Cuidados afectivos para niñas, niños y adolescentes

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Urge la necesidad por implementar estrategias que promuevan prácticas de crianza libres de violencia, que garanticen un desarrollo adecuado en los primeros años de vida y promuevan tratos más afectivos.

La atención a niñas, niños y adolescentes (NNA), en México, se encuentra en un punto crítico. En los últimos años, se ha registrado un aumento de violencia incluso en los métodos de crianza, cuando este tipo de procesos debiera ser lo más cuidadoso y cariñoso posible.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2023, organizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en México, 52% de NNA de 1 a 14 años fue sometido a algún tipo de disciplina violenta como castigos físicos o agresión psicológica. Esta situación comienza en la primera infancia (46.1%) y aumenta en la adolescencia (54.2%). De este alto porcentaje, 4.7% recibe castigos físicos severos, que incluyen golpes en la cara y cabeza o palizas. Este porcentaje equivale a 1,492,498 niñas, niños y adolescentes.

Con estos datos surge la necesidad por implementar estrategias que promuevan prácticas de crianza libres de violencia, que garanticen un desarrollo adecuado en los primeros años de vida y promuevan tratos más afectivos.

Hay que decir que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya reconoce el derecho de la niñez y adolescencia a vivir libres de toda forma de violencia y a que se proteja su integridad personal. Incluso en 2024 se definió la crianza positiva como un conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que promueven el desarrollo, bienestar y crecimiento saludable de NNA, sin recurrir a castigos corporales ni tratos humillantes. Pero las acciones no han sido suficientes.

Por esta razón, recientemente la senadora Anahí González, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una propuesta legislativa, desarrollada por Early Institute y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para fortalecer el marco normativo para la prevención y atención del castigo corporal y humillante en NNA.

La iniciativa incluye: a) reformar artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer como obligación de quienes ejercen la patria potestad abstenerse de cualquier atentado contra la integridad física y psicológica de los menores; b) incluir en esa ley como forma de violencia el descuido, la negligencia y el abandono de NNA y así prohibir estas prácticas; c) modificar la Ley General de Educación para señalar como obligación y derecho de quienes ejercen la patria potestad o la tutela que el proceso educativo se realice sin castigos corporales ni humillaciones; y d) modificar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para establecer como obligación de las autoridades a que la prestación de los servicios dirigidos a la población infantil se oriente a lograr un entorno seguro y protegido contra el castigo corporal o humillante, descuido, negligencia y abandono.

En este sentido, desde Early Institute instamos a los legisladores a garantizar el derecho de NNA a vivir en entornos afectivos, libres de violencia y positivos, y hacemos un llamado a la colaboración y corresponsabilidad entre las familias, la sociedad y las autoridades para prevenir, identificar y atender a niñas, niños y adolescentes expuestos a cualquier tipo de violencia física y psicológica. Nuestra participación es fundamental y la respuesta a esta problemática ya no puede esperar.

A un mes de Teuchitlán

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de: Proceso

La magnitud de los hechos de Teuchitlán expuso una red de impunidad que trasciende lo local. La pertinencia de un diagnóstico con perspectiva nacional, como el dado a conocer por el gobierno federal, representa un pequeño paso, la ruta mínima ante la barbarie.

A casi cinco semanas de revelarse públicamente el caso Teuchitlán es importante dimensionar que este episodio asomó un fragmento del fenómeno de violencia generalizada contra niños y adolescentes en México, cuyos alcances significaron poco más que un hecho aislado. Los hallazgos encontrados en el Rancho Izaguirre, gracias a los esfuerzos de colectivos de madres y padres buscadores muestran una herida profunda y lacerante, reflejo de una crisis estructural de desigualdad, impunidad y abandono institucional.

El reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes (NNA) por el crimen organizado es un fenómeno creciente que durante los últimos años ha encendido los focos rojos en la agenda global de protección a la infancia, especialmente en América Latina.

En nuestro México la Red por los Derechos de la Infancia calcula que alrededor de 250 mil NNA están en riesgo de ser reclutados por células del crimen organizado. Si bien se trata de un cálculo, lo cierto es que esta cifra no debería significarnos una estadística inocua, como otras que igualmente evidencian síntomas intolerables de violencia sistémica hacia la niñez.

Hablamos de historias de niños con nombre y apellido, adolescentes y jóvenes atrapados en un ciclo de explotación, la gran mayoría provenientes de entornos de pobreza, violencia intrafamiliar o comunidades donde el crimen representa su única alternativa de vida.

