Sin unidad interna, futuro incierto para niñas y niños

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

En medio de debates sobre reformas estructurales y cambios políticos, las amenazas desde EE.UU. plantean una nueva pregunta: ¿qué posición debemos adoptar para enfrentar los cambios internos y externos? La respuesta me parece clara: unidad, sobre todo para garantizar bienestar y oportunidades a quienes más lo necesitan.

Si México no se fortalece desde dentro y no prioriza el desarrollo de quienes son más vulnerables, seguiremos, en el mejor de los casos, sorteando riesgos y esperando que las amenazas externas no se recrudezcan.

Cuando hablo de población vulnerable, me refiero, por ejemplo, a los seis millones de niñas y niños menores de seis años que viven en pobreza, una cifra que en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero alcanza alrededor del 70% de esta población.

Estas cifras no solo evidencian una crisis en los derechos de la niñez, sino que reflejan un país que no está construyendo sobre cimientos sólidos.

Ante esta situación, el equipo de Claudia Sheinbaum tiene la responsabilidad de consolidar a México desde su base: la niñez. Esto implica tomar cuatro decisiones urgentes:

Diagnóstico nacional completo. Sin información, no hay planeación efectiva. Es imprescindible homologar los datos desde la infancia y establecer indicadores comunes para medir avances.

Inversión real en cuidado, educación, salud y nutrición infantil. Un país fuerte invierte para cosechar frutos. Ampliar la cobertura de servicios y mejorar su calidad deben ser prioridades en el presupuesto.

Un Sistema Nacional de Protección para Niñas y Niños funcional. No basta con crear sistemas; es momento de fortalecer un mecanismo que garantice todos los derechos de la infancia.

Coordinación interinstitucional. La dispersión de esfuerzos ha sido un obstáculo histórico. Necesitamos herramientas que articulen acciones, evalúen resultados y aseguren políticas públicas efectivas y sostenibles.

Un país mejor no surgirá de grandes reformas aisladas ni de discursos bien intencionados, sino de nuestra capacidad de avanzar como una nación unida.

No hay margen para la indiferencia. El fortalecimiento del país empieza en casa, desde dentro, y, reitero, protegiendo primero a los más vulnerables.

¡Alto ya a la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes!

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

Es urgente proveer a las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país de un entorno seguro. Ya no es posible continuar con este clima de inseguridad que está vulnerando a las nuevas generaciones.

La violencia generada por el crimen organizado no da tregua y afecta a todos los sectores de la población en México. En particular, los daños a las niñas, los niños y los adolescentes causan desesperación y parece que el problema está muy lejos de ser resuelto.

No hace mucho en redes sociales circuló un video de Eduardo, un niño de Culiacán, Sinaloa, que imploraba acciones contra la inseguridad, luego de que dos de sus amigos murieran en un ataque armado en contra del padre de los dos menores. Eduardo, como miles de niñas, niños y adolescentes, vive con miedo y aterrorizado de que algo le pueda ocurrir en la calle, casa o escuela.

Las cifras que hoy se tienen con relación a la violencia y la población infantil son indignantes. Se calcula que 752 menores de edad tuvieron una muerte violenta en 2023. De esas muertes, se estima que 75 por ciento está relacionado con el crimen organizado. Peor aún, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes (ONPRENNA) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en los últimos años ha incrementado la participación de menores en las bandas criminales, sobre todo en labores de halconeo, extorsión, secuestro, homicidio y robo. Por otro lado, la organización civil Reinserta señala que hay al menos 30 mil niños, niñas y adolescentes reclutados por el crimen organizado en México.

El caso de José Daniel, un joven de 19 años reportado como desaparecido en Puebla, destapó una red de reclutamiento forzado que opera en Aguascalientes, donde lo detuvieron después de enfrentarse con la policía por marcarle el alto cuando conducía un auto sin placas. José Daniel dijo haberse incorporado a una red criminal por voluntad propia, pero que no le dijo a su familia para evitar problemas. La investigación arrojó que el joven fue obligado a trabajar en actos delictivos y tenía como encomienda reclutar a otros jóvenes de manera forzada.

Incluso los bebés corren peligro. Hace unos días se supo de René, un bebé de nueve meses que fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un asalto armado, ocurrido en la carretera federal Ahuazotepec-Zacatlán, en Puebla. El menor viajaba con sus padres en un carro, cuando sujetos a bordo de una camioneta los persiguieron y, al no detenerse, les dispararon.

