Pantallas, redes sociales e inteligencia artificial: recomendaciones para un debate informado

Escrito por: Rafael Vincent MorfÍn Calvo, abogado del área de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original en  El Heraldo de México

Lo anterior coloca la mira en una situación que es tan fructífera como problemática, a saber, el uso que los menores dan a estos dispositivos para diversas actividades como el aprendizaje, la investigación, la interacción y la recreación

Durante las últimas semanas, la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha declarado durante su conferencia matutina su intención por abrir la puerta a un debate de gran relevancia para la agenda pública nacional: el uso de dispositivos electrónicos, redes sociales e inteligencia artificial (IA) por parte de niñas, niños y adolescentes.

Lo anterior coloca la mira en una situación que es tan fructífera como problemática, a saber, el uso que los menores dan a estos dispositivos para diversas actividades como el aprendizaje, la investigación, la interacción y la recreación, pero reconociendo también que en muchas ocasiones esto puede derivar en un uso excesivo y desmedido, sin cuidados parentales y en el cual se pueden enfrentar a situaciones de alto riesgo para ellos.

Bajo este tenor, hace sentido el analizar la problemática en aras de generar armonizaciones legislativas que garanticen un acceso seguro a los entornos digitales para niñas, niños y adolescentes, y que estos puedan convertir a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en aliados estratégicos para su desarrollo integral, y no en fuente de potenciales problemáticas para ellos.

No obstante, es importante que, al momento de iniciar las deliberaciones y el debate parlamentario, se tomen en consideración las diferentes perspectivas para asegurar el diseño de políticas públicas novedosas, vanguardistas y, sobre todo, que atiendan de manera integral las problemáticas que aquejan a niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, se presentan seis recomendaciones a considerar para el estudio de las futuras políticas públicas sobre las TIC:

En relación con el uso de dispositivos móviles, se recomienda lo siguiente:

En relación con el uso de redes sociales y plataformas digitales, se recomienda lo siguiente:

En relación con el uso de inteligencia artificial, se recomienda lo siguiente:

 

En conclusión, el abordaje de estas temáticas debe realizarse bajo una óptica integral que coloque a niñas, niños y adolescentes en el centro del debate, en el que no solo se legisle bajo un enfoque reactivo para la solución inmediata de problemáticas existentes, sino que sean políticas públicas preventivas, novedosas y con proyección de vigencia para el mediano y largo plazo.

Desde Early Institute, invitamos a que este debate se lleve a cabo con responsabilidad, tomando en consideración la evidencia vigente, observando las recomendaciones de organismos internacionales y la experiencia de otras naciones, en una prevalencia del interés superior de niñas, niños y adolescentes como sujetos merecedores de protección reforzada por parte del Estado mexicano.

No fue noviazgo, fue violencia sexual

Escrito por: Rafael Vincent MorfÍn Calvo, abogado del área de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original en  El Heraldo de México

Hacemos un llamado a las autoridades, principalmente en el ámbito legislativo, para la revisión y modificación de tipos penales y reglas procedimentales que favorezcan la impunidad de violentadores sexuales

En días recientes se ha dado a conocer el caso de un maestro de 50 años, quien, siendo docente en una escuela en Ecatepec, Estado de México, alegó haber “acordado” iniciar una relación de noviazgo con una estudiante de 14 años.

El caso ha resultado sumamente indignante no solo por la evidente diferencia de edad (36 años) entre el maestro y la estudiante, sino también por los mecanismos judiciales que permitieron al agresor continuar con su proceso en libertad mediante el pago de una garantía de 75 mil pesos; cantidad que contrasta con la gravedad de la evidente comisión de un delito de naturaleza sexual en contra de una menor de edad.

En ese sentido, es imperativo que no analicemos este caso únicamente bajo la óptica del supuesto “consentimiento” entre la víctima y el agresor para iniciar una relación afectiva, pues una relación alumno-docente de manera natural supone la existencia de una asimetría de poder, en la que el maestro funge como figura de autoridad y el alumno se encuentra en una posición de subordinación y especial vulnerabilidad; así mismo, la diferencia de edad debería ser un indicativo lógico de que la conducta realizada constituye la comisión de un delito. Dichas circunstancias impiden analizar este tipo de conductas bajo los mismos parámetros que una relación entre personas adultas en condiciones de igualdad y madurez.

Ante este tipo de relaciones de poder, la infancia y adolescencia merecen una protección reforzada de sus derechos humanos por parte del Estado y de sus instituciones, situación que se encuentra contenida en los más altos estratos de la legislación nacional, así como los instrumentos internacionales.

