Por el derecho de niños y niñas a ser cuidados

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de  El Financiero 

Sipi México es una plataforma de visualización, análisis y seguimiento sobre lo que acontece en la primera etapa de vida de los niños y las niñas de nuestro país.
En el marco de las mesas de discusión que se convocan en torno al Sistema de Indicadores de Primera Infancia (sipi) México —un proyecto de Early Institute—, en la tercera reunión se habló de las políticas de cuidado implementadas en nuestro país para proteger los primeros años de vida.
Participaron Martha Merlo Huerta, oficial nacional de política social del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef); Ana Bernal Stuart, especialista en protección social y salud del Banco Interamericano de Desarrollo (bid); Sunny Arely Villa Juárez, asociada y fundadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (ciep) y Renata Díaz Barreiro Castro, líder del proyecto sipi México.
Para Martha Merlo, los grandes retos a cubrir en materia de políticas de cuidado en la primera infancia son: la baja cobertura de la seguridad social, sobre todo cuando en México 52% de la población carece de ella; la falta de servicios de cuidado, siendo que a nivel nacional sólo 5 % de los niños y las niñas asiste a un Centro de Atención Infantil (cai); la baja calidad en los cuidados proporcionados; la falta de equidad de género, en tanto el cuidado en la primera infancia recae en la mujer; y la falta de coordinación entre las instancias involucradas en las políticas de cuidado.
Ana Bernal reconoció que hay un avance en aspectos de calidad vinculados con la infraestructura y seguridad en los centros infantiles, pero no así en la calidad de los procesos. Para la especialista es fundamental adoptar prácticas que aseguren interacciones cálidas entre mentoras y educandos, ante la relevancia del desarrollo neuronal que se da en esta etapa de la vida humana y el tiempo que pasan los niños y las niñas en estos espacios.
Renata Díaz Barreiro se refirió a problemáticas ocasionadas por el aumento del 92% de cuidado inadecuado durante la pandemia (se habla de que 11% de la población menor a 5 años tiene un cuidado inadecuado, ya que no es atendido por nadie o es cuidado por otros niños); la normalización de la violencia en métodos de disciplina; la limitada política de licencia (permiso) de paternidad; y la falta de reconocimiento social de las instancias de educación.
Sunny Villa señaló que hoy el cuidado se asocia a las mujeres, lo que genera mayor desigualdad al no permitirles acceder al mercado laboral como se debiera. Para la experta no hay política pública sin presupuesto, lo que implica pensar en un sistema articulado de cuidados que garantice el buen uso de recursos y que atienda verdaderamente las necesidades traducidas en intervenciones eficaces. Sobre todo, se requiere garantizar el ejercicio y control del presupuesto en defensa del interés superior de la niñez.
Al respecto, Renata Díaz Barreiro subrayó que debe prevalecer el derecho de las niñas y los niños a ser cuidados, de tal modo que es necesario vigilar la implementación de la Política Nacional de Educación Inicial. Se trata de aumentar la cobertura, redoblar esfuerzos para impulsar prácticas de crianza positiva y apoyar a las madres, padres y cuidadores en esta responsabilidad.
En cuanto a otras recomendaciones se habló de ampliar la cobertura de programas que ya apoyan a las madres trabajadoras y a sus hijos e hijas; vincular a estos beneficiarios con otros programas de asistencia; fortalecer otras modalidades de cuidado acordes con las necesidades de la población, como en el caso de personas con discapacidad y otros grupos vulnerables; fortalecer entornos seguros de convivencia y juego; visibilizar el problema de los prestadores de los servicios educativos; invertir en programas que eleven la calidad de las interacciones; y buscar articular todas las acciones existentes, entre otras.
En Early Institute afianzamos nuestro compromiso con la primera infancia y reconocemos el valor de esta etapa en el desarrollo humano. sipi México es una herramienta social, más que un sistema técnico, es una plataforma de visualización, análisis y seguimiento sobre lo que acontece en la primera etapa de vida de los niños y las niñas de nuestro país. Los invito a consultar sipi México en https://staging.earlyinstitute.org/sipimexico/

Mitos alrededor de una trabajadora embarazada

Por: Valeria González, Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original en El Heraldo de México

Inmediatamente después de regresar de mi licencia de maternidad, el gerente de operaciones me despidió, me dijo que ya no era considerada una trabajadora apta, que la empresa necesitaba trabajadoras sin hijos.

Este testimonio se narra en la Contradicción de Tesis 422/2016 resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les invito a analizarlo conmigo y descubrir todo lo que está mal en él.

En primer lugar, se trata de un caso de discriminación laboral por razón de maternidad. Aunque seguramente parece algo evidente para la mayoría de ustedes, el caso llegó a la Corte pues para algunos se trata de un despido justificado ya que la mujer no estaba embarazada cuando ocurrió. Sin embargo, es importante que sepan que existe un concepto derivado de la jurisprudencia llamado fuero de maternidad, que exige protección especial a las mujeres durante los periodos de embarazo y licencia postnatal.

Lo anterior es necesario debido a que algunos empleadores, ante la falta de información y para evadir la ley, esperan a que las mujeres embarazadas lleguen a término para despedirlas sin incurrir en una conducta ilegal pues, bajo su lógica “ya no están embarazadas”, pero lo hacen porque en el fondo están motivados por prejuicios y estereotipos alrededor de la maternidad.

Por otra parte, se trata de una protección especial debido a que exige de quienes están encargados de investigar e impartir justicia eliminar las barreras y obstáculos que colocan a las mujeres en una situación de desventaja en un momento en que de manera particular requiere de, por ejemplo, gozar de la atención médica necesaria y de las demás prestaciones de seguridad social que garanticen su bienestar y el del bebé.

