La infancia debe ser prioridad en el nuevo sistema judicial

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Debemos considerar que, con la nueva conformación del aparato judicial, se abrirá una nueva etapa para posicionar posturas de protección integral para niñas, niños y adolescentes.

En 2024, en México se publicó el decreto por el que se reformaban, adicionaban y derogaban diversas disposiciones constitucionales en materia del Poder Judicial de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación. De las modificaciones más relevantes destacan la elección popular de jueces, magistrados y ministros; la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una disminución en el número de ministros; la creación de nuevos órganos de administración y disciplina judicial; la incorporación de los “jueces sin rostro”, que permite resguardar la identidad de los jueces por seguridad cuando se trate de juicios de delincuencia organizada; y la elección de jueces y magistrados de los poderes judiciales locales, para lo cual deberían modificarse las Constituciones de los estados.

De lo más significativo fue la designación de los jueces, magistrados y ministros, mediante una jornada electoral, que se llevó a cabo el pasado 1 de junio. Las personas que resultaron electas tomarán protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1 de septiembre de 2025. Dado el alto número de aspirantes (881 cargos), cada boleta fue llenada manualmente con números identificadores de los candidatos de preferencia, en lugar de marcar un recuadro como en las elecciones tradicionales y, según datos del Instituto Nacional Electoral, la participación en los comicios fue de casi 13% del padrón.

Por ser la primera vez en la historia del país que se eligen de este modo a los representantes de la justicia, la situación ha sido criticada y calificada de confusa, dando pauta a poner atención en distintos focos. Por ejemplo, habría que cuidar que las nuevas personas juzgadoras electas no promuevan la resolución favorable de asuntos para los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación, ya que su papel es el de garantizar la protección de la Constitución y los contrapesos son importantes. También es fundamental establecer mecanismos para fortalecer la carrera judicial de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal electos, a efecto de garantizar una impartición de justicia de calidad. Finalmente, debe darse prioridad a que los poderes judiciales de los estados establezcan regulaciones complementarias que garanticen una justicia pronta, completa y de calidad.

De hecho, una de las preocupaciones más grandes fue saber que muchos de los candidatos tienen hoy procesos judiciales, aumentando la desconfianza de que se traten de los perfiles más aptos para la labor.

Sin duda, el escenario es complejo y marca un rumbo diferente en el país, de ahí la relevancia por seguir de cerca a los nuevos impartidores de justicia e identificar las áreas de oportunidad en el tratamiento de los temas prioritarios como la infancia.

Desde Early Institute denunciamos que, actualmente, las posturas de la SCJN, en particular las de la Primera Sala, han establecido criterios poco favorables en materia de defensa del derecho a la vida desde la concepción. Es por ello que debemos considerar que, con la nueva conformación del aparato judicial, se abrirá una nueva etapa para posicionar posturas de protección integral y prevalencia del interés superior de niñas, niños y adolescentes. La nueva composición representa también la oportunidad de promover la especialización de juzgadores, principalmente de aquellos que resuelven asuntos que afectan de manera directa los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por otro lado, confirmamos nuestro compromiso por vigilar que las personas juzgadoras que resuelvan los asuntos de su competencia y que involucren a niñas, niños y adolescentes emitan sus resolutivos con total apego a Derecho, al corpus juris de niñez, y tomando en consideración los más altos estándares internacionales para la protección de este grupo etario.

Por supuesto, eso implica que existan mecanismos para evaluar que los nuevos juzgadores tomen las decisiones con perspectiva de infancia, escenario que aún no queda claro cómo se efectuaría en el juzgado de disciplina.

Los retos son muchos, ya que es evidente que la impartición de justicia va más allá de los modos de elección ahora empleados, y confiamos en que las decisiones que están por tomarse en materia de infancia en México —en los distintos espacios judiciales— privilegien cabalmente el respeto a sus derechos y bienestar integral.

Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes

Por: Renata Díaz Barreiro, Investigadora de Early Institute
Publicación original de: El Sol de Méxic o

veces no dimensionamos que cuando hablamos del problema de la violencia sexual infantil, hablamos de millones de niñas, niños y adolescentes que están encerrados en casa con sus agresores.

Los agresores frecuentemente no son desconocidos. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, siete de cada diez agresores de niñas y adolescentes son familiares, entre los cuales destacan los tíos y los primos, responsables de cuatro de cada diez casos.

