Los recientes fallos judiciales contra Meta y Google marcan un punto de quiebre: reconocen lo que durante años se ha intentado minimizar. El daño que generan las plataformas digitales en niñas, niños y adolescentes no es accidental, ni atribuible a descuidos individuales o a la falta de supervisión familiar.

Es el resultado de decisiones deliberadas de diseño. Sistemas de recomendación, reproducción automática, notificaciones constantes y métricas de validación social no son funciones neutras: están diseñadas para capturar atención a cualquier costo, incluso explotando procesos cognitivos en desarrollo y favoreciendo patrones de uso compulsivo.

Las empresas lo saben. Cuentan con datos, estudios internos y capacidad técnica suficiente para anticipar la dependencia que generan, y aun así sostienen modelos que priorizan la permanencia sobre el bienestar. En ese contexto, la afirmación de Mark Zuckerberg —“creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios”— no es una excusa: es una admisión.

Si los controles fallan de forma sistemática, no es porque los usuarios sean demasiado astutos, sino porque los mecanismos son insuficientes o deliberadamente laxos. Trasladar la responsabilidad a niñas, niños y adolescentes no solo es inaceptable, es una forma de eludirla.

Seguir apelando al “uso responsable” de las familias es, en este escenario, una salida cómoda. No se puede exigir autocontrol en entornos diseñados para romperlo, ni cargar la protección en quienes no tienen ni la información ni las herramientas para enfrentar sistemas altamente sofisticados. La asimetría no es menor: es la base del modelo.

Por eso, la discusión no puede seguir girando en torno a recomendaciones blandas. Se requieren obligaciones exigibles: verificación de edad efectiva, configuraciones de seguridad por defecto para menores, límites a funciones que incentivan el uso compulsivo, transparencia real sobre algoritmos y supervisión externa. Nada de esto es técnicamente inviable; lo que ha faltado es voluntad —y regulación— para imponerlo.

A estas alturas, seguir hablando de neutralidad resulta insostenible. El diseño tecnológico produce efectos, y cuando esos efectos dañan de forma sistemática a la infancia, la inacción regulatoria deja de ser omisión para convertirse en complicidad. La pregunta ya no es si las plataformas deben asumir responsabilidad, sino cuánto tiempo más se les dejará evadirla.

Recientemente, la revista The Lancet Regional Health – Americas publicó un estudio que demuestra el aumento en suicidios en adolescentes, en particular en el rango de 10 a 24 años.

En los últimos años se ha dado mayor importancia a un tema que debería ser colocado al centro de la agenda social de América Latina, pero que todavía falta por considerarse primordial. Me refiero al suicidio en niñas, niños y adolescentes, cuyas cifras son escalofriantes en la región y todo parece indicar una tendencia a la alza.

Recientemente, la revista The Lancet Regional Health – Americas publicó un estudio que demuestra el aumento en suicidios en adolescentes, en particular, en el rango de 10 a 24 años. Según el informe, este suceso representa la tercera causa de muerte en adolescentes y jóvenes, en América Latina, observándose un considerable aumento en quienes tienen entre 10 y 14 años (se incrementó de 5.7 a 7.84 % en el período de 2000 a 2021).

Esto significa una alerta sustancial para familias y autoridades escolares y gubernamentales no solo en la detección de factores que pudieran terminar en una tragedia, sino en llevar a cabo intervenciones tempranas que la puedan evitar.

Incluso, en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en sus últimas cifras sobre suicidio, identifica que son las niñas y mujeres quienes tienen mayor tendencia a privarse de la vida que los hombres.

El estudio titulado Mortalidad por suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes de 10 a 24 años en las Américas, 2000-2021: un análisis utilizando las Estimaciones Mundiales de Salud de la OMS hace hincapié en que: “Sin un compromiso renovado, el suicidio seguirá siendo una causa de muerte principal, aunque prevenible, entre los jóvenes, con importantes implicaciones para la salud poblacional y el desarrollo”.

