Publicación original en Infobae

Es innegable que durante las últimas décadas, los esfuerzos globales para visibilizar y crear mecanismos de protección a los derechos de la niñez y adolescencia, se han potencializado dentro de los diversos sistemas jurídicos nacionales y locales. En mayor o menor medida, agencias internacionales, gobiernos, parlamentos y tribunales han desarrollado progresivamente instituciones y mecanismos jurídicos que apuntan hacia esa dirección.

La tendencia es clara y comienza a marcar ciertas pautas de moda. Hoy en día, al menos desde el discurso, prácticamente no se cuestiona la relevancia de invertir en la primera infancia como una estrategia efectiva para reducir sustancialmente los costos sociales de las naciones en el futuro. La literatura científica, también es categórica en ese sentido, cuanto antes se realice la inversión en la niñez principalmente a través de políticas públicas y presupuestos lo suficientemente amplios, mayor será el rendimiento social que se coseche en los años porvenir.

Al menos desde la mirada latinoamericana, casos emblemáticos pueden encontrarse en países como Chile, Colombia y Brasil, que sin lugar a dudas han desarrollado modelos institucionales considerados de avanzada a nivel regional, por su capacidad de configurar instituciones y delinear políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y los derechos que asisten a niñas, niños y adolescentes en nuestro continente.

Sin embargo, bajo el caleidoscopio de la realidad, la mera creación de leyes e instituciones gubernamentales para implementar políticas públicas a favor de los derechos de la infancia no garantiza per se ni es sinónimo de un avance efectivo en su tutela y protección. El terreno de la implementación resulta quizá la tarea más titánica.

La realidad, es que la infancia sigue sin ser considerada una agenda prioritaria dentro de la vorágine de coyunturas que predominan el debate político, económico y social de la cotidianidad. Antes bien, han tenido que ser los aparatos judiciales –con el margen de reserva que ello implica– los que a partir de litigios y resolución de controversias particulares en donde se involucran o ponen en juego los diversos derechos fundamentales de la niñez, interpretan o dan contenido y alcance a los principios de protección de la infancia.

Lo mismo ocurre en el terreno de la sociedad civil organizada, es quizá desde esa trinchera, donde de manera más visible y persistente se diseñan e impulsan iniciativas o proyectos encaminados a mejorar los procesos de incidencia en políticas públicas que permitan aterrizar a la realidad los derechos de la infancia y adolescencia.

Como botón de muestra de este desfase entre la formalización de las leyes e instituciones, y el ritmo que la realidad social impone, de acuerdo al Panorama de la Situación de Niñas y Niños en América Latina y el Caribe presentado por UNICEF en junio de 2019, en la región de América Latina muere un niño cada 3 minutos, casi el 52% de estas muertes se presentan tan solo durante los primeros días de vida; más de 5 millones de niños presentan desnutrición crónica; 1.1 millones de niñas y adolescentes entre 15 y 19 años han experimentado formas de violencia sexual, incluso desde la etapa de la infancia. Del mismo modo, cifras e indicadores muy poco alentadores pueden leerse en rubros como pobreza infantil; acceso a servicios de educación de calidad y desarrollo infantil temprano; mortalidad materna; embarazo infantil y adolescente, por mencionar algunos.

Esta situación se agudiza en el contexto de las incipientes democracias de América Latina, en donde otras problemáticas o temáticas sociales convergen en el contexto y adquieren por su naturaleza mayor notoriedad, predominando en el debate público y lógicamente en los procesos de participación social y toma de decisiones. Háblese, por ejemplo, de temas como el funcionamiento de las instituciones y la estabilidad de los sistemas políticos; la atención de los niveles de seguridad y violencia; la calidad de los sistemas educativos y de salud, la estabilidad en el empleo, entre otros rubros.

Bajo tal estado de cosas, pareciera que la infancia resulta ser una temática más dentro de la oferta de causas, diagnósticos y posibilidades que se presentan para el tomador de decisión (policy maker) como parte de su bandeja de posibles cursos de acción. Y quizás aquí es donde se encuentra el error de abordaje.

