Hace unos días la organización México Evalúa presentó su estudio anual del sistema de justicia penal.

Antes de entrar a comentar algunos datos, en la evaluación se afirma que, desgraciadamente, la cifra negra o el porcentaje de no denuncia no se ha reducido en la última década. Esto indica la baja confianza ciudadana en las instituciones de justicia.

Según el estudio Nuevo León, Yucatán y Zacatecas son las entidades con mayores mejoras en la confianza ciudadana, mientras que en Ciudad de México, el Estado de México y Chihuahua se registran los mayores deterioros.

Por otro lado, en la evaluación también se analiza la impunidad. Que determina la capacidad del sistema para dar una respuesta efectiva a los casos que conoce. La impunidad a nivel nacional fue del 96.3% en 2022. Por ejemplo en en el delito de violencia familiar la impunidad fue del 98.6%, en de desaparición fue del 96.5%, y en abuso sexual del 96.1%.

Es mucha la información que se puede desprender de esta evaluación pero aquí quisiera determe. Dentro de las deficiencias mencionadas en el estudio se concluye que son pocas las entidades que diferencian los delitos que generan mayor daño al bienestar social de aquéllos que en realidad tienen un bajo impacto, aunque sean los que más suceden.

Esta deficiencia en la atención de los delitos provoca saturación en el sistema penal, un porcentaje considerable de investigaciones realizadas en 2021 corresponden, por ejemplo, al robo en sus diversas modalidades. Mientras que, los casos de feminicidios quedan impunes en casi un 89% de las veces.

Como se afirma en este valioso estudio, sin lugar a dudas son necesarias estrategias de priorización y canalización de recursos, para que en las conductas delictivas que más lastiman a la sociedad se concentre una parte importante de los esfuerzos institucionales.

Seguimos teniendo el reto de lograr que los delitos se denuncien pero nuevamente se reitera que eso no lo podremos mejorar si no existe una mayor confianza de la ciudadania con las autoridades judiciales.

A propósito del huracán Otis, en cifras preliminares, se ha hablado de cuatro niños fallecidos. Dato que seguramente se actualizará en los siguientes días. 

Si bien la pérdida de estas vidas es de por si una tragedia, como en otros desastres o crisis, sabemos que existen otras tragedias hacia las niñas y niños. Por ejemplo, todos aquellos que han perdido a su madre, padre o a su principal cuidador. Esta es una cifra que comúnmente se pasa por alto pero que en cada uno de esos niños y niñas marca un antes y un después en sus vidas. 

Esta situación no es menor, recordemos que en otras crisis como la vivida por el COVID 19, hubieron más de 244 mil niñas y niños que perdieron a sus cuidadores primarios o secundarios. 

Tendríamos que preguntarnos ¿qué ha sido de esos niños?, ¿quién ve por ellos? 

Como bien sabemos, ante este tipo de crisis son las propias familias las que buscan la forma de proteger a la infancia. 

Y es que, si bien tenemos una amplia normativa internacional y nacional que habla de la protección integral y del bienestar superior de la niñez reconocido por el Estado, este tipo de situaciones deja ver que muchas de esas leyes se vuelven endebles ante crisis y sus consecuencias en el futuro de niñas y niños. 

La protección de la infancia debe reflejarse en mecanismos de política pública que respondan a necesidades ante desastres, mecanismos ausentes en nuestro país.  

En los días siguientes al huracán, hemos visto a dependencias públicas organizar centros de acopio y colectas que sin duda son importantes, pero insuficientes para el bienestar de los más vulnerables. No hay mecanismos de protección para atender el incremento de riesgos a la salud física y emocional de la infancia que ha sido perjudicada.  

En los municipios más afectados viven alrededor de 300 mil niñas y niños, y Guerrero es, de por sí, uno de los Estados con peores índices en el bienestar de esta población.  

 Desde Early Institute hacemos un urgente llamado al gobierno federal y estatal para dar conocer la situación en la que se encuentran estos niños y cuáles serán las respuestas para atender, de manera prioritaria, sus necesidades. 

Hace unas semanas, fiscales de 41 Estados y el Distrito de Columbia en Estados Unidos presentaron una demanda colectiva contra la empresa Meta, propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram. La demanda alega que estas plataformas digitales representan peligros sustanciales y tienen el potencial de generar adicción, especialmente en niñas, niños y adolescentes.