El hogar, que debería ser un espacio de protección, muchas veces se convierte en el lugar más accesible para los agresores, ya que madres, padres y cuidadores al no haber un sistema de cuidados y educación que les respalde frecuentemente dejan niñas y niños bajo el cuidado de familiares pensando que estarán seguros, cuando en realidad no siempre lo están.

Y no es un fenómeno pequeño: las cifras lo confirman. En 2023, se registraron 35 mil 866 carpetas de investigación por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, lo que representa casi 98 casos diarios. Esta cifra ha venido creciendo año con año: un incremento del 32 por ciento entre 2021 y 2022, y del 21 por ciento entre 2022 y 2023. Los datos muestran que esta violencia comienza desde edades muy tempranas: el 30 por ciento de las carpetas se refieren a víctimas menores de 10 años.

Estas denuncias apenas son la punta del iceberg. Según la ENVIPE 2024, 95.1 por ciento de los delitos sexuales no se denuncia, lo que significa que la mayoría de los casos permanece oculto, en silencio, sin atención ni justicia.

Y no es solo un tema penal. También es un problema de salud pública. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en 2023 9 mil 822 niñas, niños y adolescentes acudieron a una unidad médica por violencia sexual, lo que equivale a 27 cada día. Entonces, tenemos alrededor de 35 mil casos llegando a ministerios públicos y 10 mil a hospitales. ¿Cómo dimensionamos el tamaño real del problema?

La ENDIREH 2021 señala que más de 6.3 millones de mujeres en México reportaron haber sufrido violencia sexual antes de los 15 años, y esta encuesta no incluye a hombres. La encuesta contempla seis formas de violencia, y muestra que el 55.4 por ciento de las mujeres que sufrieron violencia sexual vivieron al menos una de ellas. Pero preocupa aún más que el 1.6 por ciento —equivalente a más de 100 mil mujeres— reportó haber sufrido las seis: exposición a actos sexuales, tocamientos, coerción con regalos o amenazas, intento de violación, violación y obligarlas a presenciar o realizar actos sexuales.

La violencia sexual no solo daña el presente de niñas, niños y adolescentes, sino que impacta profundamente su desarrollo físico, emocional y social. Las consecuencias van desde trastornos de ansiedad y depresión hasta dificultades en el aprendizaje, aislamiento, autolesiones y riesgo de suicidio.

Para prevenir, el primer paso es reconocer el problema y romper el silencio. El miedo y la vergüenza no deben estar del lado de las víctimas. Como dijo Giselle Pelicot: “la vergüenza tiene que cambiar de bando”. Desde Alumbra, contamos con una plataforma de prevención con herramientas dirigidas a mamás, papás y personas cuidadoras, para dejar de tratar este tema como tabú y hablar de la violencia sexual de forma clara, empática y sin prejuicios. Las niñas y niños deben saber en quién confiar y cómo reaccionar.

Pero esto no es responsabilidad exclusiva de las familias. Urgen protocolos claros y obligatorios en escuelas, centros de salud, centros deportivos, iglesias y espacios comunitarios. Urge que todas las personas cuidadoras —agentes educativas, médicas, policías, trabajadoras sociales— estén capacitadas para detectar signos de violencia, actuar sin revictimizar y activar rutas de protección eficaces que garanticen justicia, atención y reparación del daño para las niñas, niños y adolescentes.

La violencia sexual infantil no puede seguir siendo invisibilizada. Estamos ante una emergencia nacional que debe reconocerse como lo que es: un problema de salud pública, de seguridad pública y de derechos humanos. Es urgente combatir con responsabilidad y acción colectiva, con recursos, con voluntad política y con un sistema que realmente respalde a las niñas y niños cuando decidan romper el silencio que les brinde atención y justicia.

Sin nombre, sin derechos: las barreras que impiden el registro de niñas y niños

Por: Sandra Espinosa Rizo, Ejecutiva de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

En este caso, el padre biológico no era el esposo legal de la madre al momento del nacimiento de la niña, por lo que, para que la niña pudiera ser registrada

El pasado abril de 2025, una jueza federal del estado de Morelos resolvió un asunto que es clave para la protección progresiva del derecho a la identidad de la niñez. El amparo 272/2025 resuelto por la Jueza Quinta de Distrito en el Estado de Morelos abordó el caso de una niña de cinco años a la que se le negó el registro de su nacimiento.

Esta negativa se basó en la aplicación de diversos artículos del Código Familiar y del Reglamento del Registro Civil, ambos del estado de Morelos, por los que se establece la presunción de que todo hijo nacido durante el matrimonio es hijo del esposo, y que solo podrá ser distinto, si el esposo desconoce la paternidad ante un juez.