Lo anterior se indica ya que se determinó que entre las posibles causas vinculadas a los suicidios se ubican afectaciones en la salud mental, el consumo de sustancias y su eventual adicción, la inadecuada exposición en entornos digitales, que pudiera derivar en ciberacoso, entre otras, es decir, prácticas que pueden ser prevenidas y atendidas de modo que la persona no llegue a pensar en acabar con su vida.

Otro de los puntos que sostiene el estudio es que: “Las persistentes y crecientes disparidades por sexo, edad y geografía sugieren que los esfuerzos de prevención existentes son insuficientes y se implementan de manera desigual en la región. Se requiere una acción fortalecida, coordinada y sostenida que involucre a gobiernos, sociedad civil y socios internacionales para elevar la prevención del suicidio como una prioridad de salud pública”.

Por si fuera poco, el estudio señala que la problemática coloca a la región en un sitio desfavorable con respecto a otras partes del mundo y los autores advierten que es la única región en la que se presenta una alza sostenida en la tasa de mortalidad por suicidio.

El asunto no es menor y se requieren iniciativas que prevengan y actúen de manera oportuna. En Early Institute —el único think tank mexicano dedicado al cuidado de la primera infancia—, reconocemos la importancia de trabajar con la población más vulnerable sobre temas de salud mental, prevención de adicciones, seguridad digital y otras acciones que eviten que este sector de la sociedad tome medidas que representen riesgos para su vida. La evidencia es muy clara y hacer caso omiso sería prácticamente dejar a la deriva a esta parte de la población que merece todo nuestro respeto, atención y respaldo.

En México existe una amplia normatividad en materia de adopciones. A través de estas normas también se establecen los requisitos para las personas solicitantes

Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en familia. La adopción es una de las medidas para garantizar ese derecho, siempre desde la perspectiva de proteger el interés superior de la niñez y no como un derecho de las personas adultas a tener hijos.

En México existe una amplia normatividad en materia de adopciones. A través de estas normas también se establecen los requisitos para las personas solicitantes, los cuales responden a la obligación de garantizar que quienes integren a las niñas y niños a su familia sean aptas para brindar cuidado, amor y condiciones adecuadas para su vida y su desarrollo.

Las razones por las que niñas y niños están en esas instituciones son diversas: desde aquellos que han sido abandonados y se desconoce si tienen familia, aquellos que han sido víctimas de alguna forma de violencia y tienen que ser alejados de su familia como una medida de protección, hasta aquellos cuyos padres fallecieron y no cuentan con una red familiar que pueda hacerse cargo.

Pero cuando no pueden reintegrarse con su familia de origen, la obligación del Estado es garantizar la restitución del derecho de niñas y niños a tener una familia y así pasar el menor tiempo posible en un Centro de Asistencia Social. De acuerdo con información de UNICEF, por cada tres meses que residen en una institución, pierden un mes de desarrollo.

Es así que, en el artículo 30 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establece que pueden ser adoptados quienes no tengan quien ejerza la patria potestad, quienes sean expósitos o abandonados, o quienes se encuentren bajo tutela institucional y cuenten con un informe de adoptabilidad.

Por ello, el procedimiento de abandono o exposición resulta relevante. A diferencia de la pérdida de la patria potestad, que implica un juicio, esta vía se desarrolla en un ámbito administrativo a través de autoridades especializadas, es decir los Sistemas DIF y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que permite emitir una determinación sobre la adoptabilidad de la niñas, niño o adolescente.

En ese contexto, resulta relevante la iniciativa presentada hace unos días en Querétaro por la presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta busca incorporar la figura de certificación de exposición o abandono en la legislación estatal mediante reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro y al Código Civil local.

La iniciativa pretende establecer mecanismos más claros para actuar en casos de abandono, exposición o ausencia prolongada de quienes ejercen la patria potestad.

En términos prácticos, esto podría traducirse en mayor rapidez y certeza jurídica para definir la situación de niñas y niños que hoy permanecen durante años en Centros de Asistencia Social esperando una resolución.

Si bien cualquier reforma en la materia debe proteger el derecho al debido proceso de las familias de origen, es indispensable reconocer que prolongar la estancia de niñas y niños en Centros de Asistencia Social afecta directamente su desarrollo.

