¿En qué va la prohibición de la explotación reproductiva en México?

Por Valeria González Ruiz, coordinadora en Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de El Heraldo de México

Caso “Casa del Horror”

En California, Estados Unidos, ha surgido un caso que ha escandalizado al mundo entero: de acuerdo con reportes de medios de comunicación, una pareja pagó a diferentes mujeres para que gestaran a niñas y niños que posteriormente serían objeto de sus abusos y violentarían de las peores formas.

Se ha documentado que fueron al menos 21 niñas y niños nacidos a través de gestación subrogada ante una ausencia total y falta de seguimiento por parte del Estado.

¿Cómo esto fue posible sin que nadie lo impidiera?

¿Cómo nadie le estaba dando seguimiento a tantos acuerdos de gestación subrogada en un Estado abiertamente permisivo como lo es California?

Y en medio de tanta polémica, vale la pena recordar los esfuerzos internacionales que se han hecho hasta ahora por visibilizar las graves violaciones a derechos humanos que esta práctica genera y la necesidad de prohibirla de manera categórica: tal es el caso de la Declaración de Casablanca, instrumento firmado el 3 de marzo del año 2023 por más de 100 expertas y expertos de 75 países del mundo en la que solicitan a los Estados la abolición universal de la gestación subrogada en todas las modalidades, sea o no remunerada, y la aplicación de medidas para combatirla.

Desde entonces y cada año, Casablanca ha llevado a cabo una Conferencia internacional con especialistas de distintas nacionalidades que abordan el tema desde las perspectivas jurídica, médica, bioética, social y de derechos humanos.

Así fue como el pasado 3 y 4 de septiembre Early Institute, en coordinación con los impulsores de la Declaración de Casablanca y la Universidad Panamericana celebraron la IV Conferencia de la Convención de Casa Blanca en México, país que fue escogido por ser uno de los escenarios más relevantes del debate global sobre maternidad subrogada, tanto por su vacío normativo como por su papel en el llamado turismo reproductivo.

México, un país que hasta el momento ha sido tolerante con quienes explotan el cuerpo de mujeres, con quienes lucran en esta industria y quienes compran bebés. Esta tibieza que ha permitido en la práctica que México se vuelva un país atractivo para extranjeros ricos que buscan mujeres en situación de vulnerabilidad para gestarles bebés.

Este espacio se caracterizó por ser una convocatoria internacional del más alto nivel, reunió a 34 especialistas de 9 países: México, España, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Francia y Suiza, destacando Reem Alsalem, Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, junto con Jorge Cardona Llorens y Luis Pedernera, ambos ex integrantes del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Pero más allá de quienes estuvieron, el evento detonó propuestas legislativas que vale la pena visibilizar e impulsar desde la sociedad civil. En primer lugar, generó el interés suficiente para llevar a cabo el Foro Internacional “Los Derechos Humanos y la Maternidad Subrogada” en la Cámara de Diputados en el que participaron Olivia Maurel, portavoz de la Declaración de Casablanca, Patricia Olamendi Torres y Lorena Bolzon.

De lo retroalimentado se integró una iniciativa para tipificar la maternidad subrogada como una forma de explotación reproductiva y una modalidad de trata de personas. El Diputado Reginaldo Sandoval Flores, con aval de Diputadas y Diputados del Partido del Trabajo, presentó una propuesta de reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos. Con esta propuesta se pretende incorporar a la explotación reproductiva mediante “gestación subrogada” como una forma de explotación de personas; reconocer a las mujeres gestantes y a niñas y niños recién nacidos la calidad de víctimas; declarar la nulidad de contratos, convenios o acuerdos que tengan por objeto la explotación reproductiva; sancionar a quien la cometa con una pena de 10 a 20 años de prisión, y de 15 a 25 años de prisión a quien lo haga contra menores de 18 años o en situación de vulnerabilidad, con engaño, fines de tráfico o se prive a la mujer de su libertad.

Se sabe que, a pesar de años de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres gestantes, de cientos de casos de niñas y niños abandonados en hospitales por no cumplir con los “requisitos” exigidos por los solicitantes, las autoridades mexicanas siguen sin prohibir la explotación reproductiva.

“Permitir” esta práctica o “no regularla” no debería ser objeto de debate, la evidencia es muy clara al respecto: se trata de una forma moderna de explotación que gesta bebés como un producto comercializable, explota el cuerpo de la mujer gestante como una máquina de producción y lo hace todo a través de una lógica de mercado, con intermediarios que se enriquecen a costa de todo lo demás.

Desde Early Institute hacemos un llamado no solo al Congreso de la Unión, sino también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como autoridades determinantes en el desarrollo y ejercicio de derecho humanos, para dejar de darle vueltas a esta problemática y posicionarse de manera clara y contundente sobre el fondo de esta forma de explotación.

Han tenido varias oportunidades: acciones de inconstitucionalidad impugnando las disposiciones que permiten la gestación subrogada en Tabasco, amparos promovidos por clínicas de fertilidad alegando un supuesto “derecho” a comercializar con esta forma de explotación, iniciativas que pretenden incluir esta práctica como una técnica de reproducción humana asistida, reformar la Ley General de Salud, el Código Civil o el Penal Federal.

Sin embargo, la opacidad persiste, han congelado las propuestas o simplemente han evitado entrar al fondo: es esto una forma de explotación de personas ¿si o no? y ¿qué harán al respecto? ¿permitirán que esto siga sucediendo, protegiendo a los explotadores?

Quizá la presión internacional, la evidencia e información puesta a sus pies y esta posibilidad legislativa sean la combinación adecuada para que por fin tomen acción. Necesitamos vivir en un Estado que no tema en posicionarse en favor de sus mujeres, que no sea tibio en brindar la protección necesaria para de una vez por todas repeler los intereses económicos y utilitaristas que han posicionado a México como un paraíso reproductivo.

