La tendencia alcista de la violencia familiar debe ser un asunto prioritario, porque el hogar y la familia son los principios de toda organización comunitaria.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

En los últimos años, en México se ha registrado una situación de alarma, ya que ha crecido sustancialmente la violencia familiar. Según la consultora TResearch International, hasta febrero del 2024, los registros oficiales sumaron un millón 238 mil 702 casos, en cinco años de esta administración.

Simplemente, el año 2023 cerró con 284 mil 133 denuncias, en tanto el último año del sexenio previo (2018) concluyó con 180 mil 185, en una trayectoria ascendente y preocupante que no se corresponde con el crecimiento poblacional.

De acuerdo con la agencia, las entidades federativas con mayor número de denuncias por violencia familiar y por millón de habitantes son: Colima (27,750); Coahuila (18,049); Ciudad de México (17,697); Nuevo León (16,961) y Chihuahua (16,812).

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que casi 60 mil niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia en 2022, siendo los delitos más cometidos: feminicidios, lesiones, abuso, acoso y hostigamiento sexual.

De acuerdo con el Instituto, un total de 4 mil 197 niñas de entre 10 a 14 años fueron violadas en ese año y la cifra total de violaciones registradas a niñas y adolescentes (de 0 a 17 años) fue de 8 mil 487.

Lastimosamente, los agresores son personas cercanas a las víctimas, pues del total de adolescentes que sufrieron violencia en su niñez, 20.8% refiere que el abuso lo cometió un tío; 17.4%, un primo; y 15.8% indica que fue algún vecino o conocido.

De acuerdo con las estadísticas, la violencia familiar se registra en todos los estratos sociales, aunque empeora en los más bajos y las principales víctimas son los niños y las niñas en su etapa de mayor indefensión, al igual que las mujeres de cualquier edad y los adultos muy mayores.

Es un hecho que las cifras son indicadores de un problema de mayor gravedad, ya que es sabido que solo una parte menor de las víctimas y sus familiares presenta denuncias. Existe una gran parte de la población que cohabita con las expresiones de violencia, a veces durante largo tiempo, provocando un profundo deterioro físico y emocional.

La violencia está asociada a carencias económicas en el seno familiar; al desconocimiento de las leyes; a la falta de programas educativos y de capacitación, escolares y extraescolares; y también a la pérdida de valores. El problema se agudiza si prevalece una ineficiencia burocrática de las autoridades que debieran proteger a la ciudadanía y no actúan con rapidez y contundencia. Esto incluye a los integrantes del sistema de justicia, ministerios públicos y jueces.

En particular, la violencia contra la mujer, si bien se le ubica como escándalo global, no se reconoce la misma dignidad que al varón, ya que las sociedades están todavía muy lejos de admitir que la mujer tiene idéntica dignidad y derechos que los varones.

En Early Institute insistimos en la atención a esta problemática que afecta al sector de la población más vulnerable. La tendencia alcista de la violencia familiar debe ser un asunto prioritario, porque el hogar y la familia son los principios de toda organización comunitaria. Es ahí donde se educa para la vida adulta y para vivir en sociedad y esa educación siempre debe tener como nutriente principal la protección de cada uno de sus miembros. El abuso hacia los más pequeños y el feminicidio son plagas sociales que no han sido suficientemente denunciadas, a pesar de que la mujer, sea madre o abuela, es el pilar de las sociedades y los niños y las niñas, nuestro presente y futuro. Paremos de una vez por todas estas prácticas, que son de las manifestaciones antisociales más dolorosas e inaceptables.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

La tecnología es una herramienta que se enriquece con una aplicación adecuada y respetuosa y en el cuidado de las niñas y los niños no hay mejor medida que la vigilancia.

En un mundo donde la tecnología es clave en la interacción humana, el uso de los teléfonos celulares es inevitable, sin embargo, ¿a qué edad es recomendable que se empiece a utilizar este dispositivo?

Si bien se reconocen las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías, es un hecho que también hay amenazas que ponen en riesgo a los usuarios, en particular a los grupos más vulnerables.

Es por esto que hoy en día, padres y madres, se cuestionan sobre el momento más conveniente para que sus hijos e hijas comiencen a utilizar los dispositivos digitales más comunes, como lo es un teléfono móvil, el cual facilita también el acceso a internet y las redes. Pese a los esfuerzos por definir esta edad ideal, desafortunadamente no hay un acuerdo, en tanto los especialistas coinciden en que ello depende de las circunstancias en las que vive el niño o la niña y que podrían hacer pensar a sus padres que está listo o lista para asumir la responsabilidad sobre el uso del celular.

Lo anterior implica que no se puede generalizar, pues cada familia debe decidir según sus reglas y necesidades. Lo que sí hay son ciertos criterios que podrían orientar a los cuidadores de niños y niñas para dar inicio a esta práctica.

