Cándido Pérez, investigador de Early Institute, habla sobre los factores que pueden derivar en muertes maternas. La entrevista fue en el programa de Con Ortega a las 10 a cargo de la periodista Sofía Villalobos.
https://x.com/ElFinanciero_Mx/status/2087770097163325790?s=20
México tiene una gran deuda con las mujeres embarazadas y sus hijos e hijas por nacer, ya que la atención a su salud está siendo deficiente. El informe, editado por Early Institute, Atención a la salud materno-infantil y a las emergencias obstétricas durante el embarazo, parto y puerperio en México, da cuenta de diversos retos que presenta el sistema de salud en este tema y que ponen en riesgo la vida de miles de mujeres, niñas y niños.
Según el documento, 19% de los egresos hospitalarios en México corresponde a este tipo de situaciones y tan solo en 2023 murieron 4,871 personas (mujeres y bebés) por una inadecuada atención en este sentido.
La investigación señala que nuestro país tiene un sistema de salubridad fragmentado y con déficit graves en infraestructura y en personal, pese a que desde 2009 existe un Convenio nacional que busca garantizar la atención integral a toda mujer que presente una emergencia, durante su embarazo, sin importar si está o no afiliada a un esquema de salud.
También se identificó que en 2023 había solo 469 unidades médicas adscritas a ese Convenio, cuando deberían existir 1,311, según estándares de la Organización Mundial de Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Esto significa un déficit de 842 unidades. Entre las principales causas de muerte materna se ubican: hemorragias posparto, preeclampsia y eclampsia; y en el caso neonatal, sepsis y prematuridad. Todos estos padecimientos son prevenibles, de ahí la relevancia por abordar esta problemática.
Sin duda, el Convenio es un avance sustancial y de suma valía, sin embargo, su aplicación es limitada. Cada estado de la República Mexicana posee sus propios criterios de atención y esta falta de homologación perjudica las metas trazadas. No obstante, hay casos que rescata el informe como el de Guanajuato, donde se tiene registro de buenos resultados debido a varios factores. Entre ellos se habla de que hay una infraestructura organizada y ubicada estratégicamente por regiones; existe una comunicación eficaz entre instituciones; se implementan protocolos de atención con equipos de respuesta inmediata; hay capacitación continua y una permanente vigilancia y monitoreo. La combinación de todos estos elementos genera que la atención antes, durante y después del embarazo sea óptima y se reduzcan los riesgos.
En Early Institute proponemos una serie de recomendaciones para hacer que las emergencias obstétricas sean asistidas en beneficio de la población que resulta afectada. Primero hay que convertir el Convenio en una red nacional obligatoria; actualizar el catálogo de emergencias obstétricas que son atendidas a través de este instrumento, porque hoy excluye al 35.5% de las causas que deberían estar cubiertas; ampliar y capacitar al personal médico en todos los niveles de atención y mirar casos como el de Guanajuato que pueden ser buenos referentes. Hoy ya no es posible la pérdida de vidas ante situaciones que son totalmente prevenibles y al tratarse de un embarazo los esfuerzos se deben redoblar. No olvidemos que el derecho a la salud materno-infantil está reconocido en el marco jurídico mexicano e internacional y es obligación del Estado proveer y facilitar su acceso, eliminando cualquier desigualdad y aplicando lo mejor posible los recursos con los que hasta ahora se cuenta.
El embarazo de niñas y adolescentes en México sigue siendo una de las expresiones más preocupantes de la violencia y la falta de protección de sus derechos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, tan solo en 2024 se registraron 92 mil 660 nacimientos en adolescentes de 15 a 17 años y casi 8 mil nacimientos en niñas de 10 a 14 años.
Y para enfrentar esta realidad, es necesario reconocer que detrás de cada una de estas cifras hay niñas y adolescentes que enfrentan contextos de vulnerabilidad y distintas formas de violencia, entre ellas el abandono, las uniones forzadas, las relaciones de poder con personas adultas y otras agresiones sexuales.
La reforma tiene por objeto establecer expresamente que el embarazo en niñas menores de 14 años se considerará violencia sexual, por ser un indicio de ésta y, por tanto, debe investigarse con perspectiva de género y de infancia, garantizando en todo momento el interés superior de la niñez y la protección integral de sus derechos.
En esta tarea, instituciones como las de salud y de educación desempeñan un papel fundamental, pues con frecuencia son el primer contacto con niñas y adolescentes embarazadas. Así, es necesario complementar las leyes con protocolos claros que establezcan rutas de protección y coordinación con las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como autoridades especializadas en la protección de sus derechos.