Esta lectura de la realidad, parte de una premisa inexacta que ubica a la promoción y tutela de los derechos fundamentales de la niñez como un tema aislado o inconexo dentro de la propia evolución de los sistemas democráticos y del desarrollo social de los países, como si se tratara de compartimentos estancos.

El tratadista argentino Emilio García Méndez, atinadamente señalaba: “los niños son buenos para la democracia”. Esta frase que resulta por demás sugerente ha encontrado eco en varios análisis sobre el contexto de la infancia en América, pues entraña una reflexión más de fondo que conviene traer a colación, en donde la relación entre el progreso y desarrollo de una sociedad democrática, encuentra un buen termómetro de referencia justo a partir de la efectividad y vigencia de los derechos de las nuevas generaciones.

No en vano, algunos textos constitucionales de nuestra región, incluyendo el de México, califican como de “superior” el interés inherente a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sobre este tema, habrá oportunidad de reflexionar en futuros espacios, pero sin duda, la actividad legislativa y gubernamental debe comenzar a perfilar con más urgencia y altura de miras, que el proceso de refundación del Estado –incluyendo la calidad de su vida democrática– comienza a partir de la construcción estratégica de un andamiaje amplio y sólido para el desarrollo favorable de la niñez y la adolescencia.

Es claro para quien escribe este texto, que esta tarea no es exclusiva ni debe quedar en manos únicamente del gobernante en curso. Ello sería un error fatal. Si algo ha de caracterizar a la agenda de niñez, es su enfoque transversal y la necesaria corresponsabilidad entre individuos, sociedad y gobierno para hacerla realidad. No podría ser de otra manera.

En los tiempos que corren, resulta esperanzador que las crisis y emergencias humanitarias, puedan servir como recordatorio para todos, sobre la importancia de reconstruir y enfocarnos nuevamente en lo esencial. Quienes creemos que la apuesta al cambio para lograr esto es la niñez, no lo hacemos desde un enfoque de activismo o de proselitismo político, sino convencidos de que es por esa vía por la que podemos construir puentes y abrir grandes avenidas hacia una modernidad más justa y humana.

Finalmente, al tratarse de la primera columna que se escribe para este importante medio de difusión en la región de América Latina, no quisiera dejar de agradecer a Infobae y a su comité editorial, por considerar a Early Institute dentro de este espacio que ofrece voz y posibilidades de expresión hacia lectores en diversos países de la región, lo cual asumimos no solo con gratitud, sino con la responsabilidad de incorporar contenidos y reflexiones útiles que abonen a generar un análisis crítico de nuestro entorno.

Deseamos que este primer texto, sea tan solo la parte inicial de una narrativa suficientemente amplia y productiva para el lector, que permita poner en el centro del debate cotidiano otros temas que consideremos centrales y se relacionan con la necesidad de mejorar la salud, cuidado, educación y protección de la primera infancia.

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Si algo invita a reflexionar durante esta crisis sanitaria de COVID-19, lo es la imperiosa necesidad de volver a los fundamentos que permitan a las nuevas generaciones rehacer las normas de convivencia social de cara al futuro.

Prácticamente en todos los campos, actividades y sectores de la sociedad se debate y reflexiona cómo deben retomarse los parámetros de lo que hasta hoy se denomina como el retorno a la “normalidad” en congruencia con cuales tendrán que ser las lecciones aprendidas luego de esta sacudida humanitaria, que todavía no asoma puntos de solución.

Sin pretender anticipar tiempos, pero si con la urgencia de la que dan cuenta los titulares y columnas de cada mañana, la pandemia ha tenido una suerte de efecto dual en donde claramente se produjo una parálisis de los sectores, pero al mismo tiempo se han dejado ver avances y oportunidades claras en diversos temas que seguramente resultarán fortalecidos luego de esta etapa.

