Violencia sexual infantil en México
Por: Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en: El Financiero
Ante una de las problemáticas sociales más complejas y devastadoras, como lo es la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, uno de los proyectos de Early Institute busca prevenirla a través de la generación de conocimiento y su transferencia para la toma de decisiones. Hablo de Alumbra, que integra una comunidad de conocimiento y práctica con la participación de organizaciones, investigadores e instituciones públicas y privadas involucrados en la atención de esta terrible forma de violencia.
Alumbra congrega a más de 50 aliados y dio a conocer el reporte Violencia sexual infantil en México. Análisis de indicadores de incidencia delictiva con datos de 2020.
El documento analiza la información que comparte el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), una de las fuentes que genera información sobre la violencia sexual, pero que no llega a establecer las diferencias por grupos de edad o sexo. Esta limitante no permite la categorización de delitos contra niñas, niños y adolescentes en particular, lo que sin duda es una preocupación por la falta de información precisa.
De lo que sí se sabe es que en 2020 se denunciaron e identificaron 54 mil 314 delitos sexuales en todo el país, cuando en 2019 se habían registrado 53 mil 429 delitos de esta índole. Lo grave es que este número implica un incremento de 64 por ciento en los últimos cinco años. Y lo más grave es que se estima que esta cifra es tan sólo el 5 por ciento de lo que realmente sucede, es decir, que quedó sin denunciarse un 95 por ciento de delitos vinculados a la violencia sexual.
El reporte también señala que en 2020 se observó que 41 por ciento de los delitos sexuales fue abuso sexual, seguido de violación simple (23 por ciento), otros delitos sexuales (15 por ciento), acoso sexual (10 por ciento), violación equiparada (8 por ciento), hostigamiento sexual (3 por ciento) e incesto (0.1 por ciento). En cuanto al abuso sexual, a nivel nacional el número de delitos va en aumento ya que mientras que en 2015 se registraron 11 mil 980 denuncias, en 2020 se tuvieron 22 mil 377. Esto implica una tasa de crecimiento de 87 por ciento en los últimos cinco años.
De igual forma, Alumbra analiza indicadores que dan cuenta de lo que ocurre con la infancia, siendo ellos feminicidios, corrupción de menores, trata de personas y rapto. Así, en 2020 se registraron 115 víctimas de feminicidio menores de edad, lo cual implica que se registró un crecimiento de 21 por ciento en comparación con 2019 cuando se registraron 95 víctimas niñas y adolescentes.
En corrupción de menores se registraron mil 689 víctimas menores de edad en 2020 (75 por ciento del sexo femenino); respecto a 2019, el número de víctimas disminuyó 9 por ciento.
En cuanto a la trata de personas (que incluye delitos como explotación sexual de menores, prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, pornografía infantil y turismo sexual con personas menores de edad) se registró un total de 264 víctimas menores de edad (77 por ciento del sexo femenino). Esto equivale a un aumento de 30 por ciento con respecto a 2019.
Como se ve, la situación es grave, de ahí la importancia de tener una clasificación puntual de la información para conocer la magnitud de los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes.
En Early Institute reconocemos los esfuerzos de organismos públicos y privados en la medición de la violencia que prevalece en México. Sin embargo, estamos conscientes de que falta mucho por hacer en esta materia. Nuestros niños, niñas y adolescentes merecen ser respetados, cuidados, protegidos y vivir en entornos sanos. Es muy lamentable y doloroso que aún se los debamos. El reporte puede ser descargado en la página de internet de Alumbra: www.alumbramx.org.
En peligro, las organizaciones civiles de México
Por: Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en: El Financiero
La recién aprobada Miscelánea Fiscal del Paquete Económico 2022 en la Cámara de Diputados, se confirma la posición del gobierno federal frente a la labor de las organizaciones de la sociedad civil y, lamentablemente, no es alentadora.