La Convención sobre los Derechos del Niño, mediante su Artículo 3, mandata que en todas las medidas concernientes a los niños (entendiéndose como niño a todo ser humano menor de 18 años) que tomen instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos, se atenderá al interés superior del niño.

La Constitución Federal, por su parte, señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez para la plena garantía de sus derechos.

En ese sentido, resulta preocupante pensar que, debido al mal diseño de las políticas públicas vigentes y la falta de perspectiva de niñez en los procesos de impartición de justicia, se desatienda uno de los principios fundamentales de la protección a la infancia y adolescencia mexicana, dejando en el desamparo a una víctima de violencia sexual, y a un agresor pululando libremente con total impunidad.

El supuesto “consentimiento” es inexistente cuando a una persona menor de 18 años se le violenta sexualmente; así lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Angulo Losada Vs. Bolivia; no obstante, el marco jurídico mexicano aún experimenta múltiples problemas estructurales que se deben atender con urgencia por las autoridades locales y federales para prevenir que casos como el presente se repitan.

Desde Early Institute rechazamos categóricamente las relaciones entre adultos y personas menores de 18 años, al tiempo que refrendamos la inexistencia del “consentimiento” cuando se trata de escenarios de violencia sexual y de relaciones entre adultos y menores de edad. Hacemos un llamado a las autoridades, principalmente en el ámbito legislativo, para la revisión y modificación de tipos penales y reglas procedimentales que favorezcan la impunidad de violentadores sexuales, así como que generen entornos de discriminación y revictimización para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, por establecer parámetros de edades diferenciados y marcos de actuación insuficientes para un efectivo acceso a la justicia y reparación del daño causado.

Infancia, niñez y adolescencia; una apuesta por el futuro

Por: Rafael Vincent MorfÍn Calvo, abogado del área de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original en  El Heraldo de México

Indudablemente, la mayor carga de presión se generaría sobre el sistema de pensiones y los servicios de salud

La sociedad mexicana se encuentra hoy en día ante una problemática que crece día con día y que, de continuar con su tendencia actual, supondrá un panorama negativo para toda la población; el 2034 podría ser el año en que la población mayor de 60 años supere a la población menor de 12 años. 

La ralentización en el crecimiento demográfico del país se vive hoy como una realidad vigente y como un potencial riesgo hacia el futuro, pues los datos nos demuestran que nos encontramos ante una tendencia sostenida de menos nacimientos de mexicanos que hace medio siglo. 

De acuerdo con el recientemente publicado Programa Nacional de Población 2026-2030, se da cuenta de que de 2018 a 2023, el porcentaje de mujeres sin hijos y sin deseo de tenerlos aumentó de 31.3% a 50.1%, lo que representa una señal de que la decisión de formar una familia está siendo influida por circunstancias y/o problemáticas políticas, económicas, laborales y sociales, que hacen más complejo asumir la maternidad como una ruta de vida. 

Una desaceleración en el crecimiento poblacional puede obedecer a diversos factores, uno de ellos, un manejo deficiente en las políticas públicas de fomento y apoyo a la maternidad y a la figura familiar, así como de protección a la primera infancia, en donde no se toma en consideración las potenciales consecuencias de descuidar el balance de reemplazo poblacional necesario para mantener condiciones sociales sanas para cualquier nación. 

Esta desaceleración tiene múltiples y significativas consecuencias para una sociedad; por ejemplo, en el mediano y largo plazo, a menores nacimientos, corresponde una menor inclusión de personas al mercado laboral, lo cual, a su vez, cuenta con múltiples consecuencias relacionadas con diversos ámbitos.  

Indudablemente, la mayor carga de presión se generaría sobre el sistema de pensiones y los servicios de salud, donde la población laboralmente activa funciona como pilar para financiar las prestaciones de quienes ya se retiraron y satisfacer las necesidades básicas en materia de seguridad social de la población en lo general. 

Así mismo, un escenario que ya hemos comenzado a vivir hoy en día es una crisis en el sector educativo, pues escuelas tanto públicas como privadas han denunciado una reducción sostenida del alumnado a lo largo de los niveles de educación básica, media superior y superior. 

En ese sentido, es preocupante que, ante este panorama, aún no contemos con estrategias integrales de atención y prevención de la desaceleración en el crecimiento poblacional.  

Resulta urgente reconocer y visibilizar esta problemática, así como tomar medidas desde los diversos niveles y organismos del Estado para contrarrestar sus efectos nocivos y, de esta manera, prevenir problemáticas sociales y estructurales futuras que puedan aquejar a la población. 

