Acabar con la violencia infantil sigue siendo un reto en México

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original en El Financiero

Abatir la violencia, en particular la de tipo sexual, en contra de niñas y niños es un reto de grandes proporciones, pero al que debemos enfrentar para proteger a los más vulnerables.

Con el cierre de año ya muy cerca, es inevitable hablar de los desafíos y retos que enfrenta el país en distintos rubros.
Uno muy importante es el referente a la situación de la primera infancia, cuya atención en los últimos años ha acaparado las agendas mundiales, pero aún falta mucho por hacer.

En México, 2025 se distinguió por tener avances a través de iniciativas de la sociedad civil, como las que Early Institute ha impulsado en alianza con otros organismos que buscan el bienestar de este sector.

Si bien se han registrado considerables logros en cuidado y crianza, todavía persisten focos rojos que afectan a niñas y niños en sus primeros años de vida.

La violencia es uno de ellos. Según la titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Lorena Villavicencio, en el marco de la primera reunión ordinaria de la Comisión para Poner Fin a toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA): “Las violencias familiares siguen siendo las más frecuentes; una de cada dos niñas y niños ha vivido algún tipo de violencia en su hogar, y los homicidios de adolescentes continúan siendo una herida abierta que nos interpela como Estado y como sociedad”.

Abatir la violencia, en particular la de tipo sexual, en contra de niñas y niños es un reto de grandes proporciones, pero al que debemos enfrentar para proteger a los más vulnerables.

Para la COMPREVNNA, los puntos a abordar para erradicar esta problemática inician con la prevención, privilegiando las campañas de sensibilización y fortalecimiento de la crianza positiva.

La atención es otra estrategia con la dotación de servicios integrales para las víctimas. Un aspecto más es la atención prioritaria a casos de trata, reclutamiento, desaparición y orfandad por feminicidio y, por último, la protección especial dirigida a niñas, niños y adolescentes en movilidad, con discapacidad, en pobreza o pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.

Por su parte, el reporte ¿Cómo vamos en la primera infancia?, elaborado por Early Institute, añade otras propuestas como son: contar con una encuesta nacional de violencia sexual contra niñas y niños para conocer la magnitud del problema, encontrar determinantes y establecer causalidades respecto a los incrementos observados en la incidencia e implementar un Sistema Nacional y progresivo de Cuidados que, en coordinación con la Política Nacional de Educación Inicial, impulse la cobertura para la primera infancia.

También Early Institute —a través de su proyecto Alumbra— ha focalizado sus acciones este año en la prevención de la violencia y el abuso sexual infantil, a través de cursos y talleres dirigidos a cuidadores, educadores, padres de familia y estudiantes de los niveles primario y secundario, principalmente.

Otro de los asuntos a tratar es el cuidado responsable. En 2025, México ha realizado avances significativos, destacando la expansión de programas de salud infantil que han mejorado la cobertura y el acceso a vacunas en comunidades marginadas, además de la implementación del programa Educación Inicial para el Bienestar, que garantiza educación integral gratuita para niños de 0 a 3 años.

De hecho, se ha incrementado la inversión en programas dirigidos al bienestar infantil, como se documenta en informes y reportes nacionales e internacionales, pero todavía hay desigualdades en el cuidado de las etapas más cruciales de las niñas y los niños.

Early Institute —el único think tank mexicano especializado en la protección de la primera infancia— reconoce los esfuerzos que se han hecho en torno a la solución de fenómenos como los descritos y reiteramos nuestro compromiso por seguir trabajando para evitar que la violencia y el abuso sigan amenazando el desarrollo infantil en nuestro país.

Acabar con la violencia infantil sigue siendo un reto en México - Clone

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original en El Financiero

Abatir la violencia, en particular la de tipo sexual, en contra de niñas y niños es un reto de grandes proporciones, pero al que debemos enfrentar para proteger a los más vulnerables.

Si bien se han registrado considerables logros en cuidado y crianza, todavía persisten focos rojos que afectan a niñas y niños en sus primeros años de vida.

Abatir la violencia, en particular la de tipo sexual, en contra de niñas y niños es un reto de grandes proporciones, pero al que debemos enfrentar para proteger a los más vulnerables.

Para la COMPREVNNA, los puntos a abordar para erradicar esta problemática inician con la prevención, privilegiando las campañas de sensibilización y fortalecimiento de la crianza positiva.

Panorama de los cuidados en México

Si bien ha habido avances en esta materia —ya que por primera vez se otorga en el presupuesto federal de 2026 un recurso de 466 mil millones de pesos para la consolidación de una sociedad de cuidados—, el IMCO subraya la insuficiencia ante “la magnitud del desafío”.