En esta ocasión se aprobó, entre otros, una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, impulsada por el presidente de la República, que modifica el artículo 151 con relación a las personas físicas y sus donativos. Esto significa que las deducciones por donaciones serán hasta el 15 por ciento de los ingresos del contribuyente, cuando eran 100 por ciento deducibles y sin topes máximos.
Sin duda, la medida desalienta las aportaciones a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), cuya naturaleza es ayudar a los grupos más vulnerables de la sociedad en diferentes ámbitos. Asimismo, las OSC son un contrapeso a las facultades del gobierno, al evidenciar fallas que dañan el respeto de los derechos humanos. ¿Qué pasa entonces con esta modificación al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? Para empezar, es inconstitucional pues no atiende al principio de proporcionalidad tributaria al limitar las deducciones de las personas físicas, pero también es una amenaza directa a las funciones de las organizaciones civiles.
Hoy el Ejecutivo federal pareciera estar empeñado en que el Estado sea el único proveedor de beneficios a la sociedad mexicana, aun cuando hay evidencia que la insuficiencia de recursos es una realidad. En una especie de estadolatría, es decir, que se vea al Estado como un ente todopoderoso dador de provisiones y el único autorizado para ello, lo que está ocurriendo en México es un claro rechazo al papel de las organizaciones civiles con las figuras de un ciudadano sumiso y un gobierno adorado.
La restricción financiera a la que se está sujetando a las OSC pone en peligro su sustentabilidad, e incluso, se corre el riesgo de su desaparición dejando desprotegidos a los grupos sociales que más lo necesitan. Es también una obstrucción a la promoción y defensa de los derechos porque coarta la libertad de expresión y de asociación.
Hay que decir que, desde el inicio de esta administración, se ha visto que la presencia de las organizaciones civiles no es del agrado del Ejecutivo federal. Esto se ha corroborado con anteriores disposiciones que restringen y atan las operaciones de las OSC.
En un país como el nuestro en el que hay carencias importantes, la labor de las organizaciones civiles es primordial y lo que se necesita es colaboración conjunta para sacar al país adelante. Desafortunadamente, el interés del Estado por acaparar la dotación de beneficios –pese a sus limitaciones y rezagos– traerá consecuencias profundas y costosas.
En Early Institute hacemos un llamado para garantizar el trabajo de las asociaciones civiles y no promover su censura. Estamos convencidos de que obstaculizar los medios de financiamiento de los organismos es un retroceso a la vida democrática, pero ante todo es una afectación a los sectores de la sociedad que no reciben asistencia gubernamental y que, en nuestra labor, encuentran apoyo y sostén.
Los derechos y el pase de vacunación
Por: Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en: El Financiero
Alrededor de las acciones para mitigar los efectos del Covid-19 hay mucho qué decir. Por un lado, estamos convencidos de que la mejor forma es fortalecer la detección temprana de la enfermedad con pruebas suficientes y al alcance de todos. Asimismo, hay que asumir nuestra responsabilidad colectiva en caso de saberse portador de la enfermedad o al haber estado en contacto con alguien positivo, lo que significa atenderse con el rigor necesario. Y en esta línea, es fundamental seguir con los protocolos sanitarios en caso de contraer la enfermedad, es decir, aislarse y evitar, a toda costa, la propagación del virus.
Por supuesto no hay que olvidar los cuidados preventivos que siguen ayudando, tales como lavado de manos frecuente, uso de cubrebocas, sana distancia, ventilación de espacios y evitar sitios concurridos, sobre todo porque la aplicación de vacunas es un tema con algunas consideraciones.
Una es que no son la solución al problema debido a que no ofrecen inmunidad; y la segunda es que su obligatoriedad –reflejada en la expedición de pases sanitarios– vulnera una serie de derechos que van desde la no discriminación hasta el libre desarrollo de la personalidad; libertad de conciencia; el interés superior de la niñez; la libertad de tránsito; el derecho a la reunión; el derecho a la educación; el derecho al trabajo; la libertad religiosa; el derecho al acceso a la cultura; y el derecho al esparcimiento.