Desde Early Institute, invitamos a personas tomadoras de decisiones para invertir en planes, políticas y programas que se centren en brindar una protección reforzada a la maternidad desde los ámbitos laboral, de salud, educativo, de seguridad y de crecimiento económico. Esto contribuirá a que más mujeres puedan considerar la maternidad como un proyecto de vida compatible con sus aspiraciones personales y profesionales. 

Así mismo, consideramos que invertir en la primera infancia, infancia y adolescencia, es fundamental para favorecer la formación y consolidación de nuevas familias como un pilar fundamental de la sociedad. Fomentar la existencia de mejores condiciones para niñas, niños y adolescentes desde los ámbitos educativo, de salud y laborales, también quitaría un punto de presión sobre quienes desean ser padres y madres, mismos que sabrán que pueden confiar en los servicios estatales como coadyuvantes activos en su desarrollo familiar. 

Por lo anterior, insistimos en que la protección de la primera infancia y el núcleo familiar representa el camino hacia un mejor futuro como nación, e instamos a que las personas tomadoras de decisiones vean en la infancia un recurso humano fundamental, de gran necesidad y valor para la sociedad mexicana y como un tópico en el cual vale la pena invertir. 

 

¡Auxilio! Niñez y adolescencia bajo violencia

Por: Vincent Morfín Calvo, Abogado del área de Asuntos Públicos de Early Institute.
Publicación original: El Heraldo de México

El pasado jueves 26 de marzo se dio a conocer que, en el estado de Michoacán, durante la celebración de un concurso de coreografías

La niñez y la adolescencia en México enfrentan hoy en día una crisis de enorme magnitud que se recrudece con el desfavorable escenario que vivimos como país: el aumento generalizado de los entornos de violencia e inseguridad y su normalización en la sociedad, donde éstos buscan incluso introducirse como parte de la cultura mexicana.

El pasado jueves 26 de marzo se dio a conocer que, en el estado de Michoacán, durante la celebración de un concurso de coreografías, alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán protagonizaron una presentación disfrazados de sicarios, con réplicas de armas de fuego y haciendo referencia al asesinato de alcaldes.

El asunto ha derivado en una polémica mediática y en señalamientos de apología del delito, donde incluso la institución ha emitido un comunicado oficial refiriéndose al tema y desaprobando la realización de estos actos.

No obstante, a la lectura personal de un servidor, esta presentación nos revela un grito de auxilio por parte de la infancia y adolescencia mexicana que demanda entornos libres de violencia y que prevalezca una cultura de paz en el estado de Michoacán, así como en todo México. Si se observa el video completo de la citada coreografía, podemos notar que ésta finaliza con una alumna caracterizada de ángel de color blanco quien mueve sus alas en un símbolo de prevalencia de la paz.

Indiscutiblemente, la representación de elementos que hagan referencia al narcotráfico o a la violencia es equívoco desde cualquier perspectiva, pero es también una manera muy fuerte de hacer un llamado de atención para que autoridades y tomadores de decisión tomen cartas en el asunto; es no solo triste sino lamentable y vergonzoso suponer que niñas, niños y adolescentes asumen que, para que nosotros escuchemos, tienen que captar nuestra atención de esta manera.

Las señales son claras y los trágicos ejemplos de las consecuencias de nuestra indiferencia, hablan por sí solos:

* El pasado martes 24 de marzo, conocimos de un hecho en el que un adolescente de 15 años, armado con un fusil de asalto AR 15, disparó en contra de dos de sus maestras quitándoles la vida, también en el estado de Michoacán. De manera previa, el joven había compartido imágenes a través de sus redes sociales en las que posaba con el arma en cuestión.

* El pasado mes de febrero, un adolescente de 16 años fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, cuando se dirigía a comprar insumos para su mascota. Este caso se suma al de una adolescente de 14 años encontrada sin vida el pasado mes de enero en el mismo estado. Ambos casos son consecuencia de la denominada “ola de violencia” que azota persistentemente a esta entidad federativa.

* A finales del pasado mes de febrero, UNICEF compartió un comunicado de prensa expresando el miedo que la delincuencia organizada genera en la niñez mexicana. En dicho documento, se habla de una estimación de entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo activo de ser reclutados con fines ilícitos. Esta preocupación, es una realidad que afecta a múltiples estados del país donde hay una presencia importante de estos grupos delictivos.

Desafortunadamente, si quisiéramos recapitular cada caso de violencia acontecido en contra de niñas, niños y adolescentes, la presente columna de opinión sería interminable. Hemos citado tres ejemplos en los que tres menores han sido víctimas de un sistema que los ha dejado en el olvido y de políticas públicas que no atienden a sus necesidades, uno incluso, convirtiéndose propiamente en el victimario.