Además, es importante señalar que esta reforma está incompleta, pues la propia legislación penal del estado de Oaxaca sanciona a las personas adultas por tener relaciones sexuales con personas menores de 18 años, tipificándolo como violación en el artículo 247 del Código Penal de Oaxaca.
A pesar de ello, esta reforma limita el reconocimiento expreso del embarazo como indicio de violencia sexual únicamente cuando se trata de niñas de hasta 13 años, dejando fuera a las adolescentes de 14, 15, 16 y 17 años, quienes también son personas menores de edad y tienen derecho a una protección reforzada.
Esta diferencia evidencia una falta de armonización normativa y, sobre todo, genera un riesgo en la actuación institucional. La respuesta del Estado no debería depender de si una adolescente tiene 13 o 15 años. Toda niña o adolescente menor de 18 años que esté embarazada o haya cursado un embarazo debería ser atendida bajo protocolos que permitan identificar posibles hechos de agresión sexual, valorar su contexto familiar y social, detectar otras formas de violencia y garantizar el acceso oportuno a medidas de protección.
Lo anterior no significa asumir de manera automática que todos los embarazos en adolescentes son consecuencia de un delito. Significa reconocer que, tratándose de personas menores de edad, el Estado tiene la obligación de investigar, al constituir un indicio de violencia sexual, y por lo tanto debe brindar una atención integral que coloque en el centro el interés superior de la niñez y la adolescencia.
Frente al embarazo de niñas y adolescentes, la pregunta no debería ser únicamente cómo atenderlas, sino qué ocurrió antes, qué derechos pudieron haber sido vulnerados y qué debe hacerse para garantizar su protección.
En días pasados, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025. De acuerdo con el organismo, esta encuesta es “una herramienta estadística de vanguardia diseñada para capturar la dimensión subjetiva de la realidad social en México”.
Antes de señalar los hallazgos, es importante detallar los conceptos que se utilizaron para definir las dimensiones que se tomaron en cuenta. Los rubros fueron: a) satisfacción con la vida (cómo se sienten las personas con su vida en un momento determinado); b) balance anímico (estado emocional que resulta de contrastar cinco estados de ánimo positivos y cinco negativos); y c) sentido de vida (sentido de propósito y significado de la vida).
La encuesta fue aplicada del 7 de julio al 29 de agosto de 2025, con una cobertura gráfica nacional; en total fueron 37 065 viviendas las que conformaron la muestra.
En cuanto a los resultados arrojados por la población de 18 años y más: el promedio de satisfacción con la vida actual de las personas fue de 8.62 (siendo 10 la escala mayor); el promedio del balance anímico, a nivel nacional, fue de 5.29, es decir, que se registran más emociones favorables que negativas; y sobre el sentido de propósito, 79.1% dijo sentir una misión en la vida.
Quizá las cifras pudieran tener mayor significado si se les compara con los datos de 2021, fecha en la que se levantó por primera vez la ENBIARE. En ese año, todavía inmersos en los desafíos de la pandemia, el promedio de satisfacción con la vida fue de 8.45; y el promedio de balance anímico se colocó en 5.07. En ese entonces no se midió el rubro del significado de la vida y aunque se incluyó el tema de salud mental no fue hasta esta edición cuando se ampliaron las preguntas en torno a dicho tópico.
Es cierto que la medición del bienestar es subjetiva, ya que lo que ocasiona gratificación a uno puedo no serlo para otro, pero hay elementos entre la población mexicana que podrían demostrar que en términos generales se experimenta una sensación optimista.
¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de las circunstancias económicas y sociales, hombres y mujeres mayores a los 18 años conservan un ánimo positivo. Entre otros factores influye en esta percepción el nivel de estudios, las prácticas en las que se ayuda al prójimo, las condiciones de salud, la interacción con familia y amigos, etcétera. Dice el Inegi: “El estado de salud físico y mental, las redes de apoyo, así como la convivencia de las personas de 18 años y más, se relacionan de forma directa con la satisfacción con la vida y el balance anímico”.
En conclusión, la lectura de estos resultados debe ser orientador, pero también cauteloso ya que la intención es dar evidencia que guíe la toma de decisiones para elevar la calidad de vida de la población mexicana buscando su bienestar integral.