Este problema no es nuevo; durante varios años, autoridades estatales en Estados Unidos han expresado preocupación de que Meta no protege adecuadamente a esta población, sino que, por el contrario, ha ampliado esfuerzos para manipularlos y fomentar una adicción que incrementa su tiempo frente a las pantallas. Se argumenta que la limitación de edad para evitar que menores de 13 años utilicen estas plataformas no es suficiente.

Los demandantes sostienen que la empresa recopila datos e información de menores de 13 años sin el permiso de sus padres y tutores, y señalan prácticas similares en otras plataformas.

Algunas autoridades estadounidenses concluyen que niñas, niños y adolescentes están experimentando niveles récord de problemas de salud mental, y culpan a las compañías de redes sociales por este aumento. Argumentan que no existe una supervisión seria y que los menores pueden evadir fácilmente las restricciones de edad.

Varios expertos advierten que el daño de las redes sociales está relacionado con el tiempo de exposición y que el uso prolongado de estas plataformas puede contribuir a problemas de salud mental. Se afirma que más de tres horas diarias duplican el riesgo de ansiedad o depresión, por ejemplo.

En México, el 75% de las niñas y niños de 6 a 11 años, así como el 90% de los adolescentes de 12 a 17, son usuarios de internet. Según el INEGI, pasan más de 3 horas en internet diariamente, mientras que los adolescentes promedian más de 5 horas.

El tema es de suma importancia, y como respuesta, recientemente se firmó en el Senado de la República un Pacto Nacional de Ciberseguridad de Niñas, Niños y Adolescentes, donde actores públicos y privados se comprometen a esforzarse más por brindar espacios seguros en el mundo digital. Sin embargo, la velocidad de avance en el mundo digital difiere considerablemente de nuestras acciones. Se espera que este pacto no sea simplemente un documento de buenas intenciones y que realmente responda a la necesidad apremiante de proteger la salud mental de quienes son, hoy en día, los más vulnerables.

El pasado 2 de noviembre se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela. En esta jornada, se reconoce que la violencia escolar en todas sus formas constituye una violación de los derechos a la educación, salud y bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

A pesar de la expectativa de que las escuelas brinden un entorno seguro y propicio para el desarrollo, la realidad demuestra que esto no siempre se cumple. Para muchos, la escuela se convierte en un lugar donde experimentan continuamente violencia y acoso.

Según la UNESCO, a nivel mundial, casi uno de cada tres estudiantes es víctima de acoso por parte de sus compañeros. Experiencias como la violencia, el acoso y la discriminación en el entorno escolar pueden ocasionar trastornos mentales y afectar al aprendizaje. En contraste, sentirse seguro en la escuela está estrechamente relacionado con una mayor salud mental y un mejor rendimiento educativo.

Los niños, niñas y adolescentes considerados de alguna manera “diferentes” enfrentan un mayor riesgo de ser víctimas de violencia y acoso. Encuestas internacionales indican que el aspecto físico es la razón más común para ser víctima, seguido por la raza o el color de piel. Además, aquellos que pertenecen a familias con menos recursos y los niños y niñas migrantes tienen una mayor probabilidad de sufrir violencia.

Es relevante destacar que, aunque a nivel internacional el acoso ha disminuido en muchos países, el ciberacoso es un problema en aumento, afectando a uno de cada diez niños, niñas y adolescentes, según la UNESCO. El incremento en el uso de dispositivos y la conexión a internet ha provocado un aumento en el acoso a través de redes sociales, videojuegos y diversas plataformas virtuales.

Ante esta problemática, organismos internacionales recomiendan implementar políticas de prevención y respuesta rápida, formar y apoyar al profesorado, facilitar información y apoyo para que los niños puedan expresarse libremente, y poner especial énfasis en aquellos que pueden ser más vulnerables debido a su raza, género o condición económica.

El sobrepeso infantil, y su variante más severa, la obesidad, constituyen un problema grave de salud pública tanto a nivel mundial como en América Latina. Lamentablemente, según el último informe de UNICEF sobre el tema, la situación no ha mostrado mejoras; por el contrario, el sobrepeso y la obesidad continúan afectando a un número creciente de niños, niñas y adolescentes.

El sobrepeso y la obesidad están estrechamente vinculados a problemas de salud y condiciones mentales durante la infancia, y se asocian también con enfermedades crónicas a lo largo de la vida, incluyendo enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.