Es menester realizar un atento llamado a quienes han sido votados y elegidos para representar nuestros intereses desde el ámbito del gobierno y de las políticas públicas, para que atiendan la necesidad urgente de crear verdaderos mecanismos y estrategias que combatan de lleno los entornos de violencia que aquejan a nuestra niñez y adolescencia.

Recordemos que es obligación del Estado mexicano otorgar a este grupo etario una protección reforzada de sus Derechos Humanos en consonancia con los mecanismos internacionales en materia de niñez y adolescencia, obligación que, hasta este momento, simplemente se ha pasada por alto a un segundo plano de atención.

Así mismo, llamamos a las autoridades educativas de todos los niveles para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y como primera línea de contacto con la niñez y la adolescencia mexicana, centren sus esfuerzos en el desarrollo de planes, programas y protocolos que combatan de manera efectiva los entornos y las conductas violentas en entornos escolares.

De igual manera, confiamos en que las autoridades implementen un esquema de capacitación permanente del personal docente en materia de perspectiva de niñez, con enfoque en la detección y atención de casos en los que se presuma la existencia de violencia en su contra.

Desde Early Institute, condenamos cualquier acto que represente una vulneración hacia la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes, pedimos que se les proteja de manera integral y que el desarrollo de políticas públicas se haga siempre colocando sus intereses en el centro del debate.

Guía para madres y padres; lo que nadie te cuenta al tener un hijo

Por: Rafel Vincent Morfín Calvo, Abogado del área de Asuntos Públicos de Early Institute.
Publicación original de: El Heraldo de México

Esta guía representa nuestro compromiso con la primera infancia, la niñez y la adolescencia, así como con los adultos que, al igual que hicieron mis padres, día con día dan lo mejor de sí para que niñas y niños puedan vivir una infancia plena y feliz

Me gustaría comenzar por dar un profundo, sincero y humilde agradecimiento a mi papá, a mi mamá y a mi abuelita, quienes con mucho esfuerzo, dedicación y compromiso, nos dieron a mi hermana y a mi una infancia plena, una educación admirable e inculcaron en nosotros valores y principios que nos acompañan durante nuestra adultez. Por todo su amor, cariño y apoyo, ¡muchas gracias!

Dicho lo anterior y viendo ahora la vida desde la etapa adulta, me admira aún más la firmeza y convicción con que los padres y madres mexicanos hacen una labor heroica para criar, educar y proteger a sus hijas e hijos, pues la toma de decisiones sobre la vida de un ser que depende completamente de ti, puede llegar a ser sumamente compleja y, a veces, hasta estresante.

Y es que no solo te enfrentas al dilema de cómo tus decisiones van a influir o a direccionar el curso de vida de tu hija o hijo, sino que muchas veces también te enfrentas a la duda y al cuestionamiento derivado de la “opinología” de muchas personas que, consideran, podrían realizar una acción mejor que tú o que cuentan con más experiencia para resolver determinadas problemáticas.

Lo cierto es que no existe un manual concreto de cómo ser una madre o un padre en el que se entreguen instrucciones detalladas para la crianza de hijas e hijos; nada tampoco te prepara para las situaciones particulares que enfrentarás en el día a día a lo largo de todas las etapas de crecimiento desde su niñez, adolescencia e incluso, en muchas ocasiones, también durante su etapa adulta.

Es por ello que desde Early Institute hemos desarrollado un documento ejecutivo pero con sentido práctico titulado Mis Derechos y Deberes como Padre y Madre, en la cual se explican a detalle los derechos y obligaciones que adquieres en el momento que tienes una hija o hijo en tópicos de gran relevancia como la crianza, la educación, la salud y la protección jurídica.

Por ejemplo, ¿sabías que tienes la obligación de proveer a tus hijas e hijos de educación, y que tienes el derecho de elegir el tipo de educación que consideres más adecuada para ellos? Parecería lógico, pero en más de una ocasión puedes llegar a cuestionarte si hacer caso a tus instintos parentales, o si escuchar las voces del exterior que tienen una opinión diversa.

Otro ejemplo, tal vez menos lógico que el anterior es, ¿sabías que como madre o padre tienes la obligación de administrar los bienes con que cuente o llegue a contar tu hija o hijo hasta los 18 años, y que para ello, puedes decidir respecto de la utilización de estos, siempre y cuando se realice de manera prudente y observando el mayor beneficio para ellos?

Habrá situaciones que te resulten intuitivas, lógicas y predecibles, pero habrá otras en las que descubras que tus derechos como madre o padre van más allá de lo que te hubieras podido imaginar, por lo que podrás poner en práctica una parentalidad plena e integral en beneficio de tu hija o hijo.