Ya son varios los países que limitan el acceso a lugares públicos (transporte, museos, restaurantes, parques, etcétera), y a centros de trabajo y escolares de no presentar el certificado de vacunación. Hay que decir que para la implementación de estas medidas existen dos mecanismos jurídicos: el primero es la emergencia sanitaria y el segundo es el Estado de excepción. La diferencia es importante porque los tribunales utilizan esta distinción para valorar la constitucionalidad de las medidas tomadas por cada país. Si bien hay una coincidencia por hacer frente a la pandemia, es muy relevante asegurar que las autoridades respeten los derechos humanos y el Estado constitucional de derecho.
Por la vía de la emergencia sanitaria, su acción está sujeta a una ley, es emitida por las autoridades sanitarias que dependen del Ejecutivo federal y su aplicación limita o restringe derechos, pero éstos subsisten, nunca se suspenden. En cambio, cuando se trata de un Estado de excepción, son la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 27) las que lo fundamentan; es el presidente de la nación quien lo emite avalado por los otros poderes del Estado y en este escenario, se suspenden los derechos humanos, es decir, se priva a los destinatarios de su ejercicio.
En el caso de México, lo que tenemos ahora es una emergencia sanitaria, a la que se le denomina acción extraordinaria en materia de salubridad y está prevista en la Ley General de Salud. En nuestro país –a diferencia de Austria, Dinamarca, Francia, Italia, por mencionar algunos ejemplos– el pase sanitario (y la vacuna) no se ha implementado como obligatorio, aunque se sabe que en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, desde agosto de 2021 se solicita dicho documento para ingresar a bares, restaurantes y comercios. Habría que revisarse la legalidad de esta situación en tanto la Presidencia ha aclarado que no se requerirán comprobantes de esta índole.
En Early Institute abogamos por un respeto total a las garantías individuales e invitamos a impulsar la aplicación de pruebas que ayuden a la detección temprana del Covid-19; a seguir con las medidas preventivas y a cuidar nuestra salud física, emocional y social no solo para enfrentar la pandemia sino como un compromiso de vida. Sobre todo, hacemos un llamado para solidarizarnos y cuidarnos entre todos en apego a una responsabilidad compartida y cuidadosa en vigilar el libre ejercicio de nuestros derechos.
Aborto en México: lo que sucedió con los fallos de la Corte
Por: Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en: El Financiero
Con las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la legislación, en los estados de Coahuila y Sinaloa, en materia de aborto es necesario esclarecer lo que sí y lo que no sucedió con dichos fallos.
En el caso de Coahuila, la Corte sólo analizó el delito de aborto autoprocurado o voluntario en el Código Penal de Coahuila y concluyó que ese delito es inconstitucional. La discusión se centró en los artículos 196, 198 y 199, pero permanece el delito de aborto previsto en su artículo 195.
Con ello, hay que señalar que la Corte no analizó los tipos penales de aborto de otros estados, por lo que no se ha manifestado expresamente sobre ellos y, en consecuencia, siguen vigentes. En ese sentido, la SCJN no falló para despenalizar el aborto en cualquier circunstancia y mucho menos, en todo el país.
Lo que se determinó fue que no es delito que las mujeres voluntariamente cometan un aborto, pero de eso a que el delito de aborto se haya despenalizado existe una gran diferencia. El delito de aborto existe y es vigente en los 32 estados del país.
Si bien las decisiones del máximo tribunal afectan a los jueces de todo el país, ya que están obligados a aplicar la jurisprudencia de la Corte en materia de aborto voluntario, no es que en automático se aplique en otras entidades ni tampoco obliga a los legisladores de otros estados a reformar sus códigos penales.
Asimismo, es fundamental puntualizar que los ministros de la Corte concluyeron que la práctica no puede realizarse en cualquier momento, pues la vida que se está gestando merece mayor protección conforme va “evolucionando” el embarazo. Por ello, dejó abierta la posibilidad al Congreso local de que, en el ejercicio de sus facultades legislativas, establezca “un plazo razonable” a partir del cual el aborto sí es punible.