Precisamente, uno de los ámbitos más sensibles en donde de manera evidente se han develado cambios sustanciales – de forma y fondo – luego de esta dinámica de aislamiento social, lo es en el funcionamiento de los sistemas educativos.

Al tratarse de un eje esencial para el desarrollo de cualquier país, la necesidad de continuidad de los procesos formativos – especialmente en los niveles de educación básica por las repercusiones hacia la infancia – han generado una nueva forma de interacción entre los actores centrales que convergen en este proceso.

Tan solo hace apenas algunos meses, las autoridades educativas, la planta docente y administrativa de las instituciones que en ellas laboran, los padres de familia y desde luego los alumnos, desempeñaban sus funciones en el proceso de enseñanza siguiendo la lógica del año calendario, sin tener el apremio de replantearse los desafíos que puede suscitar una emergencia y la necesidad de coordinación y complementación entre unos y otros.

Tras el rompimiento de esta dinámica, y la abrupta pero necesaria incursión del ámbito digital para dar cumplimiento a los planes de estudio, se revelaron importantes retos del sistema educativo que vale la pena traerlos a colación a propósito de esta coyuntura.

En primer lugar, la participación de los padres de familia en el proceso se ha potencializado, al grado de que buena parte de la responsabilidad de la tarea pedagógica durante los últimos meses, ha recaído justamente en ellos, como facilitadores de las actividades de acompañamiento y supervisión cotidiana de miles de niñas y niños que, gracias a ellos, cuentan con la posibilidad de no mermar o interrumpir sus estudios.

Si bien este punto admite varios ángulos de discusión, conscientes de que este tiempo no ha sido fácil en entornos familiares inmersos en el desempleo o marginación, al igual que en hogares en donde se tiene que compaginar la intensa actividad laboral con las tareas de cuidado, es evidente que el involucramiento de los padres de familia dentro de los procesos de aprendizaje de sus hijos resulta un elemento sumamente positivo que debe promoverse y alentarse como resultado de esta experiencia, lo cual además ejercita los derechos que la legislación ya contempla en su favor para convertirse en sujetos plenamente participativos de las tareas educativas de las niñas, niños y adolescentes.

Un segundo apunte lo encontramos en el uso de la tecnología para fines de aprendizaje. Es aquí donde quizá se ha llegado a un punto sin retorno y que seguramente obligará a las autoridades del sector educativo a replantear en el futuro inmediato y en todos los niveles, diversos procesos de cara a un mejor aprovechamiento y efectividad de los recursos que ofrecen las plataformas en línea en aras de perfeccionar la función educativa.

Por mencionar algunos ejemplos, pensemos tan solo en el terreno de la evaluación, el aprovechamiento de las herramientas digitales brinda la oportunidad para que los maestros den prioridad a la elaboración de análisis y ensayos, resolución de casos prácticos o el desarrollo de otro tipo de habilidades formativas y de expresión a libro abierto y con la posibilidad de que los niños consulten fuentes diversas o recursos en línea, que no necesariamente impliquen el empleo de métodos tradicionales de pregunta-respuesta o de memorización que todavía suelen predominar en algunos planes de estudio, especialmente en los niveles de educación básica.

Desde luego, este punto requerirá para su plena eficacia, que del lado del Estado se asuma un papel preponderante en cuanto hace a la inversión de recursos y capacitación de personal docente, alumnos y padres de familia para el uso de estas herramientas, a la par de una revisión del marco legal y su infraestructura presupuestal que permita modernizar las capacidades de enseñanza que hasta ahora están diseñadas para ser implementadas desde una perspectiva estrictamente presencial.

Al decir esto, no estamos sugiriendo en modo alguno que la educación deba de hoy en delante, ser un proceso completamente digitalizado. Se trata de encontrar los equilibrios necesarios para que estas herramientas complementen de la mejor manera posible los procesos didácticos y fomenten un diálogo de calidad entre los actores involucrados.

