La adopción desde el derecho a vivir en familia

Por Sandra Espinosa Rizo, abogada del área de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original de El Heraldo de México

En México existe una amplia normatividad en materia de adopciones. A través de estas normas también se establecen los requisitos para las personas solicitantes

 

Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en familia. La adopción es una de las medidas para garantizar ese derecho, siempre desde la perspectiva de proteger el interés superior de la niñez y no como un derecho de las personas adultas a tener hijos.

En México existe una amplia normatividad en materia de adopciones. A través de estas normas también se establecen los requisitos para las personas solicitantes, los cuales responden a la obligación de garantizar que quienes integren a las niñas y niños a su familia sean aptas para brindar cuidado, amor y condiciones adecuadas para su vida y su desarrollo.

Las razones por las que niñas y niños están en esas instituciones son diversas: desde aquellos que han sido abandonados y se desconoce si tienen familia, aquellos que han sido víctimas de alguna forma de violencia y tienen que ser alejados de su familia como una medida de protección, hasta aquellos cuyos padres fallecieron y no cuentan con una red familiar que pueda hacerse cargo.

Debido a esas situaciones tan complicadas y particulares, es que determinar que pueden ser adoptados, suele ser tan complejo. Lo ideal siempre es buscar primero que estas niñas y niños sean reunificados con su familia de origen o nuclear, o en algunos casos con alguna otra persona de su familia extensa, siempre que esta medida no represente algún riesgo para su bienestar.

Pero cuando no pueden reintegrarse con su familia de origen, la obligación del Estado es garantizar la restitución del derecho de niñas y niños a tener una familia y así pasar el menor tiempo posible en un Centro de Asistencia Social. De acuerdo con información de UNICEF, por cada tres meses que residen en una institución, pierden un mes de desarrollo.

Es así que, en el artículo 30 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establece que pueden ser adoptados quienes no tengan quien ejerza la patria potestad, quienes sean expósitos o abandonados, o quienes se encuentren bajo tutela institucional y cuenten con un informe de adoptabilidad.

Por ello, el procedimiento de abandono o exposición resulta relevante. A diferencia de la pérdida de la patria potestad, que implica un juicio, esta vía se desarrolla en un ámbito administrativo a través de autoridades especializadas, es decir los Sistemas DIF y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que permite emitir una determinación sobre la adoptabilidad de la niñas, niño o adolescente.

En ese contexto, resulta relevante la iniciativa presentada hace unos días en Querétaro por la presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta busca incorporar la figura de certificación de exposición o abandono en la legislación estatal mediante reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro y al Código Civil local.

La iniciativa pretende establecer mecanismos más claros para actuar en casos de abandono, exposición o ausencia prolongada de quienes ejercen la patria potestad.

En términos prácticos, esto podría traducirse en mayor rapidez y certeza jurídica para definir la situación de niñas y niños que hoy permanecen durante años en Centros de Asistencia Social esperando una resolución.

Si bien cualquier reforma en la materia debe proteger el derecho al debido proceso de las familias de origen, es indispensable reconocer que prolongar la estancia de niñas y niños en Centros de Asistencia Social afecta directamente su desarrollo.

Por ello, es necesario seguir fortaleciendo la legislación y los mecanismos que permitan garantizar que niñas y niños crezcan y se desarrollen en un entorno familiar.

Infancia, niñez y adolescencia; una apuesta por el futuro

Por: Rafael Vincent MorfÍn Calvo, abogado del área de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original en  El Heraldo de México

Indudablemente, la mayor carga de presión se generaría sobre el sistema de pensiones y los servicios de salud

La sociedad mexicana se encuentra hoy en día ante una problemática que crece día con día y que, de continuar con su tendencia actual, supondrá un panorama negativo para toda la población; el 2034 podría ser el año en que la población mayor de 60 años supere a la población menor de 12 años. 

La ralentización en el crecimiento demográfico del país se vive hoy como una realidad vigente y como un potencial riesgo hacia el futuro, pues los datos nos demuestran que nos encontramos ante una tendencia sostenida de menos nacimientos de mexicanos que hace medio siglo. 

De acuerdo con el recientemente publicado Programa Nacional de Población 2026-2030, se da cuenta de que de 2018 a 2023, el porcentaje de mujeres sin hijos y sin deseo de tenerlos aumentó de 31.3% a 50.1%, lo que representa una señal de que la decisión de formar una familia está siendo influida por circunstancias y/o problemáticas políticas, económicas, laborales y sociales, que hacen más complejo asumir la maternidad como una ruta de vida. 

Una desaceleración en el crecimiento poblacional puede obedecer a diversos factores, uno de ellos, un manejo deficiente en las políticas públicas de fomento y apoyo a la maternidad y a la figura familiar, así como de protección a la primera infancia, en donde no se toma en consideración las potenciales consecuencias de descuidar el balance de reemplazo poblacional necesario para mantener condiciones sociales sanas para cualquier nación. 