Adicionalmente, dentro de la guía preparamos para ti una sección con consejos prácticos para que tú, como madre, padre o persona que ejerce la patria potestad, guarda o custodia, puedas hacer valer tus derechos de una manera más efectiva.

Esta guía representa nuestro compromiso con la primera infancia, la niñez y la adolescencia, así como con los adultos que, al igual que hicieron mis padres, día con día dan lo mejor de sí para que niñas y niños puedan vivir una infancia plena y feliz y vivir un desarrollo en el que siempre se antepongan sus derechos en aras de su interés superior.

Para concluir, me gustaría invitarte a consultar y descargar de manera gratuita la guía en comento; puedes encontrarla en nuestra página de internet, staging.earlyinstitute.org/ donde también podrás conocer un poco más acerca de nuestro trabajo en favor de la vida de niñas, niños y adolescentes, la familia, las mujeres embarazadas y todo el ecosistema que interviene en la vida de las y los menores. Esperamos la disfrutes mucho y te sea de mucha utilidad para acompañar el presente y el futuro de la crianza de tus hijas e hijos.

Objeción de conciencia; una materia a considerar en México

Por: R. Vincent Morfín Calvo, Ejecutivo de Asuntos Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

Invitamos a que se escuchen todas las voces involucradas en la materia para emitir una legislación vanguardista que proteja de manera integral los derechos de toda la ciudadanía.

La objeción de conciencia es una figura jurídica que otorga a una persona la facultad de desobedecer una ley o un mandato de autoridad cuando éste viola sus creencias o convicciones; es una protección de los derechos más íntimos del individuo frente al poder del Estado.

También es un mecanismo que permite salvaguardar los derechos de las minorías ante las decisiones de la mayoría que, en ocasiones, pudieran entrar en conflicto con su cosmovisión y con sus libertades esenciales que forman parte de la esfera más personal del ser humano, como lo son, sus convicciones morales o éticas.

En ese sentido, en el año 2018, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley General de Salud para adicionar un artículo 10 Bis y establecer así un parámetro regulatorio inicial de la objeción de conciencia en este ámbito; dicha reforma aludía que la objeción de conciencia podía ser invocada para excusarse de participar en la prestación de servicios que establece dicha Ley; lo anterior, con la excepción de casos en que se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica; la desobediencia a esta norma generaría consecuencias de responsabilidad profesional y su ejercicio no debía derivar en ningún tipo de discriminación laboral.

No obstante, en septiembre del año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 54/2018 mediante la cual se declaró la invalidez de la citada reforma por considerar que esta disposición no establecía los lineamientos y límites necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas, en especial, el derecho a la salud.

A raíz de la decisión de la Suprema Corte, se han presentado diversas iniciativas que buscan establecer nuevos parámetros para regular la objeción de conciencia. La más reciente, es un proyecto de reforma aprobado por la Cámara de Diputados y turnado al Senado de la República, mediante la cual se buscan establecer nuevos parámetros regulatorios en materia de objeción de conciencia, mismos que armonizan con las determinaciones de la Suprema Corte.

Dicho lo anterior, una premisa de gran preocupación para el sector médico y de enfermería es que la regulación que se discute el día de hoy en el Congreso de la Unión busca inhibir la objeción de conciencia para que ésta no pueda ser invocada en situaciones específicas, por ejemplo, para la comisión de abortos.

Los países que cuentan con las legislaciones más avanzadas en materia de objeción de conciencia, como Estados Unidos y Alemania, han creado sistemas legales integrales que permiten a todos sus ciudadanos, bajo determinados supuestos bien detallados, abstenerse de cumplir alguna obligación legal en temas relacionados con la salud, educación, derechos cívicos, entre otros.

Sin embargo, debe decirse que en estos países no queda duda de que la obligación de garantizar y financiar los costos del derecho a la objeción de conciencia corre a cargo del Estado y de sus instituciones públicas, quienes deben asegurar los presupuestos o condiciones necesarias para garantizar a los ciudadanos “objetores” dicho derecho.

En Early Institute, nos pronunciamos a favor de impulsar un marco legal adecuado para reconocer y ampliar el derecho a la objeción de conciencia de todos los mexicanos, como una de las prerrogativas esenciales que derivan de la libertad de conciencia y religión garantizadas ampliamente los sistemas internacionales en materia de derechos humanos, así como el artículo 24 de nuestra Constitución. Invitamos a que se escuchen todas las voces involucradas en la materia para emitir una legislación vanguardista que proteja de manera integral los derechos de toda la ciudadanía.