En Early Institute apoyamos la generación de información que contribuye a la implementación de políticas públicas y subrayamos que la continuidad de este tipo de instrumentos es fundamental para perfeccionar no solo aspectos metodológicos, sino para evaluar con mayor precisión las inquietudes y lo que da calma a la ciudadanía.
Durante las últimas semanas, la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha declarado durante su conferencia matutina su intención por abrir la puerta a un debate de gran relevancia para la agenda pública nacional: el uso de dispositivos electrónicos, redes sociales e inteligencia artificial (IA) por parte de niñas, niños y adolescentes.
Lo anterior coloca la mira en una situación que es tan fructífera como problemática, a saber, el uso que los menores dan a estos dispositivos para diversas actividades como el aprendizaje, la investigación, la interacción y la recreación, pero reconociendo también que en muchas ocasiones esto puede derivar en un uso excesivo y desmedido, sin cuidados parentales y en el cual se pueden enfrentar a situaciones de alto riesgo para ellos.
Bajo este tenor, hace sentido el analizar la problemática en aras de generar armonizaciones legislativas que garanticen un acceso seguro a los entornos digitales para niñas, niños y adolescentes, y que estos puedan convertir a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en aliados estratégicos para su desarrollo integral, y no en fuente de potenciales problemáticas para ellos.
No obstante, es importante que, al momento de iniciar las deliberaciones y el debate parlamentario, se tomen en consideración las diferentes perspectivas para asegurar el diseño de políticas públicas novedosas, vanguardistas y, sobre todo, que atiendan de manera integral las problemáticas que aquejan a niñas, niños y adolescentes.
En ese sentido, se presentan seis recomendaciones a considerar para el estudio de las futuras políticas públicas sobre las TIC:
En relación con el uso de dispositivos móviles, se recomienda lo siguiente:
En relación con el uso de redes sociales y plataformas digitales, se recomienda lo siguiente:
En relación con el uso de inteligencia artificial, se recomienda lo siguiente:
En conclusión, el abordaje de estas temáticas debe realizarse bajo una óptica integral que coloque a niñas, niños y adolescentes en el centro del debate, en el que no solo se legisle bajo un enfoque reactivo para la solución inmediata de problemáticas existentes, sino que sean políticas públicas preventivas, novedosas y con proyección de vigencia para el mediano y largo plazo.
Desde Early Institute, invitamos a que este debate se lleve a cabo con responsabilidad, tomando en consideración la evidencia vigente, observando las recomendaciones de organismos internacionales y la experiencia de otras naciones, en una prevalencia del interés superior de niñas, niños y adolescentes como sujetos merecedores de protección reforzada por parte del Estado mexicano.
Hoy la discusión sobre el uso de los dispositivos móviles y las plataformas digitales, en niñas, niños y jóvenes está siendo protagonista en distintos países. Por su importancia, en México ya son varios los pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrar mesas de análisis que pudieran orientar una posible regulación en esta materia.
Si bien la tecnología es una herramienta de gran apoyo en distintas etapas de la vida humana, han surgido cuestionamientos sobre las ventajas y desventajas en la población de menor edad. En muchos de los casos se habla de una serie de efectos nocivos ya documentados en los últimos años que van desde riesgos en la salud mental y bienestar emocional hasta el desarrollo integral de la niñez y adolescencia.
En este sentido, la mandataria mexicana ha señalado tres áreas vinculadas con el tema: 1) el uso de pantallas; 2) las redes sociales y plataformas digitales; y 3) la inteligencia artificial. El principal objetivo sería establecer reglas para la protección de niñas, niños y adolescentes.
Actualmente, solo el estado de Querétaro, a través de su Congreso local y disposiciones en su Código penal, cuenta con un marco normativo que prohíbe el uso de redes sociales a la población menor de 14 años.
Lo que hizo la entidad con esta legislación fue ubicarse como el primer y único estado mexicano que cuenta con una regulación precisa enfocada en prevenir el acceso temprano a redes sociales, en tanto ni a nivel federal existen lineamientos de esta magnitud. Lo que sí hay son varias iniciativas en las Cámaras legislativas, pero siguen siendo poco atendidas.
Hay que decir que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay un registro preocupante en el uso problemático de las redes sociales, principalmente entre la población adolescente. Según la organización, más de 1 de cada 10 adolescentes (11%) mostró signos de comportamiento problemático en redes sociales, con dificultades para controlar su uso y consecuencias negativas, siendo las mujeres quienes presentan niveles más altos de uso problemático que los hombres (13% frente a 9%).