Esta desaceleración tiene múltiples y significativas consecuencias para una sociedad; por ejemplo, en el mediano y largo plazo, a menores nacimientos, corresponde una menor inclusión de personas al mercado laboral, lo cual, a su vez, cuenta con múltiples consecuencias relacionadas con diversos ámbitos.  

Indudablemente, la mayor carga de presión se generaría sobre el sistema de pensiones y los servicios de salud, donde la población laboralmente activa funciona como pilar para financiar las prestaciones de quienes ya se retiraron y satisfacer las necesidades básicas en materia de seguridad social de la población en lo general. 

Así mismo, un escenario que ya hemos comenzado a vivir hoy en día es una crisis en el sector educativo, pues escuelas tanto públicas como privadas han denunciado una reducción sostenida del alumnado a lo largo de los niveles de educación básica, media superior y superior. 

En ese sentido, es preocupante que, ante este panorama, aún no contemos con estrategias integrales de atención y prevención de la desaceleración en el crecimiento poblacional.  

Resulta urgente reconocer y visibilizar esta problemática, así como tomar medidas desde los diversos niveles y organismos del Estado para contrarrestar sus efectos nocivos y, de esta manera, prevenir problemáticas sociales y estructurales futuras que puedan aquejar a la población. 

Desde Early Institute, invitamos a personas tomadoras de decisiones para invertir en planes, políticas y programas que se centren en brindar una protección reforzada a la maternidad desde los ámbitos laboral, de salud, educativo, de seguridad y de crecimiento económico. Esto contribuirá a que más mujeres puedan considerar la maternidad como un proyecto de vida compatible con sus aspiraciones personales y profesionales. 

Así mismo, consideramos que invertir en la primera infancia, infancia y adolescencia, es fundamental para favorecer la formación y consolidación de nuevas familias como un pilar fundamental de la sociedad. Fomentar la existencia de mejores condiciones para niñas, niños y adolescentes desde los ámbitos educativo, de salud y laborales, también quitaría un punto de presión sobre quienes desean ser padres y madres, mismos que sabrán que pueden confiar en los servicios estatales como coadyuvantes activos en su desarrollo familiar. 

Por lo anterior, insistimos en que la protección de la primera infancia y el núcleo familiar representa el camino hacia un mejor futuro como nación, e instamos a que las personas tomadoras de decisiones vean en la infancia un recurso humano fundamental, de gran necesidad y valor para la sociedad mexicana y como un tópico en el cual vale la pena invertir. 

 

El caso de Vicente y las deficiencias en el cuidado de la niñez

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

Me refiero a lo sucedido con Vicente, quien fue abandonado al interior de un carro en Mexicali, Baja California, durante 12 horas.

Hace unos días, la sociedad mexicana se indignó con un caso muy lamentable en el que un menor de tres años perdió la vida de manera trágica.

Me refiero a lo sucedido con Vicente, quien fue abandonado al interior de un carro en Mexicali, Baja California, durante 12 horas.

Se señala que su madre, Roxana “N”, después de llegar de una fiesta familiar, decidió dejar a su hijo amarrado a su silla de seguridad para que siguiera durmiendo en el auto; sin embargo, con el paso del tiempo, a la mujer se le olvidó que el niño seguía en el vehículo.

Se tiene la evidencia de que, después de darse una ducha, Roxana bebió alcohol y se dedicó a interactuar en sus redes sociales hasta la madrugada.

A la mañana siguiente, cuando se dio cuenta de que Vicente no estaba en su habitación, descubrió que el niño seguía en el lugar donde lo dejó, pero ya sin signos vitales.

De acuerdo con las autoridades, la víctima falleció por un golpe de calor y por quemaduras de primer grado en su cuerpo, ya que la temperatura al interior de un vehículo, en sitios como Mexicali, puede llegar hasta los 45 grados.

El descuido fue brutal y las consecuencias funestas. Un niño perdió la vida y su madre podría alcanzar hasta 50 años de prisión debido a la gravedad de las omisiones.

Sin duda no hay palabras para calificar lo sucedido; sin embargo, es muy claro que se debe exigir que la seguridad de los niños y las niñas sea una prioridad.

En este lamentable hecho, se conjugaron varios factores que no justifican el acto y que ejemplifican lo que no debe ocurrir cuando se cuida a un menor.

Para empezar, la vigilancia de un niño o niña tiene que ser plena y consciente: no debe haber cosa de mayor relevancia que garantizar su protección.

Cabe mencionar que los padres del menor estaban peleando su custodia e incluso el papá no veía al niño desde noviembre pasado por una medida cautelar impuesta por un juez.