La situación es alarmante y exige su atención inmediata, ya que el asesinato de menores está creciendo. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que la cifra creció 21% durante 2024: el año pasado se reportaron mil 93 crímenes de menores de edad, en comparación con 903 casos durante 2023.

Como se ve, es urgente proveer a las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país de un entorno seguro. Ya no es posible continuar con este clima de inseguridad que está vulnerando a las nuevas generaciones. En Early Institute —el único Think Tank mexicano de primera infancia— lamentamos que este tipo de casos siga en aumento y nos obliga a esforzarnos más por proteger a este grupo social. Las niñas, los niños y los adolescentes merecen todo el respeto a sus derechos y crecer en sitios que garanticen su pleno y sano desarrollo. Pongamos un alto a la violencia, exigiendo medidas integrales y planes de acción que involucren a las autoridades y a la sociedad, en general. De no actuar, estamos convencidos de que las consecuencias serán enormes.

 

Perpetuando los ciclos de pobreza e inequidad

Por: Renata Díaz Barreiro, Investigadora de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

La probabilidad en México de nacer en pobreza para las niñas, niños y adolescentes es la misma que lanzar una moneda al aire. Mientras que algunas niñas, niños y adolescentes nacen en hogares con estabilidad financiera, alimentación nutritiva y de calidad, acceso a educación, viviendas dignas y acceso a la salud o seguridad social, otros heredan una cadena de carencias que comienza desde que nacen y condiciona su vida a largo plazo.

La mitad de las niñas, niños y adolescentes en pobreza. Seguín el informe más reciente de Coneval y Unicef, Pobreza infantil y adolescente en México 2022, el 45.8% de las niñas, niños y adolescentes en el país vive en situación de pobreza lo que implica que carecen de los recursos necesarios para un desarrollo pleno​. Además, el 9.9% vive en pobreza extrema, lo que equivale a enfrentar privaciones tan severas que ni siquiera cuentan con una alimentación básica.

Además, en México, esto esta situación se profundiza si la niña o niño vive en una comunidad rural, se identifica con algún pueblo originario o vive un hogar encabezado por una madre joven, estos factores reducen drásticamente las posibilidades de salir de la pobreza.

A pesar de que es un periodo crítico para el desarrollo físico, cognitivo y emocional, la primera infancia sigue siendo el grupo poblacional más afectado por la pobreza. De acuerdo con la serie de desarrollo infantil temprano de The Lancet, las niñas y niños que crecen en pobreza tienen mayores probabilidades de enfrentar problemas de salud, rezago educativo y, en la edad adulta tendran dificultad para ingresar al mercado laboral, llegando a reducir hasta un 25% de su ingreso potencial a largo plazo.

El hecho de que niñas, niños y adolescentes se encuentren en pobreza, desmiente una de las narrativas más dañinas que perpetúan la desigualdad: la creencia en la meritocracia. Esto perpetúa la idea de que quienes logran el éxito lo hacen únicamente por su esfuerzo, ignorando las barreras estructurales que enfrentan quienes nacen en la pobreza.

La polarización social no es solo una consecuencia de la desigualdad, sino también una herramienta que la refuerza. Mientras la atención pública se centra en divisiones políticas y sociales, se deja de lado lo esencial: garantizar oportunidades equitativas para todas las niñas y niños del país. México no puede avanzar mientras casi la mitad de su infancia siga atrapada en condiciones de pobreza.

Se necesitan políticas públicas integrales y un presupuesto suficiente. Constitucionalmente, el gobierno tiene el deber de garantizar los derechos humanos sin embargo, a pesar de que se ha intentado combatir la pobreza a través de diversas políticas y programas, los resultados son insuficientes.

Según el informe, las transferencias monetarias han ayudado a reducir la pobreza por ingresos, pero la vulneración de los derechos sociales, como el acceso a servicios de salud y seguridad social, siguen siendo alarmantemente altas​. Esto pone de manifiesto que los programas actuales no atacan las raíces del problema, sino que apenas logran mitigar sus síntomas.