Henry Giroux, académico norteamericano y uno de los principales exponentes la pedagogía crítica, señalaba que los procesos de reforma educativa modernos deben poner en el centro el valor cívico de la educación y su capacidad para formar mejores ciudadanos y generaciones que enfrenten los problemas que hoy, claramente se vislumbran más complejos.

La formación de una nueva ciudadanía a la que se refiere Giroux, exigirá de todo sistema educativo y de su marco normativo y administrativo, un golpe de timón que debe leerse a tiempo.

Hace algunos días, tuve la oportunidad de releer detenidamente y desde la perspectiva que ofrece la crisis sanitaria por la que atravesamos, el texto del artículo 3°de nuestra Constitución Federal que configura el derecho fundamental a la educación de todos los mexicanos y los principios que lo rigen.

En algunos de sus incisos que parecieran ser letra oculta de un contrato, encontré una expresión que cobra plena vigencia a propósito de estas líneas que se escriben. De acuerdo con nuestra máxima norma, y cito textual: la educación debe regirse por criterios de excelencia, que busquen el mejoramiento constante del aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.

Este parafraseo constitucional no es menor. Hoy más que nunca, el fortalecimiento de dichos lazos entre la escuela y la comunidad que la sostiene debe hacerse patente en beneficio del desarrollo inicial de las niñas y niños de nuestro país, y con mayor razón, en estos tiempos de crisis de los que seguramente quedarán grandes aprendizajes.

Publicación original en Infobae

Han pasado poco más de 3 años desde que se conmemoró el centenario de la Constitución Política de México vigente desde 1917. Tanto el foro jurídico como la academía, han opinado que el texto constitucional, producto de las frecuentes reformas y la avidez del legislador que todo quiere introducir a la carta magna, se ha convertido en un ordenamiento carente de estructura, con un desorden temático manifiesto y sumamente extensa, difícil de entender.

A pesar de que en 2017, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó un estudio para proponer el reordenamiento del texto constitucional buscando lograr una mejor estructura; ninguna de las propuestas fueron tomadas en cuenta por el Congreso de la Unión. Seguimos con el mismo documento que se integra por más de 4 mil párrafos y poco más de 135 mil palabras – incluyendo sus disposiciones transitorias – que regulan los aspectos esenciales de la vida de México.

Publicación original en: ContraReplica 

En nuestra columna anterior, hacíamos referencia a un contexto en donde la priorización de la agenda en materia de niñez, a nuestro juicio, requiere poco más que buenas intenciones de carácter político y de la elaboración de documentos o estrategias que desde el papel hacen todo el sentido, pero que en el terreno de lo práctico no suelen llegar a buen puerto.

La experiencia indica que para dar resultados concretos de política pública y mejorar en lo cotidiano las condiciones de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, es menester crear una agenda pública lo suficiente robusta y convencida de que la inversión en la infancia es una apuesta estratégica para la sostenibilidad de nuestras generaciones.

Para lograr esto, las sociedades que así se lo han propuesto con visión de largo plazo, han apostado por generar en su proceso de toma de decisiones al menos dos condiciones muy claras: a) favorecer de manera permanente el consenso entre todos los actores involucrados para evitar que la agenda se polarice; y b) anticipar, planear y ejecutar una andamiaje mínimo y progresivo de recursos humanos, materiales y financieros que permitan construir políticas públicas con sentido de practicidad, lo cual implica no solo emitir leyes o reglamentos, sino ejecutar verdaderas acciones de gobierno y participación entre sectores que sean susceptibles de ser implementadas y evaluadas.

Así, mientras más fuerte y sólido sea el nivel de consenso entre los actores, más efectiva y visible será la inversión en acciones concretas.

Uno de los errores que suelen cometerse en este proceso, se da justamente en la forma en la que el consenso es construido. De hecho, sin ignorar su dimensión en la esfera privada, la sola palabra que consenso nos remite casi de manera automática al terreno de la deliberación política y los procesos de formación de acuerdos que son exclusivos del fenómeno político, en donde pareciera que únicamente los partidos políticos, gobernantes, legisladores y tomadores de decisión son quienes deben participar en la dialéctica para construir mayorías en democracia y adoptar decisiones.