Se habla de que la mujer no quiso despertar al niño, pero la realidad es que pareciera estar más enfocada en su propia comodidad: darse un baño, seguir bebiendo e interactuar en sus redes sociales.

Asimismo, se está apelando a que se revise su estado emocional, en tanto sus abogados han dicho que la mujer sufría de depresión.

Serán las propias autoridades quienes determinen la sentencia de Roxana, pero es un tema para reflexionar, y para seguir impulsando la gran responsabilidad que tienen los padres y/o los cuidadores en el cuidado de los niños y las niñas.

Es inaceptable el sufrimiento que vivió Vicente y eso debería ser una llamada de atención para no perder de vista la vigilancia de los más vulnerables.

Desde Early Institute, afianzamos nuestro compromiso con la niñez mexicana y alzamos la voz para que nunca más vuelva a pasar algo así.

Es muy triste evidenciar casos como este porque muestran profundas deficiencias en el entorno que debiera ser el más seguro para la primera infancia, así como vacíos en las leyes que tendrían que priorizar el interés superior de los menores.

Las niñas y los niños merecen respeto y todas las garantías de que su vida y bienestar son lo más importante.

En México, a las niñas y los niños les estamos fallando

En México, a las niñas y los niños les estamos fallando

Las niñas y los niños tienen que ser nuestra prioridad en respeto, atención y cuidado y, por desgracia, les estamos fallando.

Recientemente se celebró el Día del Niño y la Niña en México, y aunque debiera ser una fecha de alegría y festejo, la realidad en la que viven miles de infantes no es precisamente de felicidad. Al contrario, los estamos defraudando.

Lamentablemente en nuestro país las niñas y los niños no están desarrollándose en entornos seguros. Así lo demuestran los últimos datos de delitos cometidos en su contra en lo que va de este año.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a febrero de 2026, un total de 24 mil 436 personas de entre 0 y 17 años fueron víctimas de algún delito, siendo los más comunes los de tipo sexual y la violencia familiar.

Cada una de estas cifras representa una historia marcada por la vulnerabilidad, la falta de protección y la presencia de profundas secuelas, que posiblemente por años acompañará a las víctimas.

Del total de las personas afectadas, 52.6 por ciento se trata de mujeres y 38.6 por ciento son hombres, lo que evidencia una problemática diferenciada por género.

Entre los delitos más comunes, destacan los llamados “otros delitos sexuales”, que incluyen violación, abuso, acoso y hostigamiento sexual, así como rapto.

Tenemos un escenario aterrador que abarca también otros espectros violentos como la incidencia del crimen organizado.

En este sentido, se habla de que uno de cada 10 menores fue afectado por prácticas vinculadas a este tipo de delincuencia, siendo víctima de delitos como homicidios, feminicidios, lesiones dolosas, trata de personas, pornografía infantil, secuestro, extorsión y narcomenudeo, entre otros.

En este rubro se contabilizaron 2 mil 249 víctimas, donde predominan los hombres (56.1 por ciento), aunque delitos como feminicidio, trata y pornografía infantil afectan principalmente a niñas y adolescentes.

Con esto hay evidencia contundente sobre la situación en la que vive gran parte de la población infantil en México, y que visiblemente denota que no se están garantizando las condiciones para que crezcan adecuadamente.

Otra forma de daño es el que se da en las propias casas de las víctimas. Según la oficina en el país del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en México, uno de cada dos niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 14 años ha experimentado métodos de disciplina violenta, lo que representa al menos 20 millones de menores que han sufrido algún tipo de agresión dentro de sus hogares.

Según datos del sector salud, 70.8 por ciento de las lesiones atendidas por ataques en menores de edad ocurren en la vivienda donde habitan, un dato que muestra que la violencia se ejerce en el espacio donde se supone que hay seguridad y vigilancia.

En Early Institute lamentamos que las niñas y los niños sufran violencia de cualquier índole, cuando deberían disfrutar una etapa de vida fuera de amenazas y riesgos.

Tenemos una gran responsabilidad social para asegurarles protección y en fechas como estas de celebración, habría que reflexionar si estamos de verdad procurando su bienestar.

Las niñas y los niños tienen que ser nuestra prioridad en respeto, atención y cuidado y, por desgracia, les estamos fallando.

Costo oculto de IA: violencia sexual

Por: Ana Reza Calvillo
Publicación original de:  El Sol de México

La inteligencia artificial ya no es una promesa futura: está integrada en la vida cotidiana. Produce textos, imágenes y videos con una facilidad que hasta hace poco parecía ciencia ficción. Sin embargo, mientras celebramos sus posibilidades, un riesgo antiguo se expande con una fuerza inédita: la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Desde una perspectiva de derechos, este no es un problema técnico. Es un problema de protección, de prevención y de responsabilidad social que no admite neutralidad.