En segundo lugar, este testimonio confirma lo que en nuestro informe La discriminación laboral por embarazo hemos evidenciado, que “comúnmente los empleadores comparten la idea de que las madres son más inestables y menos comprometidas y competentes en el trabajo, esto se relaciona con su poca adecuación a los estándares del trabajador ideal a diferencia de los hombres que son mayormente asociados con la idea de que son más comprometidos si están casados y son padres”. Por eso, aquella empresa no tiene problemas con que sus trabadores tengan hijos pues ellos no los cuidan, pero sí sus trabajadorAs.

Esto no solo es injusto con las mujeres, también con los hombres que quieren conciliar su vida familiar, personal y laboral, pero sobre todo con sus hijas e hijos que necesitan ser cuidados por su mamá y papá en igualdad de condiciones.

Lo peor de todo es que esta creencia parte del desconocimiento, la falsa creencia de que la mayor productividad se obtiene con trabajadores y trabajadoras que solo piensan en su trabajo 24/7; pero la realidad es que incentivar políticas internas que favorezcan la conciliación y promuevan la inclusión disminuye la rotación de trabajo hasta en un 60%, el ausentismo laboral en un 30%, aumenta el compromiso, lealtad y productividad de las y los colaboradores (Red del Consejo Coordinador Empresarial por la Primera Infancia).

Desafortunadamente este testimonio no es un caso aislado, es uno de los millones de casos que suceden día con día en este país. Algunos denunciados, otros callados, muchos otros incluso pasan desapercibidos por las propias mujeres víctimas que no sabían que eso que les pasó es discriminación y violencia.

Las y los empleadores, particularmente en el sector privado, tienen la responsabilidad de informarse, pero sobre todo la oportunidad de ser los agentes de cambio, la solución a esta problemática tan importante.

POR VALERIA GONZÁLEZ RUIZ
Coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute.

A propósito del INE y la educación cívica en México

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de  El Heraldo de México 

Me refiero a la función de promover planes y programas para el desarrollo de la cultura cívica de la población como uno de ejes complementarios al ejercicio de la llamada democracia electoral.

Durante estos días de noviembre, el país nuevamente atraviesa una zona de turbulencia política y social que encontró en la coyuntura de la discusión de reformas constitucionales en materia electoral, un ambiente proclive para desatar múltiples opiniones sobre los límites y parámetros de nuestra convivencia democrática y la importancia de las instituciones.

A la fecha en que escribo este artículo, considero que no corresponde a un servidor realizar un análisis del contexto político, implicaciones jurídicas o reacciones que dicha iniciativa suscitó en importantes sectores y voces de la sociedad. Circula ya mucha información al respecto. Vale la pena leer, escuchar y analizar con detenimiento los hechos y formarse un criterio propio.

En mi caso, simplemente prefiero aprovechar esta coyuntura porque me parece en el fondo tiene todo que ver, para reflexionar sobre una de las funciones, no del todo visibilizadas, que también ejercen los organismos electorales en las democracias modernas a propósito de su cuestionamiento actual en México.

Me refiero a la función de promover planes y programas para el desarrollo de la cultura cívica de la población como uno de ejes complementarios al ejercicio de la llamada democracia electoral. En efecto, más allá de ser los responsables de organizar y calificar los procesos electorales, una contribución relevante que también compete a estos órganos, tiene que ver con el diseño de estrategias sociales para consolidar la educación cívica no solo del electorado sino de todos los sectores de la población.

Si bien dicha tarea se antoja ambiciosa y no podría imaginarse sin el brazo complementario de los sistemas educativos, los organismos electorales de las democracias de América latina - y en buena parte de la órbita global - han venido colocando como una de sus principales preocupaciones el asegurar que la población, incluidos desde luego a las niñas niños y adolescentes, conozcan desde bajo un sentido práctico la relevancia de las instituciones, los principios que rigen la participación democrática y la razón de ser de los poderes públicos.

Las estrategias de promoción de la educación cívica que impulsan estos organismos están orientadas a sembrar en la sociedad un involucramiento cada vez más activo en las decisiones públicas que los afectan, así como conocer y saber exigir parámetros de rendición de cuentas a partidos políticos y gobernantes.

En el caso de México, el Instituto Nacional Electoral diseñó la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCIVICA) la cual, si bien no es la primera en su tipo y se acompaña de otros ejercicios igualmente relevantes como la Consulta Nacional Infantil y Juvenil, su propósito es desarrollar acciones para construir una ciudadanía informada y fomentar espacios para la discusión de los asuntos públicos.

De acuerdo con sus propias definiciones, la ENCCIVICA busca cambiar las actitudes ciudadanas sobre la manera como es concebido “lo público”. Llama positivamente mi atención que esta estrategia nacional se sustenta en algunos principios que a mi juicio representan auténticas excepciones a la regla dentro del árido abanico de instrumentos normativos y redacciones institucionales que suelen producirse desde al ámbito gubernamental; cuya lectura muchas veces redunda en tecnicismos fríos o alejados del lenguaje ciudadano.

Digo esto primero, porque la estrategia basa sus objetivos y acciones en el principio de Verdad referente al carácter objetivo e imparcial que debe regir en el conocimiento de los asuntos públicos por parte de la población, especialmente el relacionado con el contenido real de los derechos humanos y una perspectiva ampliada del derecho a la información.

Segundo, porque se enfatiza de una manera reiterada el principio de Diálogo, cuyo enfoque dentro de la referida ENCCIVICA busca maximizar en el territorio nacional los espacios – especialmente los de la familia, escuela y la comunidad – para generar debates de calidad y una constante conversación crítica sobre la pertinencia de los valores democráticos que el país necesita preservar y consolidar en los niveles individuales y colectivos, más allá de lo que formalmente se enseña en las aulas como parte de los planes y programas de estudio.

