Publicación original en ContraRéplica 

La violencia ejercida en contra de niñas, niños y adolescentes es una realidad que carcome a nuestra sociedad, sin embargo, las actuales condiciones derivadas de la contingencia sanitaria tienden a agravarla. A pesar de que el aislamiento social es una medida necesaria para combatir la pandemia del Covid-19, es un factor que inevitablemente incrementa la exposición al riesgo de la población infantil, pues les impone convivir con sus agresores y los aleja de sus redes de apoyo.

Diversos análisis advierten que en situaciones de crisis —como la que se vive actualmente en todo el mundo por el Coronavirus— se exacerba la violencia. El estrés colectivo, la incertidumbre financiera y el deterioro o afectación de las condiciones de vida, son los principales detonantes.

En el caso de nuestro país, ya existen indicios que nos confirman lo anterior: según datos de la Fiscalía General de la Ciudad de México, en las fases 1 y 2 del Covid-19 creció 7.2 por ciento el número de detenidos por violencia doméstica; tan sólo del 9 al 25 de febrero se abrieron mil 581 carpetas de investigación; y la Red Nacional de Refugios reportó que del 17 al 28 de marzo pasaron de 60 a 160 el número de llamadas recibidas. Sin embargo, no tenemos que aceptar esta realidad, como sociedad y en lo individual, podemos poner un alto a la violencia e impedir que se replique generación tras generación.

Cuando planteo que estamos a tiempo de frenar y revertir esta problemática, lo hago con la convicción de que somos una sociedad unida, empática y comprometida con la niñez. Por ello, debemos actuar con firmeza y asumir la responsabilidad colectiva de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes, especialmente en estos momentos de incertidumbre. Ahora es el mejor momento de dejar de lado la indiferencia y romper el silencio.

Cada uno de nosotros, desde nuestras respectivas trincheras, debemos de ayudarlos y asegurar su bienestar, como si fueran nuestros. Esto implica —entre otras cosas— advertir y señalar situaciones de riesgo que puedan afectar a una niña o niño, denunciar casos de violencia o agresiones en su contra y generar espacios seguros para su vida y desarrollo. Por nuestra parte y desde Alumbra —proyecto colaborativo de Early Institute que suma los esfuerzos, experiencia y conocimiento de la sociedad civil, agencias internacionales, autoridades gubernamentales e investigadores — trabajamos en la generación de información y en el diseño e implementación de estrategias para prevenir la violencia sexual cometida contra niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, si estás en riesgo o eres víctima de violencia, recuerda que no estás sola, acá afuera hay un ejército de personas que queremos ayudarte. Puedes llamar a los Centros de Justicia para las Mujeres, ahí se concentran servicios de tipo legal, psicológico y médico, algunos cuentan con agentes del Ministerio Público y proporcionan refugio temporal u ofrecen ayuda para encontrarlo. También ten presente que la principal línea de emergencia es el 911, ahí pueden canalizarte con el servicio que necesites.

Publicación original en El Heraldo

En el cuaderno de investigación Abuso sexual infantil y otras formas de violencia hacia la niñez en México, Análisis de indicadores de incidencia delictiva –publicado en noviembre de 2019 por Early Institute a través del proyecto Alumbra–, se dio a conocer que el uso de nuevas tecnologías implica una ventana de riesgos para las niñas, niños y adolescentes.

En el documento se informa que, de acuerdo con cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el año 2017, 20 por ciento de los niños y adolescentes entre 12 y 17 años de edad que utilizaron internet, vivieron alguna forma de ciberacoso.

La cifra sin duda es preocupante, sobre todo si consideramos que esta problemática se agrava ante la actual crisis sanitaria que vivimos por el coronavirus COVID-19.

El pasado 23 de marzo, el Buró Federal de Investigaciones​ (FBI, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado advirtiendo que, ante las medidas tomadas para combatir la pandemia –como el cierre de las escuelas y el distanciamiento social– niñas, niños y adolescentes extenderán el tiempo que pasan conectados, situación que incrementa el riesgo de ser víctimas de explotación sexual infantil.

Así, actividades como los juegos en línea y el uso de redes sociales los exponen a depredadores sexuales y al grooming, técnica empleada por una persona adulta para engañar a una niña, niño o adolescente y conseguir fotos, videos o incluso coordinar un encuentro con fines sexuales.

