Patria potestad y responsabilidad parental, figuras clave en la crianza

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

El origen de esta forma de protección es el respeto y acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que los reconoce como sujetos titulares de derechos, en tanto que a sus padres y madres los señala como garantes responsables de asegurar su cumplimiento.

Cuando se habla de la protección de niños, niñas y adolescentes se está abordando un amplio espectro social, en el que no solo intervienen prácticas de padres, madres y cuidadores hacia sus hijos o hijas, sino que se han concretado figuras legales que coadyuvan a ese fin.

Uno de estos conceptos jurídicos es la patria potestad, entendida como el conjunto de derechos y deberes de padres y madres sobre sus hijas e hijos en los asuntos que refieren a su representación, cuidado y administración de bienes. Aunque más allá de los tópicos normativos, esta figura también representa el vínculo afectivo que rige las labores de crianza, enseñanza, guía y tutela.

El origen de esta forma de protección es el respeto y acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que los reconoce como sujetos titulares de derechos, en tanto a sus padres y madres los señala como garantes responsables de asegurar su cumplimiento.

Con el tiempo, esta obligación se ha reforzado con otros deberes con el propósito de salvaguardar a los hijos y las hijas. De este modo se habla de responsabilidad parental como un ejercicio que implica el cuidado, la protección, la educación y la formación de niñas, niños y adolescentes en entornos libres de violencia bajo un principio de respeto mutuo.

Si bien existe una claridad en los preceptos, también con el tiempo se han distorsionado algunos otros que acompañan a la patria potestad, como la autonomía progresiva. En un inicio, principio se centraba en el reconocimiento de que niñas, niños y adolescentes desarrollaran gradualmente capacidades para participar en decisiones que afectan su vida de conformidad con su desarrollo y madurez, pero por desconocimiento a veces se opta por conceder que los menores de edad pueden ser considerados como adultos plenamente autónomos para la toma de decisiones sobre aspectos relevantes de sus vidas. No hay nada más equivocado, pues precisamente por su rol como titulares de derechos, resulta imperativo que niñas, niños y adolescentes cuenten con una protección reforzada y guía por parte de sus tutores e instituciones del Estado.

Este tipo de imprecisiones abre la puerta a decisiones que podrían afectar al referido grupo etario, en tanto hay situaciones que rebasan su entendimiento y, por ende, al dejarlos tomar el rumbo de su vida por su cuenta es un acto de irresponsabilidad absoluta.

Hay que señalar que la patria potestad y la responsabilidad parental no son asuntos únicamente concernientes a las materias legales de niñez o civiles, pues por su relevancia, las acciones u omisiones al respecto pueden trascender hasta la materia penal y terminar en sentencias por delitos como el abandono de personas, violencia familiar, corrupción de menores, violación, etcétera.

En Early Institute buscamos el fortalecimiento de la patria potestad y la responsabilidad parental por considerarlas fundamentales en el adecuado desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Por ello, hemos propuesto al Senado de la República un paquete integral de reformas legislativas que faciliten ámbitos nucleares como la educación, salud, seguridad y protección. Será en el próximo período ordinario de sesiones del Congreso federal, que daremos un seguimiento puntual a estas propuestas pues sabemos que sin el acompañamiento de políticas públicas el cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes podría quedar en el aire cuando su materialización tendría que ser una prioridad.

No fue noviazgo, fue violencia sexual

Escrito por: Rafael Vincent MorfÍn Calvo, abogado del área de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original en  El Heraldo de México

Hacemos un llamado a las autoridades, principalmente en el ámbito legislativo, para la revisión y modificación de tipos penales y reglas procedimentales que favorezcan la impunidad de violentadores sexuales

En días recientes se ha dado a conocer el caso de un maestro de 50 años, quien, siendo docente en una escuela en Ecatepec, Estado de México, alegó haber “acordado” iniciar una relación de noviazgo con una estudiante de 14 años.

El caso ha resultado sumamente indignante no solo por la evidente diferencia de edad (36 años) entre el maestro y la estudiante, sino también por los mecanismos judiciales que permitieron al agresor continuar con su proceso en libertad mediante el pago de una garantía de 75 mil pesos; cantidad que contrasta con la gravedad de la evidente comisión de un delito de naturaleza sexual en contra de una menor de edad.