Por su parte, en Sinaloa, la Corte concluyó el análisis de la acción de inconstitucionalidad sobre el derecho a la vida desde la concepción, previsto en la Constitución de ese estado. La discusión se centró en el artículo 4, bis A, fracción I de la Constitución local y se determinó inválido que el poder legislativo local haya reformado su Constitución para considerar ese derecho desde el momento de la concepción.
En este caso la sentencia sólo tiene efectos sobre la Constitución Política de Sinaloa, pero no en las de otros estados. Incluso, algunos ministros de la SCJN subrayaron que la vida humana está garantizada y protegida por nuestra Constitución y tratados internacionales. En este sentido hay que indicar que el derecho a la vida no ha sido revisado por la Suprema Corte; sólo invalida que sea desde el inicio en la concepción en el caso de Sinaloa, respetándose lo determinado en otras entidades.
Otro punto que sí sucedió fue que las resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación violaron la soberanía de los congresos locales al intervenir en decisiones que le competen, exclusivamente, a las legislaciones de los estados involucrados. Con esto, hay que ser muy enfáticos al decir que el Poder Judicial no es una institución para legislar.
En Early Institute señalamos que la realidad es que hay una deuda social de cara a la verdadera justicia y a la dignidad de las mujeres, lo cual sigue siendo un anhelo en tanto no existen las condiciones que impidan que ellas tomen decisiones que ponen en riesgo su vida y su salud. Asimismo, nos pronunciamos por privilegiar un México en donde una madre pueda dotar de vida, salud, desarrollo y educación a sus hijos con pleno respeto a sus derechos humanos y bienestar integral.
Por: Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en: El Financiero
A nivel mundial, uno de los temas que generan preocupación por sus diversas implicaciones es el de la pobreza. En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es el órgano encargado de medir la pobreza y genera información para la toma de decisiones sobre la materia. Precisamente fue el Coneval quien dio a conocer la última medición multidimensional de la pobreza 2018-2020, arrojando cifras que hay que considerar. Para empezar, se debe decir que de acuerdo con el Coneval: “la pobreza es un fenómeno multidimensional que comprende aspectos relacionados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades e imposibilitan su plena integración social”.
En este sentido, no se trata de una medición dirigida exclusivamente al nivel de ingresos en los hogares, sino que abarca más dimensiones relacionadas con la educación, la salud, la seguridad, la alimentación, los servicios básicos de vivienda, por mencionar algunas.
En nuestro país, entre 2018 y 2020, se han identificado rezagos importantes en varios de los rubros. Por ejemplo, en materia de salud hubo un aumento en el porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios de salud al pasar de 16.2 por ciento (en 2018) a 28.2 por ciento (2020). Esto significa que en 2018 había 20.1 millones de personas en estas condiciones y en 2020 fueron 35.7 millones de personas.
Por otro lado, a nivel nacional, en ese mismo periodo, el porcentaje de la población con la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad se mantuvo en niveles similares al pasar de 22.2 a 22.5 por ciento. Esto significa un incremento de un poco más de un millón de personas en esta situación.
En cuanto a la educación, el porcentaje de la población con rezago educativo se mantuvo en niveles similares, pero con un ligero aumento al pasar de 19.0 a 19.2 por ciento, es decir, incrementó de 23.5 a 24.4 millones de personas.
Ahora bien, entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 41.9 a 43.9 por ciento. Esto es, que el número de personas en esta situación pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas, de los cuales 19.5 millones son menores de 18 años.
Asimismo, el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema se incrementó de 7.0 a 8.5 por ciento en ese mismo periodo. Es decir, el número de personas en situación de pobreza extrema aumentó de 8.7 a 10.8 millones de personas, de los cuales 3.9 millones son menores de 18 años.
Todos estos datos, pero en particular los últimos, nos hablan de la urgencia por responder a lo que está ocurriendo en nuestro país. Es cierto que la pandemia por Covid-19 y sus efectos sociales y económicos contribuyeron a la desestabilización, pero también es cierto que el gobierno mexicano enfrenta serios desafíos para implementar medidas que erradiquen las carencias sociales de manera eficaz.
