¿En riesgo el bienestar de la primera infancia?

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

En la opinión pública hablamos con frecuencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Sin embargo, es mucho menor el conocimiento que tenemos del Poder Judicial. De hecho, en muchos casos desconocemos quiénes lo componen o para qué sirve.

El Poder Judicial está integrado, entre otros, por Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados y Jueces, quienes son responsables, entre otras cuestiones, de interpretar las leyes y resolver problemas entre particulares o con autoridades.

Es un poder en el que laboran miles de personas en nuestro país, cuyo objetivo es impartir justicia y ser parte del equilibrio de poderes de gobierno.

Traigo este tema a colación por una decisión que ha causado controversia en los últimos días. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México ha iniciado el proceso de extinción de 24 juzgados civiles y 11 familiares, lo cual es parte de la implementación del sistema oral.

Según ha dicho la autoridad, estos juzgados trasladarán los expedientes de casos a otros juzgados que seguirán funcionando para terminar con los asuntos rezagados.

Este aviso de la autoridad ha provocado que diversos especialistas muestren preocupación, como es el caso de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, quienes han señalado los enormes rezagos que de por sí ya se tienen, por ejemplo, en los casos de expedientes familiares, con más del 64%. En los últimos tres años se ingresaron más de 307 mil asuntos en materia familiar, de los cuales solo poco más de 108 mil fueron concluidos.

Se ha afirmado que los tiempos procesales se pueden prolongar aún más ante el aumento de trabajo en los juzgados a los que se están derivando los casos.

Los juzgados familiares ven temas de vital importancia, particularmente para las niñas y los niños. Ahí se resuelven, por ejemplo, los casos de pensión alimenticia, donde se asegura que esta población tenga lo suficiente para vivir en caso de separación de los padres.

Desde Early Institute, apoyamos cualquier reforma en pro de la mejora de los procesos judiciales, pero exigimos que ninguna de ellas ponga en riesgo el bienestar de los más vulnerables. La justicia debe ser completa, gratuita y pronta, sobre todo cuando hablamos de niñas y niños.

#Alerta Trabajo infantil en aumenta en México

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una serie de compromisos a los que nuestro país se suma en un llamado internacional para afrontar problemáticas como la pobreza, la guerra, el hambre, entre otros muchos temas que nos afectan globalmente.

En total, son 17 objetivos y 169 metas firmadas por México, que serán revisadas en 2030, y de los cuales hasta el momento ninguno ha sido alcanzado por el país.

Dentro de tales objetivos, México se ha comprometido a acabar con la trata de personas, eliminar el reclutamiento y la utilización de niños en conflictos armados, y poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

Sin embargo, sobre este último tema, según la última medición del INEGI en 2022, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaban trabajo infantil. De ellos, más de 2 millones laboraban en actividades económicas no permitidas, ya sea porque no cuentan con la edad mínima para trabajar o porque realizan ocupaciones peligrosas.

Lo aún más preocupante es que la cifra de 3.7 millones creció de manera alarmante en comparación con los 3.3 millones registrados en 2019.

Las entidades con las tasas más altas de trabajo infantil fueron: Guerrero, donde 24.5% de niños, niñas y adolescentes trabajaban, seguido por Chiapas, Nayarit, Oaxaca y Michoacán.

Muchos de estos niños y niñas trabajadores no asisten a la escuela y, por lo tanto, no adquieren habilidades y conocimientos que podrían mejorar su calidad de vida. El trabajo infantil perpetúa un ciclo de pobreza, pues se sabe que la educación es el mejor aliado para salir de ella.

Erradicar el trabajo infantil en el país no solo está lejos de lograrse, sino que estamos empeorando.

Debemos reconocer que será muy difícil cumplir este objetivo en 2030, pero aún es posible que el próximo sexenio sea ejemplar. Estamos a tiempo de implementar programas que faciliten e impulsen que cada niña o niño continúe su educación y se haga valer ese derecho ocupando su lugar en un aula.

Incremento en trabajo infantil refleja falla en el sistema educativo y en políticas de protección social

Por: Renata Díaz Barreiro, Ejecutiva de Investigación de Early Institute
Publicación original de: El Sol de México

El trabajo infantil es una problemática persistente y compleja en México, afectando a millones de niñas, niños y adolescentes y generando profundas implicaciones en su desarrollo y comprometiendo su presente y futuro. Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aproximadamente 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes estaban involucrados en trabajo infantil, cifra que creció de manera alarmante en comparación con los 3.3 millones registrados en 2019. En la misma encuesta las niñas, niños y adolescentes señalan que los motivos principales por los que trabajan son solo por ayuda, para pagar su escuela o sus propios gastos y aprender un oficio.

El INEGI define el trabajo infantil como cualquier trabajo que priva a las niñas y niños de sus derechos, su potencial y dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Del total de niñas, niños y adolescentes trabajando el 48.6% está en ocupación no permitida que incluye actividades agropecuarias, minería, construcción, bares, basureros, horarios prolongados, el 42.9% incluye tareas domésticas no remuneradas en condiciones inadecuadas y el 8.5% se encuentra en ambos tipos de actividades.

En México, las entidades con las tasas más altas de trabajo infantil son: Guerrero, que encabeza la lista con un alarmante 24.5% de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que trabajan. Le sigue Chiapas con un 20.8%, y Nayarit con un 19.1%, Oaxaca con 18.5% , Michoacán con 18.0%, Puebla con 17.9%, Colima 17.0% y Zacatecas 16.7%.

La erradicación del trabajo infantil forma parte de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en donde se establece asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Desgraciadamente en México estamos lejos de alcanzar la meta.

De acuerdo con la ENTI 2022, tres de cada diez niños y niñas trabajadoras no asisten a la escuela, la falta de acceso a una educación adecuada impide a estos niños y niñas desarrollarse adecuadamente y adquirir habilidades y conocimientos que podrían mejorar su calidad de vida. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil perpetúa un ciclo de pobreza, limitando las oportunidades de educación y reduciendo las posibilidades de alcanzar un empleo estable y digno en la adultez. Los niños y niñas no deberían aprender a ganar dinero, deben ir a la escuela, es su derecho.

La situación del trabajo infantil no solo refleja una crisis en la protección de los derechos de los niños y niñas, sino también una falla en el sistema educativo y en las políticas de protección social. Estas cifras resaltan la urgente necesidad de intervenciones y políticas en zonas de alta incidencia.

Desde Early Institute, consideramos crucial implementar políticas integrales que no solo prohíban el trabajo infantil, sino que también mejoren las condiciones socioeconómicas de las niñas y niños. En línea con las recomendaciones de la OIT y la Declaración de Durban adoptada en la 5ª Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil en 2022, se recomienda:

Hacer realidad el trabajo decente para adultos y jóvenes que alcanzan la edad mínima de admisión al empleo
Poner fin al trabajo infantil fin en la agricultura
Prevenir y eliminar el trabajo infantil y el trabajo forzoso mediante respuestas políticas y programáticas basadas en datos
Hacer realidad el derecho de los niños a la educación
Lograr el acceso universal a la protección social
Aumentar la financiación y la cooperación internacional

La erradicación del trabajo infantil es un objetivo urgente y prioritario para alcanzar la justicia social y mejorar las condiciones de vida de millones de niños y niñas en México. Hacemos un llamado a la virtual presidenta electa para implementar políticas efectivas, que permitan que las trayectorias educativas de niñas y niños no se interrumpan, ni posterguen. El derecho a la educación se vive en las aulas.

Cuidemos el derecho al juego

El juego es un derecho fundamental, motivo por el cual debe ser respetado y otorgado en beneficio de la infancia. Jugar fomenta la resiliencia.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Fin anciero

El pasado 11 de junio se celebró, por primera vez, el Día internacional del juego, instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El tema sobresale porque se trata de una práctica indispensable en la formación de niñas y niños, ya que promueve el aprendizaje, las habilidades para la vida y el bienestar psicosocial.

El juego es un derecho fundamental, motivo por el cual debe ser respetado y otorgado en beneficio de la infancia. Jugar fomenta la resiliencia, infunde confianza y ayuda a niños y niñas a desenvolverse con mayor seguridad.

Su relevancia radica en que va más allá de una experiencia entretenida; es la oportunidad para adquirir conocimiento, mediante estrategias divertidas y constructivas.

De acuerdo con la ONU, esta celebración “servirá para destacar la importancia de preservar, promover y dar prioridad al juego para que todas las personas, especialmente los niños, puedan aprovechar sus beneficios y desarrollar todo su potencial […] Para los niños en especial, el juego ayuda a construir relaciones y mejora el control, la superación de traumas y la resolución de problemas. Les ayuda a desarrollar las habilidades cognitivas, físicas, creativas, sociales y emocionales que necesitan para prosperar en un mundo en constante cambio”.

Como se observa, las ventajas de alentar esta actividad son múltiples y en diferentes sentidos, sin embargo, desafortunadamente este derecho enfrenta varios retos, entre ellos la falta de tiempo para ejercerlo. Pese a que se estima que la aceptación del juego es de 97%, una tercera parte de las personas no tiene tiempo para jugar.

En este sentido, es necesario crear políticas públicas, capacitar y financiar iniciativas para integrar el juego en los entornos educativos y comunitarios. Sobre todo, hay que invertir en espacios de juego diversos, inclusivos y seguros, ampliando su acceso, especialmente a los niños y las niñas más vulnerables y marginados.

El juego ayuda en la salud mental, ya que enseña la gestión de emociones, reduce el estrés y estimula la socialización. Sin duda, niñas y niños pueden alcanzar su máximo potencial, si cuentan con el tiempo, el espacio y las condiciones adecuadas para jugar.

En Early Institute nos unimos a la celebración del Día internacional del juego e invitamos a los tomadores de decisiones a colaborar en el reconocimiento de esta práctica, a partir de varias acciones, como son: a) Invertir en el bienestar de los niños y las niñas al proteger su derecho a jugar; b) Proporcionar a los niños y las niñas más tiempo y oportunidades para jugar, incluso en los entornos escolares; c) Crear lugares seguros y accesibles, sobre todo para quienes tienen necesidades especiales; y d) Respetar las opiniones y las decisiones de niños y niñas en torno a su derecho a jugar. Hagamos que esta actividad sea promovida, accesible y cuidada.

Falta de políticas públicas para madres embarazadas privadas de la libertad en México: una realidad que discrimina la maternidad

Por: Damaris Espinosa, Aboga del Área de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

La dificultad de maternar en prisión refleja una profunda falla en el sistema penitenciario y la ausencia de políticas públicas adecuadas que aborden estas necesidades específicas.

En México, la población penitenciaria femenina se enfrenta a desafíos sistémicos que van desde la discriminación hasta la falta de acceso a servicios básicos, especialmente para aquellas mujeres que están embarazadas o son madres.

La dificultad de maternar en prisión refleja una profunda falla en el sistema penitenciario y la ausencia de políticas públicas adecuadas que aborden las necesidades específicas de estas mujeres, por ello, es fundamental analizar la magnitud del problema y proponer soluciones concretas para garantizar la maternidad y el desarrollo de la primera infancia que se desarrolla en las cárceles del país.

Según la estadística penitenciaria nacional de enero 2024, que emite el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, en México existen 13,297 mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios federales y estatales, esta cifra representa una parte significativa de la población carcelaria y subraya la necesidad de prestar atención a las condiciones específicas que enfrentan las mujeres en prisión.

Un dato preocupante es el porcentaje de mujeres embarazadas al ingresar a prisión, estimado entre el 2% y el 5% del total de mujeres privadas de libertad, esta situación plantea desafíos adicionales en términos de atención médica y condiciones de vida durante el embarazo, el parto y la crianza durante los primeros años.

Asimismo, no podemos ignorar a un gran número de mujeres en prisión que ya son madres, puesto que un 30% tienen hijos menores de 18 años, – estas cifras destacan aún más la importancia de considerar el impacto del encarcelamiento en la unidad familiar y el bienestar de los hijos e hijas de estas mujeres –.

Las mujeres embarazadas y madres en prisión enfrentan múltiples formas de discriminación y dificultades para acceder a servicios básicos, por ejemplo, uno de los problemas más urgentes es la atención médica y de calidad durante el embarazo, el parto y el posparto, ya que las mujeres no reciben la atención médica adecuada y ello pone en riesgo su salud y la de sus bebés, además, las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las cárceles mexicanas representan un peligro adicional para presentar complicaciones médicas graves, incluyendo partos prematuros y bajo peso al nacer.

El sistema penitenciario tampoco brinda el apoyo necesario para la crianza de los hijos de las mujeres encarceladas, tanto durante su reclusión como tras su liberación, lo que dificulta que estas madres puedan criar a sus hijos de manera saludable y segura. Esta falta de programas de educación y cuidado infantil también impacta negativamente en los hijos, quienes enfrentan un mayor riesgo de problemas emocionales, sociales y educativos, afectando su desarrollo y su capacidad para alcanzar su máximo potencial en la vida.

Es importante, no dejar de lado esta fracción de la sociedad, que si bien se encuentran en espacios que como sociedad no vemos en el día a día, la falta de políticas públicas adecuadas para las mujeres embarazadas y madres en prisión tiene un costo significativo para la sociedad, pues la falta de acceso a servicios básicos, la violencia y la discriminación dentro de los centros penitenciarios contribuye a la perpetuación de ciclos de pobreza y marginalización y esto genera un impacto negativo en el desarrollo social y económico del país.

Ante esta situación alarmante, es evidente la necesidad de implementar políticas públicas específicas que aborden las necesidades de las mujeres embarazadas y madres en prisión, estas medidas deben garantizar el acceso a atención médica prenatal, parto y posparto de calidad, así como mejorar las condiciones de higiene y habitabilidad en las cárceles.

Además, es fundamental establecer mecanismos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en prisión, incluyendo la capacitación de personal penitenciario y la implementación de protocolos de respuesta adecuados a la maternidad.

También es necesario brindar apoyo para la crianza de los hijos de las mujeres en prisión, tanto dentro como fuera de las cárceles y esto incluye la implementación de programas de educación y cuidado infantil, así como la promoción de políticas que faciliten la reunificación familiar y la reintegración de las mujeres en la sociedad una vez que sean liberadas.

Finalmente, es crucial reformar el sistema penitenciario en su conjunto para que sea más humano, justo y efectivo para las madres y sus hijos, pero esto solo se logra dotando de “perspectiva de maternidad y niñez” a toda la legislación penitenciaria y capacitando al personal que trabaja en prisiones federales y estatales.

El involucramiento paterno en el contexto de las políticas públicas

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Cada año, a propósito de la celebración del Día del Padre, organizaciones y expertos enfatizan la necesidad de políticas públicas, programas y leyes que impulsen el involucramiento de los papás en la crianza y cuidado de sus hijas e hijos.

Prácticamente todos los años se habla de políticas como el permiso por paternidad que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, permite a los padres trabajadores gozar de 5 días laborales para el cuidado de un hijo o hija recién nacido o adoptado.

A pesar de que se ha demostrado que este tipo de políticas incrementan el tiempo de interacción y vínculo entre padres e hijos, y logran un impacto cultural para el cambio de roles entre madres y padres, pareciera que estos y muchos otros beneficios no son suficientes.

Desde hace meses, la Cámara de Diputados aprobó ampliar el permiso por paternidad de 5 a 20 días laborables y envió el dictamen al Senado para su ratificación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, el tema sigue detenido.

En anteriores ocasiones, he hecho énfasis en que en los últimos años se han presentado decenas de iniciativas para mejorar dicha ley, pero no se ha logrado ningún cambio. Las iniciativas se presentan y en alguna parte del proceso legislativo se detienen y terminan siendo desechadas.

Existen senadores y senadoras que tienen dudas sobre la conveniencia de este tipo de políticas. También las tiene la Secretaría de Hacienda, el IMSS y el ISSSTE, que cada vez que se presenta una iniciativa de estas características envían al Congreso sus estudios de impacto en las finanzas públicas y el empresariado.

Sin embargo, es pertinente recordarles que el cuidado de niñas y niños tiene un costo, y hoy ese costo lo asumen las familias, sobre todo las mamás. Las políticas que impulsan el involucramiento paterno quizás les suenan nuevas a muchos, pero en infinidad de países tienen ya un largo recorrido y se fortalecen porque son políticas basadas en la evidencia de los beneficios que traen consigo.

Desde Early Institute, esperamos que el Senado tome ya el tema con la debida importancia y este dictamen no se quede en el camino, pues el involucramiento paterno nos conviene a todos, pero aún más a niñas y niños.

Falta investigación de calidad para atender disforia de género

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Hace unos días, el Colegio de Pediatras de Estados Unidos publicó una declaración en la que pide detener inmediatamente prácticas para la afirmación de género, tales como bloqueadores de la pubertad, tratamientos hormonales y cirugías en niñas, niños y adolescentes que experimentan disforia de género. Pero, ¿qué significa todo esto?

Como sabemos, hay niñas y niños que, desde pequeños, pueden sentir incomodidad o angustia por su sexo biológico. Es decir, falta de identificación con el sexo con el que nacieron, sea hombre o mujer. A eso se le denomina disforia de género.

Para abordar esta problemática, puede darse un tratamiento médico que incluya terapia hormonal de feminización o de masculinización, cirugía para cambiar el pecho, los genitales, el contorno corporal e incluso la utilización de los llamados bloqueadores de la pubertad, que son medicamentos que impiden que el cuerpo produzca hormonas sexuales para retrasar los cambios de la pubertad.

También puede darse un tratamiento psicológico que busca dar acompañamiento y ayudar a resolver dudas de identificación, problemáticas asociadas como ansiedad o depresión y encontrar maneras de disminuir la disforia de género.

En este sentido, el Colegio de Pediatras de Estados Unidos manifiesta serias preocupaciones sobre los efectos en la salud física y mental de los protocolos actuales con bloqueadores de la pubertad, hormonas y cirugías que dañan cuerpos sanos.

Manifiestan que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes cuyos pensamientos y sentimientos no se alinean con su sexo biológico resolverán esas problemáticas mentales después de experimentar el proceso normal de desarrollo de la pubertad.

Por otro lado, afirman que falta investigación de calidad para determinar las intervenciones médicas, sobre todo, se carece de estudios a largo plazo adecuados y no existe evidencia suficiente que muestre que la salud mental mejore con dichas intervenciones.

Por ello, países como Inglaterra, Suecia, Dinamarca y Finlandia han reconocido que las intervenciones hormonales y quirúrgicas no solo no son útiles, sino que pueden ser perjudiciales, por lo que han pausado ese tipo de protocolos y en su lugar se están enfocando en evaluar y tratar las preocupaciones de salud mental subyacentes y previas.

Sin duda, existe una necesidad de atender estas problemáticas que viven niñas y niños, pero es imprescindible que cualquier tratamiento médico esté basado en evidencia científica.

Garantizar la mejor y más segura atención posible para cada niño, niña o adolescente no es un asunto menor, pues estamos ante un grupo altamente vulnerable, en el que debemos evitar tratamientos experimentales e innecesariamente invasivos, que no pongan en el centro su bienestar integral.

Una transición a favor de la niñez

Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de: Pro ceso

En el tema que nos compete sobre la agenda de niñez, este momento significa también un punto de inflexión inmejorable, en el que técnicamente ya no habrá margen de excusas para ignorar los rezagos que el gobierno actual dejará en la atención estructural de los derechos de niñas y niños mexicanos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La participación electoral del pasado domingo 2 de junio simple y sencillamente es un veredicto que refleja el sentir de una mayoritaria base social de mexicanas y mexicanos, quienes ejercieron su derecho al sufragio en plena libertad. El mensaje es claro y debe interpretarse bajo las reglas de la democracia por encima de opiniones políticas o lecturas personales.

Concluido el episodio electoral, corresponde a la ciudadanía asumirse dentro de un papel crítico y constructivo en todos los niveles de participación social. Sin enconos ni narrativas basadas en extremos, el momento es propicio también para retomar la visión de un país que exige una lectura de la realidad basada en evidencia y recuperar la objetividad como parámetro de diálogo y ponderación de las acciones de nuestros gobernantes, sin concesiones al margen que los propios derechos fundamentales garantizados en la Constitución.

En ocasiones como esta, las narrativas ideológicas y el constante uso electoral del poder público terminan por aprovecharse de la desinformación de la ciudadanía, pues tienden a distorsionar la esencia del mandato y funciones de las instituciones democráticas. La democracia no se limita al ejercicio del voto ni al rechazo o aceptación de la oferta de partidos, sino que más bien es desde el sufragio, donde se traza la ruta para que los electores se asuman como actores centrales en las acciones de control y rendición de cuentas de los gobiernos, especialmente en la garantía de los derechos sociales y la forma como se gestiona la atención prioritaria a los grupos vulnerables.

Específicamente en el tema que nos compete sobre la agenda de niñez, este momento significa también un punto de inflexión inmejorable, en el que técnicamente ya no habrá margen de excusas para ignorar los rezagos que el gobierno actual dejará en la atención estructural de los derechos de las niñas y niños mexicanos. No se trata de opiniones sin sustento, sino de una agenda que ha quedado en el abandono y ha sido presa de la indolencia política, como se comprueba ampliamente por diversos indicadores.

Es del conocimiento público que, durante el periodo de campañas la hoy presidenta electa suscribió compromisos a favor de la primera infancia, no obstante, ahora es tiempo de ordenarlos, priorizarlos y procesarlos bajo el tamiz de la implementación de políticas públicas, cuya lógica sabemos es completamente distinta al de la promesa electoral o la fotografía testimonial.

Ante tal escenario, desde estas semanas cruciales de organización y configuración de equipos de transición y dado que la temática no admite margen de demora, Early Institute pone a disposición de la presidenta electa y su equipo de trabajo, las siguientes directrices o recomendaciones concretas a fin de impulsar con enfoque sistémico una agenda mínima para mejorar la vida de los niñas y niños a partir de tres categorías muy concretas: planeación y coordinación; presupuesto e inversión pública y atención a temáticas prioritarias.

Sobre la planeación nacional y coordinación gubernamental a favor de la niñez.

Colocar como prioridad al eje de la primera infancia y la perspectiva de niñez dentro de la agenda de gobierno, con una visión de largo plazo que incluya un abordaje prioritario dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 y los nuevos Programas sectoriales de la Administración Pública Federal, especialmente en los ámbitos de gobernación, hacienda, educación, salud y seguridad.

Fortalecer la naturaleza jurídica, autonomía y capacidad de gestión de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) prevista en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, hoy reducida a una oficina con capacidades de operación política y administrativa limitadas al interior de la Secretaría de Gobernación.

Cumplir el mandato legal en la conformación del más alto nivel de funcionarios para las sesiones de trabajo del SIPINNA, que debe estar encabezado precisamente por el Titular del Ejecutivo Federal, su gabinete vinculado, los gobernadores de los estados y organismos de la sociedad civil. Elevar el nivel político de esta agenda, favorecerá la gobernanza y la coordinación intersectorial en todos los niveles de gobierno y la sociedad, sin importar partidos o diferencias de tipo electoral, para un desarrollo ordenado y homologado de políticas públicas de primera infancia en el territorio nacional.

Fortalecer las capacidades operativas y funcionales de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como las correlativas procuradurías estatales en las 32 entidades a fin de mejorar la generación de medidas de protección y los mecanismos de restitución de derechos de niñas y niños.

Sobre el presupuesto y ejercicio del gasto

Planificar un incremento progresivo de los recursos asignados a primera infancia por parte de todos los ejecutores de gasto, que corresponda a la proporción que representa esta población y plena coordinación con los actores estatales y municipales.

Invertir en programas sociales de transferencias monetarias condicionadas en ramos como educación, salud, nutrición y pobreza.

Sobre los temas prioritarios en materia de primera infancia.

Impulsar la Política Nacional de Educación Inicial para ampliar la cobertura, mejorar la calidad de los servicios, y promocionar prácticas de crianza positiva.

Reconocer el derecho al cuidado y crear un Sistema Nacional de Cuidados cuyo seguimiento sea anual, medible y evaluable.

Asegurar el acceso universal y la calidad de los servicios de salud para las niñas y niños y sus madres.

Garantizar que todas la niñas y niños reciban vacunas completas.

Reforzar la atención de primer nivel en materia de salud materno-infantil y brindar consejería sobre lactancia materna, desarrollo infantil temprano, nutrición, sobrepeso y obesidad infantil.

Fortalecer el sistema de seguridad y justicia mediante el reforzamiento del marco normativo de prevención y atención de la violencia, la capacitación y sensibilización de servidores públicos, así como la mejora de protocolos y procesos de actuación que permitan colocar en el centro a niñas y niños víctimas de cualquier forma de violencia en su contra.

A partir de octubre las niñas y niños de México merecen y tienen derecho a un gobierno fuerte, con mayorías legislativas sin precedentes, un gobierno federal que contará con el respaldo de por lo menos veinticuatro gobiernos estatales para que al unísono, implementen políticas homologadas en favor de este grupo poblacional incluyendo el accionar de veintisiete congresos estatales. Se tendrá además la posibilidad de generar consensos para diseñar y aprobar el presupuesto federal más amplio e incluyente del que se tenga registro en la historia de México y que permita materializar esta agenda de derechos.

Por ello, no cabe lugar a dudas que la transición y el gobierno entrante tiene en sus manos una oportunidad inmejorable y en esa medida será observado y evaluado en el mapa social y político del país, sin encubrir o simular otras intenciones que no sean las de estar al lado de los derechos de las niñas y niños mexicanos. La ruta es clara.

Este nuevo sexenio, tiene se le tiene que dar prioridad a la #PrimeraInfancia

Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Tendremos una nueva presidenta, y con ello llegan nuevas expectativas respecto a los grandes temas en la agenda de gobierno. Sin embargo, antes de la entrada del siguiente gobierno, tendríamos que pedir cuentas al saliente.

Durante este periodo, hemos hecho énfasis en que muchos de los problemas que hoy observamos en nuestra sociedad deben prevenirse y abordarse desde la infancia. La violencia, la pobreza, la mala nutrición, y la falta de acceso a la salud se gestan en nuestro país desde que nuestras niñas y niños se encuentran en el vientre materno.

El saldo del gobierno que termina es desfavorable. En este sexenio que se va, no hubo avances relevantes para la infancia. Las políticas y programas diseñados, en particular para la primera infancia, son incipientes y no pudieron consolidarse.

Seguimos teniendo estadísticas incompletas, metas inconclusas y una preocupante falta de visión a largo plazo para la vida de niñas y niños.

Esperamos que, a diferencia del gobierno federal saliente, el que encabezará Claudia Sheinbaum sea un gobierno que ponga a niñas y niños en el centro, que proponga soluciones a los problemas que les aquejan, que evalúe avances y dé cuenta de ellos.

Adelantamos al gobierno entrante que desde Early Institute seremos más críticos y vigilantes, que exigiremos y no permitiremos que el que viene sea un sexenio perdido para estas niñas y niños que ya se nos están haciendo grandes.

La baja en la tasa de natalidad: un reto mundial

Pese a los esfuerzos de los gobiernos para alentar los nacimientos con la implementación de políticas públicas pronatalistas, aún no se ha reflejado un resultado positivo.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Fin anciero

Últimamente, se ha registrado una baja en la tasa de natalidad a nivel mundial, lo que podría desencadenar importantes efectos en las economías y dinámicas sociales de los países. En un artículo publicado por el Wall Street Journal, se habla de que la fecundidad está registrando una significativa reducción en todo el mundo, lo cual se asocia a la participación de la mujer en los ámbitos laborales y educativos, entre otros factores.

Según el escrito, la caída de la natalidad está tomando a muchos por sorpresa aun cuando la situación es producto de varias décadas atrás. Por ejemplo, en los últimos años se ha visto una tendencia a la maternidad tardía y a la negación de las parejas por tener hijos. Sumado a esto, las crisis financieras y las exigencias laborales, que impactan en el tiempo dedicado a la crianza, han contribuido a la baja tasa de natalidad.

La preocupación ha escalado, ya que se considera que estamos muy cerca de perder el punto necesario para mantener constante la población.

Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que el número de bebés que tiene cada mujer está por debajo de la tasa mundial de reemplazo, que es alrededor de 2.2. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) supuso que a finales de la década de 2020 la tasa de fertilidad sería de 2.4. Sin embargo, para 2021, concluyó que ya había bajado a 2.3, aproximándose a lo que los demógrafos consideran como tasa de reemplazo global, que es alrededor de 2.2. La tasa de reemplazo es la que mantiene estable a la población a lo largo del tiempo y su baja significa un deterioro en la dinámica generacional.

En cifras más concretas, en 2023 China reportó 9 millones de nacimientos, esto es, 16% menos de lo proyectado por la ONU. En Estados Unidos, también en 2023 nacieron 3.59 millones de bebés, es decir, 4% menos de lo proyectado por la ONU. En otros países menos desarrollados, el descenso es aún mayor: Egipto señaló tener 17% menos de nacimientos el año pasado y en 2022, Kenia reportó un 18% menos.

Pese a los esfuerzos de los gobiernos para alentar los nacimientos con la implementación de políticas públicas pronatalistas, aún no se ha reflejado un resultado positivo. Los apoyos van desde beneficios fiscales, licencias parentales, subsidios para la vivienda y pagos para la educación hasta la creación de bonos por bebés.

Especialistas señalan que esta situación podría significar una “segunda transición demográfica”, es decir, un descenso en la fecundidad que deriva en una reorientación de toda la sociedad hacia el individualismo, vulnerando la importancia del matrimonio y la paternidad.

Desde Early Institute buscamos visibilizar el panorama que enfrenta la población humana y que pudiera afectar diversas áreas a nivel global. Por ello, es importante promover políticas públicas que protejan la maternidad, incentivando que la decisión de tener hijos se vea acompañada de un apoyo integral en el que predomine el respeto a los derechos fundamentales en beneficio de un equilibrio demográfico.