En tal sentido y sin ir más allá dentro del contenido y estructura de dicho documento, me parece que la ENCCIVICA debería representar un pretexto adicional para reflexionar sobre el papel de fondo que corresponde a los organismos electorales como el INE, en la tarea de construir ciudadanía, misma que dicho sea de paso no se logra a través de reformas o decretos.

Me quedo pensando que ambos principios a los que hago referencia representan hoy elementos que nos invitan a una reflexión menos coyuntural y más de largo plazo en medio de la realidad polarizada que nos atraviesa.

Si sabemos leer bien la crisis, el reflector no debería recaer – como siempre ocurre– en el protagonismo de los partidos políticos y poderes públicos. La clave en mi opinión sigue siendo la base social desde la cual niñas, niños y jóvenes representan aquella audiencia estratégica a la que deberían dirigirse todas las miradas y objetivos posibles.

¿Acaso no necesitamos un diálogo verdadero y al mismo tiempo mayor verdad en el diálogo democrático? ¿En dónde está la voz de las niñas, niños y adolescentes en medio de esta efervescencia social? ¿Qué tan eficazmente se cultiva su participación informada en los asuntos de interés nacional? ¿Se les está explicando con criterios de objetividad lo que pasa en el país? ¿Qué saben sobre el comportamiento actual de las instituciones que nos rigen? ¿Cuál sería su opinión sobre la marcha que se realizó el pasado domingo?

Estas preguntas que pareciera se lanzan al aire, las formulo con la intensión de cuestionarnos nuevamente quién debe ser el actor fundamental en la transformación de la educación y cultura cívica en México. No cabe duda, que se requieren estrategias, principios e instituciones sólidas para ello, pero esas condiciones a mi juicio constituyen el medio, el fin son los 38 millones de niñas, niños y adolescentes que hoy viven en nuestro país.

POR ABRAHAM MADERO MÁRQUEZ
ABOGADO. DOCTORANDO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA. DIRECTOR EJECUTIVO DEL THINK TANK MEXICANO EARLY INSTITUTE
TWITTER: @ABRAHAMMADERO
CORREO: AMADERO@EARLYINSTITUTE.ORG
PÁGINA WEB: WWW.EARLYINSTITUTE.ORG

Prevenir y conocer para terminar con la violencia infantil en línea

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de  El Financiero 

En el ámbito digital, es vital alentar un adecuado uso de la tecnología, para poner atención en las prácticas virtuales que efectúan niños, niñas y adolescentes para garantizar su seguridad.

Sabemos que los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en materia de violencia crecen día con día, pero hay una forma para reducirlos. Me refiero a la prevención. Es por ello, que Alumbra —una iniciativa de Early Institute dedicada a prevenir la violencia sexual infantil— organizó el Tercer Seminario Alumbra Iberoamérica para tratar asuntos relacionados con este fenómeno.

Así, para abordar la problemática de la violencia sexual infantil digital se reunieron en el seminario virtual Joaquín Manuel González Cabrera, de la Universidad Internacional de La Rioja; Óscar Ortega Pacheco, de Like Inteligente, y Nazly Borrero Vázquez, especialista en ciberinteligencia.

Joaquín González habló de los retos virales que podrían poner en riesgo a los adolescentes, mencionando que los retos son inherentes a este grupo social, sin embargo, hay que saber si es uno blanco o negro, es decir, positivo o negativo. Son positivos cuando no suponen riesgos, son divertidos y nadie es humillado; son negativos cuando llegan a ser peligrosos y quienes los hacen sufren daños. Para evitar que los adolescentes practiquen los retos negativos o challenges, el especialista sugiere enseñarlos a pensar. Una de las maneras de ayudarlos a saber diferenciar entre un reto blanco o negro es fomentando el pensamiento crítico y motivar a que se hagan preguntas sobre las acciones que intentan realizar. Interrogantes como: ¿Qué reto es?, ¿cómo es?, ¿cuándo hay que hacerlo?, ¿dónde se lleva a cabo?, ¿con quién se tiene que hacer?, ¿cuánto cuesta llevarlo a cabo? y ¿por qué se tiene que hacer? podrían ayudar a que los adolescentes se cuestionen sobre la seguridad, la complejidad, los riesgos y las consecuencias de cualquier tipo de reto.

Por su parte, Óscar Ortega se refirió a los videojuegos, indicando que muchos de ellos fortalecen habilidades como la tolerancia a la frustración, trabajo en equipo, comunicación y colaboración. Sin embargo, los cuidadores deben estar muy atentos en cuanto a contenidos, tipo de contactos en línea, posibles peligros de estafa, compras desmedidas y tiempos de práctica.

En este sentido, el experto sugiere definir las reglas y los límites (tiempo y condiciones de uso); conocer su etiquetado, que garantiza que los contenidos correspondan a la edad de los usuarios; limitar las compras con tarjetas de prepago u otros métodos; aplicar controles parentales y, sobre todo, conversar entre padres e hijos sobre el tema de los videojuegos no solo para identificar posibles amenazas, sino para compartir en familia.

Por último, Nazly Barrero habló de la violencia digital, definiéndola como la agresión psicológica que realiza una persona a través de las nuevas tecnologías. Señaló que existen varios tipos de violencia digital como son ciberbullying (acoso); grooming (acoso sexual); sexting (transmisión de material sexual); happy slapping (agresiones en vivo); entre otros. Mencionó que cuando un niño es violentado, en el entorno digital, suele tener bajo rendimiento escolar, aislarse, ser agresivo o tener ansiedad, depresión, miedo, baja autoestima y trastornos del sueño. Ante ello, la especialista recomienda ser más conscientes de la tecnología que se les da a los niños, las niñas y los adolescentes; usar controles parentales en los dispositivos; y acercarse a los protocolos de ayuda y apoyo, principalmente, para denunciar.