De los diversos temas que afectan el desarrollo de México, se ubica uno muy delicado y que requiere atención. Se trata del inminente envejecimiento de la población, que para 2050 se estima que pasará de un 9% a 18%, según proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Evidentemente, se trata de un sector que requiere mayor protección por tratarse de una población vulnerable, como también sucede con los niños, las niñas y las personas con discapacidad.

En este marco, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) efectuó un análisis sobre lo que el gobierno mexicano ha realizado en torno a los cuidados, su impacto económico y sus retos.

De acuerdo con el IMCO, hoy se habla de que los segmentos antes especificados representan 46% de la población, es decir, 58.5 millones de personas, por lo que es fundamental abordar el fenómeno por el bien de la sociedad.

Si bien ha habido avances en esta materia —ya que por primera vez se otorga en el presupuesto federal de 2026 un recurso de 466 mil millones de pesos para la consolidación de una sociedad de cuidados—, el IMCO subraya la insuficiencia ante “la magnitud del desafío”.

En este sentido, los esfuerzos han llevado a que “en los últimos 20 años, los programas presupuestarios vinculados a los cuidados pasaron de seis en 2008 a un máximo de 14 en 2022”; sin embargo, el dinero destinado en el presupuesto del próximo año se queda corto, pues según cálculos del Instituto, “tendría que ser 1.8 veces mayor para responder a la demanda”.

Otro tema relacionado con los cuidados es la tendencia de que sean las mujeres quienes llevan la responsabilidad, afectando su autonomía económica, ya que no reciben pago alguno por dicha labor y tienen que seguir realizando otras actividades.

Esta falta de remuneración y la sobrecarga de funciones propician otras problemáticas en salud (física y mental), así como desigualdades sustanciales.

Si a esto se suma que en los hogares el gasto por los cuidados es considerable, estamos hablando de una atención inequitativa. Dice el IMCO: “Los hogares con mayores ingresos destinan hasta 30 veces más recursos a los cuidados que aquellos con menores ingresos.

Esto podría sugerir que el poder adquisitivo amplía las opciones para acceder a servicios formales de cuidado”.

Un desbalance más es que, de los establecimientos dedicados a los cuidados, “92.8% atienden a niñas y niños, 2.3% a personas adultas mayores y 5% a personas con discapacidad.

Esta distribución evidencia un sistema concentrado en la primera infancia y con una oferta limitada para otros grupos”.

Como se aprecia, el análisis del IMCO es una mirada no solo de lo que vendrá, sino de lo que ya es una realidad. La implementación de un sistema de cuidados requiere compromisos sociales además de monetarios.

En Early Institute reconocemos los esfuerzos gubernamentales, pero sabemos que falta hacer más, empezando por reconocer el derecho humano al cuidado expresamente en la Constitución mexicana para impulsar su pleno ejercicio.

Asimismo, es indispensable pensar que la ausencia de un sistema de cuidados significa pérdidas y brechas difíciles de reparar en el futuro derivadas de las desigualdades de género, de ahí que deba construirse y afianzarse lo más pronto posible.

¿Cómo vamos con la primera infancia?

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original en El Financiero

Entre 2018 y 2024, todas las entidades [mexicanas] redujeron la pobreza en la primera infancia, con descensos frecuentes de entre 5 y 15 puntos porcentuales. Pero “persisten diferencias territoriales muy marcadas.

Con el objetivo de dar a conocer el panorama de la primera infancia en México, Early Institute publicó el informe ¿Cómo vamos con la primera infancia?

Este documento es resultado del seguimiento a indicadores que reúne el Sistema de Indicadores de Primera Infancia México (SIPI), la única herramienta que concentra y analiza 150 indicadores correspondientes a la situación de las niñas y los niños de cero a 5 años de edad en salud, educación, cuidado, nutrición, protección y pobreza.

¿Cómo vamos con la primera infancia? Ofrece datos sobre el monitoreo de los rubros mencionados, además de indicar rezagos por entidad, región o grupo poblacional.

En seis apartados, el reporte expone lo que viven hoy en día millones de niñas y niños mexicanos durante sus primeros años de vida y propone recomendaciones para mejorar su situación, ya que en términos generales sigue habiendo desafíos que afectan a este sector.

Destacan algunos datos que es necesario considerar. Por ejemplo, en pobreza se habla de que “entre 2018 y 2024, todas las entidades [mexicanas] redujeron la pobreza en la primera infancia, con descensos frecuentes de entre 5 y 15 puntos porcentuales. Pero “persisten diferencias territoriales muy marcadas.

En 2024 los porcentajes más altos de pobreza en la primera infancia siguen en el sur-sureste”.