Hay que prevenir la violencia escolar con vigilancia y acción

Por Annayancy Varas, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

En recientes fechas se ha registrado un repunte de violencia en escuelas secundarias de México. Esto no es un fenómeno que surge de la nada, sino es la expresión de acciones que se fueron normalizando o bien van tramándose en hogares con condiciones sociales poco favorables.

Simplemente en la capital del país, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha atendido cerca de 3 mil reportes de violencia escolar desde 2019 y el 46% de ellos corresponde al nivel de secundaria, que concentra a adolescentes entre los 12 y 15 años.

Sucesos como el de Torreón, en el que una maestra fue asesinada por dos hermanos que estudiaron en el plantel "Justo Sierra Méndez", o el de la Secundaria General "Esperanza Cabrera", en Querétaro, en el que un estudiante de 13 años atacó a varios de sus compañeros con dos cuchillos visibilizan un problema que se debe enfrentar de manera inmediata.

De acuerdo con datos del Consejo Ciudadano, 81% de los reportes registrados corresponde a conflictos entre los estudiantes y también llama la atención un crecimiento de 205% en reportes de bullying en 2024 frente a los registrados en 2019.

Lo que reflejan estas cifras son varias cosas: por un lado, las edades que comprenden la etapa de la secundaria son de mayor vulnerabilidad, que en palabras de Ramón Beltrán Arellano, secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano, es cuando crece la necesidad de aceptación del grupo mientras la identidad aún se forma. Por otro lado, a estas necesidades se añaden presiones sociales y económicas, y a veces las familias no siempre saben contener esta transición.

Un factor que se agrega es el uso de la tecnología, porque al analizar los reportes, el Consejo Ciudadano detectó que las ideas de dañar a compañeros o a docentes se expresan primero en plataformas digitales, donde reciben validación de desconocidos.

Asimismo, la salud mental es un asunto determinante. Según el Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) 2026 publicado por el Inegi, 21.8% de la población de 12 años y más presentó indicios de ansiedad y 13.4% de depresión.

La suma de todos estos factores puede derivar en tragedias como las señaladas, cuando podrían ser prevenidas si se presta atención a la situación de los adolescentes.

En este sentido, ¿qué podríamos hacer para evitar que la violencia se agudice en estos escenarios? Primero saber que la prevención funciona cuando cada actor sabe qué observar y a dónde acudir. Por ejemplo, en el caso de los padres y/o cuidadores hay que estar alertas a conductas poco habituales e incluso registrar cambios que se repiten o se intensifican: sueño, apetito, aislamiento, irritabilidad, lesiones sin explicación. También se recomienda vigilar el uso de los dispositivos digitales. En el caso de la escuela se sugiere atender los conflictos desde su primera manifestación, sin minimizarlos como bromas, activar protocolos de convivencia y canalizar a atención psicológica, no sólo sancionar. Además, es necesario fortalecer redes de apoyo entre estudiantes, familias y personal para pedir ayuda a tiempo.

En el caso de los propios adolescentes, se recomienda avisar a un adulto de confianza si se sabe de alguien que expresa la intención de dañar a otros, o lo indica en un grupo o foro. De igual modo se pide no compartir ni reenviar videos o contenido violento. A las autoridades se les pide coordinación para desactivar foros que incitan ataques y formular estrategias para identificar riesgos en los planteles.

En Early Institute hacemos un llamado a la sociedad para tomar conciencia de la gravedad de este tipo de fenómenos y, sobre todo, actuar cuando se noten ciertas conductas de riesgo. Es ante todo un llamado a los padres de familia para que estén realmente presentes en las vidas de sus hijas e hijos, ya que la adolescencia sigue siendo una etapa de vida muy vulnerable y encauzada de manera inadecuada puede provocar no sólo daños a los propios jóvenes, sino a quienes forman parte de su entorno.

Datos intercensales y primera infancia

Por Carolina Jasso, investigadora de Early Institute
Publicación original de El Sol de México

Hace unos días, el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Intercensal 2025. Las cifras confirmaron lo que anticipaban las proyecciones sociodemográficas: en México nacen menos niñas y niños, al tiempo que la población envejece.

La tasa global de fecundidad pasó de 2.0 en 2019 a 1.2 en 2024, muy por debajo del nivel de 2.1 necesario para mantener estable a una población. Frente a este panorama, la conversación pública se concentró en la baja fecundidad y en las razones por las que las personas no quieren tener hijos, y dejó de lado la discusión sobre la protección y los cuidados de las niñas y los niños, quienes más dependen de las políticas públicas.

En 2020, el Censo contó 12.2 millones de niñas y niños de cero a cinco años; en 2025, la Encuesta estima que había 9.4 millones, casi tres millones menos en cinco años.

Las implicaciones de la baja fecundidad son sociales y de largo plazo. Con generaciones cada vez más pequeñas y una población que envejece, habrá menos personas trabajando por cada persona jubilada, las pensiones serán más difíciles de financiar, el crecimiento económico dependerá de la productividad y no del número de trabajadores, y el cuidado de las personas mayores tendrá cada vez menos personas entre quienes distribuirse.

Por eso, una cohorte más pequeña no reduce las obligaciones del Estado, sino que cambia su escala. El valor de cuidar a la primera infancia no radica en la fuerza de trabajo que aportará dentro de veinte años, sino en lo que las niñas y los niños son y necesitan hoy, así como en el tipo de sociedad que resulta de atenderlos o desatenderlos.