En ese sentido, es imperativo que no analicemos este caso únicamente bajo la óptica del supuesto “consentimiento” entre la víctima y el agresor para iniciar una relación afectiva, pues una relación alumno-docente de manera natural supone la existencia de una asimetría de poder, en la que el maestro funge como figura de autoridad y el alumno se encuentra en una posición de subordinación y especial vulnerabilidad; así mismo, la diferencia de edad debería ser un indicativo lógico de que la conducta realizada constituye la comisión de un delito. Dichas circunstancias impiden analizar este tipo de conductas bajo los mismos parámetros que una relación entre personas adultas en condiciones de igualdad y madurez.

Ante este tipo de relaciones de poder, la infancia y adolescencia merecen una protección reforzada de sus derechos humanos por parte del Estado y de sus instituciones, situación que se encuentra contenida en los más altos estratos de la legislación nacional, así como los instrumentos internacionales.

La Convención sobre los Derechos del Niño, mediante su Artículo 3, mandata que en todas las medidas concernientes a los niños (entendiéndose como niño a todo ser humano menor de 18 años) que tomen instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos, se atenderá al interés superior del niño.

La Constitución Federal, por su parte, señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez para la plena garantía de sus derechos.

En ese sentido, resulta preocupante pensar que, debido al mal diseño de las políticas públicas vigentes y la falta de perspectiva de niñez en los procesos de impartición de justicia, se desatienda uno de los principios fundamentales de la protección a la infancia y adolescencia mexicana, dejando en el desamparo a una víctima de violencia sexual, y a un agresor pululando libremente con total impunidad.

El supuesto “consentimiento” es inexistente cuando a una persona menor de 18 años se le violenta sexualmente; así lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Angulo Losada Vs. Bolivia; no obstante, el marco jurídico mexicano aún experimenta múltiples problemas estructurales que se deben atender con urgencia por las autoridades locales y federales para prevenir que casos como el presente se repitan.

Desde Early Institute rechazamos categóricamente las relaciones entre adultos y personas menores de 18 años, al tiempo que refrendamos la inexistencia del “consentimiento” cuando se trata de escenarios de violencia sexual y de relaciones entre adultos y menores de edad. Hacemos un llamado a las autoridades, principalmente en el ámbito legislativo, para la revisión y modificación de tipos penales y reglas procedimentales que favorezcan la impunidad de violentadores sexuales, así como que generen entornos de discriminación y revictimización para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, por establecer parámetros de edades diferenciados y marcos de actuación insuficientes para un efectivo acceso a la justicia y reparación del daño causado.

Hagamos equipo en casa y protejamos siempre a niñas y niños

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

Early Institute junto con la asociación Infancia Libre de Abuso Sexual lanzamos la campaña “Hagamos equipo en casa. El silencio no protege” para hacer un llamado a los padres, madres y cuidadores de niñas, niños y adolescentes para que tengan medidas de vigilancia y seguridad en sus entornos inmediatos, en particular en sus casas.

Estamos en plena efervescencia futbolística ante el desarrollo de la Copa Mundial 2026. México es sede junto con Estados Unidos y Canadá y por la propia naturaleza del evento las problemáticas sociales tienden a aumentar. Lamentablemente una de ellas es la violencia en sus distintas expresiones, pero la que hoy más afecta es la de tipo sexual contra niñas, niños y adolescentes.

En las últimas semanas se han presentado, en nuestro país, múltiples campañas de prevención que unen a las organizaciones civiles a cerrar filas para evitar daños a la infancia, en tanto este tipo de encuentros propicia la distracción en los distintos espacios y, por ende, el descuido a los más vulnerables.

Así, Early Institute junto con la asociación Infancia Libre de Abuso Sexual (ILAS) lanzamos la campaña “Hagamos equipo en casa. El silencio no protege” para hacer un llamado a los padres, madres y cuidadores de niñas, niños y adolescentes para que tengan medidas de vigilancia y seguridad en sus entornos inmediatos, en particular en sus casas.

Sin duda la atención debe acentuarse en momentos como este de reuniones familiares y con amigos, pero no se debe olvidar que el cuidado y la protección a niñas, niños y adolescentes debe ser permanente y no bajar la guardia nunca.

Hay datos que indican que los torneos no crean a los agresores, pero sí se generan condiciones de violencia ante la presencia de riesgos que pueden resumirse en tres: a) la ingesta masiva y prolongada de alcohol; b) la desinhibición emocional y c) la flexibilización de las normas sociales de conducta, donde se tolera la catarsis agresiva bajo la excusa de la pasión deportiva.