 

Entornos digitales, la vida "En Línea" de niñas, niños y adolescentes

Por: R. Vincent Morfín Calvo, Ejecutivo de Asuntos Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

El entorno digital está en constante evolución y expansión, y abarca las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluidas las redes, los contenidos, los servicios y las aplicaciones digitales.

Los entornos digitales son, hoy en día, una parte muy importante de nuestras vidas. Quienes hemos vivido el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), nos hemos adaptado a su uso y hemos incorporado sus diversos usos a nuestra vida cotidiana.

Pero ¿qué son los entornos digitales? De acuerdo con la Observación General Número 25 (2021) relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital, de la Convención sobre los Derechos del Niño, el entorno digital está en constante evolución y expansión, y abarca las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluidas las redes, los contenidos, los servicios y las aplicaciones digitales, los dispositivos y entornos conectados, la realidad virtual y aumentada, la inteligencia artificial, la robótica, los sistemas automatizados, los algoritmos y el análisis de datos, la biometría y la tecnología de implantes.

A diferencia de la mayoría de quienes nos encontramos en una edad adulta, niñas, niños y adolescentes son nativos digitales e interactúan con las TIC de una manera natural y casi por instinto, por lo que no debe sorprendernos que una gran parte de sus vidas se encuentre hoy [y en el futuro] dentro de estos entornos digitales.

Con el auge tecnológico de la última década, en una primera instancia fue necesario realizar modificaciones a la legislación mexicana existente para establecer desde un nivel normativo el derecho de acceso de niñas, niños y adolescentes a las TIC, quedando asentado de esa manera en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y para lo cual, los diversos órdenes de gobierno estarían obligados a tomar medidas para cumplir con la satisfacción de dicho derecho; sin embargo, no obstante que aún no hemos logrado garantizar un acceso igualitario a las TIC para todas las niñas, niños y adolescentes, hoy la realidad ha superado a la normativa vigente en cuanto a los retos que se presentan diariamente.

Hoy nos encontramos ante un panorama diverso en el que ya no solo es necesario el tomar acciones para que las y los menores puedan acceder a las TIC, sino que enfrentamos una inminente necesidad de generar nuevos mecanismos de políticas públicas para la protección de sus derechos e interés superior al momento de acceder y desarrollarse dentro de los entornos digitales.

A raíz de la pandemia por COVID-19, la transformación digital sufrió una aceleración sin precedentes en todo el mundo, lo cual, consecuentemente, tuvo un impacto directo en la vida de niñas, niños y adolescentes, quienes tuvieron que recurrir [aún más de lo que ya lo hacían] a los entornos digitales para cumplir con funciones como el aprendizaje y la escuela, el ocio y la recreación, así como socializar con sus amistades.

Si bien lo anterior podría verse como algo positivo, lo cierto es que esta situación también potencializó el crecimiento de una problemática existente, pero a la que no se había considerado como un asunto prioritario; la violencia digital cometida en contra de las y los menores de edad.

En muy poco tiempo crecieron exponencialmente las problemáticas relacionadas con el ciberacoso o "ciberbullying", al igual que la suplantación de identidad, la sextorsión y la generación de material de contenido sexual autoprocurado, sin que al momento contemos con legislación homologada y suficiente que haga frente a estas problemáticas.

El inicio del nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, supone una oportunidad inigualable de promover una reorganización legislativa que coloque en el centro del debate el interés superior de la niñez y, sobre todo, favorecer la creación de medidas efectivas para prevenir y atender la violencia que se comete a través de los entornos digitales.

Desde Early Institute, vemos con buenos ojos que la nueva administración federal haya anunciado como uno de sus ejes rectores el impulso de una nueva política en materia de ciencia y tecnología, donde será menester establecer regulación legislativa y mecanismos encaminados hacia el acceso universal a las TIC, así como a la prevención, combate y erradicación de los ciberdelitos. Si bien esta será una materia que beneficiará a un alto porcentaje de la población, señalamos una especial importancia a que estos temas se aborden bajo la óptica del interés superior de la niñez, así como la prevalencia y protección de sus derechos humanos.

2024; ruta en blanco para la agenda de niñas, niños y adolescentes

De acuerdo con datos recientes del Sistema de Indicadores de Primera Infancia de Early Institute, durante el año 2023, 368 niñas y niños de entre 0 y 5 años han desaparecido o no han sido localizados.

Por: R. Vincent Morfín Calvo, Ejecutivo de Asuntos Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

Nos encontramos a poco más de un mes del inicio del nuevo periodo de mandato de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y nos corresponde a nosotros como ciudadanos ser los primeros en requerir a ella, a su gabinete y en lo general a nuestros nuevos gobernantes, los resultados que nos fueron prometidos en tiempos de campaña electoral.

