Patria potestad y responsabilidad parental, figuras clave en la crianza

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

El origen de esta forma de protección es el respeto y acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que los reconoce como sujetos titulares de derechos, en tanto que a sus padres y madres los señala como garantes responsables de asegurar su cumplimiento.

Cuando se habla de la protección de niños, niñas y adolescentes se está abordando un amplio espectro social, en el que no solo intervienen prácticas de padres, madres y cuidadores hacia sus hijos o hijas, sino que se han concretado figuras legales que coadyuvan a ese fin.

Uno de estos conceptos jurídicos es la patria potestad, entendida como el conjunto de derechos y deberes de padres y madres sobre sus hijas e hijos en los asuntos que refieren a su representación, cuidado y administración de bienes. Aunque más allá de los tópicos normativos, esta figura también representa el vínculo afectivo que rige las labores de crianza, enseñanza, guía y tutela.

El origen de esta forma de protección es el respeto y acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que los reconoce como sujetos titulares de derechos, en tanto a sus padres y madres los señala como garantes responsables de asegurar su cumplimiento.

Con el tiempo, esta obligación se ha reforzado con otros deberes con el propósito de salvaguardar a los hijos y las hijas. De este modo se habla de responsabilidad parental como un ejercicio que implica el cuidado, la protección, la educación y la formación de niñas, niños y adolescentes en entornos libres de violencia bajo un principio de respeto mutuo.

Si bien existe una claridad en los preceptos, también con el tiempo se han distorsionado algunos otros que acompañan a la patria potestad, como la autonomía progresiva. En un inicio, principio se centraba en el reconocimiento de que niñas, niños y adolescentes desarrollaran gradualmente capacidades para participar en decisiones que afectan su vida de conformidad con su desarrollo y madurez, pero por desconocimiento a veces se opta por conceder que los menores de edad pueden ser considerados como adultos plenamente autónomos para la toma de decisiones sobre aspectos relevantes de sus vidas. No hay nada más equivocado, pues precisamente por su rol como titulares de derechos, resulta imperativo que niñas, niños y adolescentes cuenten con una protección reforzada y guía por parte de sus tutores e instituciones del Estado.

Este tipo de imprecisiones abre la puerta a decisiones que podrían afectar al referido grupo etario, en tanto hay situaciones que rebasan su entendimiento y, por ende, al dejarlos tomar el rumbo de su vida por su cuenta es un acto de irresponsabilidad absoluta.

Hay que señalar que la patria potestad y la responsabilidad parental no son asuntos únicamente concernientes a las materias legales de niñez o civiles, pues por su relevancia, las acciones u omisiones al respecto pueden trascender hasta la materia penal y terminar en sentencias por delitos como el abandono de personas, violencia familiar, corrupción de menores, violación, etcétera.

En Early Institute buscamos el fortalecimiento de la patria potestad y la responsabilidad parental por considerarlas fundamentales en el adecuado desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Por ello, hemos propuesto al Senado de la República un paquete integral de reformas legislativas que faciliten ámbitos nucleares como la educación, salud, seguridad y protección. Será en el próximo período ordinario de sesiones del Congreso federal, que daremos un seguimiento puntual a estas propuestas pues sabemos que sin el acompañamiento de políticas públicas el cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes podría quedar en el aire cuando su materialización tendría que ser una prioridad.

Tlaxcala y Querétaro: un paso adelante en la protección de la maternidad

Por Sandra Espinosa Rizo, abogada del área de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original de El Heraldo de México

Esta problemática no se trata solo de conductas individuales o conflictos aislados en el ámbito laboral, sino de prácticas que reflejan estereotipos arraigados

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue publicada en febrero de 2007 para establecer mecanismos para prevenir y atender las formas de violencia que enfrentan las mujeres y que históricamente han sido normalizadas e invisibilizadas.

No obstante, a casi 20 años de su publicación, aún persisten múltiples formas de violencia que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres y que continúan siendo minimizadas e incluso desconocidas. Una de ellas es la discriminación que enfrentan durante el embarazo o el ejercicio de la maternidad, especialmente en el ámbito laboral.

Durante el mes de mayo, gracias al trabajo de Early Institute los congresos locales de Tlaxcala y Querétaro aprobaron reformas legislativas que tienen por objetivo visibilizar, prevenir y atender la discriminación que viven las mujeres con motivo del embarazo o la maternidad.