Al respecto, la especialista Leen d’Haenens, miembro de ySkills, un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea para maximizar el impacto positivo de las nuevas tecnologías en los jóvenes, señala que uno de estos parámetros tiene que ver con la madurez del posible usuario, es decir, qué tanto puede manejar su tiempo frente a las pantallas y resguardar su seguridad en línea. Otros criterios más se dirigen a plantearse la necesidad real de tener un teléfono para comunicarse con familiares o amigos, así como si se requiere para fines educativos. Un último criterio, de acuerdo con la investigadora, es definir si con el uso del celular su seguridad física está garantizada en caso de emergencia.

Estas son algunas pautas para decidir si ya es tiempo de dar un celular a los más jóvenes del núcleo familiar, sin olvidar la responsabilidad de los mayores en esta etapa. Es decir, hay que acompañar siempre a niños y niñas en el manejo de los dispositivos, empleando controles de seguridad y restricciones a ciertos contenidos.

Incluso la mayoría de las redes sociales han establecido como política que la apertura de una cuenta no sea por alguien menor de 14 años, lo que podría colaborar en la decisión de cuándo comenzar con un teléfono móvil.

En Early Institute sostenemos que la tecnología es necesaria para la dinámica social, motivo por el cual hay que alentar su uso responsable. Este tema sobre la edad idónea para proporcionar un teléfono celular a un niño o una niña es reciente y tiene que ver con el debate, a nivel global, de cara a la responsabilidad que tienen también las grandes empresas tecnológicas. Es indispensable la supervisión y la regulación en el manejo de los dispositivos móviles, ya que así como hay beneficios inigualables, hay a su vez daños irreparables que pudieran afectar profundamente a las personas. Sobre todo, hay que enfatizar que la tecnología es una herramienta que se enriquece con una aplicación adecuada y respetuosa y en el cuidado de las niñas y los niños no hay mejor medida que la vigilancia continua para prevenir experiencias que pudieran vulnerar su integridad física y emocional.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

Se nota que las autoridades en materia de seguridad pública, así como las responsables de la impartición de justicia, han quedado rebasadas por la realidad.

En las últimas semanas, hemos conocido los terribles casos de dos niñas mexicanas que perdieron la vida de la manera más atroz. Hablo de Camila, una pequeña de 8 años residente del barrio La Florida, en el municipio de Taxco, Guerrero, quien fue reportada como desaparecida y, luego, encontrado su cuerpo en una carretera. La presunta responsable fue linchada por los vecinos, provocando su muerte y dos de sus hijos fueron también agredidos, pero rescatados para ser puestos a disposición de las autoridades.

El otro lamentable caso es el de Madelaine, una niña de tan solo dos años que sufrió de maltrato excesivo hasta causarle la muerte por parte de su madre y padrastro. Sucedió en Durango y se sabe que su abuela ya había denunciado los abusos extremos que sufría Madelaine en su entorno familiar, sin embargo, las autoridades no le brindaron la protección debida. Hoy los responsables ya fueron sentenciados por el delito de feminicidio agravado.

Es de verdad indignante saber que estas situaciones son cada vez más frecuentes en nuestro país, lo que evidencia el fracaso del Estado mexicano por brindar una esfera de protección integral a niñas, niños y adolescentes que les garantice una vida libre de violencia.

Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se registraron 47 mil 462 homicidios a nivel nacional, de los cuales contra niñas, niños y adolescentes fueron 2 mil 37.

Sin duda lo que está ocurriendo pone de manifiesto diversos aspectos que nos deberían preocupar y alertar, pues hay una clara ineficiencia en varias líneas. Para empezar, se nota que las autoridades en materia de seguridad pública, así como las responsables de la impartición de justicia, han quedado rebasadas por la realidad social. La ciudadanía se ha percatado de esta problemática y ha iniciado a ejercer justicia por su propia mano. Por otro lado, la legislación y los procesos de impartición de justicia han reflejado no estar a la altura de las circunstancias y necesidades, pues hay fallas visibles en sus procedimientos. La nula perspectiva de niñez que impera en los procesos judiciales provoca que en la posible comisión de delitos en contra de niñas, niños y adolescentes no se garantice su interés superior. Por último, hay omisión, revictimización y falta de especialización de autoridades. Así quedó demostrado con las declaraciones del extitular de la Secretaría de Seguridad municipal de Taxco, en las que señaló una responsabilidad parcial hacia la madre de Camila por “no cuidarla lo suficiente”.

Todo este escenario amerita una revisión profunda que va desde el fortalecimiento de la capacidad y eficiencia del sistema judicial en los casos que involucren una posible vulneración de derechos en contra de niñas, niños y adolescentes hasta la especialización de funcionarios públicos y una protección real e integral a las víctimas de delitos y a sus familiares.

En Early Institute externamos nuestra preocupación e indignación por las deficiencias observadas en el tratamiento de los casos de Camila y Madelaine, así como de otras niñas mexicanas que son víctimas de violencia. Sobre todo, nos preocupa el silencio que se ha notado en las distintas plataformas electorales que no abordan el tema de manera expresa. Hoy da miedo que surjan más episodios como los descritos, pero es más aterrador y doloroso la indiferencia que se está observando ante la grave violencia infantil.