No obstante, la propia raíz etimológica de la palabra consenso nos recuerda que en realidad la formación del mismo, es una tarea que compete – sin distinguir – a todos los involucrados en una determinada materia. Si extrapolamos esta reflexión básica al caso que nos ocupa, entonces valdría la pena cuestionarnos ¿Cómo deberían construirse los consensos para mejorar los derechos de la infancia y adolescencia? ¿Es una tarea que debe quedar únicamente en manos de los gobernantes en curso?

Para tratar de responder el planteamiento me permitiré utilizar un ejemplo reciente. Desde la experiencia que hemos delineado en Early Institute a través de la iniciativa ALUMBRA, creada en 2018 y cuyo objetivo es contribuir a la prevención de la violencia sexual infantil en México, nos hemos propuesto justamente acelerar los procesos de formación de consensos y la creación de agendas comunes para hacer de la protección de la infancia una tarea compartida.

En tal sentido, la apuesta al cambio de ALUMBRA busca replantear la manera en la que construimos los consensos y definimos las agendas prioritarias para avanzar en lo esencial.

A través de la creación de una Comunidad de Conocimiento y Práctica, conformada de manera voluntaria por instituciones públicas, organismos internacionales, investigadores y organizaciones sociales involucradas en el tema. ALUMBRA ha puesto sobre la mesa la necesidad generar información y conocimiento a partir de la participación y co-creación entre los sectores social, público y privado, sin distinción alguna y con la única intención de desarrollar estrategias bajo una visón integral y sistémica del problema de la violencia sexual infantil.

Bajo la evidencia de que la violencia sexual infantil es una problemática multidimensional, que admite diversos enfoques y requiere la participación de diversos agentes, la Comunidad desarrollada por ALUMBRA, durante los últimos dos años busca, en esencia, amplificar el impacto de las estrategias, para generar más información en el tema; incidir de manera más efectiva en las políticas públicas; así como desarrollar experiencias formativas y de comunicación hacia la sociedad, para incrementar la formación de habilidades y prácticas para prevenir esta forma de violencia.

El reto es amplio, porque la participación colegiada entre actores siempre supone desafíos importantes, no solo por lo que conlleva la formulación de acuerdos y la definición de temáticas prioritarias, sino, sobre todo, por la necesidad de construir una cultura de diálogo permanente, que se asuma como la regla y no como la excepción entre los involucrados, incluido, desde luego, el sector público.

A casi dos años de esta iniciativa, la Comunidad ALUMBRA ha transitado por una primera fase en su arquitectura, en donde se ha logrado integrar a más de 40 aliados de todos los sectores para intercambiar información, prácticas, contenidos y diseñar estrategias de prevención que puedan sistematizarse en un solo espacio, incluso aprovechando las ventajas que hoy ofrece la tecnología.

En tal sentido, el trabajo colegiado de ALUMBRA se ha materializado en la plataforma digital www.alumbramx.org, desde donde se han creado contenidos y materiales específicos para dar recomendaciones a padres, educadores y cuidadores, sobre cómo prevenir la violencia sexual e incluso se cuenta con un canal de asesoría telefónica y online hacia la ciudadanía, para brindar información y canalizar denuncias.

Si bien la experiencia acumulada durante los últimos meses en ALUMBRA nos ha hecho ver el enorme potencial que plantean las iniciativas y plataformas de trabajo colaborativo, también es cierto que, dada la magnitud y urgencia del problema a resolver, debemos ser cada vez más eficaces y precisos en la construcción de soluciones. De tal suerte, que la formación de consensos y la integración de acciones para la protección de la infancia no debe ser una tarea en manos únicamente del poder político, sino una responsabilidad colectiva, desde la cual se congreguen todos quienes tenemos en nuestras manos una parte de la solución.