En este sentido, hay que señalar que si bien existe una gran preocupación por la presencia de agresores que buscan vulnerar la sexualidad de niñas y niños víctimas de trata o explotación infantil, es necesario observar que este tipo de eventos facilitan otras formas de violencia en contextos cercanos a las familias.

Por supuesto bajo ninguna circunstancia deben permitirse faltas de respeto ni agresiones, de ahí la importancia por tener reglas claras cuando haya reuniones en el hogar o se asista a otros sitios.

Algo también fundamental es estar atentos a las interacciones entre niños y adolescentes y no asumir que porque son de edades similares están seguros. Aquí la recomendación es tratar de integrarlos a la dinámica que se está desarrollando en casa o al menos echar un vistazo continuamente a lo que están haciendo, principalmente en lugares cerrados.

En Early Institute sabemos que estar alertas en los espacios más cercanos puede prevenir prácticas que afecten a niñas, niños y adolescentes. Insistimos que las medidas de precaución no deben ser exclusivas en el marco de estas fechas deportivas, sino en todo momento y, sobre todo, no hay que guardar silencio ante alguna situación sospechosa. Tampoco hay que olvidar que cuidar implica proteger a los niños y las niñas de nuestro entorno y solo a nuestros propios hijos o hijas, porque nuestro apoyo puede evitarles experiencias peligrosas, desagradables y difíciles de sanar.

La falsa neutralidad de las plataformas digitales

Por Ana Reza, investigadora de Early Institute 
Publicación original de El Sol de México

Los recientes fallos judiciales contra Meta y Google marcan un punto de quiebre: reconocen lo que durante años se ha intentado minimizar. El daño que generan las plataformas digitales en niñas, niños y adolescentes no es accidental, ni atribuible a descuidos individuales o a la falta de supervisión familiar.

Es el resultado de decisiones deliberadas de diseño. Sistemas de recomendación, reproducción automática, notificaciones constantes y métricas de validación social no son funciones neutras: están diseñadas para capturar atención a cualquier costo, incluso explotando procesos cognitivos en desarrollo y favoreciendo patrones de uso compulsivo.

Las empresas lo saben. Cuentan con datos, estudios internos y capacidad técnica suficiente para anticipar la dependencia que generan, y aun así sostienen modelos que priorizan la permanencia sobre el bienestar. En ese contexto, la afirmación de Mark Zuckerberg —“creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios”— no es una excusa: es una admisión.

Si los controles fallan de forma sistemática, no es porque los usuarios sean demasiado astutos, sino porque los mecanismos son insuficientes o deliberadamente laxos. Trasladar la responsabilidad a niñas, niños y adolescentes no solo es inaceptable, es una forma de eludirla.

Seguir apelando al “uso responsable” de las familias es, en este escenario, una salida cómoda. No se puede exigir autocontrol en entornos diseñados para romperlo, ni cargar la protección en quienes no tienen ni la información ni las herramientas para enfrentar sistemas altamente sofisticados. La asimetría no es menor: es la base del modelo.

Por eso, la discusión no puede seguir girando en torno a recomendaciones blandas. Se requieren obligaciones exigibles: verificación de edad efectiva, configuraciones de seguridad por defecto para menores, límites a funciones que incentivan el uso compulsivo, transparencia real sobre algoritmos y supervisión externa. Nada de esto es técnicamente inviable; lo que ha faltado es voluntad —y regulación— para imponerlo.

A estas alturas, seguir hablando de neutralidad resulta insostenible. El diseño tecnológico produce efectos, y cuando esos efectos dañan de forma sistemática a la infancia, la inacción regulatoria deja de ser omisión para convertirse en complicidad. La pregunta ya no es si las plataformas deben asumir responsabilidad, sino cuánto tiempo más se les dejará evadirla.

La adopción desde el derecho a vivir en familia

Por Sandra Espinosa Rizo, abogada del área de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original de El Heraldo de México

En México existe una amplia normatividad en materia de adopciones. A través de estas normas también se establecen los requisitos para las personas solicitantes

 

Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en familia. La adopción es una de las medidas para garantizar ese derecho, siempre desde la perspectiva de proteger el interés superior de la niñez y no como un derecho de las personas adultas a tener hijos.

En México existe una amplia normatividad en materia de adopciones. A través de estas normas también se establecen los requisitos para las personas solicitantes, los cuales responden a la obligación de garantizar que quienes integren a las niñas y niños a su familia sean aptas para brindar cuidado, amor y condiciones adecuadas para su vida y su desarrollo.

Las razones por las que niñas y niños están en esas instituciones son diversas: desde aquellos que han sido abandonados y se desconoce si tienen familia, aquellos que han sido víctimas de alguna forma de violencia y tienen que ser alejados de su familia como una medida de protección, hasta aquellos cuyos padres fallecieron y no cuentan con una red familiar que pueda hacerse cargo.

Debido a esas situaciones tan complicadas y particulares, es que determinar que pueden ser adoptados, suele ser tan complejo. Lo ideal siempre es buscar primero que estas niñas y niños sean reunificados con su familia de origen o nuclear, o en algunos casos con alguna otra persona de su familia extensa, siempre que esta medida no represente algún riesgo para su bienestar.

Pero cuando no pueden reintegrarse con su familia de origen, la obligación del Estado es garantizar la restitución del derecho de niñas y niños a tener una familia y así pasar el menor tiempo posible en un Centro de Asistencia Social. De acuerdo con información de UNICEF, por cada tres meses que residen en una institución, pierden un mes de desarrollo.

Es así que, en el artículo 30 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establece que pueden ser adoptados quienes no tengan quien ejerza la patria potestad, quienes sean expósitos o abandonados, o quienes se encuentren bajo tutela institucional y cuenten con un informe de adoptabilidad.

Por ello, el procedimiento de abandono o exposición resulta relevante. A diferencia de la pérdida de la patria potestad, que implica un juicio, esta vía se desarrolla en un ámbito administrativo a través de autoridades especializadas, es decir los Sistemas DIF y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que permite emitir una determinación sobre la adoptabilidad de la niñas, niño o adolescente.

En ese contexto, resulta relevante la iniciativa presentada hace unos días en Querétaro por la presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta busca incorporar la figura de certificación de exposición o abandono en la legislación estatal mediante reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro y al Código Civil local.

La iniciativa pretende establecer mecanismos más claros para actuar en casos de abandono, exposición o ausencia prolongada de quienes ejercen la patria potestad.

En términos prácticos, esto podría traducirse en mayor rapidez y certeza jurídica para definir la situación de niñas y niños que hoy permanecen durante años en Centros de Asistencia Social esperando una resolución.

Si bien cualquier reforma en la materia debe proteger el derecho al debido proceso de las familias de origen, es indispensable reconocer que prolongar la estancia de niñas y niños en Centros de Asistencia Social afecta directamente su desarrollo.

Por ello, es necesario seguir fortaleciendo la legislación y los mecanismos que permitan garantizar que niñas y niños crezcan y se desarrollen en un entorno familiar.

Infancia, niñez y adolescencia; una apuesta por el futuro

Por: Rafael Vincent MorfÍn Calvo, abogado del área de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original en  El Heraldo de México

Indudablemente, la mayor carga de presión se generaría sobre el sistema de pensiones y los servicios de salud

La sociedad mexicana se encuentra hoy en día ante una problemática que crece día con día y que, de continuar con su tendencia actual, supondrá un panorama negativo para toda la población; el 2034 podría ser el año en que la población mayor de 60 años supere a la población menor de 12 años. 

La ralentización en el crecimiento demográfico del país se vive hoy como una realidad vigente y como un potencial riesgo hacia el futuro, pues los datos nos demuestran que nos encontramos ante una tendencia sostenida de menos nacimientos de mexicanos que hace medio siglo. 

De acuerdo con el recientemente publicado Programa Nacional de Población 2026-2030, se da cuenta de que de 2018 a 2023, el porcentaje de mujeres sin hijos y sin deseo de tenerlos aumentó de 31.3% a 50.1%, lo que representa una señal de que la decisión de formar una familia está siendo influida por circunstancias y/o problemáticas políticas, económicas, laborales y sociales, que hacen más complejo asumir la maternidad como una ruta de vida. 

Una desaceleración en el crecimiento poblacional puede obedecer a diversos factores, uno de ellos, un manejo deficiente en las políticas públicas de fomento y apoyo a la maternidad y a la figura familiar, así como de protección a la primera infancia, en donde no se toma en consideración las potenciales consecuencias de descuidar el balance de reemplazo poblacional necesario para mantener condiciones sociales sanas para cualquier nación. 

Esta desaceleración tiene múltiples y significativas consecuencias para una sociedad; por ejemplo, en el mediano y largo plazo, a menores nacimientos, corresponde una menor inclusión de personas al mercado laboral, lo cual, a su vez, cuenta con múltiples consecuencias relacionadas con diversos ámbitos.  