Para Early Institute es fundamental proteger a este grupo social de cualquier situación de riesgo. Por esta razón reconocemos el papel de la prevención y del conocimiento como herramientas clave para enfrentar la violencia en sus entornos. En el ámbito digital, es vital alentar un adecuado uso de la tecnología, por lo que invitamos a los responsables de la crianza a poner atención en las prácticas virtuales que efectúan los niños, las niñas y los adolescentes para garantizar su seguridad y sano desarrollo.

Hacia la erradicación de la violencia en la primera infancia

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de  El Financiero 

El uso de programas de parentalidad, mejorar la colaboración entre instituciones y brindar herramientas a los cuidadores; son algunas recomendaciones para combatir la impunidad.

Con el interés de evidenciar la situación de la primera infancia mexicana en diferentes dimensiones, Early Institute creó el Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI) México. Es la única plataforma de su tipo en nuestro país que monitorea, analiza y da seguimiento a ámbitos de la mayor relevancia para ese sector de la población, como cuidado, educación, seguridad, salud y nutrición.

A propósito de la herramienta, se convocó a una mesa de discusión, integrada por especialistas que emitieron sus opiniones en torno a una de las problemáticas que más afectan a los niños y las niñas en sus primeros años de vida. Fue así como se desarrolló el panel “Protección de la primera infancia ante un entorno de violencia”, con la participación de Abigail Casas Muñoz, investigadora del Instituto Nacional de Pediatría (INP); Alejandra Ríos Cázares, directora general adjunta de Desarrollo, Análisis e Indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Jorge Cuartas Ricaurte, codirector de la Fundación Apapacho; Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), y Renata Díaz Barreiro Castro, líder del proyecto SIPI México.

En un primer momento, la discusión se centró en la violencia que aqueja a la primera infancia para después hablar de recomendaciones para erradicar este fenómeno.

Abigail Casas habló del desconocimiento de lo que es la conducta y el desarrollo de niños y niñas, lo que deriva en la adopción de formas incorrectas de crianza como lo es el castigo físico.

Para Alejandra Ríos, hay poca información sobre la problemática, evitando que se conozca con precisión lo que ocurre. Este oscurantismo se agudiza ante la dificultad que existe para captar los datos, en tanto las instituciones involucradas en el tratamiento del fenómeno (salud, justicia, bienestar social, etcétera) tienen variaciones en sus registros administrativos.

Jorge Cuartas comentó que 1 de cada 2 niños menores de 5 años recibe castigos físicos, acciones que se sabe tienen efectos nocivos en su crecimiento. Esta situación hace necesario que se ponga atención en la violencia en los hogares y que se considere necesario un mayor apoyo a madres y padres, pues existe un desconocimiento de métodos de disciplina adecuados.

Renata Díaz sostuvo que, de acuerdo con datos del INEGI, diariamente 6 niños y niñas en primera infancia sufren violencia sexual, siendo más afectadas las niñas (73 por ciento). Se refirió a la escasa cultura de denuncia, pero también al limitado acceso a la justicia. Dijo que de las de las 21 mil 717 carpetas de investigación de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, en 2020, el 10 por ciento fueron de primera infancia.

Para Tania Ramírez, es fundamental considerar la violencia armada que atraviesa el país. Dijo que de las más de 100 mil personas desaparecidas, 16 por ciento son niños, niñas y adolescentes.

Ante este panorama, algunas de las recomendaciones fueron: uso de programas de parentalidad para acompañar a las familias; en este tema el reto es escalar ese tipo de apoyos a nivel nacional. También se sugiere mejorar la colaboración entre instituciones, incluidas las del ámbito académico; apoyarse en el marco normativo donde se han dados importantes avances; innovar en estrategias para entender mejor y más la problemática; brindar herramientas a los cuidadores primarios; generar mayor corresponsabilidad en el cuidado integral de la primera infancia; robustecer organismos como el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), y combatir la impunidad.

En Early Institute reconocemos la experiencia de instituciones públicas y privadas en apoyo a la generación de entornos seguros para la primera infancia.

Las mesas de discusión del SIPI México, son un primer paso para una agenda de trabajo con especialistas, organizaciones de la sociedad civil, entidades e instituciones de gobierno y organismos internacionales. Sus contribuciones y esfuerzos dan cuenta del alto compromiso que nos une e impulsa a seguir con nuestra visión: construir un mundo donde los niños puedan ser niños. Los invito a consultar SIPI México en https://staging.earlyinstitute.org/sipimexico/.

Un gran proyecto para la niñez de México

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de  El Heraldo de México 

Esas capacidades a las que me refiero tienen que ver con al menos la conjunción de dos procesos medulares

Transcurría el verano de 2019, entre junio y agosto de aquel año el equipo de Early Institute nos encontrábamos en medio de un ejercicio de planeación estratégica con miras a la elaboración de un programa de trabajo de largo aliento que pretendía alinear nuestras líneas de acción, objetivos y proyectos hacia el mediano y largo de plazo.

En esa etapa, el área de investigación del Instituto tuvo la fortuna y en retrospectiva me atrevería a afirmar que la visión, de sumar dos grandes capacidades de las que pocas organizaciones sociales pueden dar cuenta, pero que, en el ámbito global resultan hoy por hoy condiciones por demás indispensables para asegurar la seriedad, competitividad y viabilidad de cualquier proyecto público o privado, con independencia de su ámbito material o enfoque de aplicación.

Esas capacidades a las que me refiero tienen que ver con al menos la conjunción de dos procesos medulares. El primero, contar un campo de visión estratégica a partir del diseño de una teoría del cambio, que permita dar certeza sobre el estado real que guarda una determinada problemática de estudio como representa en nuestro caso, el apasionante y exhaustivo ámbito de la primera infancia.