En este caso, el padre biológico no era el esposo legal de la madre al momento del nacimiento de la niña, por lo que, para que la niña pudiera ser registrada, se les exigía primero que, el hombre que fue su esposo, iniciara un juicio de desconocimiento de paternidad, y con esa sentencia, tramitar una constancia de inexistencia de registro y luego así poder expedir un acta de nacimiento.

Obtener un acta de nacimiento es considerado un trámite sencillo; sin embargo, en casos como el que se expone, puede convertirse en toda una travesía legal que, como aquí, puede concluir en una vulneración directa al derecho a la identidad, pues mientras se resolvía esta disputa, ¿qué ocurría con la niña durante esos 5 años?

Una niña o niño sin acta de nacimiento no existe jurídicamente, la falta de este documento le cierra la puerta al ejercicio de otros derechos esenciales, como lo son el acceder a servicios de salud, a centros de cuidado y educación, o a programas sociales. Sin un acta de nacimiento, la niña o niño no tiene legalmente un nombre, una nacionalidad, una filiación reconocida, es decir, una identidad, lo que los coloca en una situación de gran vulnerabilidad.

De acuerdo con el artículo 4° de la Constitución, toda persona tiene derecho a una identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento; también el artículo 8.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, dice que los Estados deben respetar el derecho de la niñez a preservar su identidad. No obstante, de acuerdo con el último censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mismo que se realizó en 2020, en México hay poco más de 451 mil personas sin un acta de nacimiento.

Las razones por las que una niña o niño no son registrados al nacer, son muchas, desde condiciones sociales como pobreza, falta de información, la ubicación geográfica de las oficinas del Registro Civil, nacimientos fuera del sistema de salud, maternidades vulnerables, infancias en movilidad humana, así como la existencia de obstáculos legales o burocráticos que impiden, complican o retrasan el registro.

Es así que, no es posible atribuir la falta de registro de nacimiento a una negligencia de los padres, cuando en realidad existen diversas barreras sociales, legales y económicas que muchas veces se combinan para obstaculizar el cumplimiento de este trámite. Más aún cuando el Estado tiene la obligación de garantizar que todas las niñas y niños cuenten con un acta de nacimiento, eliminando los obstáculos que vulneran su derecho a la identidad.

Si bien lo establecido por el Código Familiar y el Reglamento del Registro Civil del estado de Morelos, puede interpretarse como una medida orientada a la protección de las niñas, niños, así como de sus vínculos familiares, casos como este evidencian una problemática relevante, y es que la aplicación estricta de una ley, en ciertos contextos, las coloca por encima del bienestar y el interés superior de la niñez.

La sentencia de la jueza Martha Eugenia Magaña es un paso en la dirección correcta, pues establece una obligación para las y los legisladores, así como para todas las personas que aplican las leyes (como son el personal del Registro Civil), a revisar de manera critica el marco normativo, para evitar que las leyes desconozcan realidad, y como consecuencia, vulneren derechos esenciales e inherentes a la dignidad humana de niñas y niños, quienes por su edad son los más vulnerables.

Es urgente revisar y analizar las normas para armonizarlas con los derechos de la niñez, eliminando barreras legales y prácticas burocráticas que impiden que niñas y niños tengan acceso de manera inmediata a un acta de nacimiento que les permita ejercer plenamente todos sus derechos.

Falta atención adecuada en el sector público a embarazadas

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

La falta de servicios adecuados durante el embarazo está relacionada con la mortalidad materna y compromete la salud infantil durante los primeros años de vida.

Una de las etapas más importantes en la vida de una mujer es cuando se encuentra embarazada. La atención es primordial por ser un periodo de cambios en todos los sentidos, pero sobre todo por la protección que le brinda a un ser humano, quien desde el momento de la concepción tiene derecho a vivir y a ser cuidado. Desafortunadamente, en México, los servicios públicos de salud que debieran recibir las mujeres embarazadas para garantizar que sus embarazos se desarrollen en óptimas condiciones tienen fallas graves.

Ejemplo de esto fue lo que ocurrió los primeros días de mayo de este año en Ciudad Victoria, Tamaulipas, cuando una mujer con seis meses de embarazo llegó a Urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en una clínica de La Loma. A la mujer no la atendieron de inmediato; solo la recostaron en el suelo en espera de su turno para ser revisada. Evidentemente, el trato fue indigno y mostró la precariedad de los servicios de atención en buena parte del país.