Ante los retos que trae esta contingencia, mamás, papás, cuidadores, especialistas, sociedad y autoridades, debemos estar más alerta que nunca, poner un alto definitivo a la violencia ejercida contra nuestra niñez y garantizar su bienestar físico y emocional.

De no actuar a tiempo condenaremos a toda una generación a sufrir daños irreparables, mismos que se extenderán en toda la sociedad.

Autoridades especializadas recomiendan tomar medidas como las siguientes: a) instalar un antivirus y un programa de control parental; b) reportar usuarios, perfiles, enlaces o foros con contenidos abusivos, sospechosos o inapropiados; y c) mantener aparatos electrónicos en espacios comunes de la casa.

También, crear conciencia en las niñas, los niños y los adolescentes sobre los riesgos que pueden enfrentar en internet, observar con mayor atención comportamientos extraños y tener un diálogo abierto con ellos, para que sepan que cuentan con el apoyo de su familia frente a cualquier situación, son herramientas efectivas para prevenir la violencia digital.

En caso de conocer o ser víctima de este tipo de violencia, rompe el silencio, llama al 088 y haz el reporte correspondiente.

Recuerda que la denuncia es anónima, ésta puede ayudar a identificar a los agresores, rescatar a otras víctimas, detener a los probables responsables y prevenir nuevos casos.

Publicación original en El Heraldo de México

¿Cuántas veces hemos escuchado decir que las primeras culpables de la violencia familiar son las mujeres que la permiten? Parece lógico que, ante el peligro inminente de ser agredida, una persona huye del entorno de violencia, pero no siempre puede ser así.

Lo cierto es que la víctima nunca es culpable. El fenómeno de la violencia familiar es sumamente complejo: se esconde en contextos de desconocimiento, engaño, abuso psicológico, dependencia financiera, falta de autoestima, entre muchos otros. Estos dificultan identificarla y, en consecuencia, alejarse de ella.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, el 28.8% de las mujeres que reportaron haber sufrido agresiones físicas y/o sexuales de su actual o última pareja, contestaron que no presentaron una denuncia ni pidieron apoyo porque se trató de “algo sin importancia que no les afectó”.

Esto refleja que, en múltiples ocasiones, la exposición continuada a la violencia provoca que la víctima no se perciba en una relación violenta, se culpe a si misma o a factores externos, dude de su percepción de la realidad, no sepa que lo que está sufriendo es violencia o simplemente no se identifique como una persona maltratada. Lo anterior es sumamente grave porque la violencia normalizada tiende a aumentar y a alcanzar dimensiones con consecuencias fatales.

Si notas que te estás volviendo mucho más crítica contigo misma, renuncias a tus propias opiniones, te sientes preocupada todo el tiempo, tienes miedo de cómo reaccionará tu pareja ante una situación y evitas decir algo para no molestarla, sientes que tienes que cuidar cada acción que realizas, te aíslas más y ves menos a familiares y amigos, es probable que estés en una relación abusiva y violenta.

Pide ayuda, busca redes de apoyo y haz un plan de seguridad o escape. Puedes llamar al Centro de Justicia para las Mujeres más cercano, a la Red Nacional de Refugios y, en caso de emergencia, al 911. ¡Recuerda que no estás sola, siempre habrá mucha gente dispuesta a ayudarte!

Y a toda la sociedad, tengamos presente que la violencia generalizada nos afecta a todos, por lo que debemos asumir la responsabilidad colectiva de combatirla, de lo contrario, se normalizará, aprenderá y reproducirá.

En la página de alumbramx.org podrán encontrar información útil para identificarla, prevenirla y ayudar a las víctimas, especialmente en esta contingencia, época en la que la exposición al riesgo de ser violentada en casa se incrementa.

Publicación original en El Heraldo 

Las niñas, niños y adolescentes son el gran sector de la población con quien estamos en deuda. Hemos fallado en protegerlos y garantizarles una infancia segura y feliz. En México cada día 7 niñas y niños son víctimas de homicidio, y 41 víctimas de lesiones, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2020. Adicionalmente, en el año 2019 se reportaron 200 víctimas trata de personas, 97 víctimas de feminicidio y 90 víctimas de rapto, todas ellas menores de edad.