El riesgo es interpretar la caída demográfica como una menor demanda y no como una oportunidad para cerrar rezagos acumulados durante años y ofrecer mejores condiciones a quienes, siendo menos, sostendrán a la sociedad en el futuro.

Los datos intercensales también nos permiten observar el panorama de la crianza y los cuidados. Dos de cada tres niñas y niños de cero a cinco años viven con su madre y su padre, y uno de cada cinco vive solo con su madre; esta última proporción va en aumento.

Cerca de 1.9 millones de niñas y niños de cero a cinco años dependen únicamente de su madre, en un país donde la mayoría de las mujeres no tiene un trabajo remunerado. Por eso, la agenda de cuidados es también una agenda de primera infancia, y es una agenda que se ha debilitado.

En 2019 desapareció el Programa de Estancias Infantiles y se sustituyó por una transferencia monetaria a las madres. Desde entonces, no se cuenta con información que permita conocer integralmente la atención que reciben las niñas y los niños. La Encuesta Intercensal no pregunta quién cuida a los menores de tres años ni si asisten a una guardería, una estancia o un centro de educación inicial.

El único registro nacional disponible, el de la educación inicial escolarizada de la SEP, cubre a menos de cuatro de cada cien niñas y niños de cero a dos años.

En preescolar, el avance es más frágil de lo que parece. La asistencia de las niñas y los niños de tres a cinco años subió de 61.9 a 70.4 por ciento, pero no porque haya más estudiantes en las aulas. La matrícula de la SEP en ese grupo de edad disminuyó; sin embargo, la tasa de asistencia mejoró porque la población de esas edades cayó más rápido que la matrícula.

Aun así, más de un millón de niñas y niños de tres a cinco años siguen fuera del nivel preescolar. No es un problema de cupo. La red de planteles y docentes apenas cambió durante el periodo y hoy hay menos niñas y niños por docente que hace cinco años. El rezago se concentra en los de tres años, de los cuales solo la mitad está inscrita en preescolar.

Las necesidades básicas muestran otro panorama. En cerca de 750 mil hogares con niñas, niños o adolescentes, al menos uno de ellos sintió hambre y no comió por falta de dinero durante los tres meses previos. En unos 650 mil hogares, alguno comió una sola vez al día o dejó de comer durante un día entero.

La encuesta recoge información por hogar, pero en esos hogares suele vivir más de un menor. Esto equivale a alrededor de 1.3 millones de niñas, niños y adolescentes que sintieron hambre y no comieron, unos 350 mil de ellos de cero a cinco años.

El Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI) confirma la magnitud del problema: en 2024, uno de cada siete niñas y niños de cero a cinco años vivía en hogares con inseguridad alimentaria moderada o severa.

La salud completa el cuadro. Según el SIPI, la carencia por acceso a servicios de salud entre las niñas y los niños de cero a cinco años pasó de 17.6 por ciento en 2018 a 37.7 por ciento en 2024, más del doble. Este es uno de los mayores retrocesos que registra el sistema.

En el mismo periodo, la proporción de niñas y niños con el esquema básico de vacunación iniciado bajó de casi nueve a menos de ocho de cada diez. Mientras tanto, el consultorio de farmacia ya es el lugar de atención de 14 de cada cien personas.

La transición demográfica ya ocurrió y no se revierte por decreto. Una parte de la explicación de la baja fecundidad se encuentra también en estas condiciones, que dificultan la crianza de niñas y niños en entornos seguros y con acceso a servicios básicos.

Millones de ellos crecen todavía en condiciones socioestructurales adversas, y ese es el punto de partida. Una política pública que se preocupe por la natalidad debe comenzar por garantizar licencias de maternidad y paternidad efectivas, jornadas laborales compatibles con el cuidado, un sistema de cuidados que funcione desde el nacimiento y el cierre de las brechas de desigualdad que hoy determinan quién come, quién asiste a la escuela, quién recibe atención médica y quién cuida.

Una generación más pequeña también representa una oportunidad para impulsar agendas concretas en salud, educación y cuidados, con metas alcanzables para una población cuyo tamaño hoy conocemos con precisión.

Medir esas condiciones es el primer paso. Con ese propósito, Early Institute reúne en el SIPI 58 indicadores sobre salud, nutrición, educación y cuidados, seguridad y pobreza de las niñas y los niños de cero a cinco años, con series nacionales y por entidad federativa, para que la discusión sobre la natalidad no vuelva a dejar fuera a las niñas y los niños.

Hacia una política mexicana integral en medios digitales

Por Annayancy Varas, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

En las últimas semanas, el tema del uso de los dispositivos digitales entre niñas, niños y adolescentes ha sido abordado en distintos espacios públicos. Este continuo discurso sobre los riesgos y las amenazas que enfrenta ese sector frente a las pantallas ha impulsado distintas iniciativas no sólo en México sino en el mundo.

Es verdad que hay cada vez más evidencia de que un uso inadecuado de este tipo de tecnología afecta negativamente a la población más joven, pero también es verdad que limitarse a su prohibición habla de una medida incompleta.

En 2025, Brasil aprobó el “Estatuto Digital del Niño y del Adolescente”, que entró a vigor en marzo de 2026 para establecer la Política Nacional para la Promoción y Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes en el Entorno Digital. Esta política no parte de la prohibición, sino de crear todo un ecosistema regulatorio integral de protección hacia niñas, niños y adolescentes en dichos entornos.

Esta normativa se basa en ejes que incluyen seguridad integral; privacidad y protección de datos personales; supervisión parental; detección de casos, denuncias y respuesta ante violencia; y transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y sanciones.

En ese sentido se privilegia la educación digital donde niñas, niños, adolescentes, familias y autoridades políticas, educativas y sociales se articulan para lograr un bien común: el uso responsable de los medios digitales.