En Early Institute sabemos que la pobreza en la niñez puede desencadenar otros problemas que afectan su bienestar integral. De ahí que reconocemos la importancia por contar con la suficiente información que dé cuenta del contexto en el que viven niñas, niños y adolescentes para formular políticas públicas que garanticen el respeto a sus derechos y protejan su sano desarrollo.
Por: Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en: El Financiero
Con el inicio del ciclo escolar, las interrogantes para volver a las clases presenciales en México siguen en el aire. Por la trascendencia, retomaré algunas de las preguntas que, sin duda, nos hemos planteado para definir lo que será mejor para nuestros hijos e hijas, pero es un hecho que el momento de regresar a las aulas ha llegado.
Para empezar, ¿cuáles son las principales afectaciones que han sufrido niños, niñas y adolescentes durante el confinamiento? Se puede decir que son varias y muy importantes: han sufrido daños en su desarrollo emocional ante la falta de socialización. Recordemos que somos seres sociales y la privación de la libertad ha generado cansancio emocional, evidenciado por desinterés; cambios de humor; alteraciones en el sueño; y apego ansioso, por mencionar algunos trastornos. La sociabilidad es un músculo que hay que ejercitar. Otro daño es su derecho a la educación. En este punto se habla de que en nuestro país más de 5 millones de estudiantes no se inscribirán, siendo 3 millones niños y niñas. Una consecuencia más es la exposición a la creciente violencia familiar, que afecta de manera profunda todo su crecimiento.
Así, ¿cuáles son los beneficios de regresar a las aulas? Se recupera un adecuado desarrollo socio-emocional de niños, niñas y adolescentes; se alienta a la adaptación del mundo que les ha tocado vivir; se respeta el derecho a la educación; y se advierte la presencia de casos de violencia, que podrían ser atendidos de manera integral.
¿Qué es lo mejor para ellos? Ante todo, hay que escucharlos y tomar en cuenta su opinión. Es notorio que hoy se enfrentan a escenarios adversos, pero con las herramientas adecuadas podrán aprender a minimizar los riesgos. Hay que reconocer que nunca hay un escenario de cero riesgo, de ahí la importancia por enfatizar en la salud física y emocional, motivar su resiliencia y fortalecer la responsabilidad colectiva.
¿Qué podemos hacer ante el regreso a clases? La psicóloga Julia Borbolla propone varios puntos para hacer frente a la situación: primero hay que analizar los propios frenos por los que se decide no llevar a niños, niñas y adolescentes a la escuela (miedo, culpa, control, duelos no tratados, etcétera); capacitarlos para hacer frente a la contingencia dándoles consignas, tomando en cuenta que son ya una generación con mayor conciencia en materia ambiental; reforzar sus conductas de autocuidado (uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia); fortalecer sus conductas de responsabilidad social (además de cuidarse, ayudar a que otros no se contagien); e involucrarlos en el problema (motivar a que los niños grandes cuiden a los pequeños, por ejemplo). También se recomienda pedir a la escuela protocolos de seguridad y verificar que se cumplan; participar en las labores escolares que garanticen los cuidados de prevención, es decir, hoy más que nunca hay que ser y hacer comunidad con el colegio; confiar en los profesionales de la salud y de la educación, y sobre todo, confiar en los propios hijos e hijas. Este punto es crucial, ya que implica creer en ellos y confiar en su capacidad para cuidarse y adaptarse. En la medida en que confiemos en ellos se fortalecerá su confianza en sí mismos; las niñas y los niños son lo que les decimos qué son.
En Early Institute sabemos que construir un entorno que asegure el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad compartida y la socialización en la escuela es parte fundamental en su desarrollo. Trabajemos para establecer las condiciones de regreso a las aulas y protejamos a las nuevas generaciones desde la comunicación, la confianza y el respeto a sus derechos.