Estas modificaciones representan un avance importante porque reconocen expresamente que dicha discriminación es una forma de violencia que afecta exclusivamente a las mujeres y que tiene consecuencias no solo laborales o profesionales, sino también en la salud física y emocional, tanto de la mujer embarazada como de su hija o hijo que está por nacer.

De acuerdo con el informe de Early Institute “La discriminación laboral por embarazo”, esta forma de violencia genera mayores niveles de estrés, emociones negativas e incluso depresión durante el embarazo y posparto. Además, puede afectar a su hija o hijo, al asociarse con riesgos como parto pretérmino, bajo peso al nacer y mayor sensibilidad al estrés.

Además, enfatiza que esta forma de violencia no implica únicamente el despido de una mujer por estar embarazada; también puede manifestarse mediante la solicitud de pruebas de embarazo, la negación de ascensos, la reducción de salarios, modificaciones arbitrarias de horarios, negación de permisos para ir al sanitario o para sentarse, o incluso el asignar actividades que ponen en riesgo su bienestar. En ocasiones estas conductas están tan normalizadas que pasan desapercibidas, lo que dificulta su denuncia y atención.

Las reformas aprobadas en Tlaxcala y Querétaro constituyen un paso relevante para nombrar y visibilizar la importancia social del embarazo y la protección reforzada que requiere la primera infancia. Sin embargo, aún hay mucho por hacer.

Por un lado, es necesario que estas reformas se traduzcan en acciones de política pública efectivas y accesibles para todas las mujeres; además, se requiere seguir fomentando una cultura en los ámbitos laborales que promuevan que la maternidad no es un obstáculo para la productividad ni tampoco una carga que le corresponde solo a las mujeres. Cuidar de la maternidad es una tarea de corresponsabilidad, entre el Estado, la sociedad, el ámbito privado y las familias.

Asimismo, estos avances no deben quedar en esfuerzos aislados o limitados a estas entidades federativas. Desde Early Institute, esperamos que el ejemplo de Tlaxcala y Querétaro sirva para que se extienda a más estados o incluso se consolide como una política de alcance nacional.

Garantizar que ninguna mujer sea discriminada por estar embarazada o ejercer su maternidad no constituye un privilegio o una concesión, sino una condición que es indispensable para construir una sociedad justa, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas.

 

No fue noviazgo, fue violencia sexual

Escrito por: Rafael Vincent MorfÍn Calvo, abogado del área de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original en  El Heraldo de México

Hacemos un llamado a las autoridades, principalmente en el ámbito legislativo, para la revisión y modificación de tipos penales y reglas procedimentales que favorezcan la impunidad de violentadores sexuales

En días recientes se ha dado a conocer el caso de un maestro de 50 años, quien, siendo docente en una escuela en Ecatepec, Estado de México, alegó haber “acordado” iniciar una relación de noviazgo con una estudiante de 14 años.

El caso ha resultado sumamente indignante no solo por la evidente diferencia de edad (36 años) entre el maestro y la estudiante, sino también por los mecanismos judiciales que permitieron al agresor continuar con su proceso en libertad mediante el pago de una garantía de 75 mil pesos; cantidad que contrasta con la gravedad de la evidente comisión de un delito de naturaleza sexual en contra de una menor de edad.

En ese sentido, es imperativo que no analicemos este caso únicamente bajo la óptica del supuesto “consentimiento” entre la víctima y el agresor para iniciar una relación afectiva, pues una relación alumno-docente de manera natural supone la existencia de una asimetría de poder, en la que el maestro funge como figura de autoridad y el alumno se encuentra en una posición de subordinación y especial vulnerabilidad; así mismo, la diferencia de edad debería ser un indicativo lógico de que la conducta realizada constituye la comisión de un delito. Dichas circunstancias impiden analizar este tipo de conductas bajo los mismos parámetros que una relación entre personas adultas en condiciones de igualdad y madurez.

Ante este tipo de relaciones de poder, la infancia y adolescencia merecen una protección reforzada de sus derechos humanos por parte del Estado y de sus instituciones, situación que se encuentra contenida en los más altos estratos de la legislación nacional, así como los instrumentos internacionales.

La Convención sobre los Derechos del Niño, mediante su Artículo 3, mandata que en todas las medidas concernientes a los niños (entendiéndose como niño a todo ser humano menor de 18 años) que tomen instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos, se atenderá al interés superior del niño.

La Constitución Federal, por su parte, señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez para la plena garantía de sus derechos.