Y el segundo, recopilar y procesar la información disponible, haciendo uso de herramientas para el análisis científico de datos que permita generar productos de toma de decisión basados en evidencia. Lo que en el lenguaje especializado se conoce como Data Driven Decision Making.

La sinergia de ambos factores, nos llevaron a crear un nuevo proyecto dentro de nuestras líneas temáticas, que si bien en lo inmediato significó dar un siguiente paso en las capacidades del Think Tank, en realidad para nosotros resultó un proceso hasta cierto sentido natural; producto del trabajo histórico de investigación, análisis e incidencia que durante 16 años el Instituto ha venido desarrollando en otros proyectos para la protección de los derechos de la niñez mexicana y su entorno fundamental.

Quizá el diferencial en este episodio de nuestra vida institucional tuvo que ver con el hecho de contar con una teoría del cambio alineada a las prioridades globales y nacionales en materia de primera infancia, la cual si bien no es poca cosa, nos permitió visualizar con mayor nitidez la oportunidad de crear una plataforma que proporcionara a los tomadores de decisión – sean públicos o privados – información confiable y sistematizada sobre el estado real de la primera infancia en México.

Y también en buena medida, movidos un poco por las dificultades y frustraciones que nosotros mismos padecimos durante muchos años como usuarios y consumidores de información estadística para elaborar estudios, informes y propuestas de incidencia en materia de niñez, quisimos aportar al ecosistema de actores, colectivos, especialistas, instituciones sociales y gubernamentales involucrados en esta agenda, un espacio sistematizado que ordenara las diversas dimensiones prioritarias para el análisis y abordaje integral del tema.

A manera de anecdotario, recuerdo las conversaciones que sostuvimos todo el equipo del Instituto durante dichas jornadas, muchas de ellas extenuantes y no exentas de dudas o cuestionamientos internos sobre la viabilidad técnica y operativa del proyecto. De manera muy especial vienen a mi mente, las horas de trabajo que invertimos para dar forma a la primera versión de objetivos y fases del proyecto especialmente de la mano de nuestros extraordinarios investigadores, Renata Díaz y Cándido Pérez. Convertidos hoy, por cierto, en una dupla imparable que a pesar de su juventud saben combinar experiencia con innovación.

El reto para nosotros era mayúsculo, pues como cualquier proyecto que nace desde cero y con la necesidad de generar recursos para su sostenibilidad, nos enfrentamos además al imprevisto escenario de bruma y confusión global que trajo consigo la pandemia por Covid-19; lo cual naturalmente significó un ajuste de tiempos y prioridades para todos los proyectos de nuestra organización.

Sin embargo, quizá de manera intuitiva y sin saberlo, nuestra respuesta como equipo ante esos momentos de dificultad e incertidumbre que vivimos durante el confinamiento y tras confirmar que en los hechos, una vez más, la infancia no representó un tema prioritario en el país - aun en circunstancias de emergencia humanitaria - resultaba claro que el curso de este proyecto en ciernes no debía detenerse, sino por el contrario redoblarse con disciplina y paso firme.

Fue así, precisamente durante el punto más álgido de la pandemia (2020-2021) que aceleramos los trabajos de análisis y redacción para elaborar el informe documental que dio origen al Sistema de Indicadores de Primera Infancia México (SIPI México), mismo que finalmente vio la luz y dimos a conocer a la opinión pública en junio del presente año.

SIPI México, es una herramienta que integra datos estadísticos actualizados, respecto a 142 indicadores que atañen a la primera infancia de nuestro país. El sistema se compone con información sobre el estado de salud, educación, nutrición, talla, peso, condiciones de vida, violencia, pobreza y cumplimiento de sus derechos fundamentales de este sector poblacional.

Más que una plataforma que concentra datos fríos provenientes de múltiples fuentes de información estadística, con este esfuerzo pretendemos crear una conversación productiva, bilateral y genuina con los actores clave que nos permita tejer juntos la radiografía de acción más completa que exista en México sobre las prioridades de desarrollo que requieren los más de 12 millones de niñas y niños en situación de primera infancia.

A 4 meses de su lanzamiento, lo que fueron conversaciones de escritorio y planeaciones internas se traducen hoy en una agenda de trabajo viva y en marcha, que de manera sorpresiva para todos nosotros y para los líderes de este proyecto, ha logrado sumar en corto tiempo a actores y especialistas de gran calado en diversos ámbitos de acción prioritaria.

Es bajo este marco, que aprovecho para agradecer en primer lugar a Annayancy Varas, Directora General del Instituto, por su confianza en el proyecto. A los integrantes del Comité Consultivo, aliados institucionales y equipo operativo de Early Institute. Pero sobre todo a las personas y organizaciones que desde el día cero creyeron en esta iniciativa y hoy forman parte activa de ella.

Igualmente invito a todos los lectores y audiencias especializadas del Heraldo de México a consultar y participar del desarrollo de SIPI México a través del portal staging.earlyinstitute.org/sipimexico/ y en todas nuestras redes sociales. No en vano me atrevo a afirmar desde ahora, que se trata de un gran proyecto para la niñez de México.

POR POR ABRAHAM MADERO MÁRQUEZ
TWITTER: @ABRAHAMMADERO
CORREO: AMADERO@EARLYINSTITUTE.ORG
PÁGINA WEB: WWW.EARLYINSTITUTE.ORG
ABOGADO. DOCTORANDO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA. DIRECTOR EJECUTIVO DEL THINK TANK MEXICANO EARLY INSTITUTE

La niñez pos pandemia; una generación en riesgo ante el mundo digital

Por: Vincent Morfín Calvo, Abogado del área de Asuntos Públicos de Early Institute.
Publicación original de  Diario Contra Réplica

Más de dos años han pasado desde que se conoció del primer caso de COVID-19 en México y, hoy en día, la consecuencia ha sido un adelanto tecnológico sin precedentes para el que claramente no nos encontrábamos preparados.

Para las niñas, niños y adolescentes, la educación debía continuar si se quería evitar un rezago educativo severo, situación que los llevó a migrar, en unos cuantos meses, la vida escolar a un entorno completamente digital, en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). ¿Qué representó esto realmente? Para las y los menores, esto significó un cambio completo en sus vidas, ya que cambiaron las clases presenciales, las charlas con sus compañeros y los horarios de recreo, por tareas en casa y clases detrás de una pantalla de televisión o computadora. Para padres, madres y cuidadores, esto representó hacer adecuaciones en sus vidas para cuidar de sus hijas e hijos, quienes se encontrarían de tiempo completo en el hogar.

Sin embargo, existe un riesgo que no tomamos en cuenta de inmediato y que rápidamente se volvió un problema de atención prioritaria en cada familia; la exposición prolongada a dispositivos electrónicos y el riesgo de sufrir violencia digital.

La legislación penal federal y de diversos estados, contemplan una serie de delitos y penas para quien los cometa valiéndose del uso de las TIC, sin embargo, estos supuestos resultan limitados cuando los comparamos con el universo entero que se encuentra dentro del internet, y cuando caemos en cuenta de la diversidad de modalidades de violencia digital que puede sufrir una persona. Dado lo anterior, preocupa aún más el pensar que niñas y niños puedan llegar a ser víctimas de estos tipos de violencia al tener carta abierta para navegar en internet desde celulares y tabletas.

Es por lo anterior que debemos realizar dos reflexiones:

En primer lugar, nosotros como personas que tenemos menores a nuestro cuidado debemos generar conciencia sobre el riesgo que representa tener una sobre exposición a las TIC por parte de ellos, que en muchas ocasiones no cuentan con la madurez o experiencia suficiente para detectar situaciones que puedan poner en riesgo su integridad.

Reflexionemos en que hay ocasiones en que nosotros mismos hemos sido víctimas de fraudes bancarios, telefónicos o sufrimos robo de información en nuestras redes sociales; ahora, imaginemos el daño que se les puede causar a niñas y niños que interactúan de forma prolongada en internet. Es por ello que debemos tener clara nuestra responsabilidad y educar de una manera proactiva respecto del uso que se les debe dar a las TIC, protegerlos mientras aún son pequeños, y educar progresivamente para que comprendan los riesgos a los que se enfrentarán día con día conforme vayan creciendo.

Y en segundo término, debemos exhortar a nuestras autoridades y personas tomadoras de decisiones para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, formulen más y mejores políticas públicas que prevengan la comisión de delitos a través de las TIC y, sobre todo, que verdaderamente protejan el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Por último, no es novedad que las TIC, el internet y la interacción a través de medios digitales han llegado para quedarse, por lo que no será sorpresa tampoco que cada vez más niñas, niños y adolescentes lleven su vida escolar de forma completamente digital y, aunque no sea así, las tareas, proyectos e investigaciones cada vez los requerirán de un mayor adentramiento en sitios de internet para su realización, por lo que sea cual sea el caso, resulta de suma relevancia el que sociedad civil y gobierno trabajen de la mano para garantizar entornos digitales libres de violencia para los más pequeños de nuestras familias.

Abogado del área de Asuntos Públicos de Early Institute.

rmorfin@earlyinstitute.org

Atendamos la discriminación laboral por embarazo en México

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de  El Financiero 

 

La igualdad empieza con las condiciones de las licencias de incapacidad que deberían ser tanto para madres como para padres.

Enfrentar la discriminación laboral por embarazo, en México, requiere de alianzas y compromisos, además de información y voluntad para entender la problemática desde sus diversas aristas. En ese sentido, Early Institute organizó una mesa de discusión con la participación de especialistas para reunir opiniones y recomendaciones en torno a este fenómeno que afecta a mujeres embarazadas y a sus hijos e hijas por nacer.

En la reunión, se contó con la participación de Ana Lucía Cepeda, cofundadora de Bolsa Rosa; Denisse Montesinos, cofundadora de Mujeres en Finanzas; Paola Bortoluz, fundadora de Her Safe Place y Sofía Pérez Gasque Muslera, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. En sus intervenciones coincidieron que la discriminación laboral en el trabajo es un asunto cultural, pero que deteriora gravemente la competitividad del país.

Sofía Pérez sostuvo que, desafortunadamente, esta problemática es poco visibilizada. Por lo tanto, es poco entendida en su abordaje, aunque en el ámbito empresarial se debería enfatizar en lo mucho que se pierde, en términos económicos, con el daño ocasionado a las mujeres trabajadoras gestantes.

Por su parte, Ana Lucía Cepeda puntualizó que es una problemática de difícil medición y compleja. Señaló su vinculación con la equidad y que, en el caso de una etapa de embarazo, la igualdad empieza con las condiciones de las licencias de incapacidad que deberían ser tanto para madres como para padres.

Para Denisse Montesinos, la problemática continuará mientras no se retome desde el liderazgo de las empresas y se integre a su visión estratégica. Para ello es necesario cambiar la cultura organizacional, así como tener diagnósticos, incentivos y métricas que posibiliten la protección de las mujeres embarazadas en el trabajo.

Hoy en día, en nuestro país, en proporción del trabajo en casa, la mujer participa en un 50.4 por ciento, en contraste con los hombres que muestran 19 por ciento. Un dato más es que 80 por ciento de las mujeres de la población económicamente activa tiene un trabajo independiente por la falta de diversidad y flexibilidad laboral. Si se eliminara la desigualdad laboral se incrementaría en un 35 por ciento la participación de la mujer en las actividades económicas, impactando en la productividad empresarial y en la competitividad nacional. Asimismo, este aumento de la participación de la mujer en la actividad económica podría propiciar un incremento del 70 por ciento de la tasa del PIB actual.