Las cifras son una primera señal de alarma. En los últimos dos años, la línea internacional de denuncias cibernéticas del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) ha recibido más de 70 mil reportes de explotación sexual infantil vinculados al uso de inteligencia artificial. El propio centro advierte que estos casos no harán más que aumentar. No se trata de escenarios hipotéticos ni de riesgos futuros, es una situación que está ocurriendo ahora.

Uno de los frentes más graves es la generación de material de abuso sexual infantil mediante herramientas de inteligencia artificial. Hoy es posible crear imágenes sexualizadas de niñas y niños —incluidos desnudos o actos sexuales explícitos— sin que exista un hecho real previo. Aplicaciones de nudify transforman fotografías ordinarias en imágenes sexualizadas en cuestión de segundos. Basta muy poco para generar estas imágenes, pero el daño que causan es profundo y duradero.

Por eso la discusión no puede quedarse atrapada en si la imagen es “real” o “falsa”. La vulneración es real. Se violan derechos fundamentales: a la intimidad, a la imagen, a la integridad personal y a un desarrollo libre de violencia. El impacto psicológico y emocional no distingue entre lo generado y lo simulado; acompaña a la víctima durante años, a veces durante toda la vida.

La inteligencia artificial también ha redefinido los riesgos de agresión sexual en línea. La creación de cuentas de redes sociales falsas cada vez más verosímiles, el uso de fotos de perfil “confiables” y conversaciones automatizadas facilita el acercamiento de agresores con fines sexuales. Esto no solo vuelve más difícil la prevención, sino que traslada la carga de protección a niñas, niños, adolescentes y sus familias, obligándoles a identificar amenazas que se perfeccionan constantemente.

A esto se suma un fenómeno particularmente peligroso: la sextorsión mediada por inteligencia artificial. Los agresores crean imágenes sexuales sintéticas para chantajear; exigir más contenido, forzar conductas sexuales o extorsionar económicamente. El NCMEC ha documentado situaciones en las que, ante la negativa del niño, niña o adolescente a enviar una imagen íntima, el agresor genera una imagen explícita con IA para ejercer presión. Aquí, el daño no depende de lo que ocurrió, sino del poder de la amenaza y del miedo.

Y no siempre se trata de adultos desconocidos. La violencia entre pares también está mutando. En contextos escolares, compañeros pueden crear o difundir imágenes o videos falsos con fines de humillación, control o castigo social. La rapidez con la que estos contenidos circulan convierte el acoso en una forma de violencia persistente, difícil de contener y devastadora para quien la padece.

La inteligencia artificial permite producir y difundir violencia simbólica a gran escala, con bajo o ningún costo, alto anonimato y enormes dificultades para su detección. La sofisticación técnica no solo beneficia a la innovación; también fortalece a los agresores.

Existe además un riesgo más profundo, menos visible pero igualmente peligroso: la normalización de la sexualización infantil en entornos digitales. Concebir este tipo de contenido como simulación, experimento o avance tecnológico diluye límites éticos esenciales. Desde una perspectiva de derechos, esto es inaceptable. La infancia no puede convertirse en un terreno de prueba del desarrollo tecnológico.

El debate, entonces, no es si la inteligencia artificial debe avanzar, sino bajo qué reglas, con qué responsabilidades y con qué límites. El principio del interés superior de la niñez exige que la protección de sus derechos esté por encima de intereses comerciales, vacíos legales o esquemas de autorregulación que han demostrado ser insuficientes.

Aquí el papel del Estado es insustituible. En México, las autoridades deben actuar con claridad y sin demora. Se requieren marcos legales que reconozcan la generación y difusión de contenidos sexuales mediante inteligencia artificial como formas de violencia y explotación contra niñas, niños y adolescentes. Se necesitan capacidades reales para investigar y sancionar estos delitos, así como obligaciones claras para las plataformas tecnológicas.

Sin embargo, la respuesta no puede ser solo punitiva. Es indispensable fortalecer la prevención y la educación digital, dotar a escuelas y familias de herramientas para identificar riesgos, y garantizar rutas de denuncia y atención que sean accesibles, eficaces y centradas en las víctimas.

La pregunta de fondo no es tecnológica, es moral y política: ¿qué estamos dispuestos a tolerar como sociedad en nombre del progreso? Cada día que la regulación se posterga, que la responsabilidad se diluye y que la protección de la infancia se subordina a la velocidad de la innovación, se envía el mensaje de que el daño es un costo aceptable. La inteligencia artificial no es neutral, y tampoco lo es la inacción.

Si el desarrollo tecnológico avanza más rápido que nuestra capacidad de proteger a niñas, niños y adolescentes, entonces no estamos frente a un avance, sino frente a una renuncia a la responsabilidad colectiva.

Desaparición de menores abre puertas a la explotación sexual y trata en México

Desaparición de menores abre puertas a la explotación sexual y trata en México

Más del 60 por ciento de las víctimas menores desaparecidas son mujeres, principalmente entre 14 y 17 años, y que los hechos no son aislados, sino parte de un patrón vinculado a la explotación sexual y trata.

Estamos frente a una de las problemáticas más terribles y que, por desgracia, su atención está siendo cuestionada ante el incremento de casos en México. Me refiero a las desapariciones de niñas y adolescentes con patrones que apuntan a la explotación sexual y trata. Se habla de que, hasta marzo de 2026, hay 132 mil 534 personas desaparecidas en nuestro país; de ellas, más de 10 mil 383 son niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) confirman que más del 60% de las víctimas menores desaparecidas son mujeres, principalmente entre 14 y 17 años, y que los hechos no son aislados, sino parte de un patrón vinculado a la explotación sexual y trata.

De enero a abril de 2026, se han identificado redes de explotación en distintos estados de la República Mexicana. De los casos más visibles fue lo ocurrido en zonas del corredor Toluca-Tlalnepantla-Ecatepec, donde a principios del año se denunciaron desapariciones de adolescentes entre 14 y 17 años. Aquí las autoridades ventilaron patrones comunes: contacto previo por redes sociales, promesas de empleo y traslado a zonas fronterizas.

En febrero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una alerta por la desaparición de 17 adolescentes mujeres en colonias de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. Las investigaciones revelaron que varias víctimas habían sido contactadas por perfiles falsos en redes sociales, con ofertas de trabajo.

En marzo, un operativo conjunto entre autoridades logró rescatar a tres adolescentes reportadas como desaparecidas desde febrero. Las jóvenes fueron localizadas en una casa de seguridad en Orizaba, Veracruz, donde se presume que eran víctimas de explotación sexual y, con ello, se destapó una red que operaba entre Veracruz, Puebla y Tlaxcala. En lo que va de abril, en Jalisco y Tamaulipas se han identificado desapariciones simultáneas y rutas hacia la frontera.

En este contexto, se dio a conocer el caso de Kristina Vladimirovna Románova, una adolescente rusa bajo la tutela institucional mexicana, y que se tiene considerada como posible víctima de trata de personas. La cuestión es que Rusia exige su repatriación y acusa al DIF del Estado de México de retenerla ilegalmente. La joven incluso escapó y fue localizada en Tijuana, lo que intensificó la controversia, escalando a niveles diplomáticos delicados.

Por increíble que parezca, este episodio se suma a críticas previas sobre negligencia y desapariciones en albergues del DIF, reforzando la percepción de crisis en el sistema de protección infantil y, aunque son pocos los casos, sí se nota que en varios estados, estos centros carecen de sistemas de vigilancia y personal capacitado para prevenir fugas o agresiones o bien para custodiar debidamente a las niñas y adolescentes.

Las pruebas existen. Hace apenas unos días, el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés (21 años), en la Ciudad de México, estremeció al país. Luego de ser reportada como desaparecida, el curso de la investigación también se está vinculando a prácticas engañosas que posiblemente terminan en actos delictivos. Ya sea en niñas, adolescentes o adultas, hay una clara deficiencia operativa institucional, falta de garantías para las debidas investigaciones, demora en las actuaciones y carencia de protocolos efectivos.

Desde Early Institute hacemos un llamado a las autoridades a redoblar esfuerzos para proteger a las niñas y adolescentes, grupo social de mayor riesgo por factores de pobreza, violencia familiar, violencia sexual y crimen organizado. La urgencia es apremiante: por un lado, hay que fortalecer la capacidad institucional de búsqueda y recuperación y, por el otro lado, se deben atender las causas estructurales que colocan a las menores en situación de vulnerabilidad.

La presencia también es parte de la crianza

Por: Sandra Espinosa Rizo, Abogada del área de Asuntos Públicos
Publicación original en El Heraldo de México

La presencia también es parte de la crianza

Desde el ámbito jurídico, la responsabilidad de la crianza recae primordialmente en madres y padres a través de la figura de la patria potestad

La crianza es mucho más que cubrir las necesidades materiales de niñas y niños. Es un proceso de cuidado, protección y formación que incide directamente en su desarrollo integral. Implica garantizar alimentación, vestido y vivienda, así como presencia, acompañamiento, afecto y guía en la construcción de facultades, hábitos, valores y vínculos seguros.

Desde el ámbito jurídico, la responsabilidad de la crianza recae primordialmente en madres y padres a través de la figura de la patria potestad, la cual establece una serie de derechos y obligaciones orientados a proteger y garantizar el bienestar de las niñas y los niños.

Bajo ese contexto, la discusión que visibiliza la denominada “Ley Damián” en el estado de Veracruz resulta pertinente. Esta propuesta de reforma plantea la posibilidad de quitar la patria potestad en casos de abandono total en la crianza de niñas y niños (incluso cuando se han cumplido obligaciones económicas), generando un vacío afectivo que impacta en el desarrollo de niñas y niños.

La discusión que hoy se abre con este tipo de iniciativas es valiosa porque pone en el centro la reflexión sobre lo que realmente significa la crianza, desde una perspectiva que va más allá del aspecto económico y reconociendo la necesidad de la presencia afectiva y formativa de los padres durante la niñez.

Sin embargo, si bien es necesario impulsar mecanismos legales que responsabilicen a quienes incumplen con sus obligaciones, como lo propone esta iniciativa estatal, el objetivo de fondo no debe centrarse en que niñas y niños pierdan a uno de sus padres, sino en evitar que crezcan sin su presencia.

Por ello, es indispensable que desde la política pública se avance no solo en sanciones, sino también en la prevención, la educación y la corresponsabilidad. Es fundamental promover una cultura que reconozca la importancia de la crianza compartida, donde se entienda que la presencia afectiva de ambos progenitores es clave para el desarrollo de niñas y niños.

Esto implica diseñar políticas que incentiven la participación activa de los padres desde etapas tempranas, generar condiciones laborales que lo permitan y fomentar procesos educativos que transformen los roles tradicionales que históricamente han asignado las tareas de crianza a las madres.

Asimismo, es pertinente destacar que, si bien la figura de la pérdida de la patria potestad existe para sancionar incumplimientos graves en los deberes de cuidado o situaciones que podrían vulnerar el desarrollo y la integridad de hijas e hijos, concebirla como un castigo que pueda aplicarse de manera automática ante determinadas conductas puede llevar a perder de vista su verdadera finalidad, que es la protección de la niñez.

Al respecto, en abril de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un criterio relevante al analizar una disposición del Código Civil de Tlaxcala que contemplaba la pérdida de la patria potestad por alienación parental. En ese caso, la Corte concluyó que aplicar esta sanción de forma automática podía resultar desproporcionado, al afectar derechos fundamentales de niñas y niños, como el de vivir en familia y mantener vínculos afectivos con ambos progenitores, señalando que no pueden adoptarse medidas generales sin considerar las circunstancias particulares de cada caso.

Por ello, la solución no puede ser parcial. Este tipo de iniciativas, sustentadas en reclamos legítimos, representan avances importantes; sin embargo, el verdadero reto está en construir una sociedad donde la ausencia deje de ser una constante.

Porque proteger a la niñez no solo implica sancionar el abandono, sino que desde todos los frentes se garantice que la presencia y el afecto formen parte de la vida cotidiana en la vida de todas las niñas y todos los niños.

Se elevan las desapariciones de menores y adolescentes en México

Se elevan las desapariciones de menores y adolescentes en México

El gobierno mexicano se empeña en no aceptar la cruel realidad y minimiza informes como el emitido recientemente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de desaparición forzada.

México enfrenta un panorama muy desolador en materia de desapariciones. No es una percepción ni una idea de unos cuantos, es una abrumadora realidad que se debe atender inmediatamente.

La situación lastima aún más cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, que, lejos de vivir en un país seguro, están siendo separados de sus familias y entornos.

Simplemente, en los tres meses que van en este 2026, la organización Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) alertó sobre un aumento de 30% con respecto a otros años.

Es una durísima noticia saber que a finales de marzo 2026, el registro nacional superó los 130 mil casos de desaparición (cifra histórica desde 2006), con una marcada tendencia de afectación en adolescentes y jóvenes.

Respecto a las entidades con más casos de desaparición, están la Ciudad de México, Guanajuato, Chiapas y Estado de México, donde se concentra la mayoría de los reportes.

Por mencionar algo, en la Ciudad de México, entre el 20 y el 22 de marzo de 2026, se reportó la desaparición de al menos nueve menores de edad, activando fichas de Alerta Amber. Esto es inaceptable.

Son muchos los casos que se convierten en foco de atención por la difusión de los datos en medios de comunicación y redes sociales. En este sentido, en estos tres primeros meses se ha solicitado el apoyo para encontrar a niños, niñas y adolescentes como Iker Damián de 12 años de edad; las hermanas Azul y Rosa Hernández (desaparecidas en el Estado de México); Samantha Aylin (12 años), Dominic Jeshua (14 años), Lety Jaqueline (15 años) y muchos más.

Cada uno de estos casos se traduce en desesperación, frustración, miedo e incertidumbre, pero sobre todo en una terrible conmoción a nivel familiar que no tendría que experimentarse.

En más datos, ocho de cada diez menores desaparecidos son mujeres adolescentes y, aunque en semanas anteriores Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres en México, firmó un acuerdo con Meta, Google y TikTok para combatir la violencia digital contra las niñas y mujeres, lo cierto es que la infancia en México está expuesta a ser enganchada en redes sociales para después “desaparecer” en un entorno de violencia y acoso digital.