Más allá de la vacunación
Por: Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en: El Financiero
Desde el inicio de la pandemia por Covid-19, la información va y viene. De repente nos vimos inundados por una avalancha de malas noticias y miles de datos, entre los que destacan las medidas para evitar el contagio, los daños generados y la aparición de una vacuna que aparentemente salvaría la situación. Lo cierto es que hoy pese al suministro de los biológicos, el panorama sigue siendo incierto.
Precisamente en este tema se han dado múltiples escenarios que vale la pena reflexionar ante la polarización de la sociedad y la incertidumbre que ha surgido en los últimos meses.
El manejo de esta pandemia es algo inédito, ya que en una cuarentena, se aísla a los enfermos y no a las personas sanas. Cuando alguien tiene varicela o sarampión, lo pones en cuarentena, ¿por qué seguir confinando a los sanos? Hasta el día de hoy pareciera que todos los esfuerzos para hacer frente a la contingencia sanitaria se han centrado en la vacuna y, desafortunadamente, se ha comprobado que la inmunidad sigue muy lejana. La propagación del virus sigue presente tanto en personas vacunadas como en quienes no lo están. En este sentido, se está viendo que la gran solución no está en ellas sino en las medidas de detección temprana, protocolos de atención médica a quienes enferman y el seguimiento a los cuidados preventivos: uso de cubrebocas, lavado de manos frecuente, higiene, distanciamiento social de los enfermos, evitar aglomeraciones y ventilación de espacios, principalmente.
El asunto ahora es la obligatoriedad de las vacunas cuando deberíamos centrarnos en la detección de la enfermedad a tiempo y en la atención de la misma porque, dicho sea de paso, nos vamos a seguir enfermando. Lamentablemente con el virus que nos aqueja, los esfuerzos por contar con una detección temprana son incipientes, cuando debería ser primordial disponer de pruebas confiables para identificar la aparición de la enfermedad y proceder al aislamiento.
Obligar a las personas a vacunarse y reflejarlo en pases sanitarios ha sido causa de enojo en diferentes partes del mundo, como Francia e Italia, sobre todo porque de no contarse con dicha muestra no se tiene acceso a lugares públicos como museos, restaurantes, gimnasios, parques, transporte, entre otros, incluso, abarcaría centros de trabajo y escuelas.
La aparición de estos pasaportes sanitarios se está convirtiendo en una tendencia global, lo que podría vulnerar distintos derechos humanos como son: no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, interés superior de la niñez, libertad de tránsito, derecho de reunión, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho al acceso a la cultura y derecho al esparcimiento.
En definitiva, la vacunación obligatoria no es el antídoto cuando sí tendría mayor valor el fortalecimiento de protocolos de atención y de prevención para evitar contagios, el impulso a la ciencia para obtener una medicina que garantice la inmunidad y, primordialmente, proveer los recursos para una correcta y temprana detección de la enfermedad.
Todavía más importante es hablar de lo que podemos hacer en nuestro entorno inmediato como la relevancia de practicar deportes para activar las hormonas que producen bienestar; cuidar nuestros pensamientos; y fortalecer nuestros vínculos personales para combatir lo que está generando el aislamiento. En sí, hay que proteger nuestra mente y cuerpo y tener la confianza de que podremos salir adelante cuidándonos como se debe.
Resiliencia desde temprana edad
Por: Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en: El Financiero
En los últimos años ha sido notoria la importancia de dar a los niños y las niñas los recursos necesarios para alentar que su desarrollo sea el más óptimo. Las condiciones del mundo actual exigen que desde temprana edad se adquieran habilidades y capacidades que permitan enfrentar los desafíos prevalecientes.
Es por eso que, en esta ocasión, compartiré algunas formas para hacer que nuestros niños y niñas sean resilientes, es decir, que logren encarar las adversidades que se les van presentando, de modo que puedan hacerles frente, recuperarse cuando ocurren y seguir con su vida.