En medio de la crisis que suscitaron estos hallazgos, cobró relevancia mediática el reporte elaborado por la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2021 y dado a conocer en 2024, titulado “Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México”, mediante el cual desde el gobierno federal se delimitan diversas líneas de acción en el ámbito normativo, la reconstrucción del tejido social, entornos seguros, prevención y procuración de justicia en el abordaje institucional de este problema.

Naturalmente a raíz de Teuchitlán dicho documento ganó notoriedad y representó un nuevo aliciente para que organizaciones y actores sociales ganaran espacios en la visibilización de este tema en la agenda pública tras décadas de lucha.

Se sabe, que dicho reporte en realidad obedeció a una ruta de litigio estratégico ­–además de diversas reacciones por parte de la ONU– en aras de exigir una respuesta oficial para la contención de grupos criminales en zonas de alta incidencia delictiva y, por ende, proclives al reclutamiento de niños y adolescentes.

Si se analiza a detalle, el mecanismo presentado por la Segob – independientemente del momento en que este se haya publicado– representa un punto de partida loable porque articula con claridad los componentes de una estrategia basada en la prevención integral del delito, como lo mandata la ley, además de transparentar los factores reales que inciden en la prevención de esta forma de violencia hacia la niñez y adolescencia.

El reporte además explica los parámetros que permiten identificar el modo de operación del reclutamiento de NNA por parte del crimen organizado o grupos armados, tales como factores individuales, familiares, sociales, comunitarios, el uso de redes digitales para este propósito, así como un análisis georreferenciado de las entidades o regiones donde prevalece mayor riesgo para el reclutamiento de menores. En tal sentido, desde la letra es impecable.

La magnitud de los hechos de Teuchitlán expuso una red de impunidad que trasciende lo local. La pertinencia de un diagnóstico con perspectiva nacional, como el dado a conocer por el gobierno federal, representa un pequeño paso, la ruta mínima ante la barbarie. No obstante, el momento es propicio no sólo para el análisis, se requiere pasar al terreno de la implementación y las respuestas.

La Segob, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tienen en sus manos la oportunidad histórica de hacer operables en este caso los esquemas de coordinación previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuentan no sólo con los medios normativos y democráticos para coordinar los aspectos esenciales en materia de seguridad y procuración de justicia, sino también para involucrar de manera prioritaria –como ha sido la legítima demanda de cientos de madres y padres buscadores– a otras instituciones hasta ahora ausentes en la ecuación, como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda.

En medio de todo este panorama se ha dado una señal que puede marcar signos de voluntad política ausente desde el gobierno anterior. Me refiero a la atención que la titular de la Secretaría de Gobernación tuvo a bien brindar, cual es su obligación, a los grupos buscadores mediante la organización de las mesas de diálogo y encabezado de manera personal, con actitud de escucha para incentivar, al menos, que todos levanten la voz tantas veces acallada.

A un mes de Teuchitlán muchas cosas se han removido en el ánimo nacional, pero lo más importante es la creciente expectativa de que finalmente este gobierno pueda brindar verdad y justicia a miles de familiares de niños y adolescentes desaparecidos en este país.

* Abogado, doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Director Ejecutivo del Think Tank mexicano Early Institute

Hablemos de maternidad tardía y técnicas de reproducción asistida

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Si bien la tecnología se convierte en un aliado para la solución de problemas de la fertilidad, hay aún muchos vacíos médicos y legales, así como riesgos y un desgaste, tanto emocional como económico.

Todavía en la actualidad hay temas que suelen estar ocultos o de los que se habla poco cuando deberían ser parte de las discusiones públicas. Uno de ellos es la reproducción asistida y sus implicaciones, que pese a su desarrollo sigue siendo una práctica complicada, costosa y de muchos altibajos. Y otro es la afectación emocional por el retraso de la maternidad.

En su libro Querida desconocida, la periodista española Júlia Bertran Lafuente narra su propia experiencia en la búsqueda de convertirse en madre a sus 40 años y presentando dificultades físicas para lograrlo. La solución fue la donación de óvulos y adentrarse en las exigencias de métodos artificiales y técnicos que conocía someramente.
Cabe señalar que la escritora nunca se había planteado ser madre y cuando se abrió a la posibilidad de serlo, concluyó que en su caso el rechazo a la maternidad era una misoginia interiorizada, pues en sus palabras “yo quería ser como un hombre, porque en mi época los referentes académicos, culturales y políticos eran sobre todo masculinos”.
Querida desconocida es un testimonio de lo que significa ser parte de la industria de la reproducción asistida, pero es también una reflexión sobre lo que está ocurriendo hoy en día con muchas mujeres que han decidido retrasar la maternidad o bien, anularla. Dice la autora en varias entrevistas: “Renunciar a la maternidad creyendo que estamos preservando nuestra libertad es erróneo. Lo que hay que hacer es avanzar en corresponsabilidad, tanto en la crianza como en la reproducción”.

