Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

La tecnología es una herramienta que se enriquece con una aplicación adecuada y respetuosa y en el cuidado de las niñas y los niños no hay mejor medida que la vigilancia.

En un mundo donde la tecnología es clave en la interacción humana, el uso de los teléfonos celulares es inevitable, sin embargo, ¿a qué edad es recomendable que se empiece a utilizar este dispositivo?

Si bien se reconocen las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías, es un hecho que también hay amenazas que ponen en riesgo a los usuarios, en particular a los grupos más vulnerables.

Es por esto que hoy en día, padres y madres, se cuestionan sobre el momento más conveniente para que sus hijos e hijas comiencen a utilizar los dispositivos digitales más comunes, como lo es un teléfono móvil, el cual facilita también el acceso a internet y las redes. Pese a los esfuerzos por definir esta edad ideal, desafortunadamente no hay un acuerdo, en tanto los especialistas coinciden en que ello depende de las circunstancias en las que vive el niño o la niña y que podrían hacer pensar a sus padres que está listo o lista para asumir la responsabilidad sobre el uso del celular.

Lo anterior implica que no se puede generalizar, pues cada familia debe decidir según sus reglas y necesidades. Lo que sí hay son ciertos criterios que podrían orientar a los cuidadores de niños y niñas para dar inicio a esta práctica.

Al respecto, la especialista Leen d’Haenens, miembro de ySkills, un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea para maximizar el impacto positivo de las nuevas tecnologías en los jóvenes, señala que uno de estos parámetros tiene que ver con la madurez del posible usuario, es decir, qué tanto puede manejar su tiempo frente a las pantallas y resguardar su seguridad en línea. Otros criterios más se dirigen a plantearse la necesidad real de tener un teléfono para comunicarse con familiares o amigos, así como si se requiere para fines educativos. Un último criterio, de acuerdo con la investigadora, es definir si con el uso del celular su seguridad física está garantizada en caso de emergencia.

Estas son algunas pautas para decidir si ya es tiempo de dar un celular a los más jóvenes del núcleo familiar, sin olvidar la responsabilidad de los mayores en esta etapa. Es decir, hay que acompañar siempre a niños y niñas en el manejo de los dispositivos, empleando controles de seguridad y restricciones a ciertos contenidos.

Incluso la mayoría de las redes sociales han establecido como política que la apertura de una cuenta no sea por alguien menor de 14 años, lo que podría colaborar en la decisión de cuándo comenzar con un teléfono móvil.

En Early Institute sostenemos que la tecnología es necesaria para la dinámica social, motivo por el cual hay que alentar su uso responsable. Este tema sobre la edad idónea para proporcionar un teléfono celular a un niño o una niña es reciente y tiene que ver con el debate, a nivel global, de cara a la responsabilidad que tienen también las grandes empresas tecnológicas. Es indispensable la supervisión y la regulación en el manejo de los dispositivos móviles, ya que así como hay beneficios inigualables, hay a su vez daños irreparables que pudieran afectar profundamente a las personas. Sobre todo, hay que enfatizar que la tecnología es una herramienta que se enriquece con una aplicación adecuada y respetuosa y en el cuidado de las niñas y los niños no hay mejor medida que la vigilancia continua para prevenir experiencias que pudieran vulnerar su integridad física y emocional.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Se nota que las autoridades en materia de seguridad pública, así como las responsables de la impartición de justicia, han quedado rebasadas por la realidad.

En las últimas semanas, hemos conocido los terribles casos de dos niñas mexicanas que perdieron la vida de la manera más atroz. Hablo de Camila, una pequeña de 8 años residente del barrio La Florida, en el municipio de Taxco, Guerrero, quien fue reportada como desaparecida y, luego, encontrado su cuerpo en una carretera. La presunta responsable fue linchada por los vecinos, provocando su muerte y dos de sus hijos fueron también agredidos, pero rescatados para ser puestos a disposición de las autoridades.

El otro lamentable caso es el de Madelaine, una niña de tan solo dos años que sufrió de maltrato excesivo hasta causarle la muerte por parte de su madre y padrastro. Sucedió en Durango y se sabe que su abuela ya había denunciado los abusos extremos que sufría Madelaine en su entorno familiar, sin embargo, las autoridades no le brindaron la protección debida. Hoy los responsables ya fueron sentenciados por el delito de feminicidio agravado.

Es de verdad indignante saber que estas situaciones son cada vez más frecuentes en nuestro país, lo que evidencia el fracaso del Estado mexicano por brindar una esfera de protección integral a niñas, niños y adolescentes que les garantice una vida libre de violencia.

Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se registraron 47 mil 462 homicidios a nivel nacional, de los cuales contra niñas, niños y adolescentes fueron 2 mil 37.