Los esfuerzos deben redoblarse y sostenerse, pues es evidente, en cifras y datos de fuentes fidedignas, que las alertas Amber por desapariciones van en aumento.

No obstante las evidencias, el gobierno mexicano se empeña en no aceptar esta cruel realidad y minimiza informes como el emitido recientemente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de desaparición forzada.

Estas desafortunadas acciones conducen todavía más a provocar confusiones y enojo entre la población, cuando lo que debe prevalecer es un trabajo en conjunto para resguardar a cada niño, niña y adolescente.

Desde Early Institute hacemos un llamado a tener mayor sensibilidad con el dolor de quienes tienen un familiar desaparecido y a tomar con seriedad esta problemática que está creciendo día con día. El riesgo de formar parte de los registros de desapariciones es cada vez más alto y se debe poner un alto.

Principalmente, es necesario que se estreche la colaboración para atender con prontitud las denuncias de las desapariciones, en particular cuando se trata de menores, ya que el tiempo es fundamental y cada segundo es vital para la recuperación de la víctima.

¡Auxilio! Niñez y adolescencia bajo violencia

Por: Vincent Morfín Calvo, Abogado del área de Asuntos Públicos de Early Institute.
Publicación original: El Heraldo de México

El pasado jueves 26 de marzo se dio a conocer que, en el estado de Michoacán, durante la celebración de un concurso de coreografías

La niñez y la adolescencia en México enfrentan hoy en día una crisis de enorme magnitud que se recrudece con el desfavorable escenario que vivimos como país: el aumento generalizado de los entornos de violencia e inseguridad y su normalización en la sociedad, donde éstos buscan incluso introducirse como parte de la cultura mexicana.

El pasado jueves 26 de marzo se dio a conocer que, en el estado de Michoacán, durante la celebración de un concurso de coreografías, alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán protagonizaron una presentación disfrazados de sicarios, con réplicas de armas de fuego y haciendo referencia al asesinato de alcaldes.

El asunto ha derivado en una polémica mediática y en señalamientos de apología del delito, donde incluso la institución ha emitido un comunicado oficial refiriéndose al tema y desaprobando la realización de estos actos.

No obstante, a la lectura personal de un servidor, esta presentación nos revela un grito de auxilio por parte de la infancia y adolescencia mexicana que demanda entornos libres de violencia y que prevalezca una cultura de paz en el estado de Michoacán, así como en todo México. Si se observa el video completo de la citada coreografía, podemos notar que ésta finaliza con una alumna caracterizada de ángel de color blanco quien mueve sus alas en un símbolo de prevalencia de la paz.

Indiscutiblemente, la representación de elementos que hagan referencia al narcotráfico o a la violencia es equívoco desde cualquier perspectiva, pero es también una manera muy fuerte de hacer un llamado de atención para que autoridades y tomadores de decisión tomen cartas en el asunto; es no solo triste sino lamentable y vergonzoso suponer que niñas, niños y adolescentes asumen que, para que nosotros escuchemos, tienen que captar nuestra atención de esta manera.

Las señales son claras y los trágicos ejemplos de las consecuencias de nuestra indiferencia, hablan por sí solos:

* El pasado martes 24 de marzo, conocimos de un hecho en el que un adolescente de 15 años, armado con un fusil de asalto AR 15, disparó en contra de dos de sus maestras quitándoles la vida, también en el estado de Michoacán. De manera previa, el joven había compartido imágenes a través de sus redes sociales en las que posaba con el arma en cuestión.

* El pasado mes de febrero, un adolescente de 16 años fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, cuando se dirigía a comprar insumos para su mascota. Este caso se suma al de una adolescente de 14 años encontrada sin vida el pasado mes de enero en el mismo estado. Ambos casos son consecuencia de la denominada “ola de violencia” que azota persistentemente a esta entidad federativa.

* A finales del pasado mes de febrero, UNICEF compartió un comunicado de prensa expresando el miedo que la delincuencia organizada genera en la niñez mexicana. En dicho documento, se habla de una estimación de entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo activo de ser reclutados con fines ilícitos. Esta preocupación, es una realidad que afecta a múltiples estados del país donde hay una presencia importante de estos grupos delictivos.

Desafortunadamente, si quisiéramos recapitular cada caso de violencia acontecido en contra de niñas, niños y adolescentes, la presente columna de opinión sería interminable. Hemos citado tres ejemplos en los que tres menores han sido víctimas de un sistema que los ha dejado en el olvido y de políticas públicas que no atienden a sus necesidades, uno incluso, convirtiéndose propiamente en el victimario.

Es menester realizar un atento llamado a quienes han sido votados y elegidos para representar nuestros intereses desde el ámbito del gobierno y de las políticas públicas, para que atiendan la necesidad urgente de crear verdaderos mecanismos y estrategias que combatan de lleno los entornos de violencia que aquejan a nuestra niñez y adolescencia.

Recordemos que es obligación del Estado mexicano otorgar a este grupo etario una protección reforzada de sus Derechos Humanos en consonancia con los mecanismos internacionales en materia de niñez y adolescencia, obligación que, hasta este momento, simplemente se ha pasada por alto a un segundo plano de atención.

Así mismo, llamamos a las autoridades educativas de todos los niveles para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y como primera línea de contacto con la niñez y la adolescencia mexicana, centren sus esfuerzos en el desarrollo de planes, programas y protocolos que combatan de manera efectiva los entornos y las conductas violentas en entornos escolares.

De igual manera, confiamos en que las autoridades implementen un esquema de capacitación permanente del personal docente en materia de perspectiva de niñez, con enfoque en la detección y atención de casos en los que se presuma la existencia de violencia en su contra.

Desde Early Institute, condenamos cualquier acto que represente una vulneración hacia la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes, pedimos que se les proteja de manera integral y que el desarrollo de políticas públicas se haga siempre colocando sus intereses en el centro del debate.

Regulemos el uso de celulares en niños, niñas y adolescentes

Regulemos el uso de celulares en niños, niñas y adolescentes

El uso de celulares sin supervisión ni determinación de tiempos por parte de las niñas y los niños provoca daños irreparables y actualmente se están registrando sus efectos alrededor de todo el mundo.

Si bien se ha reconocido que la tecnología facilita la vida humana, hoy se están experimentando riesgos en el uso de dispositivos móviles, sobre todo en niñas, niños y adolescentes.

El aumento de teléfonos celulares, tabletas y computadoras se vio en mayor medida durante la pandemia por Covid-19, y pese a su utilidad, también aparecieron amenazas en las poblaciones más vulnerables.

La evidencia es muy clara: el uso de celulares sin supervisión ni determinación de tiempos por parte de las niñas y los niños provoca daños irreparables y actualmente se están registrando sus efectos alrededor de todo el mundo.

México no es la excepción y, por lo tanto, es necesario establecer reglas más claras y contundentes.

En recientes declaraciones, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, se mostró dispuesto a abrir un debate para regular el uso de celulares en las escuelas de nivel básico a nivel público y privado.

Reconoció las investigaciones que dan cuenta de los riesgos y las amenazas a la salud mental y alteraciones de comportamiento que experimentan los usuarios que son menores de edad.

En su parecer, nuestro país no puede quedar afuera de la discusión y se estaría impulsando una cultura digital “responsable, consciente y crítica”.

Por otro lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también reconoció que se están tomando medidas para analizar la posibilidad de restringir el uso de teléfonos celulares, al considerar que estos dispositivos producen problemas y distracción para niñas, niños y adolescentes.

La mandataria reveló que un grupo de trabajo interinstitucional —integrado por la SEP, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Cultura— está revisando acciones para fomentar entornos educativos más saludables, así como alternativas que promuevan la lectura y el aprendizaje.

Las prácticas digitales se han expandido a múltiples áreas de la vida, pero no siempre en acompañamiento, y eso está generando preocupación. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha detectado un aumento en el uso problemático de redes sociales, principalmente entre la población adolescente.

Según datos de este organismo, más de 1 de cada 10 adolescentes (11 por ciento) mostró signos de comportamiento problemático en redes sociales, con dificultades para controlar su uso; las mujeres (13 por ciento) tienen niveles más altos de uso problemático de redes sociales que los hombres (9 por ciento).

Ante estas evidencias, distintos gobiernos han decidido tomar cartas en el asunto, creando políticas públicas para restringir el acceso tanto a redes como a dispositivos móviles.

Como país modelo, se tiene la experiencia de Australia, que a finales de 2024 estableció un límite de edad obligatorio para acceso a las redes sociales, y responsabilizó a las plataformas digitales para evitar que los menores las usaran.

En México, en 2025 se aprobaron reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Querétaro, así como al Código Penal de la entidad, para regular el uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes.

Esta ley es única en México, pues en el ámbito federal no se cuenta con una regulación al respecto, aunque sí hay iniciativas que buscan seguir la tendencia mundial.

En Early Institute valoramos el apoyo que brinda la tecnología en avances de procesos y distintas tareas en diferentes ámbitos sociales; sin embargo, sabemos que existen riesgos por un uso inadecuado.

También sabemos que hay una preocupación por proteger a niñas, niños y adolescentes de las posibles amenazas, lo cual propicia la urgencia por unirnos a los debates para que se logren medidas que aseguren el buen aprovechamiento de las herramientas y se prevengan posibles problemas derivados de estas actuales formas de comunicación.