Esta es una terrible realidad para nuestra infancia, sobre todo tomando en cuenta que se trata solo de casos denunciados y en México el 93% de todos los delitos no se denuncia o no se abre carpeta de investigación, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI.

Pero eso no es todo, la gravedad de esta realidad se incrementa si tomamos en cuenta que niñas, niños y adolescentes también son víctimas indirectas, “testigos invisibles” en otros contextos de violencia. Un claro ejemplo se observa alrededor de los huérfanos del feminicidio, quienes han perdido a sus madres o cuidadoras, enfrentan el rompimiento de su estructura familiar y se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad.

Entonces ¿por qué digo que le hemos fallado a la niñez mexicana? Porque aún no asumimos la responsabilidad colectiva de cambiar esta situación. Una niña, niño o adolescente no detendrá por si solo a un agresor, no exigirá justicia, ni activará por sí mismo los mecanismos correspondientes, pero tampoco es su responsabilidad. Nosotros tenemos que protegerlos y asegurarles un entorno libre de violencia.

Bajo el esquema metodológico de la teoría de la prevención situacional del delito, para que un delito suceda es necesario que concurran en tiempo y espacio 3 elementos: la víctima, el delincuente y la ausencia de un guardián capaz de prevenir esa situación. Por ejemplo, una persona, autoridad, ley, o institución, a través de su intervención y protección.

Así pues, cualquier ciudadano de a pie -además de las autoridades competentes-, puede evitar los delitos que impactan a niñas, niños y adolescentes. En nuestras manos está cambiar su realidad, no debemos estar ausentes, cada uno de nosotros debe de asegurarse del bienestar de las niñas, niños y adolescentes que están a nuestro alrededor.

En ese sentido, es necesario escucharlos; informarnos; involucrarnos más en los problemas que los afectan; posicionar a la niñez como una prioridad; si observamos algo que pueda ponerlos en riesgo, romper el silencio; si conocemos de algún delito, denunciarlo; cooperar con organizaciones dedicadas a su protección y cuidado; y exigir a las instituciones encargadas de protegerlos, como los Sistemas de Protección Integral y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, estén dotadas de fuerza y hagan su trabajo salvaguardando el interés superior de la niñez. Comprometidos con esta causa, lograremos cambiar su realidad y asegurar su sano desarrollo.

Publicación original en El Heraldo 

En días recientes hemos visto amenazadas varias instituciones y programas que tienen por objeto garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) es uno de ellos.

En 2015 se formalizó la creación del SIPINNA, por mandato de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de coordinar las acciones del gobierno y vigilar que todas las políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes se cumplan. Este Sistema representa una estrategia prometedora, que opera en muchos otros países como por ejemplo Ecuador, El Salvador y Uruguay. Surge como respuesta a la necesidad de que exista un responsable cuyas facultades sean transversales para poder -eficazmente- coordinar las acciones de todos los sectores y órdenes gubernamentales.

Desaparecerlo no es una opción, no olvidemos que antes de su creación -en 2006- el Comité de los Derechos del Niño manifestaba su preocupación porque las leyes no se aplicaban correctamente debido a la complejidad de la estructura federal de México y urgía a tomar medidas para su aplicación efectiva.

Mandar sus facultades a una institución enfocada en la asistencia social tampoco es una opción. Lo cierto es que, aunque el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el SIPINNA centran sus esfuerzos en proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, sus objetivos, funcionamiento y -sobre todo- sus atribuciones no son los mismos. Independientemente del presupuesto destinado, la decisión sobre el futuro de estos dos Sistemas debe estar enfocada prioritariamente en garantizar el bienestar y sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes en México.

El SIPINNA es perfectible, tiene muchos aspectos que se pueden mejorar, pero eliminarlo y “enviar” sus facultades a una institución que no tiene la capacidad ni atribuciones para implementarlas sería un grave error y mandaría un mensaje equivocado de que nuestra infancia no es prioridad en la agenda pública.

No olvidemos que, además, al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, México asumió el compromiso de crear las condiciones jurídicas, institucionales, sociales y económicas para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en ella.

Más que nunca debemos de asegurarnos que existan todas las vías y mecanismos necesarios para proteger a las niñas, niños y adolescentes en México; país donde cada día 7 niñas y niños son víctimas de homicidio según datos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Es necesario que sumemos esfuerzos para garantizar el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes, no disminuirlos, solo así mejoraremos como sociedad y país. Recordemos que la infancia es el futuro de nuestro país, la forma en la que la protegemos nos define.