Ahora, ¿qué pasa en México? En nuestro país en noviembre de 2026 entrará en vigor un Acuerdo para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional. Esto significa que las medidas se acotan a los centros escolares de todos los niveles y van desde la restricción de los dispositivos hasta el fomento de su uso responsable.

Si bien están involucradas las áreas educativas todavía hay ámbitos en los que no se da esta corresponsabilidad, por lo que hay recomendaciones que desde Early Institute pensamos que deben ser atendidas para completar un marco de protección integral. Entre ellas proponemos que se evite un modelo estrictamente prohibicionista y dar prioridad a una estrategia integral de acompañamiento y supervisión; promover entornos digitales seguros y adecuados para niñas, niños y adolescentes, independientemente del tiempo que dediquen al uso de dispositivos; crear organismos especializados en regulación, supervisión y evaluación de plataformas digitales; diseñar toda propuesta con perspectiva de niñez, ya que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y no únicamente usuarios que requieren protección. También deben atenderse los estándares y las recomendaciones internacionales, en tanto pueden colaborar en construir políticas coherentes con las obligaciones de derechos humanos y con los principales riesgos identificados a nivel global.

Es importante también adoptar un modelo de corresponsabilidad como eje de la política pública porque la protección de la niñez en el entorno digital requiere una responsabilidad compartida entre Estado, plataformas, escuelas, familias y niñas, niños y adolescentes.

En Early Institute confirmamos nuestro compromiso con el cuidado de la niñez y adolescencia mexicanas y siendo el mundo digital uno de los ámbitos en los que la sociedad está inmersa, es importante reforzar las medidas de seguridad para evitar posibles afectaciones derivadas de estos escenarios.

Sabemos que la tecnología empleada de manera óptima es una herramienta muy eficaz, pero cuando es una amenaza a los más vulnerables es fundamental revisar, proponer y actuar.

El suicidio en adolescentes crece en México

Por Annayancy Varas, directora de Early Institute
Publicación original de El Sol de México

De los temas que se abordan en torno a la infancia y adolescencia, el del suicidio es uno de los más difíciles de entender, pues se evidencian fallas de toda índole en la protección de niñas, niños y adolescentes.

En el reciente Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conmemorado cada 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio cifras sobre las defunciones registradas en México por esta causa durante 2025.

Lamentablemente ocurrieron 8,709 defunciones por suicidio en México, lo que representa una tasa nacional de 6.7 por cada 100 mil habitantes. Del total de casos, 79.9% correspondió a hombres y 20.1% a mujeres. El organismo detalló que la población de 15 a 29 años presentó la tasa más alta de todos los grupos de edad, con 10.2 suicidios por cada 100 mil personas, y que el suicidio es ya la tercera causa de muerte entre los jóvenes de ese rango de edad en el país.

Por si fuera poco, al comparar la última década, el Inegi documentó un incremento sostenido, ya que la tasa nacional pasó de 5.1 por cada 100 mil habitantes en 2015 a 6.7 en 2025. Esto es un fenómeno que debe atenderse y no pretender que se solucionará por sí solo.

De hecho, los especialistas coinciden en que no existe un factor único que explique la problemática, sino que hay una combinación de condiciones familiares, sociales, económicas, laborales y emocionales. Esto hace más difícil su abordaje, pero no imposible.

Una de las regiones con esta triste situación es Hidalgo, cuya secretaria de Salud estatal, Vanesa Escalante Arroyo, dijo que la entidad acumula más de 40 muertes por suicidio en lo que va de 2026. Si bien se trata de una cifra que, según las propias autoridades, representa una disminución frente a los registros de años anteriores, sigue siendo un foco rojo. Tan sólo en 2025, los servicios de salud de Hidalgo atendieron 1,020 intentos de suicidio, de los cuales 340 correspondieron a adolescentes entre 15 y 19 años.

Al respecto, las autoridades señalaron que más de la mitad de las personas atendidas presenta algún diagnóstico o problemática asociada, como ansiedad, depresión, separaciones, duelos, rechazo, violencia, bullying, problemas económicos o laborales, enfermedades, discapacidades y dolor crónico.

En cuanto a la atención brindada para prevenir este tipo de acciones, en Hidalgo se reconoce la respuesta institucional, pero es todavía insuficiente. Por ejemplo, el estado cuenta con servicios gratuitos de atención a la salud mental, a través de seis Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama), y programas como “ABC de las emociones”, dirigido a adolescentes, para detectar señales de riesgo; sin embargo, por las características geográficas de la entidad se deja de cubrir amplias zonas, lo que representa un reto para acercar la atención a quienes más la necesitan.

En Early Institute sabemos que la prevención es una de las mejores formas para disminuir problemáticas tan lacerantes como ésta. En particular, creemos que la salud mental debe ser un aspecto de la vida humana sumamente cuidado para procurar que niñas, niños y adolescentes no recurran a métodos que pongan en riesgo sus vidas.

Las cifras que arroja el Inegi dan cuenta de un panorama en el que se ha descuidado la protección de los más vulnerables y es fundamental estar atentos a las mínimas señales que pudieran reflejar un estado desesperanzador o desesperado. Esto es esencial para acompañar y ofrecer intervenciones oportunas que den alternativas a quienes piensan —a su corta edad— que el suicidio es lo más conveniente.

Restricción de uso de dispositivos móviles en escuelas: el primer paso

Por Rafael Vincent Morfín Calvo, abogado de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original de El Heraldo de México

Al día de la redacción de la presente columna, martes 22 de septiembre del 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con el que se establece la restricción del uso de dispositivos móviles en escuelas por parte de niñas, niños y adolescentes.