El informe destaca que los principales determinantes de esta problemática son el consumo de comida rápida, alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, así como la alta exposición a la publicidad de estos productos en medios de comunicación y redes sociales. También se señalan el sedentarismo, el tiempo excesivo frente a las pantallas y la falta de espacios adecuados para la práctica de actividad física como factores contribuyentes.

A nivel internacional, algunos países han implementado políticas públicas como el etiquetado frontal en productos, impuestos a las bebidas azucaradas y regulaciones sobre la publicidad. No obstante, se requieren mayores esfuerzos para fomentar hábitos saludables entre niños y adolescentes, incentivando no solo la reducción de consumos perjudiciales, sino también la incorporación cotidiana de alimentos saludables.

En el caso específico de México, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública revelan que más del 60% de la población de 5 a 19 años supera el límite recomendado de consumo de azúcares, ejemplificando la magnitud del problema en esta población.

Sin lugar a dudas, abordar este desafío requiere, como primer paso, reconocer la gravedad del problema de salud que enfrentamos. Este problema no solo persiste, sino que se agrava, y los costos asociados a la falta de prevención del sobrepeso y la obesidad infantil son significativos, proyectándose a afectar aún más la salud en la vida adulta de estos niños y niñas.

Hace poco se celebró el Foro Vacunación para la Niñez, un espacio de diálogo que reunió a actores clave como el sector público de salud, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. El evento, convocado por el Pacto por la Primera Infancia junto con diversas entidades, abogó por la vacunación oportuna de las niñas y niños en primera infancia. Durante el foro, se presentó el estudio “Diagnóstico de la vacunación infantil en México, 2010-2022”, que busca evaluar el impacto de la pandemia del COVID-19 en la política de inmunización dirigida a la primera infancia.

El estudio revela un deterioro significativo del programa de vacunación en México en las últimas dos décadas, a pesar de que el país solía ser un referente global en este ámbito. En 2019, México figuró entre los 10 países con mayor número de niños sin inmunizar contra enfermedades como difteria, tétanos, tosferina y sarampión. El diagnóstico actual no proporciona certeza sobre la cobertura efectiva del esquema completo de vacunación, ni sobre la cantidad precisa de niños vacunados o no, y no distingue entre vacunas administradas en el momento adecuado y las aplicadas de manera extemporánea. Se destaca que la cobertura de vacunación ya estaba en declive antes de la pandemia del COVID-19, y esta última exacerbó aún más los efectos adversos en este ámbito crucial de la salud pública.

Finalmente, se retoman cuatro de las recomendaciones expresadas en el Diagnóstico: 

1. Diseñar e implementar un plan extraordinario para atender a los miles de niñas y niños que no han sido vacunados o con esquemas incompletos.  
2. Asegurar los recursos presupuestales para incrementar la capacidad del Programa de Vacunación Universal  
3. Mejorar la coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Salud  
4. Y, por último, ampliar la promoción de los beneficios de las vacunas, a fin de incrementar la demanda e incentivar la corresponsabilidad principalmente entre padres y madres. 

Estas recomendaciones son un punto de partida que tendrían que ser atendidas por la administración federal, a la sociedad civil le corresponde continuar vigilando el cumplimiento o incumplimiento de estas líneas de acción.   

El día de hoy, conmemoramos los 77 años de la creación de UNICEF, un organismo nacido de la urgencia de socorrer a niñas y niños afectados por la Segunda Guerra Mundial. Lo que inició como un fondo de emergencia se transformó con el tiempo en un organismo internacional proactivo en la defensa de los derechos infantiles, abordando problemáticas como la violencia, el hambre y la falta de educación a nivel global.

A pesar de los logros notables, UNICEF reconoce que persisten desafíos, especialmente en países como México, donde juega un papel crucial. Aunque el país ha avanzado en áreas como la desnutrición y la educación, más de la mitad de la población infantil enfrenta la pobreza. La falta de priorización en la agenda de niñez durante los últimos sexenios ha dejado en evidencia la escasa implementación de políticas públicas y la necesidad de una perspectiva más centrada en la infancia en los planes gubernamentales.

En este contexto, UNICEF, con sus valiosas alianzas y esfuerzos, se convierte en un actor fundamental, recordándonos que construir sociedades equitativas comienza desde los primeros años de vida. Es un llamado a la acción, destacando que postergar la atención a la niñez es un lujo que no podemos permitirnos.

Durante este año, he destacado la importancia de impulsar políticas y leyes que fomenten la participación activa de los padres en la crianza de sus hijos, abordando en particular el tema del permiso de paternidad. Según la Ley Federal del Trabajo, este permiso permite a los padres trabajadores disfrutar de 5 días laborales para el cuidado de un recién nacido o adoptado, extendiéndose a los empleados del IMSS y del Estado.

A pesar de percepciones públicas que minimizan su impacto, estudios en países con experiencia demuestran que estas políticas generan un cambio cultural significativo en los roles parentales y promueven la participación activa de los padres. La reciente aprobación en la Cámara de Diputados para ampliar el permiso de paternidad de 5 a 20 días laborables es un paso positivo. Sin embargo, aunque se han presentado múltiples iniciativas en años anteriores, ninguna ha producido cambios. Desde Early Institute, esperamos que esta vez se aborde con la debida importancia, ya que el involucramiento paterno beneficia a todos, especialmente a las niñas y niños.

De acuerdo con la última medición del INEGI en 2022, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años estaban involucrados en trabajo infantil. De este grupo, más de 2 millones participaban en actividades económicas no permitidas, ya sea por no cumplir con la edad mínima para trabajar o por realizar ocupaciones peligrosas.

Aunque en las últimas décadas ha habido una disminución del trabajo infantil a nivel internacional y nacional, preocupa que en años recientes los números se hayan mantenido estables e incluso hayan experimentado aumentos.

La pandemia del COVID-19 afectó el trabajo infantil, exacerbando problemas como el aumento de la pobreza, especialmente la extrema, y la deserción escolar, situaciones estrechamente vinculadas con el trabajo infantil.

Según los últimos datos, las tasas de trabajo infantil más altas se registraron en Guerrero, donde 1 de cada cuatro niñas, niños y adolescentes realiza trabajo infantil, seguido por Chiapas, Nayarit, Oaxaca y Michoacán. En contraste, los estados con tasas más bajas fueron Ciudad de México, Coahuila, Baja California, Quintana Roo y Querétaro.

A pesar de los objetivos internacionales de erradicar el trabajo infantil, muchos países, incluido México, están lejos de alcanzar dicho objetivo.

Organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, han emitido diversas recomendaciones a los gobiernos para abordar este problema, como extender la protección social a niñas, niños y sus familias, garantizar la educación hasta la edad mínima de admisión al empleo y hacer énfasis en prevenir y abordar el riesgo de trabajo infantil durante crisis, conflictos y desastres.

El sano desarrollo de niñas y niños se produce en un entorno de aprendizaje; el trabajo infantil no lo es. A pesar de las promesas de poner fin a esta problemática, los progresos y las respuestas por parte de los gobiernos siguen siendo insuficientes.

Una vez más, la violencia contra niñas y niños se sitúa en el centro de la agenda pública nacional. El reciente caso del bebé secuestrado en Pachuca, Hidalgo, y afortunadamente localizado con vida en Chalco, Estado de México, no es un incidente aislado, sino más bien un reflejo de una problemática persistente.

Secuestro, trata de personas, turismo sexual, homicidio, feminicidio; estos son solo algunos de los delitos que con gran frecuencia afectan a niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

En relación con el bebé secuestrado, se presume que la coordinación entre las autoridades estatales de Hidalgo y el Estado de México facilitó su localización y la identificación de los posibles secuestradores. También se informó que uno de los implicados en el delito es un miembro activo de la Policía Municipal del Valle de Chalco.

Es fundamental resaltar la presencia de delincuentes en el Estado de México, ya que en los últimos años los secuestros de niñas, niños y adolescentes ocurren en 1 de cada 5 casos, específicamente en esta entidad.

A nivel nacional, solo en 2023 hubo 95 víctimas de secuestros entre niñas, niños y adolescentes, según la Red por los Derechos de la Infancia en México. Aunque esta cifra es menor en comparación con años anteriores, representa un claro incremento respecto al 2022, donde se contabilizaron 52 víctimas.

La prevención del secuestro debe ser una prioridad para todos los gobiernos. En muchos casos no mediáticos, es evidente que las capacidades de respuesta de las autoridades federales y estatales son, por decir lo menos, limitadas.

Desde Early Institute, nos congratulamos por la rápida respuesta de las autoridades estatales, pero también reiteramos el llamado a la acción. No solo se trata de atender las consecuencias, sino de generar mecanismos de prevención que hagan que niñas y niños sean “blancos más difíciles” para este tipo de delitos.