Agrega: “Retrasar tanto la maternidad cuando podía haber sido madre más joven, es una culpa muy útil al sistema porque genera ostracismo y hace que te encierres, que no lo hables y que no te des cuenta de que es un problema estructural que compartimos muchas mujeres”.

Para Júlia Bertran Lafuente su experiencia fue una oportunidad para visibilizar también a las mujeres que donan sus óvulos y que suelen estar en situaciones sociales desfavorables, lo que la orilló a reconocer la falta de garantías para proteger y asegurar el bienestar físico y emocional de quienes acceden a someterse a riesgos quirúrgicos para extraer sus gametos.
Asimismo critica a las clínicas de fertilidad por inflar las tasas de éxito y normalizar la maternidad tardía pese a la salud física y emocional de las mujeres. El debate que se plantea en Querida desconocida va entre la culpa por no haber sido madre antes y contribuir a una industria que mercantiliza la maternidad. En sí, el libro busca abrir un diálogo y cuestionar la falta de soluciones públicas para la reproducción.

En Early Institute abogamos por la importancia de repensar el valor de la maternidad no como un lastre sino como un suceso extraordinario, una posibilidad de vida, generador de vínculos y cuidados y la forma más sublime de trascender. Por otro lado, es fundamental estar informados cuando se trata de técnicas de reproducción asistida porque si bien la tecnología se convierte en un aliado para la solución de problemas de la fertilidad, hay aún muchos vacíos médicos y legales, así como riesgos y un desgaste, tanto emocional como económico de dimensiones desproporcionadas, que afectan a los involucrados en las concepciones artificiales. Sin duda son asuntos complejos, pero muy útiles cuando salen a la luz y se tratan con suficiente evidencia para decidir de la manera más adecuada.

La educación como víctima del crimen organizado

Por: Sandra Espinosa
Publicación original de: El Heraldo de México

Las consecuencias de la violencia ocasionada por el crimen organizado son evidentes y diversas; por mencionar algunas: México vive desplazamientos internos, reclutamientos, extorsiones, homicidios, entre otros delitos

El crimen organizado se ha convertido en una amenaza para el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en México. De acuerdo con información de la organización civil Mexicanos Primero, en al menos siete estados de la República, mencionando Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Morelos, Tabasco y Baja California, la violencia generada por el crimen organizado ha impedido que la educación se lleve a cabo de manera cotidiana durante el inicio de este año 2025.

El comunicado de Mexicanos Primero señala que la violencia e inseguridad provocada por el crimen organizado, a través de balaceras, homicidios y la colocación de narcomantas, han obligado a muchas escuelas a cerrar, completamente o de manera intermitente, a llevar clases en línea, o a que las familias no se sienten seguras de llevar a sus hijos a la escuela, elevando el ausentismo escolar.

Las consecuencias de la violencia ocasionada por el crimen organizado son evidentes y diversas; por mencionar algunas: México vive desplazamientos internos, reclutamientos, extorsiones, homicidios, entre otros delitos. Sin embargo, una de las afectaciones a la que debemos prestar especial atención es a la interrupción de la educación, que compromete el futuro de la niñez y adolescencia mexicana.

La educación es un derecho de todas las personas, pero de gran importancia para niñas, niños y adolescentes, pues la educación tiene como principal objetivo el pleno desarrollo de su personalidad. A través de la educación, las niñas y niños adquieren no solo conocimientos académicos, sino también valores, habilidades sociales y herramientas para que comprendan y ejerzan plenamente sus demás derechos.

Además de que la educación permite combatir desigualdades, pues actúa como una herramienta clave en la disminución de la pobreza. Según la UNESCO, un año adicional de escolaridad incrementa los ingresos de una persona hasta un 10%.

Las y los estudiantes del estado de Sinaloa son de los más afectados, ya que desde septiembre de 2024 se enfrentan a una guerra entre grupos del crimen organizado. Esto ha generado que las autoridades implementen medidas que pretenden proteger a niñas y niños de la violencia en las escuelas.

A principios de febrero, la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, afirmó que existen protocolos establecidos para salvaguardar a estudiantes dentro de las escuelas en situaciones de riesgo. Además, el 20 de febrero de este año, la misma Secretaría anunció que, debido a los constantes hechos de violencia en Culiacán, estudiantes de todos los niveles recibirían clases de manera virtual como medida preventiva.

Si bien estás medidas resultan necesarias para prevenir situaciones que pongan en peligro la vida y seguridad de las y los estudiantes, es necesario que se haga conciencia de que esto no es suficiente para garantizar que la educación se ejerza de manera plena.

Una clase en línea no sustituye la interacción en un salón de clases, el jugar con amigas y amigos, el acompañamiento de maestras y maestros, sin olvidar -además-, que no todas las familias cuentan con los recursos necesarios, como una computadora o acceso a internet, que les permita a sus hijos tomar sus clases de manera adecuada.

No podemos permitir que la violencia transforme el ir a la escuela en una situación de incertidumbre y peligro. La educación no puede ser una víctima más del crimen organizado y como sociedad debemos exigir soluciones efectivas para que se ejerza de manera plena el derecho a la educación y debemos participar activamente en la construcción de entornos seguros para la niñez y adolescencia.

Urge una cultura de paz para proteger a la niñez mexicana

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

La población infantil ha sido muy afectada por las acciones del crimen organizado, pues su reclutamiento forzado ante carencias económicas, compromete su integridad física, psicológica y emocional.

México sigue en conmoción por un caso de proporciones mayores. Se trata de lo que un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas (Guerreros Buscadores de Jalisco) descubrió en un rancho del municipio de Teuchitlán, en el estado de Jalisco. En una transmisión en vivo, el colectivo documentó por lo menos cuatro crematorios clandestinos, cuatro fosas clandestinas, ropa, calzado y diversas pertenencias de posibles víctimas del crimen organizado en el rancho Izaguirre. Dicho sitio presuntamente servía como centro de reclutamiento y exterminio de células delictivas para captar y entrenar a jóvenes.

Lo más llamativo es que fue desde septiembre de 2024 cuando la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco realizaron un operativo y el aseguramiento del inmueble, donde fueron rescatadas dos personas, hubo detenidos y se localizaron varias armas, chalecos tácticos, casquillos e incluso restos óseos quemados. Sin embargo, no se hizo mayor indagatoria.

Sin duda, este suceso arroja luz sobre la crisis de violencia que impera en México, el fracaso del Estado por garantizar un entorno libre de violencia hacia sus ciudadanos y la posible colusión de autoridades con grupos del crimen organizado.

La gravedad es mayor por la afectación a niñas, niños y adolescentes que suelen ser captados por la delincuencia organizada, pues tanto a nivel federal como en diversas entidades federativas, no existen criterios mínimos homologados para definir, tipificar, perseguir y castigar el reclutamiento forzado.

Los hallazgos de Teuchitlán representan un golpe de realidad y evidencian el deterioro del Estado de derecho y la ausencia de mecanismos de protección efectiva hacia la ciudadanía, particularmente hacia aquellos que merecen una protección reforzada por parte del Estado. Desafortunadamente, el panorama se empeora ante la normalización de la violencia, haciendo que prevalezca la insensibilidad ante hechos tan lamentables como lo sucedido en ese municipio y otros más que se saben día tras día.

Este triste caso resalta la urgente necesidad de varias acciones, pero principalmente apremia colocar a niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas públicas de prevención de actos delictivos, así como contar con herramientas efectivas con perspectiva de niñez que garanticen sus derechos humanos fundamentales.

Esto es relevante si se considera que, desafortunadamente, en los últimos años, este grupo poblacional ha sido muy afectado por las acciones del crimen organizado, pues su reclutamiento forzado ante carencias económicas, entre otros factores, compromete su integridad física, psicológica y emocional.

Desde Early Institute exhortamos a las autoridades a actuar a favor de un restablecimiento de un Estado de derecho e implementar una cultura de paz, principalmente, para niñas, niños y adolescentes. Es vital reforzar al sistema judicial, de manera integral, ante la complejidad y magnitud de la problemática de seguridad que se vive en México. Ello significa replantear estrategias de prevención del delito, de persecución y sanción de las conductas típicas y generar planes de restitución integral hacia las víctimas. No hay que olvidar que la responsabilidad de garantizar a los más vulnerables un entorno seguro es compartida y ello exige un trabajo coordinado, colaborativo y con miras a obtener resultados.