Necesitamos una estrategia integral: Garantizar la educación inicial, preescolar y básica de tiempo completo con servicios de nutrición, atención médica y educación de calidad podría marcar una diferencia significativa avanzando hacia un Sistema Nacional de Cuidados. Estos espacios no solo mejorarían las condiciones de vida de la niñez, sino que también aliviarían la carga de las familias, especialmente de las mujeres, quienes suelen ser las principales cuidadoras. Además, garantizarían que todos las niñas y niños, independientemente de su origen, tengan acceso a un punto de partida justo.

A pesar del que el reciente Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 incrementó en un 4.3 % los recursos para este sector, beneficiando principalmente a menores afiliados al IMSS y al ISSSTE, se deja fuera al 40 % de los niños y las niñas que carecen de seguridad social de acuerdo con el Coneval. Además, es importante señalar que el presupuesto carece de estrategias para reducir el rezago educativo, invertir en primera infancia o establecer un Sistema Nacional de Cuidados.

Un México para todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Desde Early Institute, hacemos un llamado a los tomadores de decisiones para que prioricen la inversión en la primera infancia como una estrategia fundamental de política pública. La falta de acción en este ámbito no solo perpetúa la pobreza y las desigualdades sociales, sino que también compromete el futuro del país.

El presupuesto destinado a la primera infancia debe enfocarse en asegurar un acceso universal y de calidad, sin discriminar a niñas y niños cuyos cuidadores están fuera del ámbito formal. Los programas sociales deben tener estrategias integrales que no solo apuesten a transferencias monetarias sino también a la educación, salud, nutrición, seguridad social, y una vivienda digna. Apostar por un Sistema Nacional de Cuidados como un eje estratégico de la política pública es esencial para garantizar un desarrollo equitativo desde la primera infancia.

Finalmente, es crucial que, como sociedad, dejemos atrás la polarización social y nos movilicemos colectivamente para reducir las desigualdades. Aspirar a un México donde todas las personas tengan la oportunidad de prosperar requiere comenzar por las niñas, niños y adolescentes. Este es el primer y más importante paso hacia un país donde nadie se quede atrás.

Objeción de conciencia; una materia a considerar en México

Por: R. Vincent Morfín Calvo, Ejecutivo de Asuntos Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

Invitamos a que se escuchen todas las voces involucradas en la materia para emitir una legislación vanguardista que proteja de manera integral los derechos de toda la ciudadanía.

La objeción de conciencia es una figura jurídica que otorga a una persona la facultad de desobedecer una ley o un mandato de autoridad cuando éste viola sus creencias o convicciones; es una protección de los derechos más íntimos del individuo frente al poder del Estado.

También es un mecanismo que permite salvaguardar los derechos de las minorías ante las decisiones de la mayoría que, en ocasiones, pudieran entrar en conflicto con su cosmovisión y con sus libertades esenciales que forman parte de la esfera más personal del ser humano, como lo son, sus convicciones morales o éticas.

En ese sentido, en el año 2018, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley General de Salud para adicionar un artículo 10 Bis y establecer así un parámetro regulatorio inicial de la objeción de conciencia en este ámbito; dicha reforma aludía que la objeción de conciencia podía ser invocada para excusarse de participar en la prestación de servicios que establece dicha Ley; lo anterior, con la excepción de casos en que se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica; la desobediencia a esta norma generaría consecuencias de responsabilidad profesional y su ejercicio no debía derivar en ningún tipo de discriminación laboral.

No obstante, en septiembre del año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 54/2018 mediante la cual se declaró la invalidez de la citada reforma por considerar que esta disposición no establecía los lineamientos y límites necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas, en especial, el derecho a la salud.

A raíz de la decisión de la Suprema Corte, se han presentado diversas iniciativas que buscan establecer nuevos parámetros para regular la objeción de conciencia. La más reciente, es un proyecto de reforma aprobado por la Cámara de Diputados y turnado al Senado de la República, mediante la cual se buscan establecer nuevos parámetros regulatorios en materia de objeción de conciencia, mismos que armonizan con las determinaciones de la Suprema Corte.

Dicho lo anterior, una premisa de gran preocupación para el sector médico y de enfermería es que la regulación que se discute el día de hoy en el Congreso de la Unión busca inhibir la objeción de conciencia para que ésta no pueda ser invocada en situaciones específicas, por ejemplo, para la comisión de abortos.