Se trata de un propósito que, desde luego, no será sencillo y del cual nos entusiasma ir dando cuenta a los lectores de sus resultados e invitándolos a formar parte de las estrategias e iniciativas que se desprendan de la comunidad ALUMBRA, todo ello como el nombre lo sugiere, para brindar una luz en contra de la violencia infantil.

Publicación original en: ContraReplica

En nuestra columna anterior, hacíamos referencia a un contexto en donde la priorización de la agenda en materia de niñez, a nuestro juicio, requiere poco más que buenas intenciones de carácter político y de la elaboración de documentos o estrategias que desde el papel hacen todo el sentido, pero que en el terreno de lo práctico no suelen llegar a buen puerto.

La experiencia indica que para dar resultados concretos de política pública y mejorar en lo cotidiano las condiciones de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, es menester crear una agenda pública lo suficiente robusta y convencida de que la inversión en la infancia es una apuesta estratégica para la sostenibilidad de nuestras generaciones.

Para lograr esto, las sociedades que así se lo han propuesto con visión de largo plazo, han apostado por generar en su proceso de toma de decisiones al menos dos condiciones muy claras: a) favorecer de manera permanente el consenso entre todos los actores involucrados para evitar que la agenda se polarice; y b) anticipar, planear y ejecutar una andamiaje mínimo y progresivo de recursos humanos, materiales y financieros que permitan construir políticas públicas con sentido de practicidad, lo cual implica no solo emitir leyes o reglamentos, sino ejecutar verdaderas acciones de gobierno y participación entre sectores que sean susceptibles de ser implementadas y evaluadas.

Así, mientras más fuerte y sólido sea el nivel de consenso entre los actores, más efectiva y visible será la inversión en acciones concretas.

Uno de los errores que suelen cometerse en este proceso, se da justamente en la forma en la que el consenso es construido. De hecho, sin ignorar su dimensión en la esfera privada, la sola palabra que consenso nos remite casi de manera automática al terreno de la deliberación política y los procesos de formación de acuerdos que son exclusivos del fenómeno político, en donde pareciera que únicamente los partidos políticos, gobernantes, legisladores y tomadores de decisión son quienes deben participar en la dialéctica para construir mayorías en democracia y adoptar decisiones.

No obstante, la propia raíz etimológica de la palabra consenso nos recuerda que en realidad la formación del mismo, es una tarea que compete – sin distinguir – a todos los involucrados en una determinada materia. Si extrapolamos esta reflexión básica al caso que nos ocupa, entonces valdría la pena cuestionarnos ¿Cómo deberían construirse los consensos para mejorar los derechos de la infancia y adolescencia? ¿Es una tarea que debe quedar únicamente en manos de los gobernantes en curso?

Para tratar de responder el planteamiento me permitiré utilizar un ejemplo reciente. Desde la experiencia que hemos delineado en Early Institute a través de la iniciativa ALUMBRA, creada en 2018 y cuyo objetivo es contribuir a la prevención de la violencia sexual infantil en México, nos hemos propuesto justamente acelerar los procesos de formación de consensos y la creación de agendas comunes para hacer de la protección de la infancia una tarea compartida.

En tal sentido, la apuesta al cambio de ALUMBRA busca replantear la manera en la que construimos los consensos y definimos las agendas prioritarias para avanzar en lo esencial.

A través de la creación de una Comunidad de Conocimiento y Práctica, conformada de manera voluntaria por instituciones públicas, organismos internacionales, investigadores y organizaciones sociales involucradas en el tema. ALUMBRA ha puesto sobre la mesa la necesidad generar información y conocimiento a partir de la participación y co-creación entre los sectores social, público y privado, sin distinción alguna y con la única intención de desarrollar estrategias bajo una visón integral y sistémica del problema de la violencia sexual infantil.