En ese sentido, resulta preocupante pensar que, debido al mal diseño de las políticas públicas vigentes y la falta de perspectiva de niñez en los procesos de impartición de justicia, se desatienda uno de los principios fundamentales de la protección a la infancia y adolescencia mexicana, dejando en el desamparo a una víctima de violencia sexual, y a un agresor pululando libremente con total impunidad.

El supuesto “consentimiento” es inexistente cuando a una persona menor de 18 años se le violenta sexualmente; así lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Angulo Losada Vs. Bolivia; no obstante, el marco jurídico mexicano aún experimenta múltiples problemas estructurales que se deben atender con urgencia por las autoridades locales y federales para prevenir que casos como el presente se repitan.

Desde Early Institute rechazamos categóricamente las relaciones entre adultos y personas menores de 18 años, al tiempo que refrendamos la inexistencia del “consentimiento” cuando se trata de escenarios de violencia sexual y de relaciones entre adultos y menores de edad. Hacemos un llamado a las autoridades, principalmente en el ámbito legislativo, para la revisión y modificación de tipos penales y reglas procedimentales que favorezcan la impunidad de violentadores sexuales, así como que generen entornos de discriminación y revictimización para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, por establecer parámetros de edades diferenciados y marcos de actuación insuficientes para un efectivo acceso a la justicia y reparación del daño causado.

Hagamos equipo en casa y protejamos siempre a niñas y niños

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute
Publicación original de El Financiero

Early Institute junto con la asociación Infancia Libre de Abuso Sexual lanzamos la campaña “Hagamos equipo en casa. El silencio no protege” para hacer un llamado a los padres, madres y cuidadores de niñas, niños y adolescentes para que tengan medidas de vigilancia y seguridad en sus entornos inmediatos, en particular en sus casas.

Estamos en plena efervescencia futbolística ante el desarrollo de la Copa Mundial 2026. México es sede junto con Estados Unidos y Canadá y por la propia naturaleza del evento las problemáticas sociales tienden a aumentar. Lamentablemente una de ellas es la violencia en sus distintas expresiones, pero la que hoy más afecta es la de tipo sexual contra niñas, niños y adolescentes.

En las últimas semanas se han presentado, en nuestro país, múltiples campañas de prevención que unen a las organizaciones civiles a cerrar filas para evitar daños a la infancia, en tanto este tipo de encuentros propicia la distracción en los distintos espacios y, por ende, el descuido a los más vulnerables.

Así, Early Institute junto con la asociación Infancia Libre de Abuso Sexual (ILAS) lanzamos la campaña “Hagamos equipo en casa. El silencio no protege” para hacer un llamado a los padres, madres y cuidadores de niñas, niños y adolescentes para que tengan medidas de vigilancia y seguridad en sus entornos inmediatos, en particular en sus casas.

Sin duda la atención debe acentuarse en momentos como este de reuniones familiares y con amigos, pero no se debe olvidar que el cuidado y la protección a niñas, niños y adolescentes debe ser permanente y no bajar la guardia nunca.

Hay datos que indican que los torneos no crean a los agresores, pero sí se generan condiciones de violencia ante la presencia de riesgos que pueden resumirse en tres: a) la ingesta masiva y prolongada de alcohol; b) la desinhibición emocional y c) la flexibilización de las normas sociales de conducta, donde se tolera la catarsis agresiva bajo la excusa de la pasión deportiva.

En este sentido, hay que señalar que si bien existe una gran preocupación por la presencia de agresores que buscan vulnerar la sexualidad de niñas y niños víctimas de trata o explotación infantil, es necesario observar que este tipo de eventos facilitan otras formas de violencia en contextos cercanos a las familias.

Por supuesto bajo ninguna circunstancia deben permitirse faltas de respeto ni agresiones, de ahí la importancia por tener reglas claras cuando haya reuniones en el hogar o se asista a otros sitios.

Algo también fundamental es estar atentos a las interacciones entre niños y adolescentes y no asumir que porque son de edades similares están seguros. Aquí la recomendación es tratar de integrarlos a la dinámica que se está desarrollando en casa o al menos echar un vistazo continuamente a lo que están haciendo, principalmente en lugares cerrados.

En Early Institute sabemos que estar alertas en los espacios más cercanos puede prevenir prácticas que afecten a niñas, niños y adolescentes. Insistimos que las medidas de precaución no deben ser exclusivas en el marco de estas fechas deportivas, sino en todo momento y, sobre todo, no hay que guardar silencio ante alguna situación sospechosa. Tampoco hay que olvidar que cuidar implica proteger a los niños y las niñas de nuestro entorno y solo a nuestros propios hijos o hijas, porque nuestro apoyo puede evitarles experiencias peligrosas, desagradables y difíciles de sanar.