Los países que cuentan con las legislaciones más avanzadas en materia de objeción de conciencia, como Estados Unidos y Alemania, han creado sistemas legales integrales que permiten a todos sus ciudadanos, bajo determinados supuestos bien detallados, abstenerse de cumplir alguna obligación legal en temas relacionados con la salud, educación, derechos cívicos, entre otros.

Sin embargo, debe decirse que en estos países no queda duda de que la obligación de garantizar y financiar los costos del derecho a la objeción de conciencia corre a cargo del Estado y de sus instituciones públicas, quienes deben asegurar los presupuestos o condiciones necesarias para garantizar a los ciudadanos “objetores” dicho derecho.

En Early Institute, nos pronunciamos a favor de impulsar un marco legal adecuado para reconocer y ampliar el derecho a la objeción de conciencia de todos los mexicanos, como una de las prerrogativas esenciales que derivan de la libertad de conciencia y religión garantizadas ampliamente los sistemas internacionales en materia de derechos humanos, así como el artículo 24 de nuestra Constitución. Invitamos a que se escuchen todas las voces involucradas en la materia para emitir una legislación vanguardista que proteja de manera integral los derechos de toda la ciudadanía.

 

Suicidio infantil: un llamado a la responsabilidad colectiva

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

El suicidio infantil es una tragedia que desgarra el corazón de familias y comunidades. En México, según el INEGI, es la segunda causa de muerte en niños y adolescentes de 10 a 19 años, con una tendencia preocupante al alza. Se estima que alrededor del 5% de los menores en este rango de edad ha intentado suicidarse al menos una vez en su vida.

El aislamiento, la violencia sexual y el acoso en redes sociales son algunos de los factores determinantes que los expertos han identificado como detonantes de esta problemática.

En México, los servicios de salud mental especializados son insuficientes, y la prevención en las escuelas es deficiente. Aunque algunas instituciones educativas han comenzado a implementar programas de atención psicológica, la gran mayoría carece de protocolos claros y de articulación con otros actores clave. En comunidades rurales, donde el acceso a estos servicios es prácticamente inexistente, los niños, niñas y adolescentes quedan aún más vulnerables.

A esto se suma la falta de educación emocional desde edades tempranas. Muchos niños no cuentan con herramientas para identificar y gestionar sus emociones, lo que los deja expuestos a situaciones que no saben cómo afrontar. Los especialistas recomiendan integrar programas de inteligencia emocional en las escuelas, acompañados de talleres para madres, padres y cuidadores que fomenten un entorno familiar más sano y abierto al diálogo.

También es esencial invertir en la formación de profesionales en salud mental infantil, creando incentivos para que más especialistas se dediquen a esta área, pues su intervención puede marcar la diferencia en la prevención.

Las cifras y testimonios nos recuerdan que el suicidio infantil no es un problema privado; es el reflejo de un entorno social y emocional que no hemos logrado sanar. Desde la visión de los expertos, abrir una conversación responsable sobre este tema es esencial. Sin embargo, esta debe ir acompañada de acciones concretas: capacitación a docentes, ampliación de redes de apoyo y aseguramiento de que las políticas públicas realmente lleguen a quienes las necesitan.

Es momento de reconocer que el silencio y la inacción tienen un costo devastador. Cada niño o joven que pierde la vida nos recuerda la urgencia de construir comunidades más empáticas. No podemos seguir postergando la tarea de fortalecer la salud mental infantil.

Al final, la pregunta no es solo qué está haciendo el gobierno, sino qué estamos haciendo todos como sociedad.

Voces infantiles silenciadas

Por: Adrián Zentella, Investigador de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

El inicio de todo nuevo sexenio representa una oportunidad importante para abordar temas pendientes y deudas sociales, y en México, probablemente, no hay deuda histórica más importante que la pendiente con las víctimas de la violencia.

En la reciente presentación de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024), funcionarios del INEGI expusieron que, alrededor de 93% de los delitos cometidos 2023 no se denunciaron o la autoridad o no se inició una carpeta de investigación para procesarlos, dejándolos impunes. Los mismos funcionarios destacaron que, a pesar de los diversos esfuerzos realizados, las cifras relacionadas con la impunidad prácticamente no han cambiado en los últimos 10 años.