Para empezar, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), “el proceso de resiliencia se desarrolla en el vínculo con otras personas, el cual se construye y refuerza con el paso del tiempo y las actividades compartidas”. En este sentido, el portal “La mente es Maravillosa”, habla de siete estrategias para lograr que niños y niñas fortalezcan su resiliencia, a partir de la guía y orientación de quienes los cuidamos, seamos padres, educadores, familiares, tutores, etcétera.
La primera de ellas es que aprendan a hacer amigos. Si bien cada uno posee distintas habilidades de socialización es importante que, desde niños, puedan ser capaces de establecer lazos de amistad para evitar crecer aislados. Motivar a que tengan amigos implica fortalecer su confianza y seguridad en sí mismos.
La segunda es que ayuden a los demás. Esto implica robustecer su sentimiento de valor y utilidad en los distintos espacios en los que interactúan. Alimentar su solidaridad exige no sólo que se los inculquemos como adultos, sino que seamos un ejemplo de ello.
La tercera estrategia es que sigan una rutina. Esto significa que sean disciplinados y se ajusten a horarios en actividades diarias como levantarse y acostarse, o bien en sus tiempos de estudio y juego. Como orientadores nos corresponde vigilar que se cumplan las reglas. El cuarto consejo se refiere a que aprendan a cuidarse. Por supuesto esto no significa dejarlos solos sino hacerles ver la importancia de una buena alimentación o los beneficios de practicar un deporte. Fomentar el autocuidado es vital.
La quinta estrategia es que descansen como se debe. Hay que privilegiar su salud con un buen descanso. El sexto punto es el establecimiento de metas. Esto se refiere a trazar objetivos de acuerdo con su edad y capacidades. Las metas deben ser realistas y medibles y, en este aspecto, los cuidadores debemos estar atentos para reconocer sus logros o para animar cuando sea necesario.
Por último, se habla de que aprendan a ver las adversidades como retos. Para ello, inculcar una buena actitud es la clave; de este modo se reducirá el estrés y la angustia y podrán resolver los problemas.
En Early Institute coincidimos en que la educación emocional es una pieza trascendental en el desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes, sobre todo, porque las situaciones que viven en sus primeros años influyen en su futuro. Seamos responsables de este esfuerzo y contribuyamos a que su formación responda a los nuevos tiempos siempre con determinación, amor y absoluto respeto.
Crianza con ternura: un acompañamiento integral
Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en El Financiero
Es un hecho que vivimos tiempos violentos y complejos que nos afectan en los distintos ámbitos de la vida personal y social. Hoy se da una exigencia para hacer cambios y reconfiguraciones con el objetivo de afrontar los retos, en especial si se habla de la educación de niños y niñas. Precisamente uno de los ajustes indiscutibles es sobre la forma como los estamos criando, sobre todo, porque se ha visto que los escenarios hostiles son cada vez más cercanos y requieren herramientas para encararlos. Dicho esto, no se trata de educar mediante la imposición sino acompañarlos partiendo del respeto que merecen como personas y como sujetos de derecho.
Esta es básicamente la propuesta de la organización Save the Children, la cual invita a adoptar y seguir una crianza con ternura. En palabras de Sandy Poiré, directora de Calidad y Asuntos Internacionales de tal asociación, la crianza con ternura es una perspectiva para formar niños y niñas con nuevos modos de ser, de sentir, de actuar, de amar y de relacionarse con su entorno. Para ello se parte de la sabiduría de la niñez y se impulsa un desarrollo integral, que abarque aspectos físicos e intelectuales, pero también emocionales y espirituales.
La crianza con ternura es una manera de aprender holísticamente partiendo de valores como la empatía, la equidad, la participación activa y la inclusión. “Se trata de fomentar otro tipo de valores para relacionarnos”.
Por supuesto, esto exige una transformación cultural y de conciencia en los métodos que se han caracterizado por privilegiar la competencia, la dominación y la exclusión.
En esta nueva dinámica para acercarse al aprendizaje, los adultos somos facilitadores y damos la bienvenida a los niños y las niñas tal y como son, tratándolos con absoluto respeto.