La falsa neutralidad de las plataformas digitales

Por Ana Reza, investigadora de Early Institute 
Publicación original de El Sol de México

Los recientes fallos judiciales contra Meta y Google marcan un punto de quiebre: reconocen lo que durante años se ha intentado minimizar. El daño que generan las plataformas digitales en niñas, niños y adolescentes no es accidental, ni atribuible a descuidos individuales o a la falta de supervisión familiar.

Es el resultado de decisiones deliberadas de diseño. Sistemas de recomendación, reproducción automática, notificaciones constantes y métricas de validación social no son funciones neutras: están diseñadas para capturar atención a cualquier costo, incluso explotando procesos cognitivos en desarrollo y favoreciendo patrones de uso compulsivo.

Las empresas lo saben. Cuentan con datos, estudios internos y capacidad técnica suficiente para anticipar la dependencia que generan, y aun así sostienen modelos que priorizan la permanencia sobre el bienestar. En ese contexto, la afirmación de Mark Zuckerberg —“creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios”— no es una excusa: es una admisión.

Si los controles fallan de forma sistemática, no es porque los usuarios sean demasiado astutos, sino porque los mecanismos son insuficientes o deliberadamente laxos. Trasladar la responsabilidad a niñas, niños y adolescentes no solo es inaceptable, es una forma de eludirla.

Seguir apelando al “uso responsable” de las familias es, en este escenario, una salida cómoda. No se puede exigir autocontrol en entornos diseñados para romperlo, ni cargar la protección en quienes no tienen ni la información ni las herramientas para enfrentar sistemas altamente sofisticados. La asimetría no es menor: es la base del modelo.

Por eso, la discusión no puede seguir girando en torno a recomendaciones blandas. Se requieren obligaciones exigibles: verificación de edad efectiva, configuraciones de seguridad por defecto para menores, límites a funciones que incentivan el uso compulsivo, transparencia real sobre algoritmos y supervisión externa. Nada de esto es técnicamente inviable; lo que ha faltado es voluntad —y regulación— para imponerlo.

A estas alturas, seguir hablando de neutralidad resulta insostenible. El diseño tecnológico produce efectos, y cuando esos efectos dañan de forma sistemática a la infancia, la inacción regulatoria deja de ser omisión para convertirse en complicidad. La pregunta ya no es si las plataformas deben asumir responsabilidad, sino cuánto tiempo más se les dejará evadirla.

Suicidios en niñas, niños y adolescentes: un asunto de prioridad

Por Annayancy Varas García, directora de Early Institute 
Publicación original de El Financiero

Recientemente, la revista The Lancet Regional Health – Americas publicó un estudio que demuestra el aumento en suicidios en adolescentes, en particular en el rango de 10 a 24 años.

 

En los últimos años se ha dado mayor importancia a un tema que debería ser colocado al centro de la agenda social de América Latina, pero que todavía falta por considerarse primordial. Me refiero al suicidio en niñas, niños y adolescentes, cuyas cifras son escalofriantes en la región y todo parece indicar una tendencia a la alza.

Recientemente, la revista The Lancet Regional Health – Americas publicó un estudio que demuestra el aumento en suicidios en adolescentes, en particular, en el rango de 10 a 24 años. Según el informe, este suceso representa la tercera causa de muerte en adolescentes y jóvenes, en América Latina, observándose un considerable aumento en quienes tienen entre 10 y 14 años (se incrementó de 5.7 a 7.84 % en el período de 2000 a 2021).

Esto significa una alerta sustancial para familias y autoridades escolares y gubernamentales no solo en la detección de factores que pudieran terminar en una tragedia, sino en llevar a cabo intervenciones tempranas que la puedan evitar.

Incluso, en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en sus últimas cifras sobre suicidio, identifica que son las niñas y mujeres quienes tienen mayor tendencia a privarse de la vida que los hombres.

El estudio titulado Mortalidad por suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes de 10 a 24 años en las Américas, 2000-2021: un análisis utilizando las Estimaciones Mundiales de Salud de la OMS hace hincapié en que: “Sin un compromiso renovado, el suicidio seguirá siendo una causa de muerte principal, aunque prevenible, entre los jóvenes, con importantes implicaciones para la salud poblacional y el desarrollo”.

