Publicación original en ContraRéplica

Invertir en la primera infancia es la mejor estrategia que un país puede diseñar e implementar, así lo ha señalado James Heckman, economista estadounidense que, en el año 2000, gracias a sus aportaciones en la materia fue reconocido con el Premio Nobel de Economía.

La idea parece bastante obvia, si invertimos en la primera infancia -etapa de la vida que va desde los cero hasta antes de los 6 años- nuestras niñas y niños contarán con los elementos indispensables para desarrollar su máximo potencial a nivel social, físico, intelectual y psicológico.

Sin embargo, cabría preguntarnos ¿cuál es la situación de la niñez mexicana y qué políticas públicas hemos desarrollado para atenderla?

La realidad de la niñez en números

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en México para 2019, 13.1 millones de niñas y niñas tenían menos de 6 años, entre 2020 y 2024 se espera tener un promedio anual de 12.9 millones de niños en esa edad, en la que se enfrentan a retos como la tasa de mortalidad, la desnutrición crónica, el sobrepeso y la obesidad, la anemia, los problemas de desarrollo, el rezago en alfabetización y en conocimientos numéricos, y el respeto a su derecho a la identidad, entre otros.

¿Qué hemos hecho para pagar nuestra deuda con la niñez en México?

Durante los últimos 30 años, como país hemos dado diversos pasos para visibilizar a la niñez. Entre ellos destacan:

1. La aprobación y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño en septiembre de 1990.

2. La publicación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en mayo del 2000.

3. El reconocimiento constitucional de que el Estado debe velar y acatar el interés superior de la niñez en el diseño, ejecución y evaluación de sus políticas públicas, en el 2011.

4. La publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en diciembre del 2014, con la que se le dio vida al Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), y se fortalecieron las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, encargadas de establecer mecanismos de restitución de derechos para niños vulnerados.

5. La publicación del primer Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018, en agosto de 2017, cuya finalidad fue establecer parámetros específicos de políticas públicas para este sector de la población.

6. La reforma al artículo 3º constitucional en mayo de 2019, con la que se reconoció a la educación inicial como un derecho y la obligación del Estado de garantizarlo.

Principales deficiencias en la atención a niñas y niños

A pesar de contamos con un marco normativo sólido, hay deficiencias en la aplicación de las normas, pues, las propias autoridades, academia y sociedad civil reconocemos que:

1. El enfoque de niñez en el diseño de políticas públicas es precario o nulo.

2. La coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales es fragmentada o limitada.

3. Se desconocen los alcances, derechos y principios establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente.

4. Existe poca capacitación en materia de niñez.

5. Contamos con sistemas de información precarios y poco confiables.

6. Hay limitaciones por el presupuesto asignado para los programas que benefician a la primera infancia.

La ENAPI como apuesta de visibilización e inversión a favor de la primera infancia

El 23 de marzo de 2020 el SIPINNA publicó en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI). Esta estrategia parte de la premisa de un cuidado cariñoso y sensible, el cual es un concepto desarrollado por la OMS, UNICEF y Banco Mundial para otorgar protección, seguridad, salud y nutrición con una atención sensible y receptiva que responde a los intereses y necesidades, alienta a explotar el entorno e interactúa con sus cuidadores y otros actores relevantes.

Así, la ENAPI identifica 5 áreas clave: buena salud, nutrición adecuada, oportunidades de aprendizaje temprano, protección y seguridad y atención y cinco estrategias:

1) Inversión intersectorial, esto quiere decir que las autoridades de todos los sectores deben trabajar de manera coordinada para atender a la niñez.

2) Crianza familiar, para enriquecer las prácticas que como sociedad damos a nuestras niñas y niños.

3) Fortalecer la atención, en servicios clave para la niñez, como lo son la educación, salud, cuidado y procuración.

4) Medir para mejorar, pues la carencia de sistemas de registro de información impide establecer mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.

5) Corregir e innovar, con la finalidad de tener una estrategia flexible que permita advertir aciertos y deficiencias; que permitan identificar áreas de oportunidad para redireccionar las políticas públicas.

En conclusión, la ENAPI atiende a las premisas de James Heckman, pues por primera vez en nuestra historia moderna, hemos desarrollado una estrategia nacional que visibiliza a la primera infancia, además de obligar a las autoridades a invertir y actuar de manera coordinada para generar políticas públicas intersectoriales y corresponsables con mecanismos de atención y procuración de madres, padres, familia, autoridades educativas y sociedad en general.

Cabe destacar que tendremos que medir para mejorar y corregir para innovar los contenidos de cada estrategia, su implementación exige la correcta aplicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, un enfoque de niñez que permee en la toma de decisiones y una coordinación efectiva entre las autoridades.

Así bajo una responsabilidad colectiva, en Early Institute, think tank mexicano especializado en primera infancia, aplaudimos y nos sumamos al trabajo colaborativo, pues sabemos que no aprovechar esta oportunidad, implicaría continuar con nuestra deuda hacia la primera infancia.

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El 22 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley de Amnistía. Nuestra historia cuenta que hemos hecho uso de esta figura en otras 4 ocasiones durante el siglo pasado en los años 1937, 1976, 1978 y 1994, en todos los casos para perdonar la sedición a quienes participaron en la revolución, en el movimiento del 68, en las guerrillas contra el ejército mexicano y para los zapatistas, respectivamente.

Así, la amnistía había sido el instrumento para extinguir la responsabilidad penal y perdonar a quienes cometieron delitos de carácter político, la nueva ley, no sólo retoma la sedición, también considera otros 5 delitos que generan polémica y abren un debate social: 1) aborto; 2) homicidio por razón de parentesco (antes denominado infanticidio); 3) delitos contra la salud; 4) Cualquier delito cometido por personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas; y 5) Robo simple sin violencia.

Entre los argumentos a favor de la ley existen 2 justificaciones fundamentales: despresurizar los centros penitenciarios federales para evitar contagios masivos de COVID-19 y realizar un acto de justicia para quienes por las fallas del sistema de justicia penal se encuentran en prisión al formar parte de grupos vulnerables como personas en situación de pobreza extrema, personas con discapacidad y miembros de comunidades indígenas.

Ahora bien, la discusión en el Senado fue exprés y no dio pauta al debate técnico, pues desechó 11 reservas que advertían sobre múltiples inconsistencias de la ley:

En primer lugar, la despresurización que se busca no es inmediata, pues se generan trámites y burocracia tanto en la Secretaría de Gobernación como en el Poder Judicial, quienes contarán con 60 días para crear Comisiones y un período de 4 meses para analizar y resolver si es procedente otorgar amnistía, por lo tanto, si el objetivo era liberar a presos por la pandemia de COVID-19 resulta que dichas personas estarán libres; si todo avanza sin contratiempos, hasta el último trimestre del año.

Así se advirtió en el Senado y hoy se retoman dichos argumentos por el exministro Cossío Díaz quien reconoce que habría sido más útil otorgar beneficios preliberatorios ya previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal y a los que, por cierto, autoridades de las entidades federativas ya han echado mano para liberar a personas de manera inmediata ante la contingencia sin necesidad de emitir una Ley de Amnistía local.

En segundo lugar, debemos advertir que el Congreso de la Unión emitió una ley sin beneficiarias directas a las cuales perdonar, pues conforme a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que fueron retomados en la discusión del Senado, hoy no existe ninguna mujer en penales federales privada de su libertad por haber realizado un aborto, pero sí 12 hombres de los que no se sabe si participaron en abortos voluntarios o forzosos.

Sobre el tema también destaca la postura del Senador Mancera quien identificó fallas relevantes en la redacción de la ley, pues en el caso de amnistía por homicidio en razón de parentesco (infanticidio), hace referencia a los supuestos de la comisión del delito de aborto, por lo que existe una duplicidad que complica su aplicación e interpretación por los órganos encargados de otorgar o no amnistía.

En tercer lugar, debe considerarse que la ley solo beneficia a personas sentenciadas por tribunales federales y no a quienes fueron juzgados por tribunales de los estados, no obstante, debemos estar atentos a las facultades otorgadas a la Secretaría de Gobernación que ahora puede promover ante los gobiernos y las legislaturas de las entidades federativas la expedición de leyes de amnistía similares.

Dichas facultades de promoción deben valorarse dentro del marco del federalismo y la soberanía de los Estados, pues en estricto sentido el Congreso solo está facultado para expedir leyes en materia de amnistía por delitos juzgados por tribunales federales, no para otorgar facultades de promoción a una Secretaría del Gobierno Federal.

Hoy las entidades federativas enfrentan una nueva disyuntiva, seguir el mismo proceso de la federación para emitir una ley de amnistía que tardó 8 meses en aprobarse por las cámaras y tardará otro tanto en crear comisiones y emitir resoluciones o hacer uso, en su caso, de las medidas establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal o de los indultos.

A largo plazo, cabe preguntarnos, hasta qué punto otorgar amnistía a grupos vulnerables a quienes no se les ha respetado sus derechos humanos es un mecanismo que fortalezca la impartición de justicia y constituye una política pública que permita a los operadores no repetir las mismas violaciones, o si simplemente, como Sísifo, hemos arrastrado la piedra para volverla a empujar.

A más de un mes de la Jornada Nacional de Sana Distancia hemos aprendido a tener nuevos esquemas e interacciones familiares, académicas y laborales que nos han obligado a trasladar todas aquellas actividades que antes realizábamos en la escuela, la oficina, en la empresa, en los restaurantes, parques y lugares públicos de nuestro país a nuestra sala, recamara, estudio o comedor.

Mientras nos acostumbramos a esta dinámica y nos preparamos para la “nueva normalidad”, así como a la incertidumbre sanitaria y económica, se muestra ante nosotros un tema que siempre ha estado presente pero que revela una cara poco explorada: la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que ya no sólo se comete en el transporte público o en la escuela, sino en aquél lugar en el que, se supone, deberían estar más seguros, nuestras casas.

La emergencia sanitaria tristemente nos ha mostrado que la niñez mexicana vive una violencia permanente y sistematizada: a inicios de la contingencia en Chihuahua, una niña de 6 años fue violada y asesinada por quien tenía un deber de cuidado con ella, su abuelo; hoy no sabemos quién es “el niño del suéter rojo del Rayo McQueen”, que tiene entre 8 y 10 años de edad y cuyo cuerpo fue encontrado el 3 de mayo en el municipio de Calimaya, Estado de México; también en ese estado, pero en Atizapán, una niña de 4 años fue asesinada a palazos el 4 de mayo por el novio de su mamá; y en Ecatepec, Nico, un niño de 13 años que vendía globos fue asesinado para robarle unos tenis mientras iba de su casa a la de su abuela a solo dos cuadras de distancia.

El panorama resulta desolador y lo será mucho más si como sociedad no hacemos aquello que Stéphane Hessel nos exigió desde hace años: indignarnos, actuar y exigir en consecuencia. Desde hace ya 5 años contamos con autoridades especializadas en la protección de niñas, niños y adolescentes que hoy tienen un papel protagónico durante la contingencia, por un lado, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o mejor conocido como SIPINNA, que tiene por función coordinar las actividades de autoridades de seguridad, salud y educativas, entre otras, para generar estrategias que disminuyan las violaciones a los derechos de la niñez mexicana.

De igual forma cobran relevancia y debe ser visibilizada la labor de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, pues si el día de hoy, usted lector, tuviera noticias de que la niña, niño o adolescente que comúnmente lo saluda al salir a su puerta de su casa, está siendo golpeado o abusado sexualmente por quien tiene el deber de cuidarlo, tiene usted la responsabilidad colectiva de dar aviso inmediato a estas Procuradurías para que intervengan y salven a esa niña o niño antes de que sea una nota más en este periódico.

Como una labor proactiva, desde Early Institute, hemos impulsado el proyecto Alumbra, una comunidad de conocimiento e información en la que organizaciones de la sociedad civil, autoridades y público en general convergen para prevenir y atender la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes y que ya cuenta con un directorio de las principales autoridades a las cuales puede solicitar ayuda; además, como una medida de apoyo, prevención y contención de la violencia familiar, muy pronto se pondrá en marcha una línea de apoyo psicológica para ayudarnos desarrollar nuestra resiliencia frente a nuestra nueva normalidad.

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Miremos por unos segundos hacia atrás y pensemos en cómo era nuestra convivencia a inicios de marzo: despertar, levantarnos, acudir a la escuela, al trabajo, a los gimnasios, saludar amigos, compañeros, conocidos, abrazar a aquellas personas importantes en nuestras vidas, utilizar el transporte público o el auto y pasar horas en el tráfico al trasladarnos para regresar a casa con nuestras familias.

Ahora sabemos que esos días ya no serán iguales, pues hoy el Covid-19 está cada vez más cerca de nuestro entorno y ya no solo en las noticias, de alguna u otra manera sabemos que un conocido, familiar o amigo ha padecido esta nueva enfermedad; en el mejor de los casos se ha recuperado y, en un escenario adverso, no hemos tenido la posibilidad de despedirnos ni de acompañar en su dolor a aquellas personas que queremos. Si a ello le agregamos que ahora un dolor de cabeza es motivo de preocupación; las noches de insomnio; que la actividad económica ha disminuido en perjuicio de nuestro bolsillo; y que no sabemos en qué momento el semáforo pasará de rojo a verde, se genera un caldo de cultivo perfecto para las preocupaciones que derivan en problemas de ansiedad, estrés, adicciones, violencia familiar y depresión.

Para nuestras niñas, niños y adolescentes el esquema no es tan diferente, pues su rutina diaria también ha cambiado y sufren los efectos de la pandemia. Tristemente la semana pasada en Río Bravo, Tamaulipas, un alumno de 13 años de la secundaria “Moisés Sáenz Garza” considerado por sus maestros como un joven ejemplar por su aprovechamiento y participación, se quitó la vida poco después de concluir sus clases en línea.

Para tratar de mitigar estos riesgos el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), publicó el pasado martes 26 de mayo una serie de acciones indispensables para procurar la atención y protección de este sector poblacional.

Entre los mecanismos destaca la difusión de la crianza positiva proporcionando información precisa, amigable y accesible sobre el Covid-19 para prevenir accidentes y enfermedades; el optimizar el funcionamiento de líneas de emergencia y ayuda para atender la violencia familiar coordinadas con el 911, sin desestimar las llamadas que puedan hacer niñas, niños y adolescentes; apoyar la operación de refugios para víctimas de violencia; así como identificar y atender casos de violencia o abuso sexual.

Hoy nos damos cuenta de que todos, sin importar nuestra edad, sexo, religión, nacionalidad, ideología o estatus social tenemos nuevas dinámicas de vida y convivencia y que hoy más que nunca, nuestra salud mental juega un papel fundamental.

Por ello, como parte de este proceso de resiliencia desde Early Institute, hemos decidido poner en marcha la línea de atención psicológica 55-88-54-66-53 a la que la población en general, así como niñas, niños y adolescentes, pueden acercarse para recibir orientación, canalización y seguimiento personalizado por ansiedad, estrés, depresión o incluso en los casos de violencia familiar, pues estamos aprendiendo que juntos podemos superar esto.

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Al final de este ciclo escolar hay preguntas que todos los que participamos en los procesos académicos, desde preescolar hasta universidad nos hacemos: ¿Qué tanto hemos aprendido como estudiantes? ¿Qué tanto hemos sido capaces de transmitir como profesores? ¿Qué tanto pudo integrarme con mi hija o hijo para apoyarlos con sus tareas? ¿Lo hicimos bien?

Los esfuerzos han sido variados: nos adaptamos para aprender en casa con los programas de televisión; hicimos el esfuerzo para conseguir una computadora, tablet o celular; contratamos internet, mejoramos nuestro plan, usamos la conexión del vecino o nos trasladamos a lugares con datos abierto; adaptamos un espacio en casa como escuela y oficina; usamos mil y un plataformas, redes sociales, videollamadas, correos, tareas y trabajos interminables, que en educación básica, muchos padres terminamos realizando; si a ello le sumamos las actividades propias del trabajo, el hogar, la convivencia familiar y el Covid, el reto resultó verdaderamente titánico. Estos son algunos de los lugares comunes que hemos vivido en los últimos meses tanto profesores, estudiantes, padres y madres de familia y autoridades educativas como la Secretaría de Educación Pública y las secretarías de educación estatales.

El uso de las tecnologías de la información ha sido emergente y nos muestran que tenemos un largo camino que recorrer para la transformación digital de la educación y la interactividad virtual, así como la generación de técnicas de aprendizaje, programas y contenidos que respondan a las necesidades de generaciones nacidas en una cultura 100 por ciento digital y que, a pesar de ello, sufren desigualdades muy marcadas.

Según datos de Encuetas Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2019) del Inegi y el informe Adopción de las TIC y Uso de Internet en México del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en México hay 80.6 millones de usuarios de internet, lo que se traduce en que casi el 30 por ciento de los mexicanos no goza de conexión y sólo 44.3 por ciento de los hogares disponen de una computadora lo que muestra la desigualdad existente.

Estos datos adquieren rostro y apellido cuando recordamos a Iker Rodríguez Landín, un niño de 9 años que en Ciudad Victoria se puso a hacer mandados en su colonia por cinco pesos con la finalidad de ahorrar para comprarse una tablet y poder hacer las tareas de la escuela, lo que nos lleva a hacernos otras preguntas: ¿cuántos niños hay en México como Iker? ¿Cuántas niñas y niños no tuvieron la oportunidad de continuar con su educación en este ciclo escolar por carecer de las herramientas necesarias?

Hoy, derivado de la reforma constitucional en materia educativa de 15 de mayo de 2019 así como de la Ley General de Educación de septiembre de 2019, los gobiernos estatales han iniciado los procesos de discusión y análisis de sus nuevas leyes educativas que deberán garantizar el acceso a educación de calidad.

Hoy ponemos énfasis en los procesos de corresponsabilidad de estudiantes, profesores, padres y madres de familia y escuelas que tienen voz y voto dentro del Sistema Educativo Nacional así como en la relevancia del derecho a la educación y el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación; pero en los procesos de reformas locales no puede obviarse la integración de actores relevantes para las políticas públicas educativas como lo son los SIPINNA locales o las Procuradurías de Protección de NNA; no podemos dejar de lado la Estrategia Nacional de Primera Infancia; ni la correspondiente armonización con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De otra manera, los Congresos que legislen sin la participación social de los actores involucrados y sin considerar la transversalidad del fenómeno educativo, por muy buenas que sean sus intenciones o los contenidos de sus leyes, perderán legitimidad por no responder de manera corresponsable a los nuevos retos que nos plantea la educación.

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Imagine usted, lector que vive en Coahuila, que en este momento se entera y le consta que la niña que va a la escuela con sus hijos es víctima de abuso sexual infantil y de violación impropia, además de la inmediata indignación que ello le genera siente la obligación moral de denunciar tales hechos, pero si por cualquier circunstancia no lo hace, usted también estará cometiendo un delito denominado omisión de denuncia. Cambiemos de estado, si estas mismas conductas suceden en Veracruz, se estará cometiendo el delito de abuso sexual infantil y de pederastia, pero si usted no acude al Ministerio Público, no tendrá responsabilidad alguna.

Ojalá que esa niña no esté en Nayarit y sea considerada como “púber”; sí lector, leyó bien, el Código Penal de Nayarit utiliza el concepto de “púber” para referirse a las niñas y niños que llegan a la pubertad, destacando que hay niñas que llegan a esa etapa a los 8 años, pues los actos sexuales que se cometan en su contra, serán sancionados con seis meses a dos años de prisión y una multa irrisoria de $260 a $868 pesos por el delito de atentados al pudor, en vez de abuso sexual infantil.

Esta libertad configurativa de delitos, no debería ser un problema, pues dentro de nuestro sistema federal cada estado es libre y soberano para señalar qué conductas son sancionadas por las leyes penales y cuales no, sin embargo, es evidente la falta de eficacia de las leyes, de la impartición de justicia y de la protección a niñas, niños y adolescentes, cuando recordamos casos tan emblemáticos como el de Los Porkys en Veracruz, que generaron criterios con amplitud interpretativa y fomentaron la impunidad.

Esto sucede todos los días en nuestro México y es consecuencia de una legislación penal con fallas estructurales que limitan la impartición de justicia a las víctimas de delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, pues:

1. son emitidos sin una perspectiva de niñez que además de minimizar la gravedad de los delitos, invisibiliza y vulnera a este sector de la población;

2. existen más de 40 delitos sexuales establecidos en los códigos penales locales aplicables para sancionar a los agresores de niñas, niños y adolescentes;

3. hay criterios divergentes en edades de las víctimas que van desde los 12 a los 17 años con agravantes diversas para el delincuente;

4. hay estados con una excesiva o limitada regulación como en Tabasco con 9 delitos y Sonora con 16;

5. la omisión de denuncia sólo es considerada como delito en Coahuila y Puebla;

6. el ciberacoso en contra de niñas, niños y adolescentes tiene criterios específicos sólo en Baja California Sur, Chiapas, Nuevo León, Puebla y Quintana Roo;

7. lo que en un estado es violencia familiar en otro puede no serlo;

8. no hay una visibilización ni fortalecimiento del sistema de justicia penal de la mano de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de los sistemas DIF.

Ante este panorama en el Congreso de la Unión se ha manifestado durante ya varios meses, la intención de realizar una reforma constitucional que permita crear un Código Penal Único para homologar los delitos en todo el país, si a ello sumamos las declaraciones del Senador Ricardo Monreal quien ha enfatizado en la necesidad de pasar de un sistema de justicia “opaco, anacrónico, poco efectivo” a uno “dinámico, accesible y transparente” es que existe una ventana de oportunidad para llamar a legislar con enfoque de niñez.

Con independencia de que ello ocurra, tanto en el Congreso de la Unión como en los estados, deben revisarse los Códigos Penales para advertir estas deficiencias y contrarrestarlas. Por ello, en Early Institute a través de la página alumbramx.org y los informes ahí consultables, nos hemos dado a la tarea de visibilizar las estadísticas y delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, pues sólo durante 2019 se dieron 23,191 casos de abuso sexual; cada día 7 niñas y niños son víctimas de homicidio; 73% de las víctimas de trata de menores son niñas; 1 de cada 10 mujeres, según la ENDIREH, reportó haber sufrido alguna forma de violencia sexual antes de los 15 años y hoy, se genera confusión y se fomenta la impunidad, ya que hay más de 40 delitos sexuales que no cuentan con un enfoque de niñez.

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Durante los últimos años ha surgido un debate amplio sobre los derechos y obligaciones de los padres y las obligaciones del Estado frente a niñas, niños y adolescentes; hoy tenemos posturas encontradas que se resumen en frases como: “Con mis hijos no te metas”, o declaraciones como las de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ha manifestado defender “hasta mi tumba el derecho a los niños y adolescentes a ser educados, y a que la educación sea laica”, lo que lleva el discurso a extremos que se descalifican entre sí y en medio quedan los derechos de niñas, niños y adolescentes, como si se tratase de un divorcio en el que cada parte quiere llevarse todo.

Más allá de los discursos existentes es necesario considerar que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, pero no son personas adultas, por lo que la atención y las políticas públicas de la administración en turno dirigidas a este sector de la población deben ser diferenciadas.

De conformidad con la Convención de los Derechos del Niño, la orientación y dirección de los padres permite que el niño ejerza su derecho a vivir en familia y su desarrollo; por su parte, el Estado, tiene la obligación de respetar esos derechos, así como tomar las medidas legislativas y administrativas adecuadas que fomenten la coordinación necesaria entre familia, sociedad y autoridades.

Así lo ha dicho la Corte, en el amparo en revisión 203/2016 reconoció que el Estado debe prestar asesoría, orientación y acceso a servicios de salud, educación, justicia, pero no puede desplazar la función protectora y orientadora de la familia, además, en el amparo directo en revisión 2994/2015 reconoció que la patria potestad se encuentra estrechamente vinculada con la protección a la familia y entre sus finalidades se encuentra la protección integral del niño.

A pesar de que estos parámetros son claros, hoy en el Congreso se discuten iniciativas como la de las senadoras Martha Lucía Micher, Citlalli Hernández y Jesusa Rodríguez, que buscan establecer que una niña víctima de violación pueda solicitar sola la Interrupción Voluntaria del Embarazo sin el acompañamiento de su madre, padre o tutor y sin un plan de restitución elaborado por las Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes; o la del senador Ricardo Monreal que con el objetivo de “simplificar” los trámites administrativos de reasignación sexo genérica en el Código Civil Federal, omite considerar la participación oficiosa y acompañamiento de las citadas Procuradurías cuando quien solicita el cambio de género es una niña, niño o adolescente.

En conclusión, tanto padres como autoridades, tenemos funciones distintas, pero complementarias, en las que se requiere una actuación coordinada, pues sólo así podremos diseñar políticas públicas con un verdadero enfoque de niñez.

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Hay una historia que sacudió a Ecuador desde el año 2002 y que culminó con una sentencia condenatoria 18 años después.

Paola del Rosario Guzmán Albarracín nació el 10 de diciembre de 1986 en Guayaquil, Ecuador, a sus 14 años estudiaba el segundo año de secundaria y comenzó a tener problemas con ciertas materias, el Vicerrector de la escuela, haciendo uso de su relación de poder, acosó a Paola ofreciéndole aprobar sus materias con la condición de mantener relaciones sexuales; a partir de ese momento, fue sometida a situaciones de acoso sexual y violación que produjeron un embarazo.

El Vicerrector exigió a Paola que abortara y la llevó con el médico del servicio escolar, quien accedió a solapar los abusos y realizar el aborto, siempre y cuando Paola tuviera relaciones con él. Derivado de este tortuoso camino y con graves afectaciones psicológicas, Paola se suicidó a los 16 años.

El 24 de junio de 2020, después de 18 años de limitantes en el acceso a la justicia, la madre de Paola, Pepita Albarracín, obtuvo una sentencia de la Corte Interamericana en la que se consideró como responsable: no al violador, sino al propio Estado de Ecuador.

La Corte concluyó que el Estado no hizo aquello que le correspondía, como es: prevenir e identificar los casos de violencia sexual; establecer medidas especiales de protección para Paola en su calidad de niña y perseguir y castigar a un violador que quedó impune. Además, nos recordó que la violencia contra niñas y niños tiene consecuencias psicológicas y emocionales, trastornos afectivos, traumas, temores, ansiedad, inseguridad y destrucción de la autoestima que afectan la toma de decisiones y puede llevar a pensamientos suicidas.

La historia de Paola no nos es ajena y nos hace preguntarnos: ¿Cuántos casos como este se presentan en nuestro país todos los días? ¿Qué medidas toman las autoridades de educación y salud cuando tienen conocimiento de que una niña o adolescente fue violada? ¿Cuántos violadores viven en la impunidad?

Con datos de alumbramx.org, podemos señalar que sólo en 2019 se presentaron 23,191 casos de abuso sexual infantil y que cada día 7 niñas y niños son víctimas de homicidio; de conformidad con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de 2020 se han presentado más de 199 mil llamadas de emergencia de violencia contra la mujer de las cuales 3,910 corresponden a abuso sexual, 6,311 corresponden a acoso y 2,785 a violación.

Ante un panorama nada alentador, el 19 de noviembre nuestro país conmemoró el “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil” para hacernos reflexionar sobre las medidas que toman nuestros legisladores, jueces, fiscalías y autoridades administrativas para atender casos como el de Paola, esperando que las medidas de protección, acceso a la justicia y reparación no lleguen años después de que nuestras niñas y adolescentes estén muertas.

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El 10 de diciembre se publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 que representa el mapa de ruta que la Secretaría de Gobernación se ha planteado para los próximos 4 años.

El documento nos advierte sobre las deficiencias que de alguna u otra manera ya conocemos: tenemos un campo infinito de normas, instituciones y programas tan poco articulados que ni Kafka en sus mejores momentos habría imaginado; el presupuesto es poco y las necesidades muchas; los servidores públicos tienen escasa capacitación en derechos humanos; y existe una limitada capacidad institucional.

Más allá de las justificaciones expresadas de cómo llegamos a este punto, el documento establece un plan de acción de aquello que sí se puede hacer y que podría resultar eficaz si se pasa del papel a la acción brindando soluciones desde la raíz. Como punto de partida se busca crear un Sistema de Derechos Humanos que, de hacerse realidad, unificará las actividades que están dispersas entre varias autoridades y dependencias.

Aunque parezca algo hetereo y lejano, es relevante y necesario. Hoy una niña víctima de violencia sexual puede ser atendida de manera poco coordinada al menos por 5 autoridades: un hospital público, las procuradurías de protección, la comisión ejecutiva de atención a víctimas, el ministerio público y un juez, que en su afán de hacer lo que les toca, pueden revictimizar en vez de ayudar.

Si este nuevo sistema funciona, estaremos dando los pasos necesarios para dejar atrás la atención burocrática con múltiples ventanillas que aplican su normatividad como si fuera una cadena de producción, pero que no resuelve el problema al no generar una atención colaborativa, “transversal” e “interseccional” con otros “departamentos” que garanticen la atención que merecemos.

De igual forma, el Programa reconoce deudas históricas con los grupos en situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, la comunidad LGBTTTIQ, pueblos y comunidades indígenas y personas afromexicanas.

Entre las acciones puntuales que merecen mención aparte encontramos el impulso de reformas laborales para aumentar los días de las licencias de maternidad o paternidad en caso de nacimiento o adopción de una hija o hijo, además, busca implementar medidas de asistencia, atención y apoyo especializado para niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia, garantizando así un enfoque de niñez.

Cabe señalar que desde hace más de 15 años en Early Institute impulsamos y reconocemos las políticas públicas que favorecen las licencias de paternidad, pues fomentan el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes, así como la protección integral y coordinada de niñas y niños en casos de violencia sexual.

Finalmente, el programa propone temas que conllevan polarización y, como en otras ocasiones, llevarán el discurso a debates públicos de blancos y negros y en los que, atendiendo a la máxima aristótelica, los extremos nunca serán la respuesta correcta.

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El próximo 6 de junio tendremos “Las elecciones más complejas y grandes de la Historia”. El presidente ya dijo en las mañaneras que enviará cartas a los gobernadores para que no intervengan en las elecciones. Los partidos han hecho alianzas que hace algunos años nos parecerían imposibles y poco a poco los contendientes empiezan a enfrascarse en las descalificaciones propias de un año electoral.

Más allá de debate y las anécdotas propias del proceso, vale la pena enfatizar que nos jugamos mucho en el tablero político: 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 30 entidades federativas con elecciones municipales, con lo que se eligirán servidores públicos de casi 2,000 municipios, las 16 alcaldías de la CDMX y 500 diputaciones federales.

La cereza en el pastel será la primera Consulta Popular que formalmente realizaremos bajo la temática de “juzgar a los ex presidentes” y una pregunta que quedará para la posteridad: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Si ello no fuera suficiente para poner atención al proceso electoral, debemos recordar que desde febrero del 2014 nuestra constitución permite la “elección por periodos consecutivos”, es decir, ahora nuestros diputados federales y locales, un presidente municipal o alcalde podrían aplicar la nueva máxima constitucional: “SUFRAGIO EFECTIVO, SÍ REELECCIÓN.”

En otras palabras, el presidente o la presidenta municipal, el diputado o la diputada que sí trabajó o que no lo hizo, que sólo votó “en bloque”, que tuvo más ausencias que iniciativas, que hizo algo o nada por su municipio o alcaldía, podría no dejar su encargo este año, sino hasta 2024, si es que decide participar y obtiene los votos necesarios para ganar la contienda.

Bajo estos parámetros, 448 de los 500 diputados federales han manifestado su interés en participar en el proceso de “elección consecutiva”, por lo que tendremos que estar atentos en cada entidad federativa para advertir que diputados, alcaldes y presidentes municipales se suman a esta dinámica.