Otro caso fue el registrado el 15 de abril de 2025 en la Ciudad de México, cuando una mujer embarazada parió en el baño de la clínica del IMSS número 48, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco. Según testigos, la mujer estuvo en la sala de espera por varias horas y decidió entrar al baño por su cuenta. Ahí, sola y sin asistencia del personal médico, comenzó y terminó la labor de parto.

Aunque el Instituto señaló no haber omitido la atención, ya que según su comunicado “la mujer no informó estar embarazada”, se visibilizaron las carencias del sistema de salud pública en México.

La falta de servicios adecuados durante el embarazo está relacionada con la mortalidad materna y compromete la salud infantil durante los primeros años de vida. De ahí la importancia de recordar y hacer valer los derechos de las mujeres embarazadas ante organismos como el IMSS, que además están publicados en la página electrónica de la Secretaría de Gobernación (Segob). De acuerdo con estos lineamientos, las mujeres embarazadas tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso, atención médica adecuada y de urgencia, además de ser respetadas en su intimidad con confidencialidad y privacidad, entre otros puntos.

Lamentablemente, los casos expuestos muestran la terrible e inaceptable violencia obstétrica que las instituciones de salud cometen contra las mujeres, siendo que ellas debieran ser las que reciban los primeros auxilios y la mejor atención.

En Early Institute hacemos un llamado a las autoridades a apegarse a las políticas implementadas para la atención de las mujeres embarazadas, dentro de las cuales se encuentra la de cero rechazo en las áreas de urgencias a mujeres en labor de parto. Sin duda, la calidad de atención durante el embarazo, el parto y el puerperio debe regirse bajo los principios del respeto y la seguridad.

Es necesario proteger la salud materna y la mejor forma es exigiendo los derechos de las madres y sus hijos e hijas por nacer, impulsando los cuidados necesarios y reforzando la relevancia de recibir, en todo momento, una atención médica digna, oportuna y humana.

De los 2 a los 5 años: una etapa crucial en la vida humana

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Se valora el desarrollo infantil como un proceso continuo desde la concepción hasta los 5 años y el rol de los cuidadores, la educación y los sistemas de protección es básico para la protección de esa fase.

Ante la importancia de reconocer los primeros años de vida de una persona como una etapa crítica en su desarrollo, la revista inglesa The Lancet publicó una serie dedicada a los avances y las omisiones que se han registrado en los últimos tiempos en torno a la primera infancia. Con aportaciones de investigadores de diversos organismos, la serie El desarrollo de la primera infancia y los siguientes 1000 días muestra la trascendencia de los procesos que experimenta una persona de los 2 a los 5 años, que son de acuerdo con los hallazgos “los siguientes 1000 días”, y que influyen significativamente en su salud física y mental.

En este sentido, si bien se reconoce ampliamente la importancia de los primeros 2 años para el crecimiento físico y cerebral del ser humano, se establece que son los siguientes 1000 días los cruciales para consolidar ese desarrollo, mitigar riesgos y aprovechar las oportunidades perdidas en la primera etapa. Esto es, que se valora el desarrollo infantil como un proceso continuo desde la concepción hasta los 5 años y el rol de los cuidadores, la educación y los sistemas de protección es básico para la protección de esa fase.

Se ha descubierto que de los 2 a los 5 años hay una maduración neuronal exponencial que favorece el crecimiento continuo y rápido de las capacidades motoras, lingüísticas e interactivas, así como la expansión de habilidades como la autorregulación y el funcionamiento ejecutivo. Por esa razón es esencial la creación de entornos de educación y cuidado altamente seguros y que garanticen el bienestar integral de las niñas y los niños.

Desafortunadamente, existen grandes inequidades que afectan el desarrollo infantil, ya que, a pesar de los avances (como la reducción del retraso del crecimiento), todavía 2% de niñas y niños menores a 5 años sufre desnutrición y 25% no accede a educación preescolar. Al respecto, se habla de diversas causas, entre ellas las crisis como los conflictos bélicos y el cambio climático que agravan el acceso a los servicios de salud, educación y seguridad. Otros riesgos se refieren a la violencia, dietas inadecuadas, problemas de salud mental en cuidadores, contaminación, falta de calidad en servicios de atención básica y medidas inadecuadas para su educación (castigos físicos, agresiones psicológicas, abandono, etcétera).

Por lo anterior, es necesario invertir en esta etapa de vida con programas de atención y educación temprana, transferencias monetarias, apoyo a padres y políticas públicas enfocadas en esta etapa, pues los efectos positivos están comprobados y brindan un desarrollo sostenible y equitativo.

Pese a la evidencia sobre la gravedad de no invertir en la primera infancia, se ha detectado que solo 25.4% de los niños y las niñas de 3 y 4 años en países de ingresos bajos y medios recibe cuidados adecuados, lo que deja a millones de infantes en riesgo de un desarrollo poco óptimo. La investigación señala que el costo de la inacción es elevado, ya que al no invertir al menos un año en entornos de educación y cuidado implica perder hasta un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) futuro en los países de ingresos bajos, debido a la reducción en productividad y desarrollo humano.

La serie El desarrollo de la primera infancia y los siguientes 1000 días es un llamado a los gobiernos, especialmente en países de bajos ingresos, a aumentar el financiamiento y priorizar intervenciones eficaces como parte de la responsabilidad colectiva y estratégica.

Early Institute —el único think tank en México dedicado al análisis y diseño de propuestas para la inclusión de políticas que garanticen el bienestar de la primera infancia— se une a este llamado y responde a la atención que merecen las niñas y los niños durante el inicio de su vida. Es nuestro propósito seguir difundiendo proyectos e investigaciones que fortalezcan a este sector y garanticen su protección con iniciativas adecuadas y dirigidas al respeto de sus derechos fundamentales.

Infancia en la mira: el crimen organizado recluta desde redes sociales

Autor: Cándido Pérez

En México, miles de niñas, niños y adolescentes viven bajo la amenaza constante del reclutamiento por parte de grupos delictivos. La violencia armada y el abandono institucional han convertido a esta población en un blanco fácil para redes criminales que operan tanto en las calles como en el entorno digital.

Plataformas como Facebook, TikTok o WhatsApp se han convertido en herramientas del crimen organizado para atraer a adolescentes mediante falsas promesas de empleo, dinero o pertenencia a un grupo. Esta forma de captación, rápida y sigilosa, ocurre muchas veces sin que madres, padres, tutores o autoridades logren detectarla a tiempo.

Entre diversas recomendaciones, organismos internacionales han señalado que nuestro país debe establecer mecanismos eficaces de identificación y protección para niñas, niños y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad, como los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. También han subrayado la urgencia de implementar medidas de recuperación y reintegración social que no criminalicen a quienes han sido reclutados; por el contrario, deben ser reconocidos y tratados como víctimas, no como infractores.

A pesar de que en los últimos años se han presentado múltiples iniciativas en el Congreso para tipificar este delito o reformar leyes clave —como el Código Penal Federal, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes—, ninguna ha sido aprobada hasta ahora.

La violencia armada que afecta a la infancia no se resuelve con discursos ni con medidas aisladas. Es urgente una estrategia nacional que articule a las distintas autoridades en tareas de investigación, atención, justicia restaurativa y desmovilización. Esto implica, entre otras acciones, garantizar la restitución integral de derechos a niñas, niños y adolescentes reclutados, así como sensibilizar a las comunidades sobre los factores que los colocan en riesgo.

El reclutamiento forzado por grupos criminales ha encontrado en nuestro país un terreno fértil que amenaza a millones de hogares. El llamado es, una vez más, a la prevención: porque una vez dentro de estos grupos, el camino de regreso se vuelve cuesta arriba.

Cuidados afectivos para niñas, niños y adolescentes

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Urge la necesidad por implementar estrategias que promuevan prácticas de crianza libres de violencia, que garanticen un desarrollo adecuado en los primeros años de vida y promuevan tratos más afectivos.

La atención a niñas, niños y adolescentes (NNA), en México, se encuentra en un punto crítico. En los últimos años, se ha registrado un aumento de violencia incluso en los métodos de crianza, cuando este tipo de procesos debiera ser lo más cuidadoso y cariñoso posible.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2023, organizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en México, 52% de NNA de 1 a 14 años fue sometido a algún tipo de disciplina violenta como castigos físicos o agresión psicológica. Esta situación comienza en la primera infancia (46.1%) y aumenta en la adolescencia (54.2%). De este alto porcentaje, 4.7% recibe castigos físicos severos, que incluyen golpes en la cara y cabeza o palizas. Este porcentaje equivale a 1,492,498 niñas, niños y adolescentes.