Los principios que sustentan la crianza con ternura son: cuidadores presentes (padres, madres, educadores, etcétera) que estén atentos a las necesidades de los niños y las niñas; dar un trato con ternura; apertura para el juego y la libertad; aceptación; garantía de espacios seguros; ofrecer cuidados amorosos y respetuosos; establecer límites respetuosos y asegurar una crianza integral.
Para Sandy Poiré la violencia estructural con la que se ha formado el patrón de crianza puede ser erradicada con la construcción de una noción de niñez, según los principios señalados. Esto, además, sentará las bases para su salud emocional y mental y alentará un cambio cultural. En este sentido, el reto es guiarlos de un modo distinto al que estamos acostumbrados y relacionarnos con ellos desde el respeto y la aceptación.
En Early Institute estamos convencidos de que la crianza con ternura es una oportunidad para implementar transformaciones de fondo en el desarrollo físico, mental, emocional y hasta espiritual de niñas y niños, ya que sabemos que las situaciones que viven en sus primeros años influyen en su futuro. También nos pronunciamos por construir entornos que aseguren su bienestar integral y a velar por su protección con iniciativas propositivas que motiven la construcción de un mundo en el que los niños puedan ser niños.
Alentar a las organizaciones civiles y no criminalizarlas
Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en El Financiero
A principios de junio de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una reforma al Código Penal de la capital mexicana. Se trata de una modificación agresiva y peligrosa, ya que desde ahora aquellos directivos y administradores de cualquier asociación civil que reciban recursos públicos en la Ciudad de México, serán catalogados como servidores públicos y, si se determina que incurren en alguna falta, serán juzgados bajo esa figura.
¿Qué implica esto? Quizá el riesgo más importante es que, al final, la reforma pueda ser empleada como un instrumento político para presionar, acallar e incluso desaparecer a instituciones de la sociedad civil que incomoden o hagan contrapeso a las decisiones del propio gobierno de la Ciudad de México, ya que estarán sujetos a la discrecionalidad de la autoridad judicial dependiente del gobierno capitalino.
En este sentido, un director o administrador de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos de la Ciudad de México, podrá ser juzgado por delitos como: corrupción; ejercicio ilegal y abandono del servicio público; abuso de autoridad; uso ilegal de la fuerza pública; uso ilegal de atribuciones y facultades; intimidación; tráfico de influencias; remuneración ilícita, entre otros.
La gravedad de la medida radica en que el encargado de la organización pueda ser sujeto de prisión preventiva oficiosa en tanto se demuestra su culpabilidad en caso de cometer un posible delito, vulnerando completamente sus derechos.
Por supuesto, no se está en contra de sancionar a quien cometa alguna falla, sin embargo, la preocupación se basa en que, ante este tipo de medidas persecutorias, cabe la posibilidad de que desaparezcan organizaciones dedicadas a apoyar a los grupos sociales más vulnerables.
La propuesta fue hecha por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y con ello se modificó, entre otros aspectos, el contenido del artículo 256 del Código Penal de la capital del país para considerar como servidores públicos a quienes tengan la dirección o administración de una asociación civil siempre y cuando esa asociación reciba fondos, recursos o apoyos públicos de la Ciudad de México.
Es lamentable que lejos de alentar la libre asociación y la participación colectiva en apoyo a causas sociales se siga con la implementación de restricciones operativas como las dispuestas, en 2020, en la Ley del Impuesto sobre la Renta; la Ley del Impuesto al Valor Agregado; la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el Código Fiscal de la Federación para controlar a las donatarias.
Por el impacto en la labor que desempeñamos, en Early Institute nos pronunciamos por evitar que se atente contra las asociaciones civiles. Si bien estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, es primordial que se deje de criminalizar el trabajo de este sector y que se revise con responsabilidad la serie de medidas autoritarias y restrictivas que se ha gestado en los últimos meses para trabajar en regulaciones más constructivas y acordes con la realidad.