Tal y como fue anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum durante diversas conferencias “mañaneras” en los meses de julio y agosto, oficialmente se ha dado inicio a la etapa de evaluación de uso de dispositivos móviles por parte de la niñez y la adolescencia desde diversas materias, siendo la acción más reciente, la concerniente al ámbito educativo.

El ciclo escolar 2026-2027 recibió el pasado 31 de agosto a cerca de 23 millones de niñas, niños y adolescentes dentro de las aulas, por lo que el uso de dispositivos electrónicos por parte de las y los menores se ha posicionado como uno de los tópicos prioritarios de atención de cara a la potencial definición de nuevas reglas para su uso y/o restricción.

En un primer momento se celebró la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, en la que se contó con la participación de aproximadamente 1.2 millones de docentes; durante dichas jornadas, uno de los temas nodales se centró en la consulta realizada para recabar la opinión del personal educativo respecto de las necesidades específicas de protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.

Los resultados de dicho ejercicio se darán a conocer el 25 de septiembre y se espera que estos consideren directrices adicionales de pronta implementación para la regulación de uso de dispositivos móviles por parte los educandos.

En tanto, el Secretario de Educación Pública en México, Mario Delgado, informó que durante una reunión el pasado viernes 18 de septiembre, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas aprobó por unanimidad la implementación de una estrategia nacional para restringir el uso de teléfonos celulares y tabletas en las aulas de todo el país, particularmente en los niveles de primaria y secundaria.

En ese sentido, el acuerdo publicado en el DOF oficializa la restricción de uso de dispositivos móviles para los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, al tiempo que sugiere el fomento de uso responsable para los niveles de educación medio superior y superior, limitando su uso no pedagógico durante la jornada escolar. En ambos casos, se consideran excepciones por situaciones de emergencias personales, motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o uso para fines educativos previamente programados.

En tanto, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el Senador Higinio Martínez, emitió en días recientes una excitativa a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, para que presenten el dictamen de la iniciativa que plantea prohibir el uso de dispositivos móviles en escuelas de educación básica. Con esta acción, el Legislativo federal se suma al debate nacional para la definición de reglas sobre la materia en comento.

Lo anterior vislumbra de manera clara que la primera fase de la política pública en materia de regulación de entornos digitales y de su acceso por parte de niñas, niños y adolescentes, se centrará en la restricción de uso de dispositivos móviles durante la jornada escolar, salvo en los casos de necesidades específicas planteados en el acuerdo de la SEP.

Desde Early Institute hacemos un llamado a que las directrices en proceso de implementación únicamente marquen un primer paso en el camino de una regulación integral del entorno digital, es decir, que las disposiciones no se limiten únicamente a restringir el uso de dispositivos móviles por parte del alumnado, sino que centremos los esfuerzos en crear un ecosistema integral de acceso moderado, responsable y seguro.

Recordamos que existen múltiples áreas de intervención prioritaria adicionales que sugerimos sean tomadas en consideración para alcanzar los objetivos de una política pública moderna, vanguardista y proteccionista hacia la niñez y la adolescencia mexicana: 1) Moderación de contenidos, algoritmos y diseño estructural de plataformas; 2) Alfabetización digital desde edades tempranas; 3) Acompañamiento, controles parentales y alfabetización a padres, madres y cuidadores; 4) Uso de la Inteligencia artificial; 5) Tipificación unificada de ciberdelitos; y 6) Fortalecimiento de capacidades institucionales en materia de denuncia y regulación de plataformas tecnológicas.

Abolir la explotación reproductiva

Por Abraham Madero, director ejecutivo Early Institute
Publicación original de Proceso

Desde hace más de tres décadas, la llamada “gestación subrogada” o “vientres de alquiler” se convirtió en una opción cada vez más recurrente a nivel mundial para parejas o personas que no pueden lograr un embarazo y desean tener una hija o hijo, pues en apariencia representa la única vía biológica disponible en contraste con figuras como la adopción o los tratamientos de fertilidad tradicionales.

No obstante, la evidencia acumulada a lo largo de los últimos años respecto al comportamiento de la industria de los vientres de alquiler, intersecta dilemas filosóficos, bioéticos y legales en el ámbito específico de los derechos humanos de las mujeres que intervienen en esta práctica, así como de las niñas y niños que nacen a través de esta vía.

A pesar de la convergencia de todas estas nociones que parecieran sugerir un asunto de enorme complejidad y abierto al debate, la realidad acorde a los datos disponibles es que no debería ser un tema como tal “polémico” si se apela al más elemental sentido común de la perspectiva de los derechos humanos.

Hoy es bien sabido que la práctica de la gestación subrogada devela dos realidades sustentadas en evidencia: representa una forma de explotación y cosificación de mujeres con fines reproductivos y al mismo tiempo un mecanismo para la gestación de bebés como si se tratasen de un producto comercializable y fabricable, a pesar de las prohibiciones expresas establecidas por el Derecho Internacional, concretamente en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños con fines de explotación.

Precisamente, doce años atrás Early Institute publicó el primer reporte en su tipo para documentar la presencia de esta industria en México y generar recomendaciones de incidencia a nivel nacional para evitar abusos de las mujeres quienes por necesidad se ven orilladas a rentar sus vientres, especialmente a raíz de que el estado de Tabasco se convirtió en un paraíso prolijo para este negocio al ser la primera región de América Latina en legalizar la práctica en el año de 1997.