Indudablemente, la mayor carga de presión se generaría sobre el sistema de pensiones y los servicios de salud, donde la población laboralmente activa funciona como pilar para financiar las prestaciones de quienes ya se retiraron y satisfacer las necesidades básicas en materia de seguridad social de la población en lo general. 

Así mismo, un escenario que ya hemos comenzado a vivir hoy en día es una crisis en el sector educativo, pues escuelas tanto públicas como privadas han denunciado una reducción sostenida del alumnado a lo largo de los niveles de educación básica, media superior y superior. 

En ese sentido, es preocupante que, ante este panorama, aún no contemos con estrategias integrales de atención y prevención de la desaceleración en el crecimiento poblacional.  

Resulta urgente reconocer y visibilizar esta problemática, así como tomar medidas desde los diversos niveles y organismos del Estado para contrarrestar sus efectos nocivos y, de esta manera, prevenir problemáticas sociales y estructurales futuras que puedan aquejar a la población. 

Desde Early Institute, invitamos a personas tomadoras de decisiones para invertir en planes, políticas y programas que se centren en brindar una protección reforzada a la maternidad desde los ámbitos laboral, de salud, educativo, de seguridad y de crecimiento económico. Esto contribuirá a que más mujeres puedan considerar la maternidad como un proyecto de vida compatible con sus aspiraciones personales y profesionales. 

Así mismo, consideramos que invertir en la primera infancia, infancia y adolescencia, es fundamental para favorecer la formación y consolidación de nuevas familias como un pilar fundamental de la sociedad. Fomentar la existencia de mejores condiciones para niñas, niños y adolescentes desde los ámbitos educativo, de salud y laborales, también quitaría un punto de presión sobre quienes desean ser padres y madres, mismos que sabrán que pueden confiar en los servicios estatales como coadyuvantes activos en su desarrollo familiar. 

Por lo anterior, insistimos en que la protección de la primera infancia y el núcleo familiar representa el camino hacia un mejor futuro como nación, e instamos a que las personas tomadoras de decisiones vean en la infancia un recurso humano fundamental, de gran necesidad y valor para la sociedad mexicana y como un tópico en el cual vale la pena invertir. 

 

El caso de Vicente y las deficiencias en el cuidado de la niñez

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

Me refiero a lo sucedido con Vicente, quien fue abandonado al interior de un carro en Mexicali, Baja California, durante 12 horas.

Hace unos días, la sociedad mexicana se indignó con un caso muy lamentable en el que un menor de tres años perdió la vida de manera trágica.

Me refiero a lo sucedido con Vicente, quien fue abandonado al interior de un carro en Mexicali, Baja California, durante 12 horas.

Se señala que su madre, Roxana “N”, después de llegar de una fiesta familiar, decidió dejar a su hijo amarrado a su silla de seguridad para que siguiera durmiendo en el auto; sin embargo, con el paso del tiempo, a la mujer se le olvidó que el niño seguía en el vehículo.

Se tiene la evidencia de que, después de darse una ducha, Roxana bebió alcohol y se dedicó a interactuar en sus redes sociales hasta la madrugada.

A la mañana siguiente, cuando se dio cuenta de que Vicente no estaba en su habitación, descubrió que el niño seguía en el lugar donde lo dejó, pero ya sin signos vitales.

De acuerdo con las autoridades, la víctima falleció por un golpe de calor y por quemaduras de primer grado en su cuerpo, ya que la temperatura al interior de un vehículo, en sitios como Mexicali, puede llegar hasta los 45 grados.

El descuido fue brutal y las consecuencias funestas. Un niño perdió la vida y su madre podría alcanzar hasta 50 años de prisión debido a la gravedad de las omisiones.

Sin duda no hay palabras para calificar lo sucedido; sin embargo, es muy claro que se debe exigir que la seguridad de los niños y las niñas sea una prioridad.

En este lamentable hecho, se conjugaron varios factores que no justifican el acto y que ejemplifican lo que no debe ocurrir cuando se cuida a un menor.

Para empezar, la vigilancia de un niño o niña tiene que ser plena y consciente: no debe haber cosa de mayor relevancia que garantizar su protección.

Cabe mencionar que los padres del menor estaban peleando su custodia e incluso el papá no veía al niño desde noviembre pasado por una medida cautelar impuesta por un juez.