Bajo este contexto, uno de los temas más preocupantes es la alta impunidad que aún persiste cuando hablamos de delitos sexuales. De acuerdo con esta misma encuesta, la cifra de delitos no denunciados corresponde a 83.8% en el caso de violación y a 96.8% en el caso de hostigamiento o intimidación sexual.

De todos estos casos impunes, quizá no existen más impactantes que aquellos cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Según la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas, en México unas 600 mil personas son víctimas de delitos sexuales cada año. De todas ellas, 4 de cada 10 son menores de edad. Pero ¿qué podemos hacer?, si el problema es tan grave, ¿porque las víctimas no denuncian?

Al respecto la ENVIPE también ofrece algunas respuestas. Al consultar con las personas, por qué no denuncian los delitos de los que son víctimas, 6 de cada 10 mencionaron alguna razón relacionada con una mala percepción de las autoridades o los procesos de justicia. El 34.4% de la población que no denunció un delito del que fue víctima cree que denunciar es una pérdida de tiempo, el 12.7% no confía en las autoridades, el 9.8% considera que los trámites son muy largos o complicados, el 3% percibe una actitud hostil de las autoridades al momento de denunciar y un 1% es extorsionado cuando intenta hacerlo.

Para empeorar el panorama y tal vez confirmado las razones para no denunciar, la OCDE ha estimado que en México solo el 1% de los casos de abuso sexual infantil reciben sentencia. Ante esto, nos preguntamos ¿Cómo arreglar un sistema tan roto?, ¿cómo hacer que las víctimas hablen? ¿cómo pagar la deuda que se tiene con NNA víctimas de violencia sexual?

En primer lugar, es fundamental garantizar, en la práctica, el principio de mínima intervención y la no revictimización de NNA en procesos de acceso a la justicia, asegurando la participación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en todos los casos que involucren a un menor, así como la implementación del testimonio único cuando un NNA sea víctima o testigo en proceso de justicia. En el mismo sentido, también se debe fomentar la grabación de testimonios de menores en las primeras etapas de procesos judiciales para verificar su credibilidad, así como la adopción de herramientas para la obtención estos testimonios como ANTENAS, títeres digitales que permiten construir testimonios confiables sin revictimizar a los menores.

Además, también es necesario replantear la forma en la que el sistema de justicia interactúa con los NNA. Por ejemplo, algunos jueces no utilizan las recomendaciones de los protocolos especializados para juicios que involucran el testimonio de NNA, como el Protocolo para Juzgar con perspectiva de Infancia y Adolescencia, descartando sus testimonios por no ser creíbles, sin considerar si estos se generaron siguiendo los procedimientos adecuados, invalidando la voz de los menores y revictimizándolos. Para evitar esto, es necesario hacer obligatorio el uso de protocolos, convirtiéndolos en reglamentos que los jueces deban seguir en todos los casos que involucren, por ejemplo, el presunto abuso de un menor.

Acabar con la impunidad sólo será posible cuando las víctimas tengan una voz. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el desafío de reconstruir los sistemas de protección y justicia de la primera infancia, cambiando la forma en cómo estos interactúan con los niños, niñas y adolescentes, a fin de mejorar su acceso a la justicia y acabar con la impunidad. Y nosotros como hermanos, maestros, padres y cuidadores, tenemos la obligación de exigir que esta protección sea efectiva.

 

Niñez migrante, un desafío en múltiples ámbitos

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

Lo más apremiante es que las estancias migratorias, las fronteras, los hospitales y los centros de cuidado deben incorporar estándares reforzados para la protección de niñas, niños y adolescentes.

Hace unas semanas, la noticia de la muerte de un niño por inanición conmocionó al país. Se trató del hijo de una mujer rusa que fue hallado en un departamento de la Ciudad de México con signos de desnutrición y deshidratación. Aunque se saben algunos datos de los padres, la situación legal del menor sigue esclareciéndose, planteando incógnitas que se relacionan con la migración.

Este indignante episodio se da en el marco de la llegada de Donald Trump a la presidencia norteamericana, quien desde su primer día como mandatario se ha dedicado a firmar distintas órdenes para restringir el paso de los migrantes que pretenden ingresar a Estados Unidos. De igual modo, las medidas afectan a miles de familias de indocumentados de diversos países, advirtiendo la posibilidad de una nueva ola de deportaciones masivas.