Cuidar a la infancia mexicana debe ser lo primero

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

Nuestro país se ha quedado atrás en el cumplimiento de los derechos de niñas y niños desde sus primeros años de vida, mientras países de nuestra región apuestan por la infancia con una visión de largo plazo.

En la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales, es esencial establecer alianzas y conformar, de manera integral, un abanico de posibilidades. Es por ello que, en respuesta a las necesidades de las niñas y los niños de México, se organizó el foro “Prioridades de Atención de la Primera Infancia 2024-2030”, encabezado por el Senado de la República. Al encuentro acudieron, además de los legisladores, investigadores, académicos y líderes de organizaciones para trabajar de manera conjunta en políticas públicas a favor de los 12.4 millones de niñas y niños que integran la primera infancia mexicana.

Todos los participantes coincidieron en que este sensible sector enfrenta grandes desafíos inmediatos, siendo los principales los relativos a la violencia, la pobreza, la carencia de vacunación, la desnutrición y la falta de una crianza positiva.

El foro se dio en el marco del análisis y la discusión de la iniciativa para la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, planteado por la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que el objetivo fue exponer una serie de recomendaciones para que sea un proyecto viable y sólido. Sobre todo, porque las niñas y los niños no pueden esperar para que sus problemas y necesidades sean resueltos.

La participación de Early Institute —el único think tank mexicano especializado en primera infancia— estuvo a cargo de los investigadores Renata Díaz Barreiro Castro y Cándido Pérez Hernández, expertos en el tema de la niñez mexicana. En sus intervenciones frente a la senadora Anahí González Hernández, del partido Morena y quien organizó el foro, señalaron: “La primera infancia no puede esperar. Nuestro país se ha quedado atrás en el cumplimiento de los derechos de niñas y niños desde sus primeros años de vida, mientras países de nuestra región apuestan por la infancia con una visión de largo plazo. Hoy hay una nueva oportunidad para atender necesidades prioritarias en este ámbito”.

Entre los puntos torales se destacó acabar con la pobreza extrema que viven 1 de cada 10 niñas y niños en primera infancia, quienes además enfrentan violencia doméstica y fuera de su hogar. Urge la creación de entornos seguros para su desarrollo integral y, por lo tanto, asegurar el acceso efectivo a la justicia que garantice su protección.

Asimismo, se reconoció la importancia de fortalecer los cuidados desde la atención prenatal hasta el puerperio, asegurando que los centros de salud cuenten con equipos y personal capacitado para atender procedimientos de rutina, así como para prevenir y atender enfermedades y emergencias obstétricas.

El foro “Prioridades de Atención de la Primera Infancia 2024-2030” fue una oportunidad para dialogar y establecer compromisos en torno a uno de los sectores sociales más vulnerables. Principalmente, fue para resaltar que la atención que se demanda sólo será posible si la sociedad civil y el gobierno colaboran en un mismo esfuerzo y dirección.

En Early Institute reiteramos nuestro propósito y convicción por trabajar por un mundo donde los niños puedan ser niños y en donde su educación, salud, nutrición y protección sean otorgados cabalmente. Si queremos un auténtico estado de bienestar, la primera infancia debe ser prioridad.

Restricciones de redes sociales para niñas y niños

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

En un contexto donde la digitalización impacta la vida de niñas, niños y adolescentes, recientes propuestas en Querétaro para restringir el acceso a redes sociales a menores de 14 años han reavivado el debate sobre este tipo de medidas.

Las iniciativas del gobierno queretano buscan proteger a la niñez de los efectos nocivos asociados al uso excesivo y, en muchos casos, descontrolado de las redes sociales. El objetivo principal es prevenir problemas de salud mental, ciberacoso y exposición a contenido inadecuado. Sin embargo, surgen dudas sobre la efectividad de estas restricciones.

Diversos países han implementado medidas similares. En China, por ejemplo, el gobierno ha establecido estrictas regulaciones para limitar el tiempo de pantalla y el acceso a videojuegos en línea mediante sistemas de registro real y restricciones horarias. Estas acciones han logrado, en cierta medida, reducir la adicción a las pantallas. Por su parte, Corea del Sur prohibió el acceso a videojuegos en ciertos horarios, lo que resultó en una disminución del consumo excesivo. En otras naciones, como Estados Unidos, Suecia y Australia, también se han adoptado estrategias similares.

