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El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó una disminución a nivel nacional del 1%, durante los primeros dos trimestres del 2020, en la incidencia delictiva de temas sexuales. De entre los que destacan el abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, incesto, violación simple y violación equiparada.

Particularmente, la violación equiparada -que incluye la violación contra menores de edad aún cuando no concurra violencia- aumentó 2% en 2020 en comparación con los primeros dos trimestres de 2019. Aumento muy inferior al observado en 2019 donde se registró un incremento del 31% respecto a 2018

Una suposición lógica del comportamiento general a la baja en los dos primeros trimestres de 2020 es que lo que ha decrecido son las denuncias y no necesariamente los delitos sexuales. El decremento del 1% contrasta con lo ocurrido en el mismo periodo en 2019, donde hubo más bien un crecimiento del 25%, una diferencia notoria. Al tomar el mismo periodo con respecto a los últimos 5 años, se observa una tendencia al alza del 64%.

Aunque los Ministerios Públicos han permanecido abiertos en los últimos meses, el decrecimiento de los delitos sexuales podría deberse a una reducción significativa en las denuncias durante el confinamiento.

De hecho, la Secretaría de Gobernación alertó que la violencia y abuso sexual contra menores se ha agravado durante el confinamiento generado por la pandemia mundial. Esto se debe a que, con frecuencia, las víctimas se han visto obligadas a quedarse en casa o cerca de su abusador.

En este sentido, resulta preocupante que los principales abusadores son del contexto familiar. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016) las víctimas mujeres que sufrieron alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 15 años reportaron como principales agresores al tío (43%) y/o primo (33%).

Por lo anterior, es muy importante tener en cuenta que las cifras de incidencia delictiva proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo son la punta del iceberg pues se refieren a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación a partir de denuncias reportadas por las Procuradurías y Fiscalías Generales de las entidades federativas. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE), con datos de 2019, en México el 93% de los delitos no se denuncian.

En este sentido, aunque las cifras de delitos sexuales hayan decrecido, es necesario observar estos datos con prudencia y reservas sobre su interpretación pues la pandemia tiene efectos en la denuncia y en la detección de casos, particularmente aquellos que atentan contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Por un lado, es bien sabida la relevancia de denunciar cualquier delito sexual. Sin embargo, se debe subrayar también la urgencia de generar mecanismos, en nuestro sistema judicial, capaces de responder a contingencias que requieren un mayor esfuerzo e incluso creatividad para que cualquier víctima tenga acceso a la justicia.

Finalmente, pero no menos importante, la alta incidencia de delitos sexuales que enfrenta el país demanda la actuación conjunta. Un problema de tales dimensiones apela a la responsabilidad colectiva y a actuar como guardianes, especialmente de niños, niñas y adolescentes que requieren de nuestra protección.

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La crisis abre una nueva oportunidad para impulsar la perspectiva de niñez en las políticas públicas mexicanas

Durante las últimas semanas, innumerables organizaciones nacionales e internacionales han alertado sobre los efectos negativos globales de la crisis del COVID-19 en la vida de niñas y niños.

En el ámbito educativo, Human Rights Watch ha subrayado la existencia de enormes disparidades.

Muy pocos niñas y niños tienen herramientas y habilidades para continuar con programas escolares desde casa, mientras la mayoría vive entre grandes limitaciones o nulas posibilidades de hacerlo. En el ámbito de la salud, UNICEF ha mostrado especial preocupación en aquellas niñas y niños que viven en hogares de bajos ingresos y que requieren vacunas, medicamentos o servicios básicos, los cuales, ante esta pandemia son escasos o se encuentra interrumpido su abastecimiento.

Ha sido también de gran preocupación el ámbito de la seguridad y protección en casa. La ONU afirma que la combinación del estrés económico y social traídos por la pandemia, así como el confinamiento, han incrementado dramáticamente el número de niñas y mujeres que experimentan violencia en prácticamente todos los países.

Son diversas las esferas en las que se observa que esta crisis vulnera el bienestar infantil y, aunque aún es difícil dimensionar el impacto, ya preocupan los efectos de la disminución en el ingreso familiar y, los derivados de la muerte de padres, madres o cuidadores.