En el aspecto educativo, se indica: “De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2023, en México, el acceso a cuidado y educación de calidad para la primera infancia es limitado y desigual. Solo el 30.4% de niñas y niños de 0 a 5 años asiste a servicios de cuidado o educación inicial o preescolar”.

En cuestiones de seguridad y protección: “Un delito que preocupa de manera particular es el de niñas y niños, de entre 0 y 5 años, desaparecidos o no localizados.

Al respecto, se observa un incremento de 7% a nivel nacional entre 2022 y 2024, registrando 368 en 2022 y 392 en 2024.

En términos absolutos, las cifras más altas en 2024 se concentraron en el Estado de México (171 casos), Ciudad de México (62 casos), Hidalgo (26 casos), Coahuila (12 casos) y Zacatecas (12 casos)”.

Por su parte, en salud sobresale que: “De acuerdo con datos del Sistema de Información de la Secretaría de Salud (SINAISCAP), entre 2022 y 2023 en México ha aumentado la mortalidad de las niñas y niños menores de 5 años.

A nivel nacional, la mortalidad creció del 15.2% al 16%. Las entidades con mayor mortalidad de niñas y niños menores de 5 años son Tlaxcala (20.83%), Michoacán (20.82%), Morelos (20.80%), Yucatán (20.3%) y Chihuahua (20.18%)”.

En cuanto a nutrición: “De acuerdo con la Ensanut, a nivel nacional la población de niñas y niños menores de cinco años con baja talla para la edad creció de 12.8%, en 2022, a 13.9%, en 2023, un aumento del 8.59%”.

Estas son algunas de las cifras que se exhiben y que revelan claras deficiencias en el cuidado infantil.

En cuanto a las recomendaciones, se habla de implementar un Sistema Nacional y progresivo de Cuidados que, en coordinación con la Política Nacional de Educación Inicial, impulse la cobertura para la primera infancia y concretar una Política Integral Nacional de Crianza Positiva que sea pilar en el desarrollo infantil temprano.

Early Institute es el único think tank mexicano especializado en primera infancia y su compromiso es incidir en las políticas públicas para mejorar la situación de este sector.

¿Cómo vamos con la primera infancia? Sintetiza hallazgos relevantes sobre aspectos torales en el desarrollo infantil con miras a visibilizar los rezagos y proponer formas para combatirlos.

Descárgalo aquí

Lamentable el retroceso de cuidados paliativos en México

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original en El Financiero

Los cuidados paliativos buscan aliviar síntomas como el dolor, la disnea y otros malestares, permitiendo a los pacientes mantener la mayor funcionalidad posible y una mayor sensación de bienestar.

En el país, la crisis en salud afecta múltiples áreas. En los últimos cinco años no solo se ha evidenciado una falta en la dotación de medicamentos, sino también el desmantelamiento de programas que solían brindar apoyo a las familias mexicanas.

Hoy se agrega el rezago en el tema de los cuidados paliativos, que proporcionan apoyo a personas que experimentan sufrimientos importantes relacionados con la salud debido a una enfermedad o condición grave.

Los cuidados paliativos buscan aliviar síntomas como el dolor, la disnea y otros malestares, permitiendo a los pacientes mantener la mayor funcionalidad posible y una mayor sensación de bienestar, sobre todo en etapas avanzadas de la enfermedad que los aqueja.

Estos cuidados no adelantan ni retrasan la muerte, sino que reducen el dolor y el sufrimiento con atenciones físicas, emocionales, sociales y espirituales que respetan las preferencias y los valores del paciente.

La Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos (IAHPC, por sus siglas en inglés) calcula que alrededor de 448 mil personas, en México, viven sufrimientos graves relacionados con la salud, población que debería recibir algún tipo de servicio paliativo.

En este sentido, la Ley General de Salud integra, desde 2020, los cuidados paliativos como parte de los servicios de atención médica esenciales, luego de que en 2019, el Senado de la República emitiera un decreto para crear un marco normativo que promoviera los derechos del paciente en tratamientos paliativos y el acceso a medicamentos.

Tristemente, se está observando un retroceso importante en esta asignatura.
Por ejemplo, en 2022, la Comisión Coordinadora de los Servicios Coordinados de Salud (CCS) señaló que hay un déficit en la infraestructura y en la formación de profesionales en esta área.

Así mismo, la Secretaría de Salud reconoció, en 2023, que la disponibilidad de medicamentos analgésicos, especialmente la morfina, sigue siendo limitada en varias regiones del país.

Por su parte, un análisis reciente basado en indicadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que nuestro país está siendo deficiente en la aplicación de cuidados paliativos en rubros como suministro de fármacos, capacitación y servicios especializados.

