazadas, así como niñas y niños menores de dos años, con índice de bienestar bajo, reciban los servicios pertinentes y que se trabaje para que la población menor a cinco años tenga acceso al servicio de Consulta del Niño Sano.

En su intervención, Elizabeth Hoyos Loya, representante del Observatorio Materno Infantil de la Universidad Iberoamericana, invitó a los sectores público y privado a poner mayor atención en la salud y alimentación de la primera infancia, ya que las enfermedades en la edad adulta tienen su origen en la primera etapa de la vida.

En Early Institute afianzamos nuestro compromiso con la primera infancia y sostenemos la necesidad de incorporar su atención en la agenda nacional como asunto prioritario. Solo así será posible asegurar que el desarrollo de este grupo poblacional sea óptimo y de la mejor calidad, con intervenciones tempranas y estrategias adecuadas.

Cárteles en México: una amenaza en crecimiento

Existen 150 cárteles en México, siendo los principales el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

La situación de los cárteles en México es un tema preocupante y en crecimiento, pues su tasa de reclutamiento los coloca como el quinto empleador más grande del país. Así lo señala el estudio Reducir el reclutamiento de los cárteles es la única manera de bajar la violencia en México, elaborado por Rafael Prieto-Curiel, Gian María Campedelli y Alejandro Hope.

La investigación, publicada en 2023, señala que “para el año 2022, los cárteles contaban con 160,000 -185,000 miembros, convirtiéndose en uno de los principales empleadores del país”. Para los autores: “El reclutamiento se refiere al proceso de atraer a una nueva fuerza de trabajo que lleva a cabo tareas (tanto estrictamente criminales como no) para los cárteles de manera estable”.

Sus estimaciones hablan de que existen 150 cárteles en México, siendo los principales el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana, con presencia en casi todo el país y con alianzas con distintas organizaciones.

Para los especialistas, “cada año aproximadamente 19,000 personas son reclutadas por los cárteles, muchos de los cuales terminarán asesinados o encarcelados. Además, destacamos cómo el tamaño actual de la población del cártel y los niveles de violencia existentes entre los cárteles se traducirán en altos niveles de violencia en el país durante años”.

La investigación informa que “es esencial reclutar al menos 350 personas por semana para evitar su colapso debido a las pérdidas totales”. Entre los factores que producen las bajas en las organizaciones criminales destacan las rivalidades, los arrestos y la saturación (fragmentación interna).

Pese a los esfuerzos para combatir el problema, dicen los investigadores: “Basándonos en el tamaño de los cárteles en 2022 y las tendencias observadas en la última década, predecimos que el número semanal de víctimas relacionadas con el crimen organizado seguirá aumentando en los próximos años. Estimamos que si las tendencias actuales continúan, los cárteles seguirán aumentando su poder, y podríamos observar 40 por ciento más víctimas y 26 por ciento más miembros del cártel para 2027″.

Sin duda, las cifras no son nada alentadoras y hablan de la necesidad de reforzar las estrategias del Estado para implementar medidas eficaces que eviten el aumento de la fuerza del crimen organizado.

En Early Institute reconocemos la importancia de contar con información que ayude a visibilizar las problemáticas que atentan contra el presente y futuro de niñas, niños y adolescentes, ya que nuestro compromiso es impulsar medidas de protección que aseguren su bienestar integral. En este sentido, es necesario tomar en cuenta estudios como el de Prieto-Curiel, Campedelli y Hope para dimensionar uno de los fenómenos sociales más dañinos a nivel mundial, pues la violencia que genera afecta severamente el desarrollo de cualquier sociedad y, particularmente, a los más vulnerables.

Daña a mujeres y niños la explotación reproductiva

La gestación subrogada es una industria que capta a mujeres en situación de vulnerabilidad, bajo la premisa de que existe libertad y consentimiento.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

En días pasados, Early Institute publicó el informe La explotación reproductiva en México. El paraíso del tráfico humano, en el que se aborda lo acontecido en los últimos nueve años en materia de gestación subrogada.

Este fenómeno de explotación reproductiva ha sido investigado por Early Institute desde 2014, en busca de proteger integralmente a las mujeres, las niñas y los niños y sus derechos. En este sentido, el estudio “revela con claridad que con el paso del tiempo esa práctica no sólo se comete dejando de lado los intereses y derechos humanos de las mujeres gestantes, y no se diga el de las hijas e hijos nacidos por medio de ese procedimiento, sino que dibuja una omisión institucional, jurídica y social, de la cual los que más ganan son empresas y grupos criminales”. La investigación se organiza en apartados que exponen la situación de las mujeres y los bebés nacidos por lo que comúnmente se conoce como vientre de alquiler y cuyos derechos son vulnerados en el contexto de esta práctica.

El primer apartado es un panorama actualizado de lo que ocurre en México en torno a la gestación subrogada. Hay un énfasis en el análisis de la regulación, de tal manera que se abordan lineamientos federales expresados en el Código Civil, la Ley General de Salud, Ley de Trata y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otros. De manera local, se abordan los casos de estados como Jalisco, Puebla, Coahuila, Estado de México y Aguascalientes, en donde se han presentado proyectos de reformas a sus legislaciones.

En una segunda sección, La explotación reproductiva en México. El paraíso del tráfico humano, muestra los tres enfoques regulatorios que hasta hoy existen a nivel mundial: regulación permisiva, con restricciones y prohibitiva. Esta información es de suma importancia, ya que ayuda a “discernir hacia dónde debe caminar una legislación que realmente coloque en el centro a la niñez, a la mujer y sus derechos humanos, lo que debe ser el objetivo principal de toda norma en la materia”.

En el tercer apartado se abordan aspectos que de no ser visibilizados y atendidos “condenan a las mujeres gestantes y a las niñas y niños nacidos por medio de ese procedimiento a una vulneración equiparable a la esclavitud”. Hay un análisis de tres enfoques que con el tiempo se han convertido en zonas negras y de alto riesgo en torno a esta práctica. Ellos son: la gestación de bebés como un producto comercializable; la explotación del cuerpo de la mujer gestante como una fábrica de producción; y la lógica de mercado que atraviesa estas problemáticas.

“Sobre estos tres enfoques, es que el estudio se adentra en cómo la gestación subrogada es una industria que capta a mujeres en situación de vulnerabilidad, bajo la premisa de que existe libertad y consentimiento, para realmente comercializar con sus cuerpos, utilizándolas como fábricas de bebés a solicitud de consumidores que buscan adquirir a bebés como si fueran productos”, dice el informe.

Por último, hay una parte en la que Early Institute aporta una serie de recomendaciones con el objetivo de transformar la situación de alta vulnerabilidad y afectación a los derechos de mujeres, niñas y niños.

Para Early Institute visibilizar este tipo de prácticas en las que se dañan los derechos fundamentales de niñas y niños es un compromiso como think thank dedicado al análisis y diseño de propuestas para la inclusión de políticas que garanticen el bienestar de la primera infancia. En este sentido, afirmamos nuestro interés por resguardar el respeto a sus garantías con investigaciones y estudios que exhiben los riesgos ante situaciones que atentan contra su integridad y dignidad y ofreciendo evidencia encaminada a velar por su seguridad.