Se habla de que la mujer no quiso despertar al niño, pero la realidad es que pareciera estar más enfocada en su propia comodidad: darse un baño, seguir bebiendo e interactuar en sus redes sociales.

Asimismo, se está apelando a que se revise su estado emocional, en tanto sus abogados han dicho que la mujer sufría de depresión.

Serán las propias autoridades quienes determinen la sentencia de Roxana, pero es un tema para reflexionar, y para seguir impulsando la gran responsabilidad que tienen los padres y/o los cuidadores en el cuidado de los niños y las niñas.

Es inaceptable el sufrimiento que vivió Vicente y eso debería ser una llamada de atención para no perder de vista la vigilancia de los más vulnerables.

Desde Early Institute, afianzamos nuestro compromiso con la niñez mexicana y alzamos la voz para que nunca más vuelva a pasar algo así.

Es muy triste evidenciar casos como este porque muestran profundas deficiencias en el entorno que debiera ser el más seguro para la primera infancia, así como vacíos en las leyes que tendrían que priorizar el interés superior de los menores.

Las niñas y los niños merecen respeto y todas las garantías de que su vida y bienestar son lo más importante.

En México, a las niñas y los niños les estamos fallando

En México, a las niñas y los niños les estamos fallando

Las niñas y los niños tienen que ser nuestra prioridad en respeto, atención y cuidado y, por desgracia, les estamos fallando.

Recientemente se celebró el Día del Niño y la Niña en México, y aunque debiera ser una fecha de alegría y festejo, la realidad en la que viven miles de infantes no es precisamente de felicidad. Al contrario, los estamos defraudando.

Lamentablemente en nuestro país las niñas y los niños no están desarrollándose en entornos seguros. Así lo demuestran los últimos datos de delitos cometidos en su contra en lo que va de este año.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a febrero de 2026, un total de 24 mil 436 personas de entre 0 y 17 años fueron víctimas de algún delito, siendo los más comunes los de tipo sexual y la violencia familiar.

Cada una de estas cifras representa una historia marcada por la vulnerabilidad, la falta de protección y la presencia de profundas secuelas, que posiblemente por años acompañará a las víctimas.

Del total de las personas afectadas, 52.6 por ciento se trata de mujeres y 38.6 por ciento son hombres, lo que evidencia una problemática diferenciada por género.

Entre los delitos más comunes, destacan los llamados “otros delitos sexuales”, que incluyen violación, abuso, acoso y hostigamiento sexual, así como rapto.

Tenemos un escenario aterrador que abarca también otros espectros violentos como la incidencia del crimen organizado.

En este sentido, se habla de que uno de cada 10 menores fue afectado por prácticas vinculadas a este tipo de delincuencia, siendo víctima de delitos como homicidios, feminicidios, lesiones dolosas, trata de personas, pornografía infantil, secuestro, extorsión y narcomenudeo, entre otros.

En este rubro se contabilizaron 2 mil 249 víctimas, donde predominan los hombres (56.1 por ciento), aunque delitos como feminicidio, trata y pornografía infantil afectan principalmente a niñas y adolescentes.

Con esto hay evidencia contundente sobre la situación en la que vive gran parte de la población infantil en México, y que visiblemente denota que no se están garantizando las condiciones para que crezcan adecuadamente.

Otra forma de daño es el que se da en las propias casas de las víctimas. Según la oficina en el país del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en México, uno de cada dos niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 14 años ha experimentado métodos de disciplina violenta, lo que representa al menos 20 millones de menores que han sufrido algún tipo de agresión dentro de sus hogares.

Según datos del sector salud, 70.8 por ciento de las lesiones atendidas por ataques en menores de edad ocurren en la vivienda donde habitan, un dato que muestra que la violencia se ejerce en el espacio donde se supone que hay seguridad y vigilancia.

En Early Institute lamentamos que las niñas y los niños sufran violencia de cualquier índole, cuando deberían disfrutar una etapa de vida fuera de amenazas y riesgos.

Tenemos una gran responsabilidad social para asegurarles protección y en fechas como estas de celebración, habría que reflexionar si estamos de verdad procurando su bienestar.

Las niñas y los niños tienen que ser nuestra prioridad en respeto, atención y cuidado y, por desgracia, les estamos fallando.