Sin duda lo que está ocurriendo pone de manifiesto diversos aspectos que nos deberían preocupar y alertar, pues hay una clara ineficiencia en varias líneas. Para empezar, se nota que las autoridades en materia de seguridad pública, así como las responsables de la impartición de justicia, han quedado rebasadas por la realidad social. La ciudadanía se ha percatado de esta problemática y ha iniciado a ejercer justicia por su propia mano. Por otro lado, la legislación y los procesos de impartición de justicia han reflejado no estar a la altura de las circunstancias y necesidades, pues hay fallas visibles en sus procedimientos. La nula perspectiva de niñez que impera en los procesos judiciales provoca que en la posible comisión de delitos en contra de niñas, niños y adolescentes no se garantice su interés superior. Por último, hay omisión, revictimización y falta de especialización de autoridades. Así quedó demostrado con las declaraciones del extitular de la Secretaría de Seguridad municipal de Taxco, en las que señaló una responsabilidad parcial hacia la madre de Camila por “no cuidarla lo suficiente”.

Todo este escenario amerita una revisión profunda que va desde el fortalecimiento de la capacidad y eficiencia del sistema judicial en los casos que involucren una posible vulneración de derechos en contra de niñas, niños y adolescentes hasta la especialización de funcionarios públicos y una protección real e integral a las víctimas de delitos y a sus familiares.

En Early Institute externamos nuestra preocupación e indignación por las deficiencias observadas en el tratamiento de los casos de Camila y Madelaine, así como de otras niñas mexicanas que son víctimas de violencia. Sobre todo, nos preocupa el silencio que se ha notado en las distintas plataformas electorales que no abordan el tema de manera expresa. Hoy da miedo que surjan más episodios como los descritos, pero es más aterrador y doloroso la indiferencia que se está observando ante la grave violencia infantil.

El Tribunal Supremo del estado de Alabama, en Estados Unidos, emitió un fallo que considera que los embriones congelados derivados de las Técnicas de Reproducción Asistida son niños, y, por lo tanto, sujetos de derechos y protección jurídica.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Hace poco, el Tribunal Supremo del estado de Alabama, en Estados Unidos, emitió un fallo que considera que los embriones congelados derivados de las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) son niños, y, por lo tanto, sujetos de derechos y protección jurídica.

Esta decisión se dio por un caso ocurrido en 2020, en el que un paciente de una clínica de Alabama tiró por accidente una caja de Petri que contenía embriones críopreservados. Las parejas que perdieron a sus embriones optaron por demandar a la clínica por negligencia, apegándose a la Ley de Muerte por Negligencia de un Menor.

La clínica se defendió alegando que esa ley no aplicaba porque “no se podía equiparar la muerte de un embrión fuera del útero materno, con la de un menor”. Una primera sentencia desestimó la demanda, sin embargo, los afectados recurrieron al Máximo Tribunal de Alabama, el cual dio un paso trascendental en el tema del derecho a la vida.

De acuerdo con el órgano judicial: los embriones congelados son niños; su destrucción podría derivar en consecuencias jurídicas para quien los dañe y de acuerdo con la legislación vigente, el responsable sí podría ser demandado por muerte injusta. De hecho, esta decisión anuló otra de un tribunal inferior en la que se sostenía que “los embriones no encajaban en la definición de un niño”. La conclusión de uno de los jueces que intervino en el caso fue tajante: “la Ley de Muerte por Negligencia de un Menor se aplica a todos los niños no nacidos, independientemente de su ubicación”.

Con este fallo, se da un importante avance en el reconocimiento de niñas y niños por nacer como sujetos de derecho, y de igual manera, establece una seguridad jurídica para los embriones congelados resultantes de las TRA.

Esta determinación por parte de un Tribunal Supremo posibilita el replanteamiento de la creación y transferencia de embriones, ya que todavía en la práctica se crean varios embriones y se acude a la reducción embrionaria para eliminar a los “menos aptos” e implantar los de “mayor viabilidad” para desarrollar el embarazo.

Desde hace más de una década en Early Institute hemos impulsado una legislación que prohíba la destrucción o manipulación de embriones. De igual modo, hemos trabajado para que se consideren los potenciales problemas de salud de los niños concebidos mediante estas técnicas. Hemos buscado la dotación de información a los potenciales padres de los riesgos antes de iniciar cualquier procedimiento basado en una TRA; la promoción del uso de técnicas que puedan minimizar estos riesgos, o alternativas a las mismas; y la prevención y la articulación de instrumentos para abordar los potenciales litigios futuros que puedan derivarse de esta práctica.

Sin duda lo ocurrido en Alabama es un gran esfuerzo en materia de protección de niñas y niños por nacer, así como de los embriones congelados resultantes de las TRA y un aliciente para mantener el interés por seguir impulsando leyes que garanticen el respeto de los derechos de todas las personas empezando por el principal, que es la vida.