Dada la cercanía, México sería el destino inmediato para los deportados, lo que ha motivado la implementación de instalaciones temporales en diversas ciudades fronterizas, entre otras acciones.

La migración es un fenómeno que adquiere especial delicadeza cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Ante su relevancia, existe un proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM), el cual establece criterios y la verificación para la prestación de servicios de refugios para mujeres en situación de violencia familiar, así como para sus hijas e hijos; su objetivo es garantizar que sus beneficiarios reciban atención integral, segura, gratuita y especializada con un enfoque de derechos humanos e interculturalidad.

En 2021, Early Institute logró incidir en dicho proyecto de NOM con comentarios para reconocer que el interés superior de la niñez es un principio que debe regir en todos los ámbitos, principalmente en materias como la migratoria, la seguridad pública, la salud y la educación.

Incluso también se buscó visibilizar a niñas, niños y adolescentes en situación de refugio como sujetos beneficiarios de dicha norma, y establecer parámetros reforzados de protección en diferentes áreas que garanticen el bienestar de las y los menores.

Lo más apremiante es que las estancias migratorias, las fronteras, los hospitales y los centros de cuidado deben incorporar estándares reforzados para la protección de niñas, niños y adolescentes y reconocer que cuando se trate de este grupo social deben existir protocolos reforzados, medidas emergentes y mecanismos de la más alta prioridad para su atención. Sin duda, es un error dejar esta tarea únicamente a la legislación general en materia de niñez, ya que se requiere un enfoque transversal en todos los ámbitos.

Hoy es inadmisible que en México no se incorpore el interés superior de la niñez como eje rector de cualquier política o acción de gobierno, pues la gravedad se acentúa en situaciones tan sensibles como lo es la movilidad humana.

Desde Early Institute hacemos una respetuosa invitación a retomar los parámetros de protección de este proyecto de NOM, a efecto de establecer un estándar mínimo para el correcto funcionamiento de los refugios que servirán de albergue para las personas deportadas y, principalmente, garantizar condiciones de bienestar y la protección reforzada de los derechos de la niñez migrante en tanto se resuelve su situación. No permitamos que niños y niñas sufran las consecuencias de los descuidos legales que pueden llegar a cobrarles la vida.

Infancia segura, clave para reconstruir el tejido social

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Uno de los temas centrales en la agenda pública de los últimos años ha sido la violencia. Hablamos con frecuencia de violencia generalizada, de su normalización y de un tejido social fracturado.

Pertenecemos a generaciones que han sido testigos de violencia en el hogar, a menudo justificada como disciplina. Esta problemática persiste, pues hoy en día, más de la mitad de las niñas y los niños enfrentan violencia en sus propias casas desde una edad muy temprana.

Los casos se cuentan por miles. Tan solo en 2022, se registraron más de 3,300 carpetas de investigación por violencia familiar contra niños de 0 a 4 años. En ese mismo año, hubo 2,438 denuncias por delitos sexuales contra niñas y niños menores de cinco años, quienes fueron vulnerados en los espacios donde deberían sentirse más seguros y por las personas responsables de protegerlos.

No hemos comprendido que estas experiencias de violencia no solo afectan su bienestar inmediato, sino que también comprometen su salud mental y su capacidad para establecer relaciones seguras en el futuro.

Dentro de los hogares, hay mucho por hacer. La falta de apoyo a los cuidadores, el desconocimiento sobre el desarrollo infantil y el limitado acceso a recursos para una crianza adecuada son problemas evidentes.

Es fundamental fortalecer los programas de parentalidad y crianza positiva. Estos programas deben abordar no solo diversas formas de crianza, sino también la gestión del estrés y el uso de disciplina no violenta.

Sin embargo, prevenir la violencia en el hogar es solo una parte de la solución.

El acceso a la justicia es otro pilar crucial para reconstruir el tejido social. Los procesos judiciales, a menudo largos y revictimizantes, agravan el trauma de las niñas y los niños, desincentivando las denuncias.

La falta de coordinación entre sectores como salud, educación y las Procuradurías de Protección fragmenta la atención y perpetúa la revictimización. Además, es imprescindible capacitar al personal educativo y de salud para identificar signos de violencia y activar los mecanismos de protección adecuados.