Costo oculto de IA: violencia sexual

Por: Ana Reza Calvillo
Publicación original de:  El Sol de México

La inteligencia artificial ya no es una promesa futura: está integrada en la vida cotidiana. Produce textos, imágenes y videos con una facilidad que hasta hace poco parecía ciencia ficción. Sin embargo, mientras celebramos sus posibilidades, un riesgo antiguo se expande con una fuerza inédita: la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Desde una perspectiva de derechos, este no es un problema técnico. Es un problema de protección, de prevención y de responsabilidad social que no admite neutralidad.

Las cifras son una primera señal de alarma. En los últimos dos años, la línea internacional de denuncias cibernéticas del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) ha recibido más de 70 mil reportes de explotación sexual infantil vinculados al uso de inteligencia artificial. El propio centro advierte que estos casos no harán más que aumentar. No se trata de escenarios hipotéticos ni de riesgos futuros, es una situación que está ocurriendo ahora.

Uno de los frentes más graves es la generación de material de abuso sexual infantil mediante herramientas de inteligencia artificial. Hoy es posible crear imágenes sexualizadas de niñas y niños —incluidos desnudos o actos sexuales explícitos— sin que exista un hecho real previo. Aplicaciones de nudify transforman fotografías ordinarias en imágenes sexualizadas en cuestión de segundos. Basta muy poco para generar estas imágenes, pero el daño que causan es profundo y duradero.

Por eso la discusión no puede quedarse atrapada en si la imagen es “real” o “falsa”. La vulneración es real. Se violan derechos fundamentales: a la intimidad, a la imagen, a la integridad personal y a un desarrollo libre de violencia. El impacto psicológico y emocional no distingue entre lo generado y lo simulado; acompaña a la víctima durante años, a veces durante toda la vida.

La inteligencia artificial también ha redefinido los riesgos de agresión sexual en línea. La creación de cuentas de redes sociales falsas cada vez más verosímiles, el uso de fotos de perfil “confiables” y conversaciones automatizadas facilita el acercamiento de agresores con fines sexuales. Esto no solo vuelve más difícil la prevención, sino que traslada la carga de protección a niñas, niños, adolescentes y sus familias, obligándoles a identificar amenazas que se perfeccionan constantemente.

A esto se suma un fenómeno particularmente peligroso: la sextorsión mediada por inteligencia artificial. Los agresores crean imágenes sexuales sintéticas para chantajear; exigir más contenido, forzar conductas sexuales o extorsionar económicamente. El NCMEC ha documentado situaciones en las que, ante la negativa del niño, niña o adolescente a enviar una imagen íntima, el agresor genera una imagen explícita con IA para ejercer presión. Aquí, el daño no depende de lo que ocurrió, sino del poder de la amenaza y del miedo.

Y no siempre se trata de adultos desconocidos. La violencia entre pares también está mutando. En contextos escolares, compañeros pueden crear o difundir imágenes o videos falsos con fines de humillación, control o castigo social. La rapidez con la que estos contenidos circulan convierte el acoso en una forma de violencia persistente, difícil de contener y devastadora para quien la padece.

La inteligencia artificial permite producir y difundir violencia simbólica a gran escala, con bajo o ningún costo, alto anonimato y enormes dificultades para su detección. La sofisticación técnica no solo beneficia a la innovación; también fortalece a los agresores.

Existe además un riesgo más profundo, menos visible pero igualmente peligroso: la normalización de la sexualización infantil en entornos digitales. Concebir este tipo de contenido como simulación, experimento o avance tecnológico diluye límites éticos esenciales. Desde una perspectiva de derechos, esto es inaceptable. La infancia no puede convertirse en un terreno de prueba del desarrollo tecnológico.

El debate, entonces, no es si la inteligencia artificial debe avanzar, sino bajo qué reglas, con qué responsabilidades y con qué límites. El principio del interés superior de la niñez exige que la protección de sus derechos esté por encima de intereses comerciales, vacíos legales o esquemas de autorregulación que han demostrado ser insuficientes.

Aquí el papel del Estado es insustituible. En México, las autoridades deben actuar con claridad y sin demora. Se requieren marcos legales que reconozcan la generación y difusión de contenidos sexuales mediante inteligencia artificial como formas de violencia y explotación contra niñas, niños y adolescentes. Se necesitan capacidades reales para investigar y sancionar estos delitos, así como obligaciones claras para las plataformas tecnológicas.

Sin embargo, la respuesta no puede ser solo punitiva. Es indispensable fortalecer la prevención y la educación digital, dotar a escuelas y familias de herramientas para identificar riesgos, y garantizar rutas de denuncia y atención que sean accesibles, eficaces y centradas en las víctimas.