Publicación original en El Heraldo 

En días recientes se publicó la noticia de la muerte de Bayrón, niño de 7 años que tras varios meses de maltrato murió en manos de quien debía protegerlo.

Su triste historia me hace preguntar, ¿Cuántas personas e instituciones tienen que fallar en su deber de cuidado para que un niño muera por maltrato? ¿Cuántas personas vieron, pero ignoraron su sufrimiento?

Contrario al caso de Bayrón, está el de la niña Mary Ellen en Estados Unidos, quien en 1874 fue rescatada por sus vecinos que, al percatarse de los múltiples abusos a los que estaba expuesta, buscaron la forma de denunciar a los cuidadores de Mary Ellen a pesar de que al momento no existía una ley que prohibiera el maltrato ejercido en contra de niñas y niños. Ellos, y otros aliados que se unieron a su causa, recurrieron a una ley que prohibía la crueldad animal para denunciar que la niña era un ser vivo también y su maltrato debía ser sancionado, logrando rescatar a Mary Ellen y encarcelar a sus cuidadores.

Este acto, aparentemente heroico fue en realidad un acto de responsabilidad colectiva: personas adultas con el compromiso de proteger a una niña o un niño, aunque no sean sus cuidadores primarios, para garantizar un mejor futuro para todas y todos. La serie sobre Desarrollo Infantil de The Lancet -reconocida revista científica- publicada en 2016, ya lo apuntaba al hablar sobre el costo de la inacción: “si los niños no pueden cumplir su potencial social y de desarrollo, esto no solo perjudica su futuro, sino también el de las sociedades en las que viven”.

En México, aún existen múltiples factores que no funcionan adecuadamente para poder garantizar el bienestar y sano desarrollo de nuestra infancia. Por lo pronto, por el bien de nuestra sociedad, es urgente que todas y todos, en mayor o menor medida, asumamos el compromiso de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes.

Recordemos que la violencia contra nuestra infancia traspasa generaciones ¿Qué tipo de sociedad seremos cuando nuestra niñas y niños sobrevivientes de maltratos y abusos sean adultos?

Hoy solo nos queda pedirle una disculpa, Bayrón lamento mucho que este sistema te haya fallado.

Publicación original en El Heraldo 

De acuerdo con un reporte de la UNESCO, el COVID-19 ha traído consigo la mayor interrupción simultánea de servicios educativos de la historia reciente a nivel global y ha afectado a más de 90% de la población mundial de estudiantes, desde la educación preescolar hasta la superior.

Desgraciadamente, con la educación a distancia han llegado también grandes costos. Las restricciones socioeconómicas y las brechas digitales son factores que condicionan el acceso a internet y la disponibilidad de equipo de cómputo, elementos ahora esenciales para el ejercicio del derecho a la educación. Situación que incrementa el grado de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos estudiantes y la brecha que separa a las poblaciones más marginadas.

Además de la pérdida de aprendizajes y la desvinculación educativa, existen otros factores que afectan principalmente a la niñez: las escuelas aportan mucho más que solo formación académica, en ellas niñas y niños desarrollan su personalidad, habilidades para la vida y, en muchas ocasiones, su estado de salud. Ante su ausencia, el acceso a la salud -física y emocional-, alimentación y protección social se ha visto obstruido.

Por un lado, el aislamiento social ha traído consecuencias psicosociales y de salud mental para niñas y niños; sin interacciones, amistades, cuidadores responsables y las redes de apoyo que representan las escuelas, se encuentran “aislados” y desmotivados para aprender. Según los reportes de Alumbra Contigo -centro de apoyo psicológico para atender a niñas, niños y adolescentes en situaciones de violencia y crisis emocionales-, la depresión es la causa principal para pedir ayuda en menores de edad desde que comenzó la pandemia.

Por otra parte, los centros educativos también representan acceso a alimentos nutritivos para muchas niñas y niños de escasos recursos, UNICEF ha reportado que desde que comenzó la pandemia, se han perdido más de 39.000 millones de comidas escolares en todo el mundo debido al cierre de las escuelas.