El estudio fue elaborado por médicos del Hospital General de Occidente, la Universidad de Guadalajara, el Instituto Nacional de Cancerología, el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, la Universidad Autónoma de Morelos, entre otras instituciones, y publicado en el Journal of Pain and Symptom Management, en agosto de 2025.

En las conclusiones se revelan “deficiencias en el número de servicios de cuidados paliativos, el acceso a medicamentos esenciales, la supervisión de políticas, la promoción y la implementación, y la educación en cuidados paliativos”, motivo por el cual los autores hacen un llamado a la acción “para continuar la promoción, el crecimiento y la implementación de los cuidados paliativos en la región”.

Early Institute se une al llamado ante los resultados que arrojó el estudio y que visibilizan los desafíos que enfrenta la implementación de los cuidados paliativos.

Es un hecho que se requiere mayor sensibilización y capacitación en el personal de salud, además de políticas públicas que impulsen una estrategia nacional sólida.

Principalmente se debe fomentar una cultura que valore el bienestar y la dignidad, promoviendo el conocimiento y la aceptación de los cuidados paliativos porque brindar acompañamiento en las etapas más difíciles de la enfermedad es lo más humano y respetuoso que debe hacerse.

Las Procuradurías de Protección, una respuesta inmediata frente a la violencia contra la niñez

Fortalecer a estas instituciones y exigir su actuación inmediata y oportuna es un deber y compromiso que el Estado debe asumir con la niñez y adolescencia, con su seguridad, su dignidad y su derecho a vivir libres de violencia

¿Sabías que en México existen instituciones especializadas en cuidar y defender los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes? Se trata de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, instituciones creadas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar que ningún niño o niña quede sin protección ni acompañamiento antes la vulneración de sus derechos.

Las Procuradurías de Protección tienen diversas facultades, entre las que pueden destacarse: garantizar la protección efectiva y restitución de los derechos de la niñez, detectar situaciones en las que puedan estar en riesgo su bienestar, dar asesoría legal y psicológica cuando se encuentran ante una afectación de sus derechos y fortalecer el cumplimiento de la ley y los derechos de la niñez en coordinación con otras autoridades.

Bajo ese contexto, cobran relevancia las reformas legislativas publicadas el pasado 30 de septiembre en el Periódico Oficial del Estado de México, mediante las cuales se modificaron disposiciones del Código Penal, el Código Administrativo, la Ley de Víctimas y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todas del Estado de México.

Dichas reformas tienen por objeto fortalecer el marco jurídico local para la protección frente a la violencia sexual contra la niñez y adolescencia, reforzando las obligaciones específicas de las autoridades para garantizar una respuesta inmediata y efectiva cuando se identifiquen casos en los que niñas, niños o adolescentes han sido víctimas.

Entre las modificaciones más relevantes se establece la obligación de las autoridades educativas y del sector salud de dar aviso inmediato a las Procuradurías de Protección cuando se detecte que una niña, niño y adolescente es víctima de violencia sexual. Este cambio es crucial, pues garantiza que las Procuradurías de Protección, actúen de manera inmediata para su protección integral, disminuyendo la posibilidad de que sean revictimizados o estén expuestos a más formas de violencia.

La importancia de esta reforma se refuerza con los datos; de acuerdo con el INEGI 2024, la cifra oculta de delitos sexuales alcanza el 95%. Sin embargo, en el caso de niñas, niños y adolescentes, una parte significativa de los casos se detecta desde el sector salud o el educativo. Según datos de la Secretaría de Salud, entre 2019 y 2023, 9,822 niñas, niños y adolescentes requirieron atención médica por violencia sexual, lo que significa que cada día 27 niñas y niños llegan a una unidad de salud por esta causa.

Estos números muestran la urgencia de contar con mecanismos de respuesta inmediata y articulada. El sector salud, al tener contacto directo con la niñez cuando se presentan daños físicos, puede detectar señales de violencia sexual. Por su parte, el sector educativo, al ser un espacio cotidiano de convivencia y confianza, también puede identificar signos de alerta. En cualquiera de los casos es necesario que el Estado establezca protocolos y leyes que de manera clara señalen como obligación de estas autoridades activar mecanismos para proteger y denunciar.

De ahí deriva la importancia de esta reforma, pues determina que no basta con denunciar ante el Ministerio Público, es necesario dar aviso inmediato a las Procuradurías de Protección, para accionar una protección reforzada que garantice una intervención con enfoque en el interés superior de la niñez.

Deben seguirse fortaleciendo a las Procuradurías de Protección, en su papel de “las abogadas de la niñez”, promoviendo la inmediatez de su intervención que tiene como propósito que se adopten las medidas necesarias para asegurar el respeto, protección y restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas.