En aquel entonces, el instituto documentó como la industria de la subrogación habilitó principalmente en el sur y centro del país un mercado de clínicas dedicadas profesionalmente a la búsqueda de mujeres en situación de vulnerabilidad para su renta y a generar servicios a la carta de niñas y niños para su comercialización, incluso ofreciendo características fenotípicas específicas a las personas solicitantes, en su mayoría personas extranjeras de países en donde – paradójicamente – esta práctica se encuentra expresamente prohibida por las razones anteriormente expuestas.

Dicho primer informe nos llevó a la necesidad de diseñar e impulsar ante el Congreso la Unión una seria de propuestas legislativas encaminadas a prohibir sin titubeos ni eufemismos, de manera expresa con el lenguaje que merece el término de explotación reproductiva -  tal y como lo han hecho países desarrollados como Alemania, Francia, España -  en diversas ordenamientos como la ley de trata, ley de salud, el código penal federal, código civil y la legislación relativa a prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

Desde entonces Early Institute no ha dejado de denunciar la explotación reproductiva a través de campañas de comunicación estratégicas; iniciativas locales con grupos de mujeres; foros y parlamentos abiertos; audiencias con ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo ello para visibilizar los abusos que han padecido cientos de mujeres sometidas a esta práctica así como las violaciones a las que se enfrentan miles de niñas y niños cuyos derechos a la salud, identidad y no discriminación son sistemáticamente vulnerados.

El pasado 3 y 4 de septiembre, Early Institute y la Universidad Panamericana fuimos sede de la IV Conferencia de la Declaración de Casa Blanca; esta decisión no fue accidental ni producto de la coyuntura. Se trató de un llamado urgente por abolir de manera absoluta la explotación reproductiva en nuestro país, al representar uno de los escenarios más estratégicos y representativos sobre el debate global de la maternidad subrogada y sus riesgos.

Mas allá del foro académico, la iniciativa convocó a 34 especialistas de 9 países: México, España, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Francia y Suiza, integrados por relatores y ex integrantes de órganos de tratados de Naciones Unidas, magistrados, juristas, académicos, médicos, bioeticistas y activistas. El objetivo común de este grupo fue claro y no admite diatribas: la explotación reproductiva debe abolirse de manera universal e inmediata, pues las mujeres no se rentan y los niños no se venden. Jamás esta práctica podrá considerarse una forma de progreso humano, mucho menos de falsas libertades y autonomías.

Más allá de los resultados de PISA 2025

Por Annayancy Varas, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

En México, no es desconocido el rezago educativo que tiene el país desde hace mucho tiempo. El panorama se constata con lo que últimamente publicó la prueba PISA 2025, convocada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En los resultados, nuestro país ocupó lugares muy desfavorables en Matemáticas y Comprensión lectora, calificados incluso como los “peores en 20 años”.

Esta lamentable situación dio origen a varias discusiones a través de foros y mesas de análisis como el organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación (Centro INIDE) de la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México.

Bajo el título “Repensar la educación tras la prueba PISA: brechas, tecnología y políticas para el aprendizaje”, especialistas de dicho Centro dialogaron en torno a la lectura que debe hacerse sobre PISA 2025 más allá de lo superficial que es un visible deterioro educativo evidenciado por bajas calificaciones.

Si bien, ese propio dato es un foco rojo, Jimena Hernández Fernández, docente investigadora del Centro INIDE, sostiene que el verdadero centro del problema no es únicamente el desempeño académico sino la manera en que la desigualdad social —económica, cultural y de acceso tecnológico— determina de manera sistemática quién aprende, cuánto aprende y en qué condiciones lo hace.

Es decir, lo que expresan los bajos resultados son realidad un reflejo de las desigualdades estructurales del país y que condicionan el aprendizaje. Por ejemplo, entre el 25% del alumnado con mayor ventaja socioeconómica y el 25% en mayor desventaja existe una diferencia de 68 puntos —una brecha equivalente a entre tres y cuatro ciclos escolares completos—, y esta distancia se ha mantenido estable entre 2015 y 2025.

Esto significa que el origen socioeconómico sigue siendo un factor clave en las oportunidades de aprendizaje, y ello implica reducir las desigualdades para siquiera poder pensar en mejorar el nivel educativo. Así mismo, en el foro se habló de la necesidad de crear una política pública basada en evidencia pues ninguna de las estrategias o reformas diseñadas en sexenios anteriores ha logrado reducir el peso de la desigualdad social.

Un elemento que también fue abordado fue el de la formación docente y que requiere la suficiente inversión para capacitar a quienes están frente a las aulas. Desafortunadamente en el gobierno pasado y en este se ha visto una disminución en los recursos, según Marisol Silva, integrante del Centro INIDE.

En sí, se propone tomar los resultados de PISA 2025 como un termómetro de lo que está ocurriendo en México, atender los desafíos que se están evidenciado y no quedarnos en el tema de las bajas calificaciones.

En Early Institute privilegiamos la evidencia como elemento clave para la construcción de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes y sabemos que este tipo de herramientas de medición deben ser analizadas con enfoques más amplios de los que se suelen considerar. Coincidimos en que las desigualdades sociales afectan el desarrollo humano y el reto está en generar condiciones que faciliten el aprendizaje desde una base equitativa y con absoluto respeto a los derechos, como lo es el de la educación.

Medir la violencia en tiempos del Mundial

Por Carolina Jasso, investigadora de Early Institute
Publicación original de Nexos

¿Qué muestran los registros sobre la violencia sexual y familiar? La evidencia internacional sugiere que los grandes eventos deportivos, como las copas mundiales de futbol, pueden exacerbar ciertas formas de violencia, en particular la violencia familiar y la sexual. El grueso de esa investigación corresponde a contextos anglosajones y el fenómeno carece de evaluación sistemática en América Latina. Este artículo examina si algo semejante ocurrió en México durante el Mundial de futbol de 2026, analizando tanto la tendencia general como la violencia perpetrada contra niñas, niños y adolescentes.