En conclusión, prevenir la violencia desde los primeros años de vida, garantizar el acceso a la justicia y fomentar la colaboración interinstitucional son pasos fundamentales para reconstruir el tejido social. Pero el más importante es asumir un compromiso con nuestras niñas y niños, un compromiso que hasta ahora no hemos asumido plenamente.

Mortalidad materna en México: un reflejo de desigualdad estructural

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

La mortalidad materna es uno de los indicadores más claros de las desigualdades sociales en México. Aunque en 2024 se registró una disminución del 18% respecto a 2023, especialistas señalan que este avance no puede atribuirse a mejoras en las políticas públicas de salud, sino a factores como la reducción del número de nacimientos y al esfuerzo invaluable de las parteras tradicionales.

En muchas comunidades, estas mujeres representan la única opción ante la ausencia de servicios médicos accesibles y funcionales, lo que evidencia las fallas estructurales del sistema de salud.

Las principales causas de muerte materna, como las hemorragias obstétricas y los trastornos hipertensivos, son evitables con acceso oportuno a atención médica de calidad para las mujeres embarazadas. Sin embargo, estados como Guerrero, donde la razón de mortalidad materna duplica el promedio nacional, reflejan la brecha territorial que condena a cientos de mujeres a enfrentar embarazos en condiciones de alto riesgo.

La realidad detrás de estas cifras es alarmante: las mujeres en contextos de pobreza, marginación y desigualdad estructural enfrentan mayores riesgos durante el embarazo. México, aún lejos de cumplir con los compromisos internacionales en este tema, evidencia una falta de políticas públicas sostenidas y soluciones basadas en evidencia para abordar las disparidades que perpetúan esta problemática.

Garantizar una disminución sostenida de la mortalidad materna requiere una transformación profunda del sistema de salud y una atención prioritaria a los determinantes sociales que perpetúan esta desigualdad. Invertir en infraestructura, capacitación y recursos médicos, atender emergencias obstétricas y fortalecer la partería como un eje estratégico son acciones imprescindibles.

Cada muerte materna es una tragedia evitable que nos recuerda que garantizar la vida de las mujeres no es un objetivo aspiracional, sino una obligación impostergable.

El reclutamiento forzado alcanza a niñas, niños y adolescentes

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

El reclutamiento forzado pone en riesgo a la población infantil y adolescente de nuestro país y es necesario emprender estrategias que detengan su propagación.

Inicia un año y los problemas de violencia en México siguen generando sucesos lamentables que afectan a niños, niñas y adolescentes. Uno de ellos es el reclutamiento forzado que ejerce la delincuencia organizada en este grupo social. El reclutamiento forzado incluye acciones realizadas por organizaciones criminales como cárteles de droga, familiares criminales y pandillas para incorporar a menores de edad a sus filas y hacerlos delinquir.

En los últimos años, esta problemática ha ido creciendo en el país sin que exista un registro que dé cuenta de lo que se vive en realidad. Sin embargo, entidades como el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA) ya reconocían esta actividad en 2019 y advertían la necesidad de desarrollar un programa de atención para combatirla.

Ante la falta de información, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano publicaron en 2021 el informe Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México. Acercamientos a un problema complejo, en el que se dice que “entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por alguna agrupación delictiva a lo largo del país”.

En los primeros días de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió una alerta general a toda la población sobre el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por medio de plataformas y juegos en línea. Este entorno digital es un escenario propicio que se suma a otros factores de riesgo como son la pobreza, la marginación, el abandono, la violencia intrafamiliar, entre otros.

Así mismo, en su Balance Anual REDIM 2024: Situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en México, la REDIM recomienda “tipificar como delito el reclutamiento y utilización de niñez y adolescencia atendiendo estándares internacionales”.

El reclutamiento forzado pone en riesgo a la población infantil y adolescente de nuestro país y es necesario emprender estrategias que detengan su propagación, privilegiando el respeto de sus garantías y estableciendo alternativas de mejora de sus condiciones sociales.

En Early Institute hacemos un respetuoso llamado a las autoridades para atender esta terrible situación de un modo eficaz e integral. Reconocemos que se trata de un fenómeno complejo y difícil de estudiar; sin embargo, es indispensable enfrentarlo cuanto antes. Es inadmisible que las niñas, los niños y los adolescentes de México sean obligados a cometer atropellos cuando lo que merecen es vivir seguros y recibir toda nuestra atención y protección.