Finalmente, vale recordar que aunque la violencia sexual es una de las vulneraciones más graves a los derechos humanos de la niñez, las Procuradurías de Protección están facultadas para intervenir en cualquier caso de vulneración de derechos, ya sea por violencia física, abandono, maltrato o cualquier otra forma de violencia.

Fortalecer a estas instituciones y exigir su actuación inmediata y oportuna es un deber y compromiso que el Estado debe asumir con la niñez y adolescencia, con su seguridad, su dignidad y su derecho a vivir libres de violencia.

Cuidar a la niñez y la adolescencia

Annayancy Varas García destaca la iniciativa impulsada por Querétaro para crear ambientes digitales más sanos para niñas y adolescentes.

En los últimos años, la tecnología digital se ha convertido en una extensión de las actividades humanas y, sin duda, reconocemos los beneficios si se emplea correctamente.

El asunto se vuelve más complejo cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, pues también es sabido que se pueden utilizar ciertas herramientas para causar daños a este sector.

En particular, hoy se cuestiona el uso de las redes sociales en menores de edad ante la presencia de casos dañinos.

Desde iniciativas y acciones a nivel mundial hasta las que se están implementando en México, el único objetivo es proteger a un grupo poblacional vulnerable que fácilmente puede ser engañado con fines de extorsión, intimidación, acoso, desaparición, entre otros.

Australia se ha puesto a la vanguardia en la vigilancia sobre las redes, luego de que a finales de 2024, la Cámara de Representantes y el Senado de ese país aprobaron una reforma legislativa para restringir el acceso de menores de 16 años a redes sociales como TikTok, Facebook, Snapchat, X y Reddit; también se incorporó a YouTube en un segundo momento.

Las autoridades australianas exigen que las empresas proveedoras de estos servicios se responsabilicen implementando filtros y medidas de seguridad y que, en caso de no hacerlo, se harán acreedores de multas cuantiosas.

Por su parte, en Francia, desde 2023, es obligatorio contar con el consentimiento de padres, madres o cuidadores para que menores de 15 años puedan registrarse en plataformas de redes sociales.

De igual modo, las plataformas están obligadas a implementar sistemas para verificar la edad y asegurar que se haya obtenido dicho consentimiento; de no cumplir con las directrices, también serán sancionadas considerablemente.

En México, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, presentó en febrero de 2025 una serie de propuestas de políticas públicas y administrativas en materia educativa para restringir el uso de dispositivos móviles dentro de aulas y escuelas.

En este sentido, las instituciones serán responsables de implementar filtros y las medidas necesarias que coadyuven a alcanzar dicho objetivo.

Además, en julio de 2025, el Congreso estatal aprobó reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Penal de Querétaro con la intención de establecer nuevas directrices de restricción en materia de redes sociales digitales.

Con esta reforma —única en su tipo en México— se establece la obligación de ejecutar mecanismos de denuncia y reparación de derechos afectados por recolección de datos y moderación de contenidos que vulneren el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

La tendencia es muy clara. Conforme se va teniendo más evidencia sobre las repercusiones negativas que tiene el uso de las redes sociales en este sector, se han empezado a tomar medidas que apuntan a los responsables y las consecuencias por no acatar las pautas que se imponen para proteger a la niñez y la adolescencia.

En Early Institute, nos pronunciamos por brindar entornos digitales seguros y adecuados según el grado de madurez y desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Reconocemos que las herramientas digitales pueden ser aliados muy valiosos en los procesos educativos, sociales y culturales; sin embargo, también admitimos que la ausencia de vigilancia en su uso puede ser una invitación a experiencias negativas.

Hay que establecer restricciones razonables en el uso de redes sociales y dispositivos móviles para salvaguardar la integridad física y mental de niñas, niños y adolescentes.

Pero también hay que alentar que su crecimiento sea en espacios fuera de las pantallas y propiciar que haya vínculos más profundos tanto con el ambiente como con la gente que los rodea.

Escuelas ¿espacios de aprendizaje o de violencia?