Por su parte, Paola Bortoluz acentuó la relevancia de abordar este fenómeno con el rigor y la seriedad que se merece. Invitó a observar las experiencias de otros países para enfocarse en la construcción de un sistema que dé cabida a la maternidad sin tener que pagar el alto costo que suelen enfrentar las mujeres.

También se dijo que México, siendo integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no está a la par en condiciones de flexibilidad, rentabilidad, productividad y nivel de ingresos que el resto de los países miembros y que en foros recientes se ha insistido que reducir la brecha de condiciones económicas, salariales y de oportunidad de hombres frente a mujeres llevaría 150 años si no se actúa para acelerar el proceso.

Entre las propuestas para fortalecer el papel de las madres trabajadoras en la actividad económica se habló de implementar herramientas con perspectiva de género, lo cual también ayuda a las empresas. En este punto, las mujeres deberían tener una participación en sus trabajos con flexibilidad laboral y garantías de respeto hacia la maternidad, la lactancia y la salud, ya que suelen tener mayor nivel de estudios de posgrado frente a los hombres con puestos directivos, operativos y ejecutivos.

La mesa se hizo a propósito del estudio La discriminación laboral por embarazo, que Early Institute integró para evidenciar las causas, conductas y consecuencias de esta práctica que atenta contra las mujeres, pero también pone en riesgo la vida de los niños y las niñas por nacer.

Para los integrantes de Early Institute es primordial asegurar la protección de la gestación y la primera infancia de manera integral. Además de describir la problemática nos enfocamos a establecer lazos con organismos públicos y privados para generar propuestas que logren erradicar este fenómeno que, además de vulnerar los derechos de la mujer, impide el sano desarrollo de sus bebés. Puedes consultar el estudio en: https://staging.earlyinstitute.org/discriminacion-laboral-por-embarazo/DLE.pdf

Una reflexión sobre el Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de  El Heraldo de México 

Sin embargo, hay que decirlo, el problema de estos sistemas no radica en sus nobles y justificados objetivos, el asunto se complejiza cuando pasamos, sobre todo, a los hechos en su operativización

Afirmar que la niñez no es un tema prioritario para nuestros gobernantes no debe resultar una exageración. Por laxa que resulte esta premisa, la historia y los datos así lo corroboran.
La agenda estructural de temas y problemas que requieren políticas públicas e intervenciones presupuestarias para mejorar la vida y los derechos fundamentales de casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes en el país, no representa como tal un pilar dentro del debate público o en la voz cotidiana de nuestros representantes.
A pesar de que México cuenta con un joven instrumento normativo como lo es la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes (2014), su existencia y puesta en marcha durante los últimos años no ha sido suficiente para articular con la solidez y contundencia necesarias, el carácter nacional y prioritario del denominado Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Desde luego, no se minimiza el esfuerzo que ha implicado poner en marcha dicho mecanismo, dotarlo de una estructura administrativa y comenzar a configurar las distintas fases de un programa nacional que sepa integrar a los tres órdenes de gobierno en la definición de directrices para la atención de la niñez y adolescencia mexicana. Sin embargo, hay que decirlo, el problema de estos sistemas no radica en sus nobles y justificados objetivos, el asunto se complejiza cuando pasamos, sobre todo, a los hechos en su operativización.
Una de las críticas más recurrentes que desde el foro jurídico se realiza a las leyes generales de este tipo, consiste en que pareciera son diseñadas bajo una especie de ceguera legislativa, por lo que hace a la dificultad de poner en marcha este tipo de mecanismos de colaboración intergubernamental que resultan extremadamente ambiciosos cuando pretenden instrumentarse en regiones y realidades tan dispares como las que existen en el atípico mosaico del federalismo mexicano.
¿A qué nos referimos? Tal y como ocurre en el desempeño de otros sistemas nacionales de coordinación – seguridad, educación, por citar algunos – este tipo de mecanismos terminan por quedarse cortos en su desempeño, ante el tamaño del problema que pretenden resolver o para el cual fueron diseñados.
La multiplicidad de actores que intervienen, aunada a la fragmentación y dispersión de las agendas públicas que se viven especialmente en los estados y municipios, genera que estos sistemas mantengan una intermitencia preocupante; tanto por el nivel de inversión de recursos que se requiere para echar a andar a las instancias especializadas – háblese de las procuradurías de protección, sistemas estatales y municipales – así como por la escasa materialización de políticas públicas concretas más allá del diagnóstico de escritorio o la firma de compromisos protocolarios.
Ante esto, opino que la famosa transversalidad de la que tanto se habla en el gremio especializado y que caracteriza a la agenda en materia de los derechos de la niñez y adolescencia, no ha sido suficientemente analizada, abordada ni mucho menos costeada bajo un enfoque estratégico-operativo, en un país compuesto por 32 realidades sociales y jurídicas disímbolas entre sí. A ello se suma un escenario actual en donde el Poder Ejecutivo Federal mantiene, por decir lo menos, un papel protagónico en la configuración de la agenda nacional.
Pero este error, a mi juicio crucial, en buena medida tiene su origen a partir de diversas patologías que lamentablemente forman parte de inercias legislativas y del bajo nivel técnico que prevalece en el parlamento mexicano. Bajo la tendencia normativa de todo “mandarlo a leyes generales” algunas hechas casi bajo el mismo formato, el Congreso de la Unión no ha prestado la atención debida al diseño específico y necesidades de instrumentación práctica que requieren los marcos normativos de las materias más sensibles para la población, especialmente en el ámbito de tutela de los derechos humanos.
Ello se traduce en normas de difícil cumplimiento como la que nos ocupa, con retos titánicos para echar andar las maquinarias burocráticas y de coordinación nacional que se prevén desde sus textos, y sobre todo, alejadas de la realidad económica y social del país. No en vano, especialistas como la Doctora Cecilia Mora, durante décadas han apuntado que la técnica legislativa debe comprender por parte de legislador primario, ante todo, la realización de un examen crítico sobre el resultado que las normas pretenden producir tras su entrada en vigor.
Si pasamos bajo ese tamiz a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y su institución estelar que representa el SIPINNA a 8 años de su vigencia, los datos podrían resultarnos un tanto desalentadores.
El mecanismo normativo e institucional no ha sido determinante para mejorar las condiciones de vida de las nuevas generaciones. Sin ir muy lejos, de acuerdo a datos de UNICEF la inversión en recursos públicos en primera infancia, niñas, niños y adolescentes en los últimos 6 años ha decrecido al pasar de un 3.27% del PIB en 2018, a un 2.86 % que se estima para 2023.
Malas noticias se leen también en la proyección de un dato que debería ser el rubro prioritario no solo para los operadores de esta agenda, si no para el país entero; la inversión específica en materia de primera infancia, es decir niñas y niños entre 0 y 5 años, apenas alcanzó un 0.5 % del PIB durante este 2022.
¿Qué significa esto? Pues si bien el propósito primigenio de la Ley General, sus normas secundarias y las correspondientes estructuras administrativas que forman parte de los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes, fue el de materializar y atender los derechos de este sector poblacional bajo un enfoque de prioridad, es evidente que el trabajo por hacer requerirá poco más que activismo y buenas intenciones por parte de los poderes públicos.
Aquí, me parece se encuentra implícita una agenda y al mismo tiempo una auténtica hoja de ruta que si los actores políticos del momento saben leerla con altura de miras, podría representar para México una alternativa viable para atender las causas de fondo a nuestras problemáticas sociales.
No habría un mejor planteamiento estructural para una futura o futuro gobernante – el más completo y sensato creo yo – que hacer cumplir la Constitución y por primera vez en la historia de este país, poner en el centro de todo programa o decisión de política pública al interés superior de la niñez.
Agradezco la oportunidad de escribir este primer texto en el extraordinario e histórico espacio de expresión que representa el Heraldo de México. Gracias por considerar la voz de Early Institute y sus integrantes, pero sobre todo por interesarse en el trabajo crítico que realizamos en favor de la niñez mexicana.
POR ABRAHAM MADERO MÁRQUEZ
TWITTER: @ABRAHAMMADERO
CORREO: AMADERO@EARLYINSTITUTE.ORG
PÁGINA WEB: WWW.EARLYINSTITUTE.ORG
ABOGADO. DOCTORANDO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA. DIRECTOR EJECUTIVO DEL THINK TANK MEXICANO EARLY INSTITUTE