Bajo la evidencia de que la violencia sexual infantil es una problemática multidimensional, que admite diversos enfoques y requiere la participación de diversos agentes, la Comunidad desarrollada por ALUMBRA, durante los últimos dos años busca, en esencia, amplificar el impacto de las estrategias, para generar más información en el tema; incidir de manera más efectiva en las políticas públicas; así como desarrollar experiencias formativas y de comunicación hacia la sociedad, para incrementar la formación de habilidades y prácticas para prevenir esta forma de violencia.

El reto es amplio, porque la participación colegiada entre actores siempre supone desafíos importantes, no solo por lo que conlleva la formulación de acuerdos y la definición de temáticas prioritarias, sino, sobre todo, por la necesidad de construir una cultura de diálogo permanente, que se asuma como la regla y no como la excepción entre los involucrados, incluido, desde luego, el sector público.

A casi dos años de esta iniciativa, la Comunidad ALUMBRA ha transitado por una primera fase en su arquitectura, en donde se ha logrado integrar a más de 40 aliados de todos los sectores para intercambiar información, prácticas, contenidos y diseñar estrategias de prevención que puedan sistematizarse en un solo espacio, incluso aprovechando las ventajas que hoy ofrece la tecnología.

En tal sentido, el trabajo colegiado de ALUMBRA se ha materializado en la plataforma digital www.alumbramx.org, desde donde se han creado contenidos y materiales específicos para dar recomendaciones a padres, educadores y cuidadores, sobre cómo prevenir la violencia sexual e incluso se cuenta con un canal de asesoría telefónica y online hacia la ciudadanía, para brindar información y canalizar denuncias.

Si bien la experiencia acumulada durante los últimos meses en ALUMBRA nos ha hecho ver el enorme potencial que plantean las iniciativas y plataformas de trabajo colaborativo, también es cierto que, dada la magnitud y urgencia del problema a resolver, debemos ser cada vez más eficaces y precisos en la construcción de soluciones. De tal suerte, que la formación de consensos y la integración de acciones para la protección de la infancia no debe ser una tarea en manos únicamente del poder político, sino una responsabilidad colectiva, desde la cual se congreguen todos quienes tenemos en nuestras manos una parte de la solución.

Se trata de un propósito que, desde luego, no será sencillo y del cual nos entusiasma ir dando cuenta a los lectores de sus resultados e invitándolos a formar parte de las estrategias e iniciativas que se desprendan de la comunidad ALUMBRA, todo ello como el nombre lo sugiere, para brindar una luz en contra de la violencia infantil.

Publicación original en: El Sol de México 

Hace un par de décadas el “anhelo democrático” era justamente lograr mayor pluralidad de partidos en los puestos de representación popular, de tal suerte que no existiera ninguna fuerza hegemónica capaz de controlar por sí misma las decisiones políticas fundamentales sin mayores contrapesos políticos, jurídicos e institucionales.

Publicación original en: El Sol de México 

Sobre todo en los tiempos actuales, la ciudadanía mantiene la necesidad de exigir mayor claridad sobre qué hacen las instituciones públicas; conocer cómo y por qué se toman las decisiones que afectan a la población, así como ejercer los mecanismos existentes para la rendición de cuentas y vigilar la manera como se gestiona la provisión de los servicios públicos.

Publicación original en: El Sol de México 

Publicación original en: El Sol de México 

No en vano, países desarrollados como Alemania, Francia y España, se han preocupado por examinar a fondo las causas sociales que rodean a esta industria decidiendo prohibir o regular de manera restrictiva la compra-venta de estas dignidades. Para los parlamentos y tribunales supremos de estas Naciones no hay medias tintas, la filiación es un asunto de Estado —no de contratos ni de lucro— en donde el interés superior de la niñez y su debida protección prevalece por encima de cualquier perspectiva.

Publicación original en: El Sol de México 

Al margen de los procesos y plazos legales de entrega-recepción, las semanas que corren representan un momento oportuno para que las futuras administraciones estatales elaboren diagnósticos y revisen mejores prácticas en temas sociales como seguridad, salud, educación y tutela de los derechos de los grupos vulnerables.