También la OMS ha dicho que más de un tercio (36%) de los jóvenes reportó tener contacto constante con amigos en línea, y las tasas más altas se registraron entre las adolescentes de 15 años (44 %).
La exposición en redes sociales abre también la puerta a problemas de otra índole como es ser víctima de alguna forma de violencia, lo cual es más probable sin la debida vigilancia ya sea en casa o escuela.
Simplemente en México, durante el año 2020, 24.4 % de los adolescentes de entre 12 y 17 años que utilizó internet fue víctima de ciberacoso, siendo las mujeres las más vulnerables a las agresiones (Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 2020).
Abrir espacios para debatir sobre lo que más conviene a la niñez y adolescencia en nuestro país es un asunto relevante y más cuando se trata de los avances tecnológicos que pudieran no ser tan favorables para dichos grupos sociales.
En Early Institute apoyamos que se esté dando una apertura para discutir el tema y tomar acuerdos basados en evidencia, pero sobre todo, motivados por crear entornos seguros que permitan un adecuado uso del internet en beneficio de los más vulnerables.
Cada año, el Día del Padre, se ha vuelto el momento idóneo para hablar de la licencia de paternidad. En medios de comunicación, espacios de debate y análisis e incluso en la conversación pública se describe su relevancia. Es el día en que se hacen comparativas internacionales y se muestra el rezago de nuestro país es esta política.
Alrededor del Día del Padre se publican innumerables artículos de divulgación y se presentan, ya por tradición, iniciativas de ley acompañadas de declaraciones y promesas de mejora. Y luego, como ha ocurrido durante más de una década, todo vuelve a la calma. El permiso -no licencia- sigue siendo un beneficio con alcances muy limitados.
Desde que en 2012 se incorporó a la Ley Federal del Trabajo el permiso de paternidad —que permite a los padres trabajadores gozar de cinco días laborales para el cuidado de un hijo o hija recién nacido o adoptado—, han pasado catorce años, decenas de iniciativas legislativas y cero reformas a nivel federal.
Lo que sí ha cambiado, y vale la pena reconocerlo, ha ocurrido a nivel estatal. Varios gobiernos han extendido este derecho para trabajadores del sector público: Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Nayarit, Puebla y Yucatán, entre otros, otorgan entre 10 y 15 días de permiso. Querétaro, Michoacán y Tamaulipas reconocen 20 días. Chiapas llega a 30. El Estado de México, Tlaxcala y Zacatecas amplían el período a 45 días, y Nuevo León, Hidalgo y Quintana Roo a 60. El caso más notable del país es Baja California Sur, donde los trabajadores del Estado tienen derecho a 90 días de licencia de paternidad pagada —la más larga registrada en el territorio nacional.
Estos avances estatales son significativos y son muestra que, a nivel federal, el Congreso a través de sus integrantes, no ha tomado el tema con la seriedad debida para extender ese piso mínimo a todos los trabajadores del país.
Por si fuera poco, muchos padres desconocen el derecho que tienen a un permiso de paternidad, y en otros tantos el permiso es negado o no se goza por miedo a repercusiones laborales. En aquellos “afortunados” que pueden hacer uso de él, la expectativa es aprovechar tanto como sea posible este muy corto periodo de tiempo para cuidados, acompañamiento e involucramiento paterno.
Estudios realizados en países con mayor trayectoria en políticas de licencias parentales demuestran que la duración del permiso tiene un impacto directo no solo en el vínculo afectivo entre padres e hijos, sino en indicadores de largo plazo: se reducen las tasas de violencia contra niñas y niños, mejora su desempeño académico, su salud, y su desarrollo físico y cognitivo. También hay efectos positivos sobre la autoestima infantil y sobre la redistribución de las tareas de cuidado al interior de los hogares.
Este último punto es especialmente relevante en México. Según datos del INEGI, en la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (Enasic) 2022, las mujeres son las principales cuidadoras (96.0 por ciento), en su mayoría son madres (86.3 por ciento) y abuelas (7.6 por ciento), que dedican un promedio de 14.6 horas a la semana a los cuidados directos de niños de 0 a 5 años, mientras que los hombres dedican solo seis horas.
Esa brecha es el resultado de años de políticas que no han incentivado la participación paterna ni cuestionado la provisión del cuidado como una responsabilidad exclusivamente femenina y, claramente, un permiso de cinco días es insuficiente para transformar esta situación.
Por eso resulta difