Perspectiva de la niñez e indolencia política

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de: Proceso

Las formas de violencia que han alcanzado a miles de niños mexicanos constituyen una prueba de que aún existe una brecha para asimilar lo que implica vivir en una sociedad en donde se conoce y respeta el interés superior de la niñez.

Tras defender a su madre, el asesinato del niño Emiliano en Tabasco es un llamado a la conciencia de todos los mexicanos, lo mismo que el caso de la niña Camila en Guerrero secuestrada y asesinada en abril último, sin que ello cambiase el curso ni la retórica de las campañas electorales, ni mucho menos ameritara una respuesta gubernamental de alto nivel.

En otras latitudes este tipo de hechos detonarían de manera incuestionable la dimisión de funcionarios públicos, la adopción de medidas inmediatas para restituir derechos y la generación de mecanismos de respuesta rápida para garantizar la no repetición y la prevención de casos como los de estos niños cuyas muertes no debieron ocurrir.

En medio de estas tragedias, las diversas formas de violencia que han alcanzado la realidad de miles de niños mexicanos constituyen una prueba manifiesta de que aún existe una brecha enorme para asimilar lo que implica vivir en una sociedad en donde se conoce y respeta el interés superior de la niñez. A propósito de estos lamentables casos dedicaremos las siguientes líneas para explicar su importancia e implicaciones.

Una buena clave de lectura para entender la dimensión que representa el principio del interés superior de la niñez, previsto en el no menos farragoso artículo 4º de la Constitución federal, radica en que es un parámetro obligatorio para todas las autoridades a efecto de garantizar los derechos de los niños, en cuanto a sus necesidades de alimentación, salud, seguridad, educación y sano esparcimiento para su desarrollo.

Se trata de uno de los principios rectores del país, ya que con base en él deben entenderse el resto de los derechos reconocidos en nuestra ley fundamental, de manera que no solamente comprende el derecho a la protección contra toda forma de violencia o sufrimiento, sino el derecho a crecer en un ambiente sano y con niveles de vida adecuados. Ese es el anclaje que deben seguir las políticas públicas sea desde el ejercicio del gasto, la creación de un programa social, la expedición de leyes y la perspectiva de resolución jurisdiccional que involucre derechos de los niños.

Además de estar establecido desde el texto constitucional, el interés superior de la niñez o enfoque basado en los derechos de los niños constituye un principio histórico reconocido en diversos tratados y convenciones internacionales, específicamente en la Convención de los Derechos del Niño, cuya preocupación central apunta hacia la materialización de sus derechos, con especial énfasis en los grupos de niños y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad.

Más allá de su incorporación en los textos normativos, al hablar de interés, enfoque o perspectiva de niñez deben reconocerse algunos elementos específicos de cara, sobre todo, a su implementación en decisiones o actos concretos por parte de los gobiernos e instituciones públicas.

Primero, la perspectiva de niñez no se basa en ningún tipo de ideología o postulado de carácter político. Desde el más elemental sentido común, implica reconocer a niños y adolescentes como sujetos de derechos y actores centrales en los ámbitos donde se desarrollan, desde la familia, escuela, comunidad hasta su participación en los ejercicios de toma decisiones sociales y en los asuntos que les afectan acorde con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Esto significa que la perspectiva de niñez es un elemento esencialmente activo que se intensifica en la medida en que los niños se convierten en protagonistas del ejercicio de sus propios derechos, al tiempo que se promueven ambientes favorables para el desarrollo de sus capacidades.

En segundo término, la perspectiva de niñez implica la activación del máximo nivel de respuesta y responsabilidad por parte del Estado, todas las autoridades en todos los niveles de gobierno. Los casos de Camila y Emiliano hacen patente la incapacidad de los gobiernos para responder y atender con la celeridad necesaria los asuntos que involucran la vida de los niños.

No en vano la Constitución establece un concepto separado completamente de la inmunidad parental, al consagrarlo con la categoría normativa de interés superior frente a otras cláusulas constitucionales orientadas dentro de la escala de los derechos humanos, de donde se desprende que cualquier acto de autoridad debe darse en el contxto de decisiones reforzadas para asegurar la protección integral y efectiva en el desarrollo de la niñez.