La niñez es especialmente vulnerable y su vida está en riesgo. La evidencia de crisis económicas que ha vivido México muestra que la mortalidad infantil puede incrementarse entre un 6.9 y un 10.3 por ciento. A resultados como este podría enfrentarse el país los años siguientes.

Ante esta pandemia, la visión de políticas para “salir del paso” es miope. Por el contrario, observar esta crisis desde una perspectiva de niñez es una oportunidad para afrontar los problemas actuales desde la posición de los más vulnerables y una posibilidad única para ver más allá e invertir en quienes deberán afrontar las crisis venideras.

México sigue en deuda con la infancia. Aunque se han dado avances significativos durante los últimos años como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la, recientemente publicada, Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), los pasos son lentos, los recursos insuficientes y la respuesta ante problemáticas como la que se enfrenta el país, muy limitada.

Son muchas las dudas respecto a las medidas que tomará el gobierno mexicano -en sus distintos niveles- para proteger el bienestar de la infancia. La preocupación es latente sobre los efectos adversos que esta coyuntura provocará en el corto y largo plazos. Sin embargo, se ha observado que políticas mal diseñadas o aquellas que son tardías en su implementación efectiva pueden ser, incluso, perjudiciales.

El gobierno mexicano, históricamente, ha actuado a posteriori ante los desafíos de la niñez, pero hoy se requieren acciones urgentes. Esta es una oportunidad única de tomar el timón, fortalecer el aparato público y evitar el naufragio. En el “barco” vienen 40 millones de niñas, niños y adolescentes y la tempestad a penas comienza.

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Mientras que la digitalización de las escuelas continúa y se mantienen las medidas restrictivas sanitarias para contener la propagación del COVID-19, los niños pasan su tiempo libre en casa, donde el internet les ha brindado la posibilidad de ver videos, jugar e interactuar con sus amigos a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Sin embargo, un problema que no ha mantenido una sana distancia durante la pandemia, ha sido el ciberacoso que representa un inminente riesgo para niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la EUROPOL, las restricciones de viaje y otras medidas durante la pandemia probablemente han provocado que la violencia que se estaba ejerciendo en espacios como la escuela, trabajo o en la vía pública, se trasladen a las redes sociales y se ejerza vía digital. Si bien la crisis de COVID-19 ha provocado un aumento de este tipo de violencia, los niveles altos ya existían antes de la pandemia.

Particularmente, en México, el Módulo de Ciberacoso publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó una tasa de crecimiento del 32% de 2017 a 2019 en víctimas de ciberacoso adolescentes de entre 12 y 17 años. En 2019, el 27% de las y los adolescentes que tienen acceso a internet de este grupo de edad fueron víctimas de ciberacoso.

Las conductas de ciberacoso más reportadas por los adolescentes son mensajes ofensivos (44%), provocaciones para reaccionar negativamente (31%), contacto por identidades falsas o mejor conocido como grooming (31%), e insinuaciones o propuestas sexuales (25%).

Además, 6 de cada 10 víctimas adolescentes reportaron desconocer a su agresor, 37% reportó a un amigo(a) y 18% a un compañero de clase.

El daño resultante de ser víctima de este delito es severo, algunas de las consecuencias pueden ser depresión, ansiedad, descenso de autoestima, desconfianza, cambios de humor repentinos y bruscos, bajo rendimiento académico, aislamiento social y suicidio. Además, es importante mencionar que, particularmente para las personas que comparten imágenes o videos de tipo sexual se puede dar una victimización repetida.

A pesar de que los ministerios públicos han permanecido abiertos en los últimos meses, sólo el 0.2% de los ciberacosos son denunciados ante el ministerio público o policía y únicamente el 5% se reporta con el proveedor de servicio o la plataforma.

Dada la estadística, y con el objetivo de visibilizar y prevenir esta problemática, ALUMBRA, una iniciativa de Early Institute, creó una plataforma digital alumbramx.org que pone al alcance de todos y en un mismo punto consejos para padres, madres, cuidadores y todo responsable de niñas, niños y adolescentes así como información sobre cómo denunciar cuando la violencia en línea ya se ha presentado.