Por Valeria González Ruiz, Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo

El mensaje es claro: las escuelas tienen que ser aliadas protectoras, no cómplices y mucho menos agresoras, ellas contribuyen directamente al bienestar, la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos de la infancia

“Nos enteramos del abuso que vivieron niñas y niños de 3 a 5 años de edad en su escuela, incluidos nuestros hijos y nuestras hijas. En un principio todo parecía extraño; sin embargo, escuchar a otros padres mencionar los síntomas que presentaban sus hijos resonaba en nosotros porque sabíamos que su dolor era el que estábamos sintiendo”

Testimonio narrado en el Acto de disculpa pública por la actividad irregular del Estado por los abusos cometidos por servidores públicos en el Jardín de Niños “Marcelino de Champagnat” el 28 de agosto 2025

Aunque parezca increíble, la violencia sexual cometida dentro de las escuelas es un fenómeno real y frecuente. De acuerdo con los datos de lesiones de la Secretaría de Salud, en 2023 se registraron 268 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes ocurridos en el entorno escolar: 68 contra niñas y niños de entre 1 y 5 años, 79 contra el grupo de 6 a 11 años y 121 contra adolescentes de entre 12 y 17 años. Paradójicamente el sector educativo, al igual que el sector salud, resulta clave para la detección y atención inmediata de casos de violencia sexual, ahí se pueden identificar señales de alerta, fortalecer factores de protección y fomentar una cultura del respeto y la no violencia desde edades tempranas.

En ese sentido, es prioritario no solo evitar que casos tan atroces sucedan dentro de los planteles, sino también crear los mecanismos necesarios para detectar a tiempo y atender sin revictimización violencia sexual infantil. Es por eso que este ciclo escolar podemos celebrar un gran logro, fruto de años de lucha: en 2018 se descubrieron diversas agresiones sexuales en contra de niñas y niños del Jardín de Niños "Marcelino de Champagnat" en Ciudad de México, cometidas por parte de personal docente, directivo y de supervisión. Las 17 familias víctimas iniciaron un arduo proceso de acceso a la justicia -acompañadas de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI)-, que concluyó en 2021 con una sentencia que dictó 494 años de prisión y que señala la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública de garantizar un servicio educativo seguro para la niñez, obligándola a implementar diversas medidas de reparación y no repetición.

Este año al fin se ven materializadas esas medidas; en mayo se publicaron los Lineamientos para la prevención primaria, atención y medidas de no repetición para la erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica que establecen obligaciones para las autoridades en la prevención y atención de casos de violencia sexual. Estos incluyen acciones de prevención, detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento de casos, señalando con énfasis la coordinación interinstitucional como una medida para fortalecer la atención y evitar la repetición de estas violencias. Por otra parte, se incluyó en el Calendario Escolar 2025-2026 la Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, que tiene por objetivo brindar las herramientas necesarias a personal docente y administrativo para prevenir, identificar y actuar frente a la violencia sexual en las aulas, así como que las y los alumnos cuenten con la información necesaria para reconocer la violencia sexual y saber a quién acudir si llegan a presenciarla, vivirla o identificarla.

Finalmente, la Secretaría de Educación Pública -a través de su titular Mario Delgado Carrillo- ofreció disculpas públicas por la "actividad irregular del Estado" en los actos de violencia sexual cometidos en el Jardín de Niños "Marcelino de Champagnat", reconociendo que la autoridad falló en cuidar y proteger a las niñas y niños, y en garantizar que su escuela fuera un espacio libre de violencia.

El mensaje es claro: las escuelas tienen que ser aliadas protectoras, no cómplices y mucho menos agresoras, ellas contribuyen directamente al bienestar, la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos de la infancia. Las y los docentes pueden detectar oportunamente signos de abuso o riesgo; fortalecer la participación de familias y comunidades en la prevención; y crear una cultura escolar basada en el respeto, la igualdad y la protección.

Definitivamente estos avances son solo el primer paso en un largo camino para la construcción de entornos libres de violencia para la infancia y adolescencia de nuestro país. En lo individual, es prioritario allegarnos de información y herramientas efectivas para entender y prevenir efectivamente la violencia sexual infantil en todos los ámbitos sociales, especialmente en el familiar, escolar, y de salud.

En alumbramx.org se alojan herramientas de prevención dirigidas a mamás, papás pero también a cuidadores y autoridades de primer contacto; entre ellas, insumos específicos para identificar espacios escolares seguros. Ahí podrán, por ejemplo, aprender que las aulas que no permiten la visibilidad favorecen los abusos; que los baños no deben compartirse con personal docente; que los conserjes no deben vivir dentro de las escuelas; o que las escuelas deben de contar con protocolos de actuación claros que contemplen dar vista inmediatamente a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ante cualquier indicio de un caso de violencia sexual. Les invito a involucrarse, informarse y asumir una responsabilidad colectiva en la prevención de la violencia sexual ejercida contra niñas, niños y adolescentes.

Agenda de niñez: a un año de gobierno

Por Abraham Madero Márquez
Publicación original en: Proceso

Según el último reporte de la Red por los Derechos de la Infancia en México, en 2024 se registraron 2 mil 243 homicidios de niños y adolescentes entre 0 y 17 años, lo cual significó un aumento de más del 6% respecto al año anterior.