Si bien el Estado es responsable de garantizar todos los derechos humanos sin distinción, bajo la óptica que sugiere el interés superior de la infancia, este grupo poblacional requiere un margen de atención prioritaria para brindarles protección en cualquier circunstancia y de manera oportuna, así como asegurar que se les atienda o considere antes que a las personas adultas en los servicios, políticas y en igualdad de condiciones.

Pero quizá el tercer elemento de este enfoque resulte ser el más complejo y necesario. Al promoverse una visión de la realidad sustentada en la perspectiva de niñez, se busca sobre todo enraizar un cambio de paradigma cultural que no se limite exclusivamente a la necesidad de poner en el centro de la agenda pública a los derechos de la infancia, sino que por encima del plano normativo y de las políticas públicas, se construya un nuevo lenguaje social, humano y sensible en favor del cuidado y protección de la infancia en todas sus dimensiones.

Este cambio de paradigma implicará dejar de concebir a esta agenda como un asunto exclusivo del altruismo, la filantropía o que sólo interesa a las organizaciones no gubernamentales. La atención prioritaria de la infancia debe importar especialmente a las nuevas generaciones, en cuyos procesos de formación se vuelve indispensable incorporar una educación basada en el fortalecimiento de capacidades cívicas de niños, jóvenes y adultos, para poner en práctica su compromiso con los derechos de la infancia y la aplicación de estos principios en la vida cotidiana y la toma de decisiones sociales.

Será también el papel de los medios de comunicación y el uso innovador de los canales de información masivos el que permita generar nuevos espacios para construir progresivamente una opinión pública informada en favor de la cultura de cuidado y protección prioritaria de niñez.

El reto no es viralizar los casos de coyuntura o atraer audiencias a partir de campañas de sensibilización emergentes, sino lograr que en el debate cotidiano se hable con normalidad de la importancia de este sector y sobre todo se brinde seguimiento a los indicadores y cumplimiento de la agenda de derechos en este ámbito bajo una perspectiva sistémica.

Desde el Early Institute hemos apostado a colocar la perspectiva de niñez siguiendo un enfoque constructivo, innovador y de indispensable colaboración en el ecosistema de actores involucrados en la visibilización de los derechos de la niñez mexicana.

No puede imaginarse un México moderno sin que la perspectiva de niñez represente el eje articulador para la planeación del desarrollo nacional. Sin embargo, las razones y los problemas que conducen a imaginarlo tienen indiscutible presencia. Para lograr esto, se requerirá que nos coloquemos esos lentes de realidad y comprender que la atención de la infancia no constituye una aspiración que pueda dejarse para el futuro, sino una necesidad vigente de cara a la vida diaria de más de 40 millones de niños y adolescentes que hoy viven en nuestro país.

 

Labores de cuidado: trabajo invisibilizado

La más reciente edición de Estados #ConLupaDeGénero del Instituto Mexicano para la Competitividad señala que ninguna entidad federativa ofrece condiciones laborales óptimas para que las mujeres entren y permanezcan en el mercado laboral

Por: Valeria González Ruiz, Ejecutiva de Vinculación e Incidencia Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

La más reciente edición de Estados #ConLupaDeGénero del Instituto Mexicano para la Competitividad señala que ninguna entidad federativa ofrece condiciones laborales óptimas para que las mujeres entren y permanezcan en el mercado laboral. A través de 15 indicadores, analizó las condiciones que enfrentan las mujeres y concluyó qué los Estados con mejor desempeño en el ranking tienden a tener más mujeres preparadas y una menor desigualdad en la repartición de tareas del hogar y de cuidados. Por ejemplo, Ciudad de México, Baja California Sur, Nuevo León, Jalisco y Yucatán tienen un nivel de desempeño alto, principalmente porque en promedio tienen una menor proporción de mujeres ocupadas en empleos informales (47%), y en pobreza laboral (29%), lo que implica que hay menos mujeres con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria. Sin embargo, Guanajuato ocupa el último lugar del ranking, principalmente por tener la mayor proporción de mujeres que trabajan jornadas largas -es decir, más de 48 horas semanales-. Además, observa una mayor desigualdad en términos del trabajo no remunerado, pues las mujeres de la entidad dedican 79% más tiempo que los hombres a estas actividades, lo que acapara o limita el tiempo que pueden ofrecer en el mercado laboral.