Un problema de tales dimensiones apela a la responsabilidad colectiva y a actuar como guardianes, especialmente de niños, niñas y adolescentes que requieren de protección. Es de vital importancia contar con controles parentales y, como adultos, poner especial énfasis a educación digital, que las niñas, niños y adolescentes conozcan qué información es privada y cuál es pública, así como asegurarse que entiendan que un adulto puede aprovecharse del anonimato de la red, para dañarlos.

Prevenir e identificar un ciberacoso a tiempo es toda la diferencia. Es de vital importancia unificar esfuerzos para garantizar la seguridad y protección de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. No dejemos que caigan en sus redes.

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Desafortunadamente, existe una línea muy fina entre lo que se considera privado y público cuando se trata del internet debido a que la información que puede considerarse privada está a sólo un clic de volverse pública y viralizarse. Lo anterior, es especialmente alarmante cuando la difusión de información incluye contenido sexual de menores de edad.

En los últimos años se ha puesto especial interés en la necesidad de la perspectiva de niñez al juzgar delitos, como la violencia sexual que ocurre en internet, para evitar la revictimización. Se reconoce que, debido a fallas en el sistema judicial, es común que una víctima reviva la situación traumática. Sin embargo, poco se habla de la revictimización que sufren niños, niñas y adolescentes cada vez que una imagen o video con contenido sexual se observa y/o difunde por millones de “usuarios”.

Cada vez existen más víctimas de este complejo fenómeno. Por ejemplo, en 2019 el Módulo de Ciberacoso generado por el INEGI, reportó que 3 de cada 10 adolescentes de entre 12 y 17 años con acceso a internet fue víctima de ciberacoso en el último año.

Un dato muy relevante respecto a los agresores es que no son únicamente personas desconocidas, pues 4 de cada 10 víctimas reportó a un amigo(a) y 2 de cada 10 víctimas a un compañero de clase.

En relación con lo anterior, un fenómeno poco visibilizado es el sexting. Esta es una nueva práctica extendida en la cual se intercambian imágenes o videos de contenido sexual lo cual implica una conducta de alto riesgo, particularmente para niños niñas y adolescentes.

La realidad es que en el momento en el que se envía cualquier contenido sexual, la víctima pierde control sobre el mismo, y este puede ser compartido a innumerables personas sin la autorización para difundir. Estas imágenes o videos incluso pueden llegar a subirse a internet en plataformas que ponen a disposición de un tercero este tipo de materiales, como, por ejemplo, un sitio web de pornografía.

Resulta muy relevante subrayar que este tipo de conductas son una grave forma de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, así como también lo es ser “usuario” de dichos materiales.

Sufrir violencia sexual en internet constituye una experiencia que influye en el desarrollo cognitivo, afectivo y social de las niñas, niños y adolescentes. Además, por su naturaleza, cada vez que es compartido o se le da un clic a este tipo de contenidos, se alimenta un proceso de revictimización persistente.

Socialmente la revictimización se potencia y como consecuencia la víctima sufre de aislamiento social, vergüenza, miedo, soledad, autoinculpación, indefensión, paranoia, e impotencia. Lo cual implica, en muchos casos, que la víctima se vea en la necesidad de cambiar por completo de contexto ya sea en el ámbito escolar o incluso geográfico. E incluso el que intente o complete un suicidio.

¿Quién es responsable?
Por lo anterior, resulta realmente preocupante que se invisibilice a los victimarios de esta situación. Si bien, el victimario directo es quien obtuvo la imagen o video y difundió, cada persona que da un clic, que lo observa, que lo comparte, contribuye a esta fuerte revictimización.

La revictimización sucede no sólo por autoridades que no atienden a las víctimas, o por procesos burocráticos que hacen repetir una y otra vez una experiencia de violencia, sino desde cada individuo de una sociedad que es incapaz de poner un alto a la revictimización.

Un problema de tales dimensiones apela a la responsabilidad colectiva y a actuar como guardianes, especialmente de niños, niñas y adolescentes que requieren de protección. Necesitamos personas protectoras, preparadas e informadas para prevenir y mitigar los daños; apoyar a las víctimas y no contribuir a su revictimización.