Urge proteger la maternidad en el trabajo

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de  El Financiero 

Lamentablemente la discriminación laboral por embarazo es una práctica que daña más a las mujeres con bajos salarios.

Con el objetivo de prevenir y atender una de las problemáticas más graves en contra de las mujeres embarazadas en el trabajo, Early Institute difunde el estudio La discriminación laboral por embarazo, en apoyo a dicho sector de la sociedad mexicana. Entre otros datos, en la investigación se revela que 88 por ciento de los casos es en el ámbito particular, mientras que en el sector público se registra un 12 por ciento. Sin duda, la situación es preocupante por la terrible afectación que sufren no solamente las mujeres, sino también las niñas y los niños por nacer.

En este sentido, el estudio señala la complejidad del fenómeno y cuestiona: “el problema es mucho más grave de lo que pensamos y sus alcances tan amplios que nos definen como comunidad: ¿qué tipo de sociedad somos, si no garantizamos un ambiente sano y seguro para las niñas y los niños en su primera infancia?”.

Lamentablemente la discriminación laboral por embarazo es una práctica que daña más a las mujeres con bajos salarios. “Respecto al lugar de trabajo, el modelo muestra que las mujeres empleadas en compañías o empresas privadas, bancos u hospitales tienen un riesgo relativo mayor de padecer discriminación por embarazo (32 por ciento mayor) y el riesgo relativo es mucho mayor para las empleadas en fábricas (166 por ciento mayor)”.

Por su parte, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que existen 2 millones 764 mil 991 mujeres trabajadoras que, en los cinco años previos, sufrieron alguna forma de discriminación laboral relacionada con el embarazo.

Sobre esto, en la publicación también se habla de las diferentes formas de violencia hacia la mujer durante la gestación, e incluso, después de parir, siendo ellas: acoso y hostigamiento laboral; descuento económico por ejercer licencias médicas; obligación de trabajar en periodo de incapacidad por maternidad; no ser contemplada para ascensos; no renovar su contrato por honorarios en el periodo de incapacidad; despido, entre otras. Todas estas conductas vulneran el ejercicio de la maternidad, atentando contra los derechos laborales.

Ante este panorama, es necesario cambiar la idea de ver la maternidad como una desventaja y “posicionar al embarazo y la maternidad en el eje de todas las acciones y estrategias implementadas en los distintos sectores sociales, especialmente en el laboral, a fin de cambiar la percepción”.

Para Early Institute es fundamental visibilizar este fenómeno en tanto suele ser minimizado y poco atendido por las autoridades. De igual modo es indispensable garantizar la vida, la salud, la integridad y el desarrollo de las niñas y los niños por nacer, lo que implica erradicar el problema desde un enfoque con perspectiva de niñez.

La discriminación laboral por embarazo es la primera entrega de una serie de documentos titulada Prácticas que vulneran la maternidad en México, la cual busca reunir trabajos y evidencia en torno a las mujeres embarazadas y sus hijos e hijas por nacer para concretar políticas públicas que los protejan de una manera integral. Puedes consultar el estudio en: https://staging.earlyinstitute.org/discriminacion-laboral-por-embarazo/DLE.pdf.