Como se puede observar, las labores de cuidado y tareas del hogar son determinantes en nuestra sociedad, no solo por su valor sino también por los efectos que pueden generar en las personas que las realizan. En esta ocasión me gustaría detenerme ahí e invitarles a reflexionar sobre lo siguiente:

Estas labores no reciben remuneración, reconocimiento como un trabajo formal ni acceso a la seguridad social. Socialmente se romantizan como actividades que se hacen por amor (especialmente cuando vienen de las madres y abuelas) y se pagan a lo mucho con agradecimientos y electrodomésticos en días festivos. Bajo esa lógica, “las buenas madres” son las que entregaron su vida al cuidado de los suyos o las que se partieron en mil para cuidar y mantener un trabajo remunerado.

Se entienden como funciones implícitas en la maternidad y, consecuentemente, carecen de acceso a la seguridad social pues en México para ser sujeto asegurado dentro de una institución de seguridad social se requiere contar con un empleo formal. Desafortunadamente, esto también implica que las mujeres cuidadoras no remuneradas no tienen pensión y que sus hijas e hijos tampoco cuentan con la protección de la seguridad social, especialmente los derechos de salud, cuidado y educación; un ejemplo de esta situación es que, ante un contexto de empleo informal sin seguridad social, si la mujer muere su hijo no podría acceder a una pensión por orfandad.

Así pues, se recrea un círculo vicioso que genera explotación y dependencia económica por un lado y, por el otro, dificultad enorme de acceder al empleo formal y permanecer en condiciones de igualdad como se mencionó en un principio.

Alerta por aumento de la violencia familiar en México

La tendencia alcista de la violencia familiar debe ser un asunto prioritario, porque el hogar y la familia son los principios de toda organización comunitaria.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

En los últimos años, en México se ha registrado una situación de alarma, ya que ha crecido sustancialmente la violencia familiar. Según la consultora TResearch International, hasta febrero del 2024, los registros oficiales sumaron un millón 238 mil 702 casos, en cinco años de esta administración.

Simplemente, el año 2023 cerró con 284 mil 133 denuncias, en tanto el último año del sexenio previo (2018) concluyó con 180 mil 185, en una trayectoria ascendente y preocupante que no se corresponde con el crecimiento poblacional.

De acuerdo con la agencia, las entidades federativas con mayor número de denuncias por violencia familiar y por millón de habitantes son: Colima (27,750); Coahuila (18,049); Ciudad de México (17,697); Nuevo León (16,961) y Chihuahua (16,812).

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que casi 60 mil niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia en 2022, siendo los delitos más cometidos: feminicidios, lesiones, abuso, acoso y hostigamiento sexual.

De acuerdo con el Instituto, un total de 4 mil 197 niñas de entre 10 a 14 años fueron violadas en ese año y la cifra total de violaciones registradas a niñas y adolescentes (de 0 a 17 años) fue de 8 mil 487.

Lastimosamente, los agresores son personas cercanas a las víctimas, pues del total de adolescentes que sufrieron violencia en su niñez, 20.8% refiere que el abuso lo cometió un tío; 17.4%, un primo; y 15.8% indica que fue algún vecino o conocido.

De acuerdo con las estadísticas, la violencia familiar se registra en todos los estratos sociales, aunque empeora en los más bajos y las principales víctimas son los niños y las niñas en su etapa de mayor indefensión, al igual que las mujeres de cualquier edad y los adultos muy mayores.

Es un hecho que las cifras son indicadores de un problema de mayor gravedad, ya que es sabido que solo una parte menor de las víctimas y sus familiares presenta denuncias. Existe una gran parte de la población que cohabita con las expresiones de violencia, a veces durante largo tiempo, provocando un profundo deterioro físico y emocional.

La violencia está asociada a carencias económicas en el seno familiar; al desconocimiento de las leyes; a la falta de programas educativos y de capacitación, escolares y extraescolares; y también a la pérdida de valores. El problema se agudiza si prevalece una ineficiencia burocrática de las autoridades que debieran proteger a la ciudadanía y no actúan con rapidez y contundencia. Esto incluye a los integrantes del sistema de justicia, ministerios públicos y jueces.