Solo a través de la unificación de esfuerzos como sociedad es posible garantizar la seguridad y protección de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

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Dadas las medidas restrictivas sanitarias para contener la propagación del COVID-19, las familias permanecen más tiempo en casa. No obstante, ello no implica que en realidad los padres, madres y cuidadores estén pasando tiempo de calidad con las niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la Consulta Infantil y Juvenil 2018 del INE, al abordar el tema se ponen en evidencia diferencias sustantivas entre edades y sexo, ya que únicamente el 62% de las niñas y el 62.1% de los niños de entre 6 y 9 años reportó realizar actividades de recreación y esparcimiento cuando no están en la escuela, cifra que es aún menor para el grupo de 10 a 13 años (50.6% de las niñas y 59.9% de los niños) y de 68.7% y 71.1%, respectivamente, para adolescentes de entre 14 y 17 años.

Respecto a las bajas estadísticas de actividades recreativas y de esparcimiento, resulta fundamental evidenciar que el juego constituye un elemento básico para el desarrollo integral y el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la UNESCO, el juego en la infancia es vital ya que fomenta un desarrollo armonioso del cuerpo, la inteligencia y la afectividad en los menores. Asimismo, de acuerdo con la serie The Lancet sobre desarrollo infantil, el juego contribuye al desarrollo físico, cognitivo, socioemocional y de lenguaje, además de que incentiva la creatividad e imaginación.

Además, el juego es una excelente oportunidad para que madres, padres y cuidadores puedan conocer mejor a sus hijos, porque a través de este, es posible observar si el niño manifiesta una perturbación del desarrollo afectivo, psicomotor e intelectual, así como también descubrir su manera de pensar, las creencias, experiencias y aspiraciones de los pequeños. Incluso, el juego permite detectar abusos o violencias a las que pudiera estar expuestos niñas, niños o adolescentes.

Especialmente durante la pandemia, el juego en familia resulta fundamental para romper con las actividades cotidianas, y “apartar” un espacio reservado para pasar tiempo de calidad y disfrutar con los menores, y así mitigar algunos de los efectos generados por el confinamiento, como la depresión, la ansiedad, y el estrés.

Si bien la pandemia ha cerrado las puertas de convivencia al exterior, también ha abierto una ventana de oportunidad en la que, a través del juego, es posible desconectarse de redes sociales y cualquier distracción, para formar vínculos afectivos e interactuar a través de actividades, dinámicas y conversaciones en familia.

Por lo anterior, Alumbra, una iniciativa de Early Institute, desarrolló una web app llamada Modo Familia modofamilia.alumbramx.org, que permite contabilizar el tiempo que dedican las madres, padres con sus hijos, así como sugerencias de juegos que no solo son divertidos, sino que contribuyen al aprendizaje a reforzar los lazos familiares.

Esta herramienta está al alcance de todos, porque solo basta con conectarse a internet y en un solo sitio podrán encontrar consejos, actividades y juegos que incentivan la crianza positiva, mismos que han sido validados por organismos internacionales. Modo Familia brinda elementos para mejorar la convivencia, la comunicación, empatía y fortalecer los vínculos afectivos entre madres, padres e hijos, a través de un espacio libre de violencia en el que no se permite discutir, pelear o generar ningún tipo de estrés entre los participantes, y en el cual no existen, críticas, burlas o bullying.

El juego no es un extra, no es un premio que se da por haber hecho bien los deberes. El juego, no solo para los niños, sino también para lo adultos, es una necesidad que contribuye al desarrollo integral de los seres humanos. Es necesario que los niños saquen esa luz que llevan dentro, y el juego es un excelente mecanismo para lograrlo. Para conmemorar el día de la familia, que en México se celebra el primer domingo de marzo, los invitamos a convivir con sus seres queridos, utilizando esta WEBAPP, que es totalmente gratuita. Solo busquen en internet modofamilia.alumbramx.org

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El pasado 8 de marzo en el que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, miles de ellas protestaron para exigir un alto a la violencia de género y a los feminicidios. La valla metálica que levantaron las autoridades para proteger el edificio de Palacio Nacional, fue convertida por colectivos feministas en un homenaje con flores, consignas y nombres de las víctimas de feminicidio.