La pregunta de fondo no es tecnológica, es moral y política: ¿qué estamos dispuestos a tolerar como sociedad en nombre del progreso? Cada día que la regulación se posterga, que la responsabilidad se diluye y que la protección de la infancia se subordina a la velocidad de la innovación, se envía el mensaje de que el daño es un costo aceptable. La inteligencia artificial no es neutral, y tampoco lo es la inacción.

Si el desarrollo tecnológico avanza más rápido que nuestra capacidad de proteger a niñas, niños y adolescentes, entonces no estamos frente a un avance, sino frente a una renuncia a la responsabilidad colectiva.

Desaparición de menores abre puertas a la explotación sexual y trata en México

Desaparición de menores abre puertas a la explotación sexual y trata en México

Más del 60 por ciento de las víctimas menores desaparecidas son mujeres, principalmente entre 14 y 17 años, y que los hechos no son aislados, sino parte de un patrón vinculado a la explotación sexual y trata.

Estamos frente a una de las problemáticas más terribles y que, por desgracia, su atención está siendo cuestionada ante el incremento de casos en México. Me refiero a las desapariciones de niñas y adolescentes con patrones que apuntan a la explotación sexual y trata. Se habla de que, hasta marzo de 2026, hay 132 mil 534 personas desaparecidas en nuestro país; de ellas, más de 10 mil 383 son niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) confirman que más del 60% de las víctimas menores desaparecidas son mujeres, principalmente entre 14 y 17 años, y que los hechos no son aislados, sino parte de un patrón vinculado a la explotación sexual y trata.

De enero a abril de 2026, se han identificado redes de explotación en distintos estados de la República Mexicana. De los casos más visibles fue lo ocurrido en zonas del corredor Toluca-Tlalnepantla-Ecatepec, donde a principios del año se denunciaron desapariciones de adolescentes entre 14 y 17 años. Aquí las autoridades ventilaron patrones comunes: contacto previo por redes sociales, promesas de empleo y traslado a zonas fronterizas.

En febrero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una alerta por la desaparición de 17 adolescentes mujeres en colonias de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. Las investigaciones revelaron que varias víctimas habían sido contactadas por perfiles falsos en redes sociales, con ofertas de trabajo.

En marzo, un operativo conjunto entre autoridades logró rescatar a tres adolescentes reportadas como desaparecidas desde febrero. Las jóvenes fueron localizadas en una casa de seguridad en Orizaba, Veracruz, donde se presume que eran víctimas de explotación sexual y, con ello, se destapó una red que operaba entre Veracruz, Puebla y Tlaxcala. En lo que va de abril, en Jalisco y Tamaulipas se han identificado desapariciones simultáneas y rutas hacia la frontera.

En este contexto, se dio a conocer el caso de Kristina Vladimirovna Románova, una adolescente rusa bajo la tutela institucional mexicana, y que se tiene considerada como posible víctima de trata de personas. La cuestión es que Rusia exige su repatriación y acusa al DIF del Estado de México de retenerla ilegalmente. La joven incluso escapó y fue localizada en Tijuana, lo que intensificó la controversia, escalando a niveles diplomáticos delicados.

Por increíble que parezca, este episodio se suma a críticas previas sobre negligencia y desapariciones en albergues del DIF, reforzando la percepción de crisis en el sistema de protección infantil y, aunque son pocos los casos, sí se nota que en varios estados, estos centros carecen de sistemas de vigilancia y personal capacitado para prevenir fugas o agresiones o bien para custodiar debidamente a las niñas y adolescentes.

Las pruebas existen. Hace apenas unos días, el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés (21 años), en la Ciudad de México, estremeció al país. Luego de ser reportada como desaparecida, el curso de la investigación también se está vinculando a prácticas engañosas que posiblemente terminan en actos delictivos. Ya sea en niñas, adolescentes o adultas, hay una clara deficiencia operativa institucional, falta de garantías para las debidas investigaciones, demora en las actuaciones y carencia de protocolos efectivos.

Desde Early Institute hacemos un llamado a las autoridades a redoblar esfuerzos para proteger a las niñas y adolescentes, grupo social de mayor riesgo por factores de pobreza, violencia familiar, violencia sexual y crimen organizado. La urgencia es apremiante: por un lado, hay que fortalecer la capacidad institucional de búsqueda y recuperación y, por el otro lado, se deben atender las causas estructurales que colocan a las menores en situación de vulnerabilidad.