En particular, la violencia contra la mujer, si bien se le ubica como escándalo global, no se reconoce la misma dignidad que al varón, ya que las sociedades están todavía muy lejos de admitir que la mujer tiene idéntica dignidad y derechos que los varones.

En Early Institute insistimos en la atención a esta problemática que afecta al sector de la población más vulnerable. La tendencia alcista de la violencia familiar debe ser un asunto prioritario, porque el hogar y la familia son los principios de toda organización comunitaria. Es ahí donde se educa para la vida adulta y para vivir en sociedad y esa educación siempre debe tener como nutriente principal la protección de cada uno de sus miembros. El abuso hacia los más pequeños y el feminicidio son plagas sociales que no han sido suficientemente denunciadas, a pesar de que la mujer, sea madre o abuela, es el pilar de las sociedades y los niños y las niñas, nuestro presente y futuro. Paremos de una vez por todas estas prácticas, que son de las manifestaciones antisociales más dolorosas e inaceptables.

Sin la agenda por la niñez no habrá transformación

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de: Proceso

Más allá del discurso o de eslóganes políticos, no habrá transformación si no se coloca en el centro de todo programa o decisión de política pública al interés superior de la niñez.

El país se desenvuelve en una agenda pública compleja de contradicciones y desafíos manifiestos. La falta de una ruta clara de diálogo efectivo y esperanzador en la discusión de la problemática social y la ausencia de sensibilidad política de los actores públicos son una muestra por demás palpable de lo que hoy sucede. En términos prácticos, influir en la toma decisiones acerca del rumbo del país se ha convertido en un peldaño de difícil acceso para los ciudadanos de a pie, cuyos derroteros parecen depender únicamente de la voluntad política del representante y del calendario que los rige.

Definitivamente México ya no es el país del año 2000, el que ansiaba concretar la primera transición democrática y la tan anhelada “alternancia gubernamental” que tantas décadas costó como ideario y punto de inflexión de la última parte del siglo XX. La base generacional, social, política y jurídica ha cambiado de manera significativa; el escenario que se prefiguraba hace 24 años con la expectativa del inicio del nuevo milenio simplemente ya no es el mismo.

Los retos de la economía global, la migración, el agravamiento de las problemáticas estructurales en materia de salud, seguridad y desarrollo social, así como el deterioro del orden constitucional y la efectividad de los derechos humanos –especialmente en las poblaciones más vulnerables– colocan a nuestro país ante un panorama incierto, quizá no ajeno al de otras naciones, pero que del mismo modo exige intervenciones urgentes y bajo un enfoque humanitario de largo plazo.

Este contexto se agudizó por un componente cultural que, a mi juicio, comienza a ser el síntoma más preocupante de la crisis nacional, la normalización del escenario: un país que cada lunes despierta con el reporte de más 200 muertes dolosas registradas sólo durante los fines de semana o con el promedio diario de 80 homicidios en todo el territorio nacional, el país de la inacción ante el desmantelamiento progresivo de los servicios públicos de salud pese a una emergencia sanitaria de incuantificable magnitud, hoy sin coberturas universales para la población, ni infraestructura hospitalaria accesible y digna para las zonas más rezagadas del territorio.

Es el México de los contrastes, donde la pobreza y desigualdad no ha logrado reducirse de manera significativa pese al clientelismo de los denominados programas del bienestar, diseñados con el estilo de gobierno característico del siglo pasado de generar réditos electorales. La realidad es que hoy 46 millones de mexicanos carecen de servicios básicos para su subsistencia y más de nueve millones se ubican en condiciones de pobreza extrema.

Ello se traduce también en más de siete millones de niños entre cero a cinco años, quienes al momento en que se escriben estas líneas simplemente carecen de una vivienda digna, alimentación, servicios básicos de salud y sus familias no cuentan con ingresos ni posibilidades de acceso a empleos que permitan garantizarles estos derechos.

Los ejemplos que se mencionan no pretenden ilustrar, ni de cerca, el resto de las variables que componen la radiografía nacional. Lo cierto es que tal estado de cosas y su aceptación deberían ser motivo suficiente para detonar una respuesta ciudadana sin precedentes, que implique un golpe de timón pacífico, pero enérgico en aras de retomar las riendas del país.