Un factor relevante a mencionar es que la violencia en contra de las mujeres comienza desde la infancia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) 1 de cada 10 mujeres (4.4 millones) fue víctima de alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 15 años. Los agresores sexuales más reportados por las mujeres son el tío(a) (43%), no familiar (34%), primo(a) (33%), desconocido (24%), hermano(a) (18%), otro familiar (13%), padrastro/madrastra (13%), otro (12%), padre (10%), abuelo(a) (8%), y madre (1%).

Además, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró un incremento a nivel nacional del 127% de 2015 a 2020 en la tasa de niñas víctimas de feminicidios por cada 100 mil mujeres menores de edad.

Particularmente, en 2020 cada 4 días se registra una víctima de feminicidio menor de edad en México. El 17% fue asesinada con un arma blanca, 9% con un arma de fuego, 69% con otro elemento, 5% no especificado.

Los estados que reportaron las tasas mas altas de víctimas de feminicidios de niñas menores de edad por cada 100 mil niñas fueron: Quintana Roo (1.14), Morelos (1), Nuevo León (0.98), Estado de México (0.87) y Sonora (0.86). Asimismo, resulta alarmante que casi la mitad de las víctimas de feminicidio menores de edad se concentran en estos 5 estados: Estado de México (22), Nuevo León (8), Puebla (8), Chiapas (8) y Veracruz (8).

Lo anterior, no solo implica que una niña fue asesinada, sino que además fue asesinada precisamente por ser mujer. Además, no siempre se adopta este término cuando se trata de niñas y adolescentes ya que actualmente en el Código Penal Federal Art. 325 no específica, de manera contundente, que el feminicidio se extiende a las niñas y adolescentes, ni se tipifica el feminicidio infantil, por lo que es posible que se invisibilice a las víctimas de feminicidio menores de edad. Si bien no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios, el SESNSP en 2020 reportó que cada día se registra 1 niña víctima de homicidio menor de edad (529 anual).

Sin embargo, los casos anteriores se refieren únicamente a las víctimas de delitos que tienen una denuncia o una carpeta de investigación abierta, lo cual implica que no es posible dimensionar la problemática en toda su magnitud ya que de acuerdo con la ENVIPE 2020, el 93% de los delitos no son denunciados o no se abre una carpeta de investigación o averiguación previa. Lo anterior implica que muchos de los delitos cometidos quedan impunes.

Por un lado, es bien sabida la relevancia de denunciar cualquier violencia en contra de la infancia sobre todo por el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran. Sin embargo, se debe subrayar también la urgencia de generar mecanismos, en nuestro sistema judicial, capaces de diferenciar grupos etarios en las tipificaciones penales y que cumplan con la identificación, investigación y sanción de estas conductas para que cualquier víctima tenga acceso a la justicia y el delito no quede impune.

Por lo anterior, y dadas las dimensiones de la problemática resulta fundamental visibilizar la situación de violencia, impunidad y desigualdad que persiste y que comienza desde la infancia de las mujeres. Debemos buscar construir una sociedad en la que las futuras generaciones no repliquen la violencia sistematizada en contra de niñas y trabajar en conjunto para garantizar su seguridad.

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El acceso a internet, especialmente durante la pandemia y dadas las medidas restrictivas sanitarias para contener la propagación del virus, ha abierto muchas puertas que incrementan el riesgo de niñas, niños y adolescentes de ser víctimas de alguna forma de violencia sexual infantil.

De acuerdo a INHOPE, organización internacional que conjunta a líneas nacionales para el reporte de material de violencia sexual infantil, actualmente existen más de 46 millones de imágenes o videos únicos de abuso sexual infantil (CSAM por sus siglas en inglés). La propia organización estima que alrededor de 750,000 agresores en algún punto han buscado conectar con un niño, niña o adolescente a través de internet con un propósito sexual.

De acuerdo con la Guardia Nacional, México ocupa el quinto lugar en consumo, y transmisión de pornografía infantil. En primer sitio está India, seguido de Pakistán, Irak e Indonesia. La pornografía infantil es solo una de las diversas formas de violencia sexual infantil que deja ver la gravedad del problema en el país, el que además, ha crecido durante la pandemia. Según la propia Guardia Nacional en agosto del 2020 se registró un incremento de 430 por ciento de conductas y delitos en agravio de niñas, niños y adolescentes, a través de la red, en comparación con el mes de julio del mismo año.