Para ello se examinan las series mensuales de incidencia delictiva y de víctimas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre enero de 2015 y julio de 2026, las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y los registros de lesiones de la Secretaría de Salud que consignan la fecha y la hora de ocurrencia.

En la literatura se sostienen dos hipótesis. La primera atribuye a estos eventos un aumento de la trata con fines de explotación sexual por la demanda del turismo, y las evaluaciones no la respaldan. Antes del Mundial de Alemania 2006 se anticipó el traslado de miles de personas, sobre todo mujeres, con ese fin; la evaluación posterior concluyó que la estimación carecía de sustento y que el incremento no ocurrió, en parte porque la trata exige logística e inversión previas que un evento breve difícilmente vuelve rentable. Investigaciones en otros contextos llegaron al mismo resultado. Ninguna de ellas niega el fenómeno y lo que descartan son los incrementos extraordinarios atribuidos a los eventos, no su ocurrencia.

La segunda, con mayor respaldo, asocia los partidos de futbol con incrementos de la violencia familiar. En la revisión sistemática de Kirsty Forsdike, publicada en Health Soc Care Community, diez de doce estudios encuentran asociación positiva. Los reportes de violencia de pareja aumentan entre 10% y 38% según el resultado del encuentro, desde una derrota inesperada del equipo local de futbol americano en Estados Unidos hasta 26% tras una victoria o un empate de la selección inglesa y 38% tras una derrota, y con datos horarios se ha observado que los casos disminuyen durante el partido y aumentan después, sobre todo los asociados al alcohol. Se trata, sin embargo, de eventos distintos entre sí en público, duración y carga emocional, y la propia revisión advierte que los resultados son mixtos.

El análisis abarca la serie mensual completa de cada delito, de modo que junio y julio de 2026 se comparan con once años de esa misma serie y no solo con el año previo. Desde enero de 2026 el SESNSP aplica la nueva metodología del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, y las series son comparables una vez agregadas conforme a su nota metodológica. Además, cada delito se cuenta en el mes de apertura de la carpeta, no en el de los hechos.[1] Dos condiciones limitan la lectura. La primera es el subregistro, pues la cifra oculta nacional alcanza 93.2 % de los delitos y supera 99 % en la violencia sexual contra las mujeres, de modo que los registros miden denuncias y no incidencia. La segunda es que algunas series estatales cambian de nivel antes del torneo, como en Nuevo León, donde las carpetas por violencia familiar superan a las de 2025 desde enero, por lo que la comparación parte del promedio de enero a mayo de 2026.

El procedimiento (análisis de series de tiempo) descompone cada serie en una tendencia de largo plazo, un patrón estacional que se repite cada año y un componente irregular, que recoge la variación excepcional. La serie nacional de violencia familiar (Figura 1) lo muestra, pues su estacionalidad es marcada, con máximos recurrentes entre marzo y julio, de manera que un aumento en los meses en los que se llevó a cabo el Mundial es esperable.

Figura 1. Carpetas de investigación por violencia familiar, nacional, enero de 2015 a julio de 2026

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a), reagregados conforme a SESNSP (2026b).

La pregunta es si el componente irregular de junio y julio de 2026 se aparta de lo que esa serie registró en los once años previos, y no lo hace. En los seis delitos examinados, incluidos aquellos cuyas víctimas son por definición niñas, niños y adolescentes, las desviaciones son menores a 0.6 (Figura 2 y Tabla 1).[2]

Figura 2. Desviación de junio y julio de 2026 respecto del patrón estacional de cada serie, nacional

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a). Se muestran los cuatro delitos de mayor volumen. La banda interior corresponde a ±2 desviaciones estándar del componente irregular 2015–2025, el rango de variación normal de cada serie; la exterior, a ±4.

Varios delitos registraron más carpetas en junio y julio de 2026 que en 2025. La violencia familiar aumentó 8.1 % y la corrupción de menores 15.4 %. La pregunta relevante no es si subieron, sino si subieron más de lo que acostumbran, y eso mide la última columna de la tabla 1, que expresa cuánto se apartó cada mes del comportamiento propio de su serie una vez descontadas tendencia y estacionalidad. Un valor que rebasa dos desviaciones estándar se considera atípico.[3] Ninguna serie se acerca a ese umbral y la mayor desviación, en trata durante julio, llega a 0.55. Los aumentos existen, pero son los que estos delitos registran cada año en junio y julio.

Tabla 1. Carpetas de investigación en junio y julio, nacional, 2025 y 2026

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a). La violación agrupa las modalidades simple y equiparada.

Otro elemento que apunta en la misma dirección es la ausencia de un patrón propio de las sedes. El incremento de violencia familiar fue mayor fuera de las entidades sede (+9.1 %) que en ellas (+4.9  %), y las tres se movieron en direcciones distintas, pues en la Ciudad de México las carpetas cayeron 24 %, en Jalisco subieron 11.2% y en Nuevo León 48.1 %. La comparación formal (un modelo de diferencias en diferencias) sigue mes a mes a los municipios de las tres zonas metropolitanas sede y a 198 municipios urbanos sin partidos. Si ser sede hubiera importado, ambos grupos se habrían separado en junio, y no lo hacen en ningún delito. El mismo ejercicio en 2023, 2024 y 2025 produce diferencias equivalentes.