Superar este escenario de normalización e indiferencia requerirá despertar la participación de los jóvenes, activar la voz de las universidades, promover nuevamente las condiciones para que las organizaciones sociales, religiosas, académicas, los artistas, medios de comunicación y gremios empresariales se involucren, todos, de manera activa y sin prejuicios, en la construcción de la agenda pública bajo un plano de subsidiariedad, nunca de competencia o exclusión entre sectores. Mucho menos bajo la infructuosa división entre lo público y privado.

Pero para que esto ocurra ciertamente tendríamos que encontrar un motivo que sea capaz de convocar y unificar al país desde su raíz. Una razón incuestionable, a la cual nadie pueda decir no, para en su lugar dar pie a puntos coincidentes y construir agendas ordenadas que marchen hacia la misma dirección.

Hay quienes estamos convencidos de que este punto de encuentro lo constituye la atención prioritaria de la primera infancia y niñez mexicana. Los beneficios sociales de esta decisión estratégica ya están ampliamente documentados en la literatura y diagnósticos situacionales en la materia (https://staging.earlyinstitute.org/sipimexico/primera-infancia/.

En mi opinión, como pocos temas, la atención prioritaria de la infancia, además de ser un mandato constitucional, nos ofrece la posibilidad de transversalizar y retomar desde el fondo la agenda estructural de políticas públicas en todos sus ámbitos: seguridad, educación, salud, pobreza, justicia, medio ambiente.

¿Cómo pensar en una verdadera agenda de seguridad y justicia sin atender la violencia e impunidad contra la niñez? ¿Un sistema nacional de salud sin atención materno-infantil, medicinas, vacunas ni infraestructura hospitalaria para la primera infancia? ¿Un país sin servicios suficientes de educación inicial, guarderías ni centros de cuidado infantil?

Más allá del discurso o de eslóganes políticos, no habrá transformación si no se coloca en el centro de todo programa o decisión de política pública al interés superior de la niñez. No habrá transformación si no le brindamos al país una razón justa para creer que es posible ordenar el rumbo del Estado, regresando la justicia y la sonrisa a millones de niños que hoy nos exigen cuidado y protección sin dilación.

No habrá transformación si a esta política pública se le da la espalda y continúa, como hasta ahora, en la indiferencia.

¡Alerta educativa en México! el IMCO revela 2 desafíos urgentes

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

El Instituto Mexicano para la Competitividad ha presentado un análisis sobre dos retos educativos de gran relevancia: la disminución en los niveles de escolarización y la carencia de aprendizajes.

En cuanto a la escolarización, que es el porcentaje de matriculados en edad escolar, se ha observado una tendencia negativa. Durante el periodo 2018-2019, se observó un declive en la escolarización obligatoria (básica y media superior), el cual fue agravado por la pandemia del COVID-19. A pesar de programas como Aprende en Casa, no se logró evitar la caída en la matriculación de los estudiantes.

También es importante recordar que esta reducción en la matriculación se observó incluso en niveles de educación preescolar.

Respecto a los aprendizajes, los resultados en evaluaciones internacionales como PISA reflejan un estancamiento o retroceso en el rendimiento académico de los estudiantes mexicanos.

Esta situación se evidencia en puntajes equivalentes o inferiores a los obtenidos en 2006 en áreas clave como Matemáticas, Lectura y Ciencias.

Para abordar estas problemáticas, el IMCO sugiere, entre otras estrategias, reactivar programas exitosos como las escuelas de tiempo completo, que históricamente han beneficiado a estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Además, se propone fortalecer los conocimientos básicos en el Nuevo Plan de Estudios para mejorar el aprendizaje, enfocándose en áreas críticas como matemáticas y ciencias, que, según los resultados de PISA 2022, resaltan la importancia de estos conocimientos para la preparación laboral de los estudiantes.

En conclusión, el estudio subraya la urgencia de abordar estos desafíos educativos al hablar de propuestas electorales y destaca la necesidad de propuestas detalladas que reconozcan la existencia de un problema con niñas y niños que se han quedado fuera del sistema educativo. Además, resalta que muchos de los que están dentro del sistema no obtienen los conocimientos esperados.

En México, hay miles de niñas y niños huérfanos tras la pandemia

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

La orfandad tiene consecuencias severas en el desarrollo de los niños y las niñas, principalmente en indicadores de bienestar económico, mental y de otro tipo, hasta la vida adulta.

Con el Informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México, recientemente publicado por un grupo multidisciplinario de investigadores y profesionales que se reunieron para estudiar la respuesta del gobierno de México en torno a la contingencia, se revela información preocupante.

Para empezar, se señala que de las más de 800 mil muertes por covid, casi cuatro de cada diez fueron por fallas en la gestión gubernamental; esto da como resultado que cerca de 300 mil personas perdieron la vida por dichas deficiencias.

Entre otras cifras, se destaca que se dio una tasa de 260.7 decesos por cada 100 mil habitantes durante toda la emergencia; los decesos del personal de salud ascendieron a 5 mil 800 durante el periodo de marzo de 2020 al 9 de mayo de 2023; se perdieron más de 10.6 millones de empleos en 2020; la pobreza aumentó en 3.8 millones durante 2020; y 215 mil niños y niñas quedaron en situación de orfandad.

Sobre este último dato, se estima que esta cifra es de las más altas del mundo, colocando a México entre los ocho países más afectados, junto con otros de población total mucho más grande como Indonesia, Nigeria y Estados Unidos.

Como dice el informe: “Atender esta realidad con medidas enfocadas a apoyar el desarrollo integral de los menores afectados es un reto mayúsculo, pero una de las mayores obligaciones colectivas que nos ha legado la pandemia”.

El estudio asocia la alta mortalidad de los adultos jóvenes con la orfandad de niños y niñas, sin embargo, la situación se agrava cuando si el mismo ejercicio de estudio se realiza para personas que fungían como cuidadores principales de los menores, es decir, casos en que la custodia era ejercida por personas diferentes a los padres, como abuelos u otros parientes. En ese sentido, la cifra podría ascender a poco más de 229 mil huérfanos y huérfanas.

Y si el espectro se amplía a cuidadores tanto primarios como secundarios (padres, abuelos o parientes a cargo de la custodia y/o abuelos que vivían con los niños y las niñas) hablamos de que al menos 318 mil menores de edad pudieron haber sufrido la pérdida de una figura adulta con la que vivían y que se encargaba de su cuidado.

Según el reporte, estudios científicos reconocen que la orfandad tiene consecuencias severas en el desarrollo de los niños y las niñas, principalmente en indicadores de bienestar económico, mental y de otro tipo hasta la vida adulta. Entre ellos se incluye una posibilidad más alta de abandono escolar, pobreza, problemas de salud física y mental, así como mayor vulnerabilidad a diversas carencias.

Si bien durante este difícil proceso algunas fundaciones llevaron a cabo programas de asistencia para menores en proceso de duelo, lo cierto es que, hasta la fecha, no existe una política pública del Estado mexicano que otorgue apoyo, acompañamiento y protección a los niños, las niñas y las familias afectadas.

Es por ello que el informe señala que resulta impostergable el diseño e implementación de una política nacional enfocada en proteger el bienestar y los derechos de los menores huérfanos en México y que contemple al menos los siguientes aspectos: acompañamiento psicológico y medidas de atención de la salud física y mental; asistencia económica; y medidas para evitar la deserción escolar y apoyar el aprendizaje.

En Early Institute coincidimos con la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México en calificar la crisis de orfandad como “la pandemia escondida”, pues a pesar de que en nuestro país se han configurado exhortos desde el Congreso de la Unión y los congresos locales para que las instancias gubernamentales se hagan cargo del asunto, aún no se concretan acciones que protejan a este sector. De igual modo, hacemos un llamado a los gobiernos federal y estatales a poner a las niñas y los niños en el centro, especialmente a quienes requieren apoyos especiales y medidas de atención que aseguren la cobertura de sus necesidades. La magnitud del problema así lo demanda y es imperativo actuar.

 

Hay 4 millones de madres solteras en México

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

En nuestro país, hay alrededor de 38 millones de mujeres que son madres y en unos días celebraremos su papel en la familia y en la sociedad.

Si bien la mayoría de ellas están casadas o viven en unión libre, más del 11% son madres solteras, lo que representa alrededor de 4 millones de mujeres.

La mayoría de estas mujeres son parte de la población económicamente activa. Sin embargo, solo el 70% de aquellas que trabajan en empleos subordinados y remunerados tienen acceso a prestaciones laborales.

Es importante detenerse aquí. Sabemos que las madres solteras no solo son el sustento y la única fuente de ingresos del hogar en muchos casos, sino que también enfrentan desafíos como el cuidado de sus hijos e hijas, la incompatibilidad de horarios entre el trabajo y la escuela, y la doble carga de ser proveedoras y cuidadoras.

Esta situación se vuelve aún más difícil cuando no tienen acceso, por ejemplo, a una licencia por maternidad al nacer un hijo o hija, o cuando no tienen un acceso seguro al sistema de salud para ellas y su familia.

La falta de acceso a prestaciones laborales, un problema común en nuestro país, se convierte en un factor de vulnerabilidad adicional no solo para las madres solteras, sino también para sus hijos e hijas, quienes son su principal preocupación.

La desprotección que experimentan las madres solteras se evidencia en la falta de políticas públicas que aborden sus necesidades. La desigualdad en el acceso a servicios, la falta de políticas de conciliación entre el trabajo y la familia, y la protección limitada contra la discriminación son señales de que no se reconoce adecuadamente su contribución al país.

Ellas necesitan apoyo y es crucial eliminar los obstáculos que las colocan en una situación de desventaja. Nuestra felicitación en este día no es suficiente; es necesario reconocer que son altamente vulnerables y, por tanto, requieren una protección reforzada, tanto para ellas como para sus hijos e hijas.

#Elecciones2024 Es hora de actuar por nuestros niños

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

El panorama que enfrenta la primera infancia en México, es decir, los niños y niñas menores de 6 años, es desalentador.

Casi la mitad están en situación de pobreza y uno de cada 10 en pobreza extrema; esto es solo el comienzo de un cúmulo de problemas que enfrentan hoy en día.

Solo el 3% tiene acceso a servicios de cuidado y educación inicial, y peor aún, casi la mitad no tiene acceso a servicios de salud.

La respuesta del gobierno federal no es la esperada. Por una parte, el organismo rector de la política en materia de niñez, el SIPINNA, se ha debilitado, y por otra, no hay integración interinstitucional ni perspectiva de niñez en los programas gubernamentales.

Por ello, desde Early Institute consideramos que urge adoptar medidas para mejorar la situación actual. Recomendamos, entre otros puntos:

Más allá de los discursos electorales, a partir del 3 de junio próximo, desde los equipos de transición y el eventual gabinete entrante, demandamos una ruta integral de acciones prioritarias que privilegie el bienestar de niñas y niños, especialmente de los más vulnerables.

La agenda de primera infancia no es un asunto electoral ni de campañas políticas; representa una decisión de Estado que permitirá el verdadero desarrollo social de nuestro país.

Uso de teléfono celular a temprana edad

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

La tecnología es una herramienta que se enriquece con una aplicación adecuada y respetuosa y en el cuidado de las niñas y los niños no hay mejor medida que la vigilancia.

En un mundo donde la tecnología es clave en la interacción humana, el uso de los teléfonos celulares es inevitable, sin embargo, ¿a qué edad es recomendable que se empiece a utilizar este dispositivo?

Si bien se reconocen las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías, es un hecho que también hay amenazas que ponen en riesgo a los usuarios, en particular a los grupos más vulnerables.

Es por esto que hoy en día, padres y madres, se cuestionan sobre el momento más conveniente para que sus hijos e hijas comiencen a utilizar los dispositivos digitales más comunes, como lo es un teléfono móvil, el cual facilita también el acceso a internet y las redes. Pese a los esfuerzos por definir esta edad ideal, desafortunadamente no hay un acuerdo, en tanto los especialistas coinciden en que ello depende de las circunstancias en las que vive el niño o la niña y que podrían hacer pensar a sus padres que está listo o lista para asumir la responsabilidad sobre el uso del celular.

Lo anterior implica que no se puede generalizar, pues cada familia debe decidir según sus reglas y necesidades. Lo que sí hay son ciertos criterios que podrían orientar a los cuidadores de niños y niñas para dar inicio a esta práctica.

Al respecto, la especialista Leen d’Haenens, miembro de ySkills, un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea para maximizar el impacto positivo de las nuevas tecnologías en los jóvenes, señala que uno de estos parámetros tiene que ver con la madurez del posible usuario, es decir, qué tanto puede manejar su tiempo frente a las pantallas y resguardar su seguridad en línea. Otros criterios más se dirigen a plantearse la necesidad real de tener un teléfono para comunicarse con familiares o amigos, así como si se requiere para fines educativos. Un último criterio, de acuerdo con la investigadora, es definir si con el uso del celular su seguridad física está garantizada en caso de emergencia.

Estas son algunas pautas para decidir si ya es tiempo de dar un celular a los más jóvenes del núcleo familiar, sin olvidar la responsabilidad de los mayores en esta etapa. Es decir, hay que acompañar siempre a niños y niñas en el manejo de los dispositivos, empleando controles de seguridad y restricciones a ciertos contenidos.

Incluso la mayoría de las redes sociales han establecido como política que la apertura de una cuenta no sea por alguien menor de 14 años, lo que podría colaborar en la decisión de cuándo comenzar con un teléfono móvil.

En Early Institute sostenemos que la tecnología es necesaria para la dinámica social, motivo por el cual hay que alentar su uso responsable. Este tema sobre la edad idónea para proporcionar un teléfono celular a un niño o una niña es reciente y tiene que ver con el debate, a nivel global, de cara a la responsabilidad que tienen también las grandes empresas tecnológicas. Es indispensable la supervisión y la regulación en el manejo de los dispositivos móviles, ya que así como hay beneficios inigualables, hay a su vez daños irreparables que pudieran afectar profundamente a las personas. Sobre todo, hay que enfatizar que la tecnología es una herramienta que se enriquece con una aplicación adecuada y respetuosa y en el cuidado de las niñas y los niños no hay mejor medida que la vigilancia continua para prevenir experiencias que pudieran vulnerar su integridad física y emocional.

¿Eutanasia o abandono? El Estado debe garantizar una vida digna

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Seguramente muchos de los lectores conocen la historia de una joven holandesa que solicitó la eutanasia, no debido a ninguna enfermedad física, sino más bien a una profunda depresión que experimentó durante gran parte de su vida.

Se ha relatado en diversos medios, su depresión, junto con el autismo y un trastorno límite de la personalidad, han sido impedimentos para continuar sus estudios y su trayectoria profesional.

La historia de esta joven ha generado debate en Holanda, pues mientras algunos consideran que esta medida debe estar a disposición de cualquier persona que viva algún tipo de sufrimiento persistente, otros expresan preocupación por el abandono terapéutico que puede sufrir una persona en situaciones como esta.

Respecto a este debate, lo primero que hay que aclarar es que actualmente existen estudios muy rigurosos que muestran que la petición de eutanasia por parte de los enfermos disminuye al mejorar la formación de los profesionales que atienden estos casos y al implementar políticas públicas para garantizar tratamientos que aborden padecimientos físicos y mentales.

Diversos especialistas han argumentado que la eutanasia refleja la incapacidad de cuidar adecuadamente a las personas, especialmente a aquellas que sufren de manera permanente. Sostienen que la razón por la que las leyes de suicidio asistido y eutanasia están obteniendo apoyo público tiene mucho que ver con el miedo, la ira, la desconfianza o la pérdida de esperanza en la posibilidad de encontrar soluciones.

Sin lugar a dudas, en debates de esta naturaleza debemos impulsar el respeto a la libertad humana. Sin embargo, como Estado, la primera responsabilidad es optar por la vida; el sistema de salud debe hacer todo, absolutamente todo, para apoyar a los pacientes y a sus familias a fin de que tengan la mejor calidad de vida posible hasta el último momento.

El Estado debe asegurar el derecho a ser admitido en alguna institución de salud, a recibir información clara, suficiente y oportuna sobre el tratamiento y las alternativas médicas disponibles, a ser tratado de manera digna, respetuosa y profesional por parte del personal médico, y a recibir apoyo psicológico y espiritual hasta el final.

El Estado simplemente no puede claudicar bajo ninguna circunstancia.