Por ello, es necesario seguir fortaleciendo la legislación y los mecanismos que permitan garantizar que niñas y niños crezcan y se desarrollen en un entorno familiar.

Indudablemente, la mayor carga de presión se generaría sobre el sistema de pensiones y los servicios de salud

La sociedad mexicana se encuentra hoy en día ante una problemática que crece día con día y que, de continuar con su tendencia actual, supondrá un panorama negativo para toda la población; el 2034 podría ser el año en que la población mayor de 60 años supere a la población menor de 12 años. 

La ralentización en el crecimiento demográfico del país se vive hoy como una realidad vigente y como un potencial riesgo hacia el futuro, pues los datos nos demuestran que nos encontramos ante una tendencia sostenida de menos nacimientos de mexicanos que hace medio siglo. 

De acuerdo con el recientemente publicado Programa Nacional de Población 2026-2030, se da cuenta de que de 2018 a 2023, el porcentaje de mujeres sin hijos y sin deseo de tenerlos aumentó de 31.3% a 50.1%, lo que representa una señal de que la decisión de formar una familia está siendo influida por circunstancias y/o problemáticas políticas, económicas, laborales y sociales, que hacen más complejo asumir la maternidad como una ruta de vida. 

Una desaceleración en el crecimiento poblacional puede obedecer a diversos factores, uno de ellos, un manejo deficiente en las políticas públicas de fomento y apoyo a la maternidad y a la figura familiar, así como de protección a la primera infancia, en donde no se toma en consideración las potenciales consecuencias de descuidar el balance de reemplazo poblacional necesario para mantener condiciones sociales sanas para cualquier nación. 

Esta desaceleración tiene múltiples y significativas consecuencias para una sociedad; por ejemplo, en el mediano y largo plazo, a menores nacimientos, corresponde una menor inclusión de personas al mercado laboral, lo cual, a su vez, cuenta con múltiples consecuencias relacionadas con diversos ámbitos.  

Indudablemente, la mayor carga de presión se generaría sobre el sistema de pensiones y los servicios de salud, donde la población laboralmente activa funciona como pilar para financiar las prestaciones de quienes ya se retiraron y satisfacer las necesidades básicas en materia de seguridad social de la población en lo general. 

Así mismo, un escenario que ya hemos comenzado a vivir hoy en día es una crisis en el sector educativo, pues escuelas tanto públicas como privadas han denunciado una reducción sostenida del alumnado a lo largo de los niveles de educación básica, media superior y superior. 

En ese sentido, es preocupante que, ante este panorama, aún no contemos con estrategias integrales de atención y prevención de la desaceleración en el crecimiento poblacional.  

Resulta urgente reconocer y visibilizar esta problemática, así como tomar medidas desde los diversos niveles y organismos del Estado para contrarrestar sus efectos nocivos y, de esta manera, prevenir problemáticas sociales y estructurales futuras que puedan aquejar a la población. 

Desde Early Institute, invitamos a personas tomadoras de decisiones para invertir en planes, políticas y programas que se centren en brindar una protección reforzada a la maternidad desde los ámbitos laboral, de salud, educativo, de seguridad y de crecimiento económico. Esto contribuirá a que más mujeres puedan considerar la maternidad como un proyecto de vida compatible con sus aspiraciones personales y profesionales. 

Así mismo, consideramos que invertir en la primera infancia, infancia y adolescencia, es fundamental para favorecer la formación y consolidación de nuevas familias como un pilar fundamental de la sociedad. Fomentar la existencia de mejores condiciones para niñas, niños y adolescentes desde los ámbitos educativo, de salud y laborales, también quitaría un punto de presión sobre quienes desean ser padres y madres, mismos que sabrán que pueden confiar en los servicios estatales como coadyuvantes activos en su desarrollo familiar. 

Por lo anterior, insistimos en que la protección de la primera infancia y el núcleo familiar representa el camino hacia un mejor futuro como nación, e instamos a que las personas tomadoras de decisiones vean en la infancia un recurso humano fundamental, de gran necesidad y valor para la sociedad mexicana y como un tópico en el cual vale la pena invertir.