Con estos datos surge la necesidad por implementar estrategias que promuevan prácticas de crianza libres de violencia, que garanticen un desarrollo adecuado en los primeros años de vida y promuevan tratos más afectivos.

Hay que decir que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya reconoce el derecho de la niñez y adolescencia a vivir libres de toda forma de violencia y a que se proteja su integridad personal. Incluso en 2024 se definió la crianza positiva como un conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que promueven el desarrollo, bienestar y crecimiento saludable de NNA, sin recurrir a castigos corporales ni tratos humillantes. Pero las acciones no han sido suficientes.

Por esta razón, recientemente la senadora Anahí González, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una propuesta legislativa, desarrollada por Early Institute y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para fortalecer el marco normativo para la prevención y atención del castigo corporal y humillante en NNA.

La iniciativa incluye: a) reformar artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer como obligación de quienes ejercen la patria potestad abstenerse de cualquier atentado contra la integridad física y psicológica de los menores; b) incluir en esa ley como forma de violencia el descuido, la negligencia y el abandono de NNA y así prohibir estas prácticas; c) modificar la Ley General de Educación para señalar como obligación y derecho de quienes ejercen la patria potestad o la tutela que el proceso educativo se realice sin castigos corporales ni humillaciones; y d) modificar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para establecer como obligación de las autoridades a que la prestación de los servicios dirigidos a la población infantil se oriente a lograr un entorno seguro y protegido contra el castigo corporal o humillante, descuido, negligencia y abandono.

En este sentido, desde Early Institute instamos a los legisladores a garantizar el derecho de NNA a vivir en entornos afectivos, libres de violencia y positivos, y hacemos un llamado a la colaboración y corresponsabilidad entre las familias, la sociedad y las autoridades para prevenir, identificar y atender a niñas, niños y adolescentes expuestos a cualquier tipo de violencia física y psicológica. Nuestra participación es fundamental y la respuesta a esta problemática ya no puede esperar.

A un mes de Teuchitlán

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de: Pro ceso

A casi cinco semanas de revelarse públicamente el caso Teuchitlán es importante dimensionar que este episodio asomó un fragmento del fenómeno de violencia generalizada contra niños y adolescentes en México, cuyos alcances significaron poco más que un hecho aislado. Los hallazgos encontrados en el Rancho Izaguirre, gracias a los esfuerzos de colectivos de madres y padres buscadores muestran una herida profunda y lacerante, reflejo de una crisis estructural de desigualdad, impunidad y abandono institucional.

El reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes (NNA) por el crimen organizado es un fenómeno creciente que durante los últimos años ha encendido los focos rojos en la agenda global de protección a la infancia, especialmente en América Latina.

En nuestro México la Red por los Derechos de la Infancia calcula que alrededor de 250 mil NNA están en riesgo de ser reclutados por células del crimen organizado. Si bien se trata de un cálculo, lo cierto es que esta cifra no debería significarnos una estadística inocua, como otras que igualmente evidencian síntomas intolerables de violencia sistémica hacia la niñez.

Hablamos de historias de niños con nombre y apellido, adolescentes y jóvenes atrapados en un ciclo de explotación, la gran mayoría provenientes de entornos de pobreza, violencia intrafamiliar o comunidades donde el crimen representa su única alternativa de vida.

En medio de la crisis que suscitaron estos hallazgos, cobró relevancia mediática el reporte elaborado por la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2021 y dado a conocer en 2024, titulado “Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México”, mediante el cual desde el gobierno federal se delimitan diversas líneas de acción en el ámbito normativo, la reconstrucción del tejido social, entornos seguros, prevención y procuración de justicia en el abordaje institucional de este problema.

Naturalmente a raíz de Teuchitlán dicho documento ganó notoriedad y representó un nuevo aliciente para que organizaciones y actores sociales ganaran espacios en la visibilización de este tema en la agenda pública tras décadas de lucha.

Se sabe, que dicho reporte en realidad obedeció a una ruta de litigio estratégico –además de diversas reacciones por parte de la ONU– en aras de exigir una respuesta oficial para la contención de grupos criminales en zonas de alta incidencia delictiva y, por ende, proclives al reclutamiento de niños y adolescentes.

Si se analiza a detalle, el mecanismo presentado por la Segob – independientemente del momento en que este se haya publicado– representa un punto de partida loable porque articula con claridad los componentes de una estrategia basada en la prevención integral del delito, como lo mandata la ley, además de transparentar los factores reales que inciden en la prevención de esta forma de violencia hacia la niñez y adolescencia.

El reporte además explica los parámetros que permiten identificar el modo de operación del reclutamiento de NNA por parte del crimen organizado o grupos armados, tales como factores individuales, familiares, sociales, comunitarios, el uso de redes digitales para este propósito, así como un análisis georreferenciado de las entidades o regiones donde prevalece mayor riesgo para el reclutamiento de menores. En tal sentido, desde la letra es impecable.

La magnitud de los hechos de Teuchitlán expuso una red de impunidad que trasciende lo local. La pertinencia de un diagnóstico con perspectiva nacional, como el dado a conocer por el gobierno federal, representa un pequeño paso, la ruta mínima ante la barbarie. No obstante, el momento es propicio no sólo para el análisis, se requiere pasar al terreno de la implementación y las respuestas.

La Segob, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tienen en sus manos la oportunidad histórica de hacer operables en este caso los esquemas de coordinación previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuentan no sólo con los medios normativos y democráticos para coordinar los aspectos esenciales en materia de seguridad y procuración de justicia, sino también para involucrar de manera prioritaria –como ha sido la legítima demanda de cientos de madres y padres buscadores– a otras instituciones hasta ahora ausentes en la ecuación, como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda.

En medio de todo este panorama se ha dado una señal que puede marcar signos de voluntad política ausente desde el gobierno anterior. Me refiero a la atención que la titular de la Secretaría de Gobernación tuvo a bien brindar, cual es su obligación, a los grupos buscadores mediante la organización de las mesas de diálogo y encabezado de manera personal, con actitud de escucha para incentivar, al menos, que todos levanten la voz tantas veces acallada.

A un mes de Teuchitlán muchas cosas se han removido en el ánimo nacional, pero lo más importante es la creciente expectativa de que finalmente este gobierno pueda brindar verdad y justicia a miles de familiares de niños y adolescentes desaparecidos en este país.

* Abogado, doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Director Ejecutivo del Think Tank mexicano Early Institute

Hablemos de maternidad tardía y técnicas de reproducción asistida

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Si bien la tecnología se convierte en un aliado para la solución de problemas de la fertilidad, hay aún muchos vacíos médicos y legales, así como riesgos y un desgaste, tanto emocional como económico.

Todavía en la actualidad hay temas que suelen estar ocultos o de los que se habla poco cuando deberían ser parte de las discusiones públicas. Uno de ellos es la reproducción asistida y sus implicaciones, que pese a su desarrollo sigue siendo una práctica complicada, costosa y de muchos altibajos. Y otro es la afectación emocional por el retraso de la maternidad.

En su libro Querida desconocida, la periodista española Júlia Bertran Lafuente narra su propia experiencia en la búsqueda de convertirse en madre a sus 40 años y presentando dificultades físicas para lograrlo. La solución fue la donación de óvulos y adentrarse en las exigencias de métodos artificiales y técnicos que conocía someramente.
Cabe señalar que la escritora nunca se había planteado ser madre y cuando se abrió a la posibilidad de serlo, concluyó que en su caso el rechazo a la maternidad era una misoginia interiorizada, pues en sus palabras “yo quería ser como un hombre, porque en mi época los referentes académicos, culturales y políticos eran sobre todo masculinos”.
Querida desconocida es un testimonio de lo que significa ser parte de la industria de la reproducción asistida, pero es también una reflexión sobre lo que está ocurriendo hoy en día con muchas mujeres que han decidido retrasar la maternidad o bien, anularla. Dice la autora en varias entrevistas: “Renunciar a la maternidad creyendo que estamos preservando nuestra libertad es erróneo. Lo que hay que hacer es avanzar en corresponsabilidad, tanto en la crianza como en la reproducción”.

Agrega: “Retrasar tanto la maternidad cuando podía haber sido madre más joven, es una culpa muy útil al sistema porque genera ostracismo y hace que te encierres, que no lo hables y que no te des cuenta de que es un problema estructural que compartimos muchas mujeres”.

Para Júlia Bertran Lafuente su experiencia fue una oportunidad para visibilizar también a las mujeres que donan sus óvulos y que suelen estar en situaciones sociales desfavorables, lo que la orilló a reconocer la falta de garantías para proteger y asegurar el bienestar físico y emocional de quienes acceden a someterse a riesgos quirúrgicos para extraer sus gametos.
Asimismo critica a las clínicas de fertilidad por inflar las tasas de éxito y normalizar la maternidad tardía pese a la salud física y emocional de las mujeres. El debate que se plantea en Querida desconocida va entre la culpa por no haber sido madre antes y contribuir a una industria que mercantiliza la maternidad. En sí, el libro busca abrir un diálogo y cuestionar la falta de soluciones públicas para la reproducción.