Durante el aún actual gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las niñas, niños y adolescentes enfrentaron grandes retos en cuanto a la defensa de sus Derechos Humanos.

De acuerdo con datos recientes del Sistema de Indicadores de Primera Infancia de Early Institute, durante el año 2023, 368 niñas y niños de entre 0 y 5 años han desaparecido o no han sido localizados, y durante el año 2022, se cometieron 43 feminicidios y 377 homicidios, al tiempo que se mantiene una cifra negra de delitos que no se denuncian de aproximadamente un 92%.

Adicionalmente, todos recordamos las manifestaciones de padres y madres de niños con cáncer que exigían en las calles de la Ciudad de México quimioterapias para sus hijas e hijos enfermos, así como el desabasto de medicamentos, con lo que, en la agenda de salud, tampoco podríamos considerar como un resultado exitoso.

Así mismo, los nuevos libros de texto gratuitos emitidos durante la presente administración, contenían desde su emisión errores ortográficos, gramaticales e incluso gráficos, con lo que, en materia educativa, los esfuerzos del gobierno federal también resultaron insuficientes, sobre todo cuando tomamos en consideración el rezago educativo ocasionado por la pandemia por COVID-19.

Sin entrar en mayores detalles, existieron diversas temáticas en las que no se logró proteger de una manera efectiva a niñas, niños y adolescentes mediante la atención de problemáticas de fondo, pero esto puede cambiar con la llegada de la nueva presidencia de la república, así como de los nuevos gobiernos estatales y las nuevas conformaciones de las legislaturas locales.

Con la contundente victoria del partido MORENA en la inmensa mayoría de cargos de elección popular, es innegable que la nueva administración tendrá condiciones muy favorables para guiar la agenda pública del país y que, de la misma manera, tendremos un “libro en blanco” para cambiar el curso de vida de la niñez y adolescencia mexicana en lo que refiere a sus Derechos Humanos y a sus garantías fundamentales. Como sociedad, solicitamos que el centro de las decisiones de las políticas públicas tenga como objetivo el fortalecimiento de los derechos de este grupo etario y que, al momento de la toma de decisiones, se tenga siempre en consideración su interés superior.

Nos permitimos recordar a la Dra. Sheinbaum que, durante su campaña electoral, el 22 de abril del 2024 firmó el Pacto por la Primera Infancia, comprometiéndose a trabajar en beneficio de 12.4 millones de niñas y niños de 0 a 6 años en todo el país, por lo que desde Early Institute le deseamos el mejor de los éxitos en su proyecto de nación y le requerimos una entrega total hacia la causa de los Derechos de niñas, niños y adolescentes.

 

Los huérfanos de la pandemia

El pasado mes de abril se presentó el “Informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México”, y los resultados obtenidos son preocupantes

Por: R. Vincent Morfín Calvo, Ejecutivo de Asuntos Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

La pandemia por COVID-19, ha sido uno de los periodos más complejos y tristes de la época moderna. Hasta el día de hoy y durante varios años por venir, continuaremos sufriendo sus efectos económicos, sociales y políticos. No obstante, existe un tópico de especial relevancia al que no se le ha dado la atención necesaria por parte del Estado mexicano, a saber, la orfandad de niñas, niños y adolescentes que perdieron a uno o ambos padres, o incluso a algún otro cuidador, consecuencia de la contingencia sanitaria.

El pasado mes de abril se presentó el “Informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México”, y los resultados obtenidos son preocupantes.

Entre los datos recabados, encontramos que más de 215 mil niñas y niños quedaron huérfanos de padre o madre al cierre del 2022; así mismo, si el espectro se amplía a personas que fungían como sus cuidadores, la cifra de menores huérfanos podría ascender a casi 230 mil. Y si ampliamos aún más los parámetros para considerar a cuidadores tanto primarios como secundarios, encontramos que serían más de 318 mil menores que sufrieron la pérdida de una figura adulta con la que vivían y que se encargaba de su cuidado.

Hay que considerar que la orfandad genera una multiplicidad de consecuencias negativas en la vida de niñas, niños y adolescentes, por lo que es urgente atraer la atención por parte del Estado para tomar acciones de restitución sobre los derechos que les han sido vulnerados y poder mantener en curso su plan de vida. El documento señala que la pérdida de padres y cuidadores es uno de los eventos más traumáticos y disruptivos que pueda experimentar un menor.