En tanto se ha cumplido el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum, la violencia contra niñas, niños y adolescentes refleja una crisis estructural que parece no dar tregua en el país. No se trata de ninguna especulación, según cifras oficiales y el último reporte de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en 2024 se registraron 2 mil 243 homicidios de niñas, niños y adolescentes (NNA) entre 0 y 17 años, lo cual significó un aumento de más del 6% respecto al año anterior. En el rubro de feminicidios de niñas y adolescentes, igualmente se observa un incremento con 73 casos en comparación a 68 en 2023.

Adicionalmente, durante los últimos cinco años Early Institute ha documentado un crecimiento sostenido de casi 65% respecto los índices de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, lo cual se suma a un contexto de violencia generalizada a partir de fenómenos latentes como la explotación, trata, movilidad, migración y el reclutamiento de NNA por parte del crimen organizado.

De todo ello existe evidencia sólida, no hace falta apelar a diagnósticos o datos de escritorio para interpretar esta realidad y concluir que se trata de un problema estructural. Al final, se trata de vidas y familias destrozadas, reflejo de décadas de abandono institucional hacia la protección integral de la niñez y adolescencia, especialmente a la que se desarrolla en entornos vulnerables de pobreza y marginación.

En tal contexto y a un año del inicio este gobierno, surge una pregunta ineludible: ¿por qué esta agenda no ha emergido como un eje prioritario explícito a pesar de la urgencia manifiesta?

El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, presentado por el Gobierno de la República en febrero pasado, representa el documento rector que define las prioridades de la administración pública federal. La estructura de este nuevo documento rector se sustenta en cuatro ejes –gobernanza y justicia; desarrollo con bienestar; economía moral y trabajo; desarrollo sustentable– su contenido enfatiza el fortalecimiento del Estado de bienestar, el desarrollo económico inclusivo y la innovación pública. En las páginas 48 y 49 del documento, la mención hacia la niñez y adolescencia dedica únicamente tres párrafos a describir el compromiso del gobierno actual con este grupo, abordando genéricamente temas como el de educación inicial, nutrición, salud y acceso a apoyos para niñas, niños y adolescentes.

En su primer informe de gobierno, hace apenas unas semanas, la presidenta destacó logros como la reducción de homicidios dolosos, la atención a migrantes y la expansión de programas sociales como becas y viviendas. Enfatizó el avance en temas como la prosperidad compartida, el incentivo al empleo, mejoras en salud y educación y la soberanía económica, reflejando –naturalmente– continuidad respecto el sexenio anterior, pero con un sello propio en cuanto a la innovación y el énfasis en materia de equidad de género.

Sin embargo, en toda esta narrativa de la transformación del país, la niñez no ha figurado en los últimos siete años como un pilar autónomo; se integra transversalmente en secciones sobre bienestar familiar, cuidados y género, pero sin un presupuesto o acciones específicas que la eleven y dignifiquen por encima de otras demandas como lo mandata la Constitución.

Por ejemplo, la violencia contra la infancia a menudo se diluye en categorías más amplias como “violencia de género” o “seguridad pública”, sin un enfoque diferenciado que reconozca su especificidad y permita establecer estrategias propias para reducir la impunidad y los índices de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.

Desde luego, esta aparente “despriorización” podría explicarse por varios factores políticos o coyunturales. Primero, el arranque de cualquier gobierno enfrenta un cúmulo de urgencias. En el caso de la presidenta Sheinbaum, su gobierno heredó una economía en recuperación postpandemia, tensiones diplomáticas y migratorias tras el regreso de Trump a la Casa Blanca y un mapa de violencia nacional que exige respuestas inmediatas y un viraje en el eje de seguridad pública.

Segundo, es claro que el estilo de estos gobiernos se centre en la gestión de logros y proyectos cuantificables, como la creación de escuelas o el “Plan México” para inversiones, que prioriza indicadores económicos y sociales visibles, mientras que la protección de la niñez y adolescencia requiere reformas profundas en justicia, educación y salud, áreas en la cuales –dadas las características y funcionamiento de nuestro modelo federal– representarían inversiones en políticas públicas y presupuestos de largo plazo, así como una activa coordinación con los gobiernos estatales.

No obstante, no todo es ausencia. Hay señales de que esta agenda comienza a cobrar cierta relevancia en forma progresiva dentro de los programas del gobierno. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados (SNC), impulsado por la presidenta Sheinbaum y algunos gobiernos estatales, posiciona por primera vez a la primera infancia, niñez y adolescencia como prioridad en políticas de apoyo familiar.