Además, la edad de las víctimas es cada vez menor ya que de acuerdo con cifras de National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) en 2019, el 90% de las víctimas menores de edad tenían entre 3 y 13 años, 2% entre 0 y 2 años y 8% entre 13-17 años. Además, el 91% de las víctimas eran del sexo femenino.

La raíz de la producción, distribución y almacenamiento de material infantil de índole sexual, puede suceder a partir en casos de trata de personas, prostitución y explotación sexual infantil. Sin embargo, también es necesario visibilizar que existen otras formas de violencia sexual que implican riesgos para niñas, niños y adolescentes como lo es el grooming, un conjunto de técnicas que utilizan los depredadores sexuales para captar a las niñas, niños y adolescentes a través de perfiles falsos con el objetivo de obtener una imagen o video, o el sexting, una nueva práctica extendida entre adolescentes en la que se intercambia imágenes o videos de contenido sexual que puede ser compartido a innumerables personas sin la autorización de la víctima.

Por lo anterior, la Comunidad de Conocimiento y Práctica Alumbramx.org, integrada por más de 50 organizaciones, lanzó la campaña nacional de prevención de la violencia sexual en línea en contra de niñas, niños y adolescentes “#QueNoCaiganEnSusRedes”.

La campaña subraya la importancia de que madres y padres apliquen 5 pasos claves para la prevención y la protección de los niños en internet: 1) Conoce y habla con tus hijas e hijos sobre los riesgos en internet, 2) Mantente involucrado en su mundo digital, 3) Conoce con quién se conectan, 4) Usa controles de privacidad y seguridad y 5) Bloquea y reporta a personas que los incomoden.

Un problema de tales dimensiones apela a la responsabilidad colectiva y a actuar como guardianes, especialmente de niños, niñas y adolescentes que requieren de protección. Es de vital importancia que los padres, madres y cualquier persona responsable del cuidado de una niña, niño o adolescente se esfuerce en una mayor alfabetización digital que les permita acercarse a sus hijas e hijos, y así protegerlos de los agresores y reportar cualquier situación de violencia sexual en su contra. Prevenir e identificar una violencia sexual infantil a tiempo es toda la diferencia #QueNoCaiganEnSusRedes.

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A medida que el virus continúa propagándose por todo el mundo, nos enfrentamos a múltiples tensiones debidas a cierres escolares y comerciales, confinamiento en casa, aislamiento, pérdidas humanas y vulnerabilidad económica. Así, la acumulación de este tipo de factores ha aumentado la violencia familiar, particularmente incrementando la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes. Incluso la ONU, ha descrito el incremento de violencia doméstica como “la sombra de la pandemia”.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2020, hubo un aumento a nivel nacional del 5% respecto a 2019 en la incidencia delictiva de violencia familiar. Mientras en 2019 se iniciaron 210,188 carpetas de investigación en 2020 hubieron 220,031.

En este orden de ideas, es claro que la situación actual ha generado un “caldo de cultivo” que propicia un incremento en la disciplina violenta ejercida contra niñas, niños y adolescentes dentro del hogar, violencia que frecuentemente se considera “normal”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018-19, únicamente el 34.92% de los niños y niñas menores de 5 años experimentaron solamente métodos no violentos de disciplina por parte de sus cuidadores en el mes anterior a la Encuesta. Mientras que el 58.91% de los niños menores de 5 años experimentaron algún método de disciplina violenta por parte de sus cuidadores. De los cuales, casi 1 de cada 2 niños y niñas experimentaron una agresión psicológica (46.88%) y, el 39.21% experimentó un castigo físico y el 3.79% castigo físico severo.

Además de acuerdo con el Panorama Estadístico de la Violencia contra niñas, niños y adolescentes publicado por UNICEF, las niñas y niños entre los 3 y 9 años suelen ser los más afectados por las agresiones psicológicas o por cualquier otro tipo de castigo físico. El uso de castigos físicos severos suele intensificarse conforme los menores van creciendo.