Por desgracia, el regreso a las aulas parece todavía incierto y lejano para la mayoría de las y los estudiantes de México. Paralelamente, el porcentaje de deserción escolar se ha incrementado abruptamente. Ante la falta de todos los beneficios que los planteles educativos brindan y frente a los obstáculos que la educación a distancia ha traído, las y los estudiantes se han visto orillados a suspender sus estudios. Tan solo por nombrar un ejemplo, de acuerdo con la investigación de varios medios periodísticos, hubo un incremento del 229% en la suspensión de estudios del alumnado de bachillerato y licenciatura de la UNAM en el último año.

En definitiva, la decisión de reabrir las escuelas es apremiante e implica un gran reto: exigirá un mayor esfuerzo en la planificación y asignación adecuada de recursos para el sector educativo, pero valdrá la pena con tal de disminuir las consecuencias negativas que ha traído consigo la educación a distancia.

Publicación original en El Heraldo 

En el marco del mes de la mujer es necesario cuestionarnos el enfoque con el que abordamos las problemáticas que atraviesan al género. Hoy más que nunca debemos analizar el fenómeno de la desigualdad y la violencia de género desde un enfoque de interseccionalidad.

No basta con saber que las mujeres se encuentran en posición de desventaja en ciertos sectores de la sociedad, es necesario entender el contexto y los alcances de las identidades de las diferentes mujeres frente a un fenómeno.

Las mujeres no somos un grupo homogéneo, tenemos múltiples identidades: mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres en condición de pobreza extrema, mujeres deportistas, mujeres mayores, niñas, adolescentes, cada una viviendo la experiencia de ser mujer de manera distinta. Y, en ese sentido, pueden estar expuestas a varios ejes de desigualdad y violencia en razón de género, pero también por otras razones como la raza o la condición social.

Cada mujer, en su individualidad, puede sufrir desigualdad, violencia y discriminación de un modo único y cualitativamente diferente. Por ejemplo, al abordar problemáticas como las de la prostitución y la maternidad subrogada no basta solo hablar del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, se requiere necesariamente una perspectiva interseccional que responda a los siguientes cuestionamientos: ¿de qué tipo de mujeres estamos hablando? ¿en qué contextos se han desarrollado? ¿a qué tipo de violencias se han enfrentado? ¿en qué condiciones de desigualdad han crecido?

Y lo mismo pasa con la violencia. Si bien, la violencia de género es la violencia ejercida contra mujeres por el hecho de serlo, lo cierto es que ésta converge -en cada caso particular- con múltiples factores que hay que tomar en consideración. Dicho en otras palabras, las distintas dimensiones de las identidades de las mujeres traen consigo distintas formas y patrones de violencia. El tipo de violencia a la que es más vulnerable una niña varía al tipo de violencia al que es más vulnerable una mujer migrante, una mujer mayor o una mujer casada.

Así pues, la denominación del día internacional de la mujer tiene un error de origen, debe ser llamado DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. Pero esta precisión es pura vanidad, la reflexión debe tener alcances mucho más profundos.

Un primer paso para incluir a todas las mujeres en el debate público puede ser capacitar y sensibilizar -especialmente a personal del servicio público- sobre las múltiples experiencias y barreras a las que se enfrentan las mujeres, para que puedan prevenir y combatir -de manera informada y efectiva- las distintas formas de violencia. Comprender la complejidad nos permitirá diseñar mecanismos especiales y adecuados.

A la par, impulsar y convocar a todos los tipos de mujeres para crear liderazgos transformadores, que representen y den voz a todas las voces, especialmente a las que aún están silenciadas.

Publicación original en El Heraldo 

Por un lado, es cierto: Según los resultados que arroja la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, el 76% de las mujeres que dijeron haber sufrido violencia sexual antes de los 15 años reportaron que sus agresores eran familiares o conocidos. Solo el 24% reportó que se trataba de un desconocido. Así pues, dentro de esta estadística y considerando que en varios casos las mujeres fueron abusadas por más de una persona, el 43% lo ocupa el tío, el 33% un primo y el 18% un hermano.

Sin embargo, el hecho de que las personas agresoras en su mayoría se encuentran en la familia o cerca de ella no convierte a la violencia sexual ejercida contra niñas, niños y adolescentes un problema “de familia”; todo lo contrario, el primer error en el que caemos como sociedad es creer que se trata de temas que se deben de resolver en la esfera de lo privado.

¿Qué justicia podemos esperar para la víctima si el agresor es juez y parte?

Desgraciadamente, la violencia sexual infantil en muchas ocasiones se ejerce en un ambiente de complicidad, confianza “ciega”, coerción y/o dependencia económica que protege a la persona agresora y mantiene su agresión en secreto generación tras generación.

Entonces, ¿cómo debemos actuar ante sospecha o conocimiento de este tipo de violencia?

En primer lugar, se trata de un delito que debe ser denunciado ante las autoridades competentes para que el agresor sea sancionado y evitar que continúe ejerciendo violencia y/o violentando a más personas. A la par, se le debe brindar apoyo psicológico a la víctima para que pueda iniciar su proceso de reparación y entienda que ese acto o actos ejercidos en su contra no la definen.

La violencia sexual ejercida en contra de niñas, niños y adolescentes es un problema de orden público, que nos atañe a todas las personas. Debemos involucrarnos, asumir este problema como nuestro y exigir la intervención de las autoridades. No permitamos que el secreto familiar encubra agresores sexuales.

Si nuestra niñez está sufriendo de este tipo de violencia, si no les estamos protegiendo, en unos años toda la sociedad vivirá las secuelas de su omisión.

Publicación original en El Heraldo 

La pandemia del COVID-19 ha traído consigo innumerables secuelas en los distintos sectores de la sociedad, una de las más grandes es el incremento de la brecha educativa en las clases sociales de nuestro país y toda América Latina.

En el “Estudio diagnóstico sobre docentes en América Latina y el Caribe” publicado en 2020, la UNESCO señala que identificó grandes brechas en los resultados educativos que se relacionan con una desigual distribución de docentes mejor calificados, en perjuicio de países y regiones con menores ingresos y de zonas rurales, las que suelen concentrar, además, a población indígena y migrante. Sin embargo, el aislamiento social generado por la pandemia simplemente ha hecho que las desigualdades que ya existían en el sector educativo, y que nunca se han abordado de manera adecuada, se agudicen.

La necesidad de modalidades de aprendizaje a distancia -mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas-, así como de mecanismos de seguimiento, evaluación y retroalimentación del proceso educativo, ha incrementado la brecha entre quienes tienen acceso a estos recursos y quienes que no. De manera que la efectividad del aprendizaje no está necesariamente ligada con el mérito y el esfuerzo -como muchas veces se nos ha hecho creer- sino también con el nivel socioeconómico de las y los estudiantes y de los recursos tecnológicos y pedagógicos de la escuela.

De acuerdo con las estimaciones iniciales hechas por el Banco Mundial en el informe “Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños”, publicado este año, el impacto del cierre de las escuelas ampliaría la -ya marcada- brecha socioeconómica de rendimiento académico en un 12 %, o un cuarto de año de escolaridad, y daría lugar a que estudiantes en el primer ciclo de secundaria en el quintil superior de la distribución de ingresos tengan, en promedio, casi 3 años de escolaridad más que sus contemporáneos del quintil inferior de ingresos.

Lo anterior, aunado a el incremento de deserciones escolares que se han registrado y la interrupción de servicios que niñas y niños recibían en las escuelas -como los programas de alimentación-, han creado la “receta perfecta” para una crisis educativa y social con impacto permanente es las generaciones más jóvenes. Sin embargo, según el reporte “Education Finance Watch 2021” del Banco Mundial y la UNESCO, dos terceras partes de los países de ingreso bajo y mediano bajo han reducido sus presupuestos públicos de la educación desde que comenzó la pandemia.

Ante esta catástrofe generacional, es urgente INVERTIR en una educación accesible y de calidad. Si bien, la reapertura segura y efectiva de las escuelas a nivel nacional es una prioridad, también lo es REVERTIR los efectos que se proyectan y DISMINUIR la brecha de aprendizaje que existe entre los sectores sociales de la población. Y, a largo plazo, impulsar transformaciones que representen condiciones efectivas para ejercer en igualdad de condiciones el derecho a la educación, por ejemplo, sistemas educativos más inclusivos que puedan adaptarse a las características particulares de las y los estudiantes y brindar herramientas adecuadas para su aprendizaje efectivo.

La condición social no debería de ser un factor determinante al momento de ejercer un derecho y, mucho menos, uno tan importante como el de la educación, derecho -además- necesario para promover condiciones de igualdad.