También, en julio de este año, la presidenta anunció una revisión exhaustiva de cifras sobre violencia intrafamiliar y muertes violentas de menores, condenando enérgicamente estos actos y prometiendo acciones contra la impunidad. Además, reformas recientes aprobadas por el partido mayoritario en el Congreso, como la prisión preventiva oficiosa para abusadores sexuales de niñas y niños, representan pasos históricos contra la violencia estructural.

En tal contexto, opino que la no priorización explícita de esta agenda revela una tensión clásica en estilo de la gobernanza mexicana: atender lo inmediato respecto a planear transformaciones de largo aliento. Mientras el gobierno invierte en soberanía y prosperidad —necesarios para un país fracturado—, la agenda en materia de niñez paga el costo de esta inercia.

Me parece pues, no se trata de una indiferencia programada sino de decisiones de orientación y distribución de recursos que aún no calibran la magnitud del daño invisible hacia las generaciones por venir. El gobierno actual, con su énfasis en equidad y derechos tiene la oportunidad de elevar esto a prioridad en los próximos cinco años.

Sólo con un compromiso presupuestal y multisectorial —desde la crianza positiva hasta la justicia restaurativa— México podría comenzar a revertir este escenario sombrío hacia la niñez. Esperamos que el nuevo Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2030 (Pronapinna) pendiente de publicarse, refleje una apuesta de acciones concretas y realizables para el beneficio de esta población.

Es vital reforzar el programa de vacunación universal en México

Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en El Financiero

Las cifras son alarmantes, ya que al mes de septiembre de 2025 se registraron cerca de 4,645 casos de sarampión, situación que pone en riesgo el estatus del país como nación libre de esta enfermedad.

Desde hace unos años hay una seria preocupación ante los brotes de sarampión en México. Las cifras son alarmantes, ya que al mes de septiembre de 2025 se registraron cerca de 4,645 casos, situación que pone en riesgo el estatus del país como nación libre de esta enfermedad.
El estado más afectado es Chihuahua, según cifras de la Secretaría de Salud federal, con 4,288 casos; le siguen Coahuila (55 casos) y Guerrero (51 casos).

Según la Secretaría de Salud, “en cuanto a la distribución por sexo, el predominio es en mujeres, 51.75% (2,404) y 48.25% en hombres (2,241)”. En tanto, “la clasificación por grupo etario mayormente afectado es el grupo de edad de 1 a 4 años con 14.3% (665), seguido del grupo de 25 a 29 años con 12.7% (591)”.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México ocupa el segundo lugar en brotes de sarampión después de Canadá. Los factores de la reaparición de esta enfermedad —altamente contagiosa— podrían deberse a varios factores: a) baja tasa de inoculación, ya que hoy la cobertura de vacunas, en México, ha disminuido en los últimos años, con un descenso del 20% en la aplicación de la vacuna MMR (contra sarampión, paperas y rubéola), en comparación con años anteriores; b) desinformación, que fomenta la resistencia a la vacunación en algunas comunidades; y c) movimientos migratorios, que han originado el aumento de personas provenientes de países con brotes de sarampión.

Actualmente, se han confirmado 21 defunciones por esta enfermedad en los estados de Chihuahua (20) y Sonora (1). De acuerdo con el Boletín informativo No. 25 de la Situación epidemiológica de Enfermedades Prevenibles por Vacunación en México, “ninguno contaba con antecedente de vacunación documentado”.

Hace años, México era referente a nivel mundial por los avances en cobertura de vacunación; sin embargo, esta cobertura se ha deteriorado en las últimas dos décadas.

Ejemplo de esto ha sido el brote de sarampión, que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), revela la existencia de “programas de inmunización deficientes y sistemas generales de atención primaria de salud insuficientes”.

Estas declaraciones forman parte del Diagnóstico de la vacunación infantil en México, 2010-2022: Un llamado a la acción, presentado en el foro Vacunación para la niñez: #SíPodemos, que se efectuó en 2023, en la Ciudad de México.

Desde Early Institute —el único think tank mexicano dedicado al cuidado de la primera infancia— evidenciamos el deterioro del programa de vacunación universal, implementado por la Secretaría de Salud.

Las pruebas son varias: hay miles de niñas y niños en primera infancia que no están vacunados o tienen esquemas incompletos; sigue en aumento el número de casos de enfermedades prevenibles por vacunación y hay un considerable desabasto de biológicos.

Sin duda, hay que reforzar las acciones para combatir afectaciones ya erradicadas desde tiempo atrás y generar nuevas estrategias de acuerdo con la realidad actual. La salud es un tema de alta prioridad y, en el caso de la primera infancia, amerita que los esfuerzos sean todavía más contundentes.