Para descartar que el resultado se deba a la casualidad se aplicó una prueba de permutación, que simula lo que habría ocurrido sin el Mundial. El azar pudo generar aumentos de hasta 5.8 % en violencia familiar y de 15.3 % en abuso sexual, mientras que los documentados para eventos comparables, de entre 26 % y 38 %, son varias veces mayores y habrían resultado inconfundibles. En la trata la inferencia no es viable por el volumen, pues con quince carpetas en las entidades sede ningún incremento sería distinguible del azar, y la serie nacional se mantuvo estable, con 367 y 370 carpetas en enero-julio de 2025 y 2026.

En lo que respecta a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, el registro del RNID permite por primera vez desagregar por edad a nivel municipal y muestra su centralidad en estos delitos, pues la mitad de las víctimas de abuso sexual y cuatro de cada diez víctimas de violación tienen entre 0 y 17 años, y más de 80 % de ellas son niñas y adolescentes mujeres. En violencia sexual la desagregación por edad comienza apenas en 2026, así que se emplea como aproximación la violación equiparada, figura que cubre a niñas, niños y adolescentes víctimas y cuya serie llega a 2015.

Figura 3. Desviación de junio y julio de 2026 respecto del patrón estacional, indicadores de niñas, niños y adolescentes, nacional

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a). Series de víctimas de 0 a 17 años, salvo violación equiparada, que corresponde a carpetas de investigación.

Ninguna de las cinco series se aparta de su patrón (Tabla 2 y Figura 3). La mayor desviación es de 0.45, en violación equiparada durante julio, frente a un ruido habitual de 10 % en esa serie. Los aumentos de junio y julio entre niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar y de violación, cercanos a 12 %, fueron similares dentro y fuera de las entidades sede. Lo que la serie larga sí revela es un crecimiento sostenido e independiente del Mundial, pues entre 2015 y 2026 las carpetas por violación equiparada aumentaron 204 % y las de corrupción de menores 110 %, de 823 a 1726.

Tabla 2. Niñas, niños y adolescentes en junio y julio, nacional, 2025 y 2026

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2026a). La desagregación de víctimas por edad existe desde 2015 sólo para los delitos de los bienes jurídicos vida e integridad corporal, libertad personal, patrimonio y sociedad; para violencia familiar y los delitos sexuales comienza con el RNID en 2026, por lo que esas dos filas carecen de comparación con 2025 y se emplea la violación equiparada como aproximación a la violencia sexual contra personas menores de edad.

Con la información disponible a julio de 2026, los registros administrativos no muestran ningún incremento atribuible al Mundial en la violencia familiar, la violencia sexual, la corrupción de menores o la trata, ni en el agregado nacional, ni en las sedes, ni entre niñas, niños y adolescentes. El resultado es consistente con la evidencia internacional sobre trata. La de violencia familiar exige una escala más fina, pues el efecto se concentra en los días de partido. Los registros de lesiones de la Secretaría de Salud (2026) permiten esa prueba en junio, mes en el que su captura alcanza el nivel de 2025.[4] En los diez días con partido en sedes mexicanas las lesiones por violencia familiar quedaron 0.3 % por encima del resto del mes, con un intervalo de −7.3 % a +8.6 %, y los partidos de México en la Copa Oro de 2025 dan +5.2 %, tampoco significativo.

Donde la cifra oculta de la violencia sexual supera 99 %, la ausencia de señal debe leerse con la cautela que se exigiría ante un aumento. El seguimiento de estos delitos no debería depender de eventos de gran visibilidad. Mientras la discusión pública se concentró en veinticinco días, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes siguió creciendo, pues entre 2015 y 2026 las carpetas por violación equiparada se triplicaron y las víctimas de corrupción de menores se duplicaron. El hallazgo no es que no ocurra nada, sino que lo que ocurre es sostenido y ajeno al calendario deportivo, y que en más de ocho de cada diez casos de violencia sexual contra la infancia las víctimas son niñas y adolescentes mujeres. Ése es el problema que la política de prevención tiene que atender.

[1] De los hechos ocurridos entre un 11 de junio y un 5 de julio, al cierre de julio se encuentra registrado 91% de la violencia familiar, 82 % del abuso sexual y 79 % de las violaciones. La estimación se apoya en las 13,205 carpetas de esos delitos cuyos hechos cayeron en esa ventana entre 2019 y 2023 en la Ciudad de México, única entidad que publica ambas fechas, de modo que constituye una aproximación.

[2] Como contraste se examinaron también el homicidio doloso, las lesiones dolosas y la extorsión, delitos ajenos a la hipótesis pero sensibles a cambios en la movilidad, en la actividad económica y en la práctica de registro. Sus desviaciones en junio y julio de 2026 van de −0.5 a +0.6, el mismo rango que los delitos examinados. Una alteración general del registro o de la propensión a denunciar durante el torneo se habría reflejado también en ellos.

[3] El umbral de dos desviaciones estándar corresponde a la convención habitual para señalar un valor atípico. Los procedimientos de detección automática en series estacionales ajustan el punto de corte a la longitud de la serie y, para 139 observaciones, lo sitúan cerca de cuatro desviaciones estándar.

[4] El subsistema de Lesiones y Causas de Violencia registra la atención por lesiones en unidades de la Secretaría de Salud y consigna la fecha y la hora en que ocurrió el hecho, no la de su registro, además de codificar la intencionalidad y el parentesco del agresor. Esas características lo convierten en la única fuente mexicana que permite contrastar una hipótesis formulada en días y en horas. El censo de egresos hospitalarios no lo permite, pues asienta la fecha de ingreso y capta únicamente los casos que derivan en internamiento, una fracción reducida y no representativa de la violencia familiar. La prueba se restringe a junio porque en ese mes la captura de 2026 alcanza entre 0.90 y 1.03 del volumen de 2025 y en julio desciende a 0.70. El modelo emplea el total diario de lesiones como denominador, de modo que el nivel de captura no sesga la estimación.

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