Estas experiencias demuestran que, si bien las restricciones pueden ayudar a reducir ciertos riesgos, es fundamental complementarlas con otras acciones. Por ejemplo, fortalecer la supervisión de las empresas que ofrecen estos servicios, comprender mejor los hábitos digitales de la infancia y, sobre todo, capacitar a madres y padres no solo para restringir, sino también para acompañar a sus hijas e hijos en el entorno digital.

La regulación del acceso a redes sociales debe ir más allá de decisiones desde el poder ejecutivo o legislativo. Si bien es necesario establecer normativas para estas plataformas, también lo es educar a quienes las usamos y fomentar una colaboración efectiva entre el sector público y privado. De lo contrario, esta podría ser otra iniciativa bien intencionada que nunca se traduzca en un cambio real.

El trabajo infantil: explotación en contra de niñas, niños y adolescentes

En México no se han tenido resultados óptimos para combatir el trabajo infantil, pese a que nuestro país se ha adherido a convenios internacionales y se ha comprometido a reducir los índices.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

En febrero de 2024, autoridades mexicanas rescataron a 18 menores de edad que eran víctimas de explotación laboral infantil en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán. Los menores realizaban actividades agrícolas y la detención de los adultos involucrados condujo a la identificación de toda una red delictiva.

Este es uno de los múltiples casos de trabajo infantil que se ven día a día en nuestro país, cuando las niñas y los niños deberían estar efectuando otro tipo de prácticas que no sean las laborales.

Lamentablemente, el trabajo infantil en México es muy común y hasta se define como esclavitud moderna por sus características, ya que se trata de actividades en condiciones precarias, con jornadas extenuantes y tratos inhumanos, vulnerando los derechos y el desarrollo adecuado de niñas y niños.

Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI 2022) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se calcula que en México 3.7 millones de menores están trabajando, la mayoría en malas condiciones y con riesgos sustanciales. De ellos, 400 mil tienen de 5 a 9 años; 1.5 millones tienen entre 10 y 14 años y los 1.8 millones restantes son adolescentes de 15 a 17 años.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil comprende “toda la actividad laboral que los niños son demasiado jóvenes para realizar y/o el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.

En el caso mexicano, no se han tenido resultados óptimos para combatir esta problemática, pese a que nuestro país se ha adherido a convenios internacionales y se ha comprometido a reducir los índices. Esto origina que la situación se agrave de manera exponencial.

Hoy los estados con mayores tasas de trabajo infantil son: Chiapas (12.3%), Oaxaca (10.5%), Guerrero (9.8%), Puebla (8.9%) y Veracruz (8.5%). Todas esas zonas se caracterizan por tener condiciones socioeconómicas desfavorables, lo que contribuye a que las familias accedan a que sus hijos e hijas menores trabajen.

En Early Institute observamos una gran necesidad por detener el trabajo infantil. Es inaudito continuar con este tipo de explotación, en tanto los niños y las niñas de nuestro país merecen una vida digna y segura. Es urgente acrecentar los esfuerzos legislativos y programas coordinados entre el gobierno y la sociedad civil que garanticen un alto a estas prácticas, de ahí que la visibilización de la problemática sea fundamental. Para empezar, el trabajo infantil no debería ser aceptado bajo ningún concepto y así iniciar su erradicación. La responsabilidad es compartida y amerita que se asuman los compromisos adquiridos a nivel internacional, se exijan resultados y se replanteen estrategias de ser necesario.

El segundo piso de la agenda de la niñez

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de: Proceso

Ya no se trata de trazar estrategias sólo desde el papel, sino orientar su implementación hacia el plano de la realidad. Tal ejercicio debe ser una tarea compartida y sin protagonismos.

La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes cumplió sus primeros 10 años de vigencia. Más allá de la efeméride, el cambio de agenda y estilo en los gobiernos federal y locales, aunado al nuevo contexto que pervive en los asuntos públicos, son condiciones que exigen realizar un balance sobre la situación actual en el cumplimiento de derechos de este grupo poblacional.

Sin especulaciones y con datos basados en evidencia, es pertinente analizar los aciertos y retos para asegurar en los próximos años resultados tangibles de cara a 40 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en México, de los cuales poco más de 12 millones se encuentran en su primera etapa de vida.

En tal sentido, debe reconocerse que la agenda de niñez en realidad se encuentra sobrediagnosticada. Es preciso dejar atrás la etapa en donde la labor de las organizaciones y especialistas únicamente se enfocaba en identificar los problemas y socializarlos. Este estilo de modelo de intervención desde luego ha sido loable en aras de configurar una primera fase del funcionamiento general del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y echar andar la estructura de planes y programas del sector.