Los datos muestran que con frecuencia se educa a niños y niñas con métodos que emplean la fuerza física o la intimidación verbal para lograr las conductas deseadas lo cual tiene consecuencias perjudiciales, que van desde los impactos inmediatos hasta los daños en el largo plazo que afectan a su desarrollo psicoemocional, incluso en su vida adulta.

Si bien para enseñar a niños y niñas a tener autocontrol y un comportamiento aceptable es necesario educar, la forma de hacerlo debe ser positiva y libre de violencia, preservando su integridad física, psicológica y su dignidad, lo cual implica orientar y aprender el manejo de sus emociones o conflictos de modo que desarrollen un buen juicio y responsabilidad.

Lejos de educar con cualquier forma violencia, desde la psicológica hasta los castigos físicos severos, la conceptualización del cuidado de niñas y niños ha sido ya descrito por la comunidad científica como el “cuidado cariñoso y sensible”, un factor de protección que se caracteriza por ambientes familiares que son sensibles a las emociones, la salud física y las necesidades nutricionales y materiales de los niños.

Niños y niñas no pueden protegerse a si mismos, y es por eso que debemos de hacerlo nosotros, fomentando que crezcan en un ambiente no solo libre de violencia, sino un ambiente receptivo, emocionalmente solidario, estimulante y apropiado para su desarrollo.

Si quieres conocer más acerca de la prevención de la violencia, ingresa a www.alumbramx.org, donde expertos han desarrollado información de mucha utilidad para todo el público, de acceso gratuito.

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Recientemente decenas de organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron para detener la violencia y explotación sexual infantil que ocurre en las escuelas preescolares mexicanas. Exhortaron a las autoridaexplotación sexual infantil des educativas para crear estrategias de prevención, vigilancia y denuncia ante cualquier delito sexual.

Esta fue una respuesta al informe presentado por la Oficina de los Derechos de la Infancia (ODI) en el que se documentaron casos de violencia y explotación sexual en diversos Estados de la República ocurridos desde el año 2011. El informe visibiliza 37 casos (16 de ellos casos colectivos) que reflejan que niñas y niños en preescolar están sufriendo violencia sexual severa dentro de las escuelas.

Los resultados del informe no sólo indignan por la naturaleza de los delitos sexuales en contra de menores de 6 años, sino también porque se visibiliza que existen patrones reiterativos que reflejan una delincuencia organizada en las múltiples escuelas en las que niñas y niños sufren violencia sexual de manera cotidiana, por más de un delincuente (personal escolar y extraños) y en distintos espacios de la escuela (baño, dirección escolar, salones, espacios abiertos), en ocasiones son sacados de la escuela y llevados a casas con agresores sexuales. Incluso varios casos reflejan la sedación de niñas y niños para la práctica de agresiones sexuales en su contra.

Aunque existen algunos protocolos impulsados por organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde se establece que en los casos en los que pudiera haber un delito, el Director o Directora del plantel educativo junto con la Supervisión Escolar deben asegurarse que se haga del conocimiento de la Procuraduría de Protección que corresponda. El informe presentado deja ver las carencias en la supervisión efectiva en las escuelas.

Se ha podido constatar que la respuesta de las autoridades escolares es insuficiente, en palabras del informe “La práctica institucionalizada por la SEP de proceder con una investigación interna ante la denuncia de delitos graves, hace difícil distinguir entre la omisión y el encubrimiento”.

Además, el informe enfatiza una problemática estructurada debido a la fragmentación de la investigación, la exclusión de las víctimas y la falta de procedimientos adecuados para la testimonial infantil, lo cual se traduce en una gran impunidad para la delincuencia en contra de la infancia. Resulta evidente que las estrategias de prevención y atención son insuficientes e ineficientes.

Además, el informe concluye que no es únicamente un delincuente el que ejerce, sino que hay varios adultos involucrados en la violencia sexual ejercida y que las conductas se dan a partir de un silencio colectivo lo cual facilita la violencia sistematizada en contra de las niñas y niños dentro de espacios educativos.