Lo anterior se indica ya que se determinó que entre las posibles causas vinculadas a los suicidios se ubican afectaciones en la salud mental, el consumo de sustancias y su eventual adicción, la inadecuada exposición en entornos digitales, que pudiera derivar en ciberacoso, entre otras, es decir, prácticas que pueden ser prevenidas y atendidas de modo que la persona no llegue a pensar en acabar con su vida.

Otro de los puntos que sostiene el estudio es que: “Las persistentes y crecientes disparidades por sexo, edad y geografía sugieren que los esfuerzos de prevención existentes son insuficientes y se implementan de manera desigual en la región. Se requiere una acción fortalecida, coordinada y sostenida que involucre a gobiernos, sociedad civil y socios internacionales para elevar la prevención del suicidio como una prioridad de salud pública”.

Por si fuera poco, el estudio señala que la problemática coloca a la región en un sitio desfavorable con respecto a otras partes del mundo y los autores advierten que es la única región en la que se presenta una alza sostenida en la tasa de mortalidad por suicidio.

El asunto no es menor y se requieren iniciativas que prevengan y actúen de manera oportuna. En Early Institute —el único think tank mexicano dedicado al cuidado de la primera infancia—, reconocemos la importancia de trabajar con la población más vulnerable sobre temas de salud mental, prevención de adicciones, seguridad digital y otras acciones que eviten que este sector de la sociedad tome medidas que representen riesgos para su vida. La evidencia es muy clara y hacer caso omiso sería prácticamente dejar a la deriva a esta parte de la población que merece todo nuestro respeto, atención y respaldo.

 

La adopción desde el derecho a vivir en familia

Por Sandra Espinosa Rizo, abogada del área de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original de El Heraldo de México

En México existe una amplia normatividad en materia de adopciones. A través de estas normas también se establecen los requisitos para las personas solicitantes

 

Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en familia. La adopción es una de las medidas para garantizar ese derecho, siempre desde la perspectiva de proteger el interés superior de la niñez y no como un derecho de las personas adultas a tener hijos.

En México existe una amplia normatividad en materia de adopciones. A través de estas normas también se establecen los requisitos para las personas solicitantes, los cuales responden a la obligación de garantizar que quienes integren a las niñas y niños a su familia sean aptas para brindar cuidado, amor y condiciones adecuadas para su vida y su desarrollo.

Las razones por las que niñas y niños están en esas instituciones son diversas: desde aquellos que han sido abandonados y se desconoce si tienen familia, aquellos que han sido víctimas de alguna forma de violencia y tienen que ser alejados de su familia como una medida de protección, hasta aquellos cuyos padres fallecieron y no cuentan con una red familiar que pueda hacerse cargo.

Debido a esas situaciones tan complicadas y particulares, es que determinar que pueden ser adoptados, suele ser tan complejo. Lo ideal siempre es buscar primero que estas niñas y niños sean reunificados con su familia de origen o nuclear, o en algunos casos con alguna otra persona de su familia extensa, siempre que esta medida no represente algún riesgo para su bienestar.

Pero cuando no pueden reintegrarse con su familia de origen, la obligación del Estado es garantizar la restitución del derecho de niñas y niños a tener una familia y así pasar el menor tiempo posible en un Centro de Asistencia Social. De acuerdo con información de UNICEF, por cada tres meses que residen en una institución, pierden un mes de desarrollo.

Es así que, en el artículo 30 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establece que pueden ser adoptados quienes no tengan quien ejerza la patria potestad, quienes sean expósitos o abandonados, o quienes se encuentren bajo tutela institucional y cuenten con un informe de adoptabilidad.

Por ello, el procedimiento de abandono o exposición resulta relevante. A diferencia de la pérdida de la patria potestad, que implica un juicio, esta vía se desarrolla en un ámbito administrativo a través de autoridades especializadas, es decir los Sistemas DIF y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que permite emitir una determinación sobre la adoptabilidad de la niñas, niño o adolescente.

En ese contexto, resulta relevante la iniciativa presentada hace unos días en Querétaro por la presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta busca incorporar la figura de certificación de exposición o abandono en la legislación estatal mediante reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro y al Código Civil local.

La iniciativa pretende establecer mecanismos más claros para actuar en casos de abandono, exposición o ausencia prolongada de quienes ejercen la patria potestad.

En términos prácticos, esto podría traducirse en mayor rapidez y certeza jurídica para definir la situación de niñas y niños que hoy permanecen durante años en Centros de Asistencia Social esperando una resolución.