No obstante, hay que decirlo, lo que hoy se requiere son avances concretos en el ámbito de las políticas sociales, comenzando por incrementar de manera progresiva la inversión presupuestaria a escala federal y estatal, especialmente hacia los servicios que se brindan a la primera infancia.

En este primer tramo de vigencia de la ley, tanto los focos rojos como las recomendaciones en cada una de las dimensiones prioritarias se encuentran plenamente identificadas —en mayor o menor medida— a través de múltiples reportes, decálogos, rutas, informes y diagnósticos que detallan la situación en la que vive la niñez en temas como su salud, educación, cuidado, nutrición, pobreza y seguridad.

Ya no se trata de trazar estrategias sólo desde el papel, sino orientar su implementación hacia el plano de la realidad. Tal ejercicio debe ser una tarea compartida y sin protagonismos; un nuevo piso de diálogo de alto nivel, además de operativo y eficaz, que sepa involucrar a todos los actores e instituciones públicas o privadas que forman parte del ecosistema en la materia. El SIPINNA fue creado justamente para eso.

En la forma, están las alianzas, reuniones, foros y firmas de compromisos protocolarios que históricamente suelen predominar en los asuntos de niñez. En el fondo, el sobreponerse ante un entorno de resultados adversos, saber construir consensos con los actores del momento y focalizar propuestas concretas, técnicamente viables para materializar los derechos de la infancia acorde con los propios parámetros, resoluciones y observaciones globales de instancias como el Comité de los Derechos del Niño y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En Early Institute, por ejemplo, hace tres años nos dimos a la tarea de lanzar el primer Sistema de Indicadores para la Primera Infancia (SIPI México), la única herramienta en su tipo que integra datos estadísticos actualizados, respecto a los indicadores que atañen a la primera infancia mexicana. En su esencia, el sistema se compone por recomendaciones y rutas críticas sobre el estado de salud, educación, cuidado, nutrición, violencia y pobreza de este sector poblacional.

Más que una plataforma que concentra datos duros, este programa propone en su metodología una conversación productiva y acotada a puntos concretos con los actores clave, buscando incidir desde una óptica realizable en las prioridades de la agenda gubernamental y legislativa sobre primera infancia.

El aniversario de la ley representa también un momento propicio para reflexionar que esta agenda debe ordenarse y priorizarse. Atenderla con enfoque progresivo, ir paso a paso y hacerla compatible con las circunstancias que la mayoría de la sociedad y en el gobierno reclaman, especialmente desde el sentir popular que pide erradicar la corrupción del poder público y dar pie a transformaciones sociales de fondo para reducir las desigualdades históricas.

Ha sido un error estratégico pretender que un solo grupo de organizaciones, actores o instituciones puedan gerenciar cada una de las temáticas que enfrenta la primera infancia en un país tan extenso y con realidades locales disímiles como ocurre en México. De igualmente manera, opino que no ha sido del todo acertado presentar a los tomadores de decisión agendas tan extensas y ambiciosas, cuya complejidad técnica y operativa simplemente no logra superar los filtros en la nueva lógica en que se comporta la conformación de mayorías y prioridades gubernamentales o parlamentarias.

Las cosas simplemente no ocurren y ese debe ser el piso en que debemos autoevaluarnos quienes estamos involucrados en el tema. Mientras se destine menos presupuesto, existan altos índices de pobreza, violencia y desigualdad en la vida de niñas, niños y adolescentes, nuestra tarea se encuentra inacabada.

La reciente renovación en la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA avizora una ventana de oportunidad y de cambios sustanciales en la forma de conducción y liderazgo de este mecanismo de coordinación intergubernamental. Se trata de un perfil con probada experiencia en el diálogo con grupos sociales, los derechos humanos y el manejo de los asuntos públicos que sin duda elevará el nivel de exposición y relevancia que este mecanismo exige para los próximos seis años.

El SIPINNA está llamado a ser el sistema de sistemas en México. Su mandato constitucional y legal es muy claro y constituye su principal meta: garantizar el interés superior de la niñez en toda decisión del Estado. Esta agenda también requiere construir un segundo piso en su transformación.

Niñas, niños y adolescentes sicarios, la realidad detrás del reclutamiento del crimen organizado

—¿A los cuántos años empezaste a ejecutar? —preguntó el soldado. —A los once —respondió.