Estarán de acuerdo que el tema es de la mayor importancia. Por ello, desde Early Institute coincidimos que es urgente la respuesta de autoridades para prevenir y atender no sólo los casos documentados en el Informe sino muchos otros que también se hallan en el silencio y la indiferencia. Es imposible que las niñas y niños puedan ejercer su derecho a la educación mientras no se tenga la certeza de que la escuela es un ambiente seguro.

Finalmente, quisiera referirme a madres y padres, docentes, directivos y personal que labora en nuestros entornos educativos. La prevención de la violencia sexual es responsabilidad de todos, acabemos con el silencio colectivo y alcemos la voz ante cualquier delito sexual que sea de nuestro conocimiento, no permitamos que ningún caso se quede en una carpeta administrativa y, no menos importante, estemos atentos a cualquier señal que nos indique que algún niño o niña pudiera estar sufriendo cualquier tipo de violencia sexual. Las niñas y niños no pueden protegerse solos, actuemos como comunidad para protegerlos.

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La explotación reproductiva ha recibido diferentes nombres: gestación o maternidad subrogada y renta de vientres son quizás las más comunes. Esta es una actividad que se genera mediante un contrato, en el cual una mujer acepta gestar para una persona o una pareja que tiene intención de fungir como padre o madre de la niña o niño nacido de dicho embarazo. El componente genético puede ser o no de la madre gestante.

Frecuentemente, la práctica es abordada desde distintas aristas como los derechos de las mujeres, los derechos de los solicitantes o desde los derechos de organizaciones intermediarias de prestar sus servicios. En la teoría y la práctica pocas veces se aborda desde los derechos de la infancia.

Al respecto, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió sobre una Acción de Inconstucionalidad 16/2016 y un Amparo 129/2019 relacionados con la regulación de la gestación subrogada en la entidad federativa de Tabasco.

Esta sentencia era una oportunidad de abordar los derechos de los involucrados y, particularmente, el interés superior de la niñez. Sin embargo, el análisis presentado careció del enfoque de niñez.

Lamentablemente el único que realmente visibilizó la cosificación de niñas y niños fue el Ministro Presidente Arturo Zaldivar Lelo Larrea, quien evidenció que el proyecto presentado ignora las recomendaciones emitidas tanto por el Comité de los Derechos del Niño y como de la Relatora sobre venta de niños y explotación sexual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) A/HRC/37/60 de 2018 que de manera muy clara enfatizan la vulneración de derechos de los niños y niñas con esta práctica.

En este sentido, resulta fundamental resaltar algunos elementos a considerar respecto a los bebés que nacen a partir de estos procedimientos. Primero, se abordan los derechos de todas las partes menos los de la infancia, por lo que los bebés quedan ignorados social y jurídicamente, vulnerando el interés superior de la niñez. Además, el bebé puede ser visto como “mercancía” pues es entregado a los solicitantes a cambio de un pago-como sucede en el tráfico de menores- y se crean espectativas de consumo basadas en ideales como belleza, salud, inteligencia, entre otros. Segundo, se vulnera su derecho a la identidad, a la nacionalidad y a conocer su origen, comúnmente los bebés pueden quedar en un limbo jurídico y burocrático ante pleitos por contratos entre particulares. Tercero, pueden ser víctimas de rechazo y discriminación ya sea por una discapacidad, problemas congénitos etc. Por último, no existe una garantía de que su destino sea una familia- como sí sucede con los procesos de adopción donde existen mecanismos de protección para evitar que sean víctimas de trata, pornografía, abuso sexual o tráfico de órganos.

Dada la resolución de esa discusión en la SCJN es evidente que le fallamos a las niñas y niños. Ha sido clara la ausencia del enfoque de niñez, lo cual preocupa de sobremanera pues estamos hablando del máximo tribunal constitucional del país.

Por ello se considera prioritario reforzar este enfoque no solo en el poder judicial sino desde la sociedad pues solo en la medida que incorporemos la visión del interés superior de la niñez podremos dar protección de los derechos de las niñas y niños y garantizar su bienestar. Desde Early Institute, se hace un llamado al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales para que todas las actuaciones respecto a la explotación reproductiva se prioricen dentro de la agenda pública para no fomentar la venta por encargo de bebés.