Si bien cualquier reforma en la materia debe proteger el derecho al debido proceso de las familias de origen, es indispensable reconocer que prolongar la estancia de niñas y niños en Centros de Asistencia Social afecta directamente su desarrollo.

Por ello, es necesario seguir fortaleciendo la legislación y los mecanismos que permitan garantizar que niñas y niños crezcan y se desarrollen en un entorno familiar.

Infancia, niñez y adolescencia; una apuesta por el futuro

Por: Rafael Vincent MorfÍn Calvo, abogado del área de Asuntos Públicos de Early Institute
Publicación original en  El Heraldo de México

Indudablemente, la mayor carga de presión se generaría sobre el sistema de pensiones y los servicios de salud

La sociedad mexicana se encuentra hoy en día ante una problemática que crece día con día y que, de continuar con su tendencia actual, supondrá un panorama negativo para toda la población; el 2034 podría ser el año en que la población mayor de 60 años supere a la población menor de 12 años. 

La ralentización en el crecimiento demográfico del país se vive hoy como una realidad vigente y como un potencial riesgo hacia el futuro, pues los datos nos demuestran que nos encontramos ante una tendencia sostenida de menos nacimientos de mexicanos que hace medio siglo. 

De acuerdo con el recientemente publicado Programa Nacional de Población 2026-2030, se da cuenta de que de 2018 a 2023, el porcentaje de mujeres sin hijos y sin deseo de tenerlos aumentó de 31.3% a 50.1%, lo que representa una señal de que la decisión de formar una familia está siendo influida por circunstancias y/o problemáticas políticas, económicas, laborales y sociales, que hacen más complejo asumir la maternidad como una ruta de vida. 

Una desaceleración en el crecimiento poblacional puede obedecer a diversos factores, uno de ellos, un manejo deficiente en las políticas públicas de fomento y apoyo a la maternidad y a la figura familiar, así como de protección a la primera infancia, en donde no se toma en consideración las potenciales consecuencias de descuidar el balance de reemplazo poblacional necesario para mantener condiciones sociales sanas para cualquier nación. 

Esta desaceleración tiene múltiples y significativas consecuencias para una sociedad; por ejemplo, en el mediano y largo plazo, a menores nacimientos, corresponde una menor inclusión de personas al mercado laboral, lo cual, a su vez, cuenta con múltiples consecuencias relacionadas con diversos ámbitos.  

Indudablemente, la mayor carga de presión se generaría sobre el sistema de pensiones y los servicios de salud, donde la población laboralmente activa funciona como pilar para financiar las prestaciones de quienes ya se retiraron y satisfacer las necesidades básicas en materia de seguridad social de la población en lo general. 

Así mismo, un escenario que ya hemos comenzado a vivir hoy en día es una crisis en el sector educativo, pues escuelas tanto públicas como privadas han denunciado una reducción sostenida del alumnado a lo largo de los niveles de educación básica, media superior y superior. 

En ese sentido, es preocupante que, ante este panorama, aún no contemos con estrategias integrales de atención y prevención de la desaceleración en el crecimiento poblacional.  

Resulta urgente reconocer y visibilizar esta problemática, así como tomar medidas desde los diversos niveles y organismos del Estado para contrarrestar sus efectos nocivos y, de esta manera, prevenir problemáticas sociales y estructurales futuras que puedan aquejar a la población. 

Desde Early Institute, invitamos a personas tomadoras de decisiones para invertir en planes, políticas y programas que se centren en brindar una protección reforzada a la maternidad desde los ámbitos laboral, de salud, educativo, de seguridad y de crecimiento económico. Esto contribuirá a que más mujeres puedan considerar la maternidad como un proyecto de vida compatible con sus aspiraciones personales y profesionales. 

Así mismo, consideramos que invertir en la primera infancia, infancia y adolescencia, es fundamental para favorecer la formación y consolidación de nuevas familias como un pilar fundamental de la sociedad. Fomentar la existencia de mejores condiciones para niñas, niños y adolescentes desde los ámbitos educativo, de salud y laborales, también quitaría un punto de presión sobre quienes desean ser padres y madres, mismos que sabrán que pueden confiar en los servicios estatales como coadyuvantes activos en su desarrollo familiar. 

Por lo anterior, insistimos en que la protección de la primera infancia y el núcleo familiar representa el camino hacia un mejor futuro como nación, e instamos a que las personas tomadoras de decisiones vean en la infancia un recurso humano fundamental, de gran necesidad y valor para la sociedad mexicana y como un tópico en el cual vale la pena invertir.