Por: Valeria González Ruiz, Coordinadora de Vinculación e Incidencia Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

Aunque este fenómeno no es nuevo, uno de los casos que quedó grabado en el imaginario colectivo fue el de Edgar Jiménez Lugo, alias “el Ponchis”o “el niño sicario” quien en 2010 fue detenido en Morelos a la edad de 14 años por el ejército. A su corta edad ya se dedicaba a torturar y asesinar a sus víctimas.

Este suceso fue demoledor para México, pues reflejaba cómo el crimen organizado había impregnado hasta el más recóndito lugar de nuestro país. Había llegado al punto de cooptar a niñas y niños desprotegidos, de contextos marginados, para integrar un ejército de sicarios. Se aprovechaba de los contextos de pobreza, violencia familiar y utilizaba su vulnerabilidad como carne de cañón: ellos no tenían nada que perder y el crimen organizado mucho que ganar.

Desgraciadamente, ahí no se marcó el final de esta trágica avalancha. Hoy, quince años después, el fenómeno del reclutamiento por el crimen organizado sigue, no solamente vigente sino que se ha reinventado.

Los delincuentes recurren a diversos mecanismos para abastecer su milicia. Engaños laborales, amenazas y secuestros están a la orden del día. Por ejemplo, en Chiapas existen reportes de secuestros masivos a habitantes de comunidades indígenas para obligarlos a trabajar con ellos.

En Chihuahua, denuncias sobre falsas ofertas laborales -en campos agrícolas, call centers, trabajo del hogar, servicios de chofer, de vigilancia, etc.- difundidas en redes sociales y plataformas laborales para después retenerlos a la fuerza y someterlos a prácticas de adoctrinamiento con el fin de obligarlos a realizar labores en favor del crimen organizado. En Jalisco también se han documentado decenas de casos de jóvenes desaparecidos en la Central de Autobuses de Tlaquepaque que se presentaban en respuesta a ofertas laborales.

Los videojuegos tampoco se salvan, ahora son una vía sumamente “efectiva” para reclutar a niñas, niños y adolescentes. Jugando con ellos ganan su confianza y los invitan a colaborar en actividades delictivas. En octubre del 2024 se volvió noticia nacional el caso de un niño de 14 años en Oaxaca reclutado a través Free Fire.

Pero eso no es todo, según reportajes recientes, la delincuencia organizada ahora requiere también de perfiles más especializados, por lo que han recurrido a universidades en búsqueda de estudiantes de química para que participen en los procesos de producción de droga.

El Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes (ONPRENNA) define al reclutamiento como “un proceso permanente de incorporación a la delincuencia organizada para realizar diversas actividades ilícitas, mediante actos de sustracción, captación, amenaza, intimidación, rapto, engaño, uso de la fuerza y otras formas de coacción, oferta de pago o beneficios, entre otras”.

Como se puede observar a lo largo de todos los casos aquí narrados este fenómeno afecta directamente el derecho a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación y a la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. De acuerdo con en el informe "Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México" de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad “en México al menos 460 mil niños fueron reclutados y utilizados por integrantes del crimen organizado para obligarlos a realizar actividades delictivas”.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha recomendado a México como medidas prioritarias tipificar el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes en hostilidades; así como establecer mecanismos de identificación y recopilación de datos desagregados de niñas y niños que pudieron haber sido reclutados o utilizados en hostilidades, especialmente migrantes, refugiados y solicitantes de asilo -poblaciones aún más expuestas y en situación de mayor vulnerabilidad-.

Desafortunadamente, actualmente México no cuenta con una tipificación a nivel federal ni en varias entidades federativas, y está lejos aún de contar con autoridades estatales -con especialización en víctimas y niñez- coordinadas e involucradas tanto en la investigación, persecución, procuración y administración de justicia. Sin embargo, la ruta de trabajo está ya definida, es cuestión de priorizar, sumar voluntades políticas e invertir todos los esfuerzos posibles en combatir la complejidad de este fenómeno.

Para todas las personas que me leen en estos momentos, acercar esta información y crear vínculos de confianza con niñas, niños y adolescentes son herramientas de prevención prioritarias y efectivas. El riesgo de ser reclutados por el crimen organizado puede reducir significativamente si la niñez y adolescencia puede identificar señales de alerta y pedir ayuda a tiempo.

El primer paso para combatir efectivamente este fenómeno tan complejo y letal es asumir una responsabilidad colectiva que involucre al gobierno, pero también a las familias y la sociedad.