En Early Institute abogamos por la importancia de repensar el valor de la maternidad no como un lastre sino como un suceso extraordinario, una posibilidad de vida, generador de vínculos y cuidados y la forma más sublime de trascender. Por otro lado, es fundamental estar informados cuando se trata de técnicas de reproducción asistida porque si bien la tecnología se convierte en un aliado para la solución de problemas de la fertilidad, hay aún muchos vacíos médicos y legales, así como riesgos y un desgaste, tanto emocional como económico de dimensiones desproporcionadas, que afectan a los involucrados en las concepciones artificiales. Sin duda son asuntos complejos, pero muy útiles cuando salen a la luz y se tratan con suficiente evidencia para decidir de la manera más adecuada.

La educación como víctima del crimen organizado

Por: Sandra Espinosa
Publicación original de: El Heraldo de México

Las consecuencias de la violencia ocasionada por el crimen organizado son evidentes y diversas; por mencionar algunas: México vive desplazamientos internos, reclutamientos, extorsiones, homicidios, entre otros delitos

El crimen organizado se ha convertido en una amenaza para el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en México. De acuerdo con información de la organización civil Mexicanos Primero, en al menos siete estados de la República, mencionando Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Morelos, Tabasco y Baja California, la violencia generada por el crimen organizado ha impedido que la educación se lleve a cabo de manera cotidiana durante el inicio de este año 2025.

El comunicado de Mexicanos Primero señala que la violencia e inseguridad provocada por el crimen organizado, a través de balaceras, homicidios y la colocación de narcomantas, han obligado a muchas escuelas a cerrar, completamente o de manera intermitente, a llevar clases en línea, o a que las familias no se sienten seguras de llevar a sus hijos a la escuela, elevando el ausentismo escolar.

Las consecuencias de la violencia ocasionada por el crimen organizado son evidentes y diversas; por mencionar algunas: México vive desplazamientos internos, reclutamientos, extorsiones, homicidios, entre otros delitos. Sin embargo, una de las afectaciones a la que debemos prestar especial atención es a la interrupción de la educación, que compromete el futuro de la niñez y adolescencia mexicana.

La educación es un derecho de todas las personas, pero de gran importancia para niñas, niños y adolescentes, pues la educación tiene como principal objetivo el pleno desarrollo de su personalidad. A través de la educación, las niñas y niños adquieren no solo conocimientos académicos, sino también valores, habilidades sociales y herramientas para que comprendan y ejerzan plenamente sus demás derechos.

Además de que la educación permite combatir desigualdades, pues actúa como una herramienta clave en la disminución de la pobreza. Según la UNESCO, un año adicional de escolaridad incrementa los ingresos de una persona hasta un 10%.

Las y los estudiantes del estado de Sinaloa son de los más afectados, ya que desde septiembre de 2024 se enfrentan a una guerra entre grupos del crimen organizado. Esto ha generado que las autoridades implementen medidas que pretenden proteger a niñas y niños de la violencia en las escuelas.

A principios de febrero, la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, afirmó que existen protocolos establecidos para salvaguardar a estudiantes dentro de las escuelas en situaciones de riesgo. Además, el 20 de febrero de este año, la misma Secretaría anunció que, debido a los constantes hechos de violencia en Culiacán, estudiantes de todos los niveles recibirían clases de manera virtual como medida preventiva.

Si bien estás medidas resultan necesarias para prevenir situaciones que pongan en peligro la vida y seguridad de las y los estudiantes, es necesario que se haga conciencia de que esto no es suficiente para garantizar que la educación se ejerza de manera plena.

Una clase en línea no sustituye la interacción en un salón de clases, el jugar con amigas y amigos, el acompañamiento de maestras y maestros, sin olvidar -además-, que no todas las familias cuentan con los recursos necesarios, como una computadora o acceso a internet, que les permita a sus hijos tomar sus clases de manera adecuada.

No podemos permitir que la violencia transforme el ir a la escuela en una situación de incertidumbre y peligro. La educación no puede ser una víctima más del crimen organizado y como sociedad debemos exigir soluciones efectivas para que se ejerza de manera plena el derecho a la educación y debemos participar activamente en la construcción de entornos seguros para la niñez y adolescencia.