Al día de hoy, no existe política pública alguna que se centre en el abordaje y atención de esta problemática que atraviesan miles de niñas, niños y adolescentes, por lo que desde Early Institute hacemos un llamado a personas tomadoras de decisiones para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, coloquen a la niñez en el centro del debate y no dejen en el desamparo a una generación que sufrirá por el resto de sus vidas la traumática experiencia de haber perdido a su figura parental a causa de una gestión deficiente de la pandemia por COVID-19.

El informe señala que el diseño e implementación de una política nacional enfocada en apoyar y proteger el bienestar y los derechos de los menores huérfanos en México, debe estar fundada en evidencia, contar con presupuesto suficiente e involucrar a diversas instituciones del Estado y niveles de gobierno y contemplar, al menos, los siguientes aspectos: acompañamiento psicológico y medidas de atención de la salud física y mental; asistencia económica; y medidas para evitar la deserción escolar y apoyar el aprendizaje.

Necesario sensibilizar y combatir la violencia entre niñas, niños y adolescentes

Por: R. Vincent Morfín Calvo, Ejecutivo de Asuntos Públicas de Early Institute
Publicación original de: ContraRéplica

En todo el año no hemos dejado de escuchar sobre los terribles casos de bullying y violencia entre niñas, niños y adolescentes, en México. Todos ellos se han vuelto de gran interés por la brutalidad de las agresiones que cometen los menores de edad en contra de sus pares. El común denominador es un uso desmedido de violencia física o psicológica con desafortunados desenlaces, ya que suelen ser tragedias que dañan a todos los involucrados.

El caso más reciente es el de un joven estudiante de la Universidad Anáhuac en el estado de Puebla, quien golpeó en repetidas ocasiones a otro joven que trabajaba como guardia en el complejo residencial donde vive. La reacción violenta del estudiante fue porque se le pedía identificarse para ingresar al edificio.

También, hace apenas unos días se dio a conocer la agresión que sufrió otro joven estudiante, a quien sus compañeros de clase prendieron fuego dentro del recinto educativo. El afectado resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en sus piernas y genitales, y aunque ya fue dado de alta, la situación fue grave.

Hace unos meses, varios jóvenes, también en el estado de Puebla, golpearon a otro afuera de una zona de bares, provocándole una fractura en la base ocular. El agredido estuvo en riesgo de perder un ojo.

Otro caso más ocurrió hace unos meses en el estado de Jalisco, donde tres adolescentes citaron a una compañera de escuela en un parque con el único fin de agredirla hasta, prácticamente, dejarla inconsciente.

Desafortunadamente, podríamos continuar citando casos de este tipo, que además corresponden únicamente a las historias que se viralizan gracias a las redes sociales, sin considerar la cifra negra que ocurre día con día en gran parte de las escuelas públicas y privadas.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), más de 18 millones de estudiantes mexicanos de nivel primaria y secundaria son víctimas de bullying. Estos datos colocan a México en primer lugar en dicha práctica, a nivel internacional, generando que la violencia se vea como una circunstancia “normal” en la vida de niñas, niños y adolescentes desde temprana edad.

Además de eso, otro problema es la carencia de mecanismos de prevención. Sin duda, no es suficiente emitir suspensiones temporales en escuelas o, incluso, expulsiones definitivas para evitar la comisión de estas conductas, pues estas medidas son únicamente de carácter reactivo, es decir, que se llevan a cabo una vez que se ha realizado el hecho, sin resolver nada de fondo.

Las acciones realmente necesarias para romper de tajo el ciclo de violencia que se vive entre la niñez y adolescencia mexicanas, son las de carácter preventivo y de sensibilización, sin embargo, hay que reconocer que como sociedad, familia, academia y gobierno, hemos fallado.

Ante la creciente ola de violencia en estos grupos sociales, urge que se implementen medidas tendientes a favorecer la sensibilización no sólo en ellos, sino también en autoridades gubernamentales y educativas y padres de familia. Estas medidas deben abordar la importancia de contar con una vida libre de violencia, así como mecanismos para prevenirla de manera integral. Sobre todo, hay que enfatizar en el papel de la familia —institución base de la sociedad mexicana— como transmisora de principios y valores, asegurando que se fortalezca el mensaje de que la violencia nunca es la solución ante ningún conflicto.

Para evitar que la problemática siga evolucionando, Early Institute, a través de su iniciativa ALUMBRA, genera conocimiento basado en evidencia para promover la sensibilización entre los actores políticos y se puedan crear políticas públicas de prevención de toda forma de violencia que afecte a niñas, niños y adolescentes. Hoy más que nunca es necesario contribuir y atender, desde la prevención, escenarios tan indeseables como los descritos, ya que la responsabilidad es de todos y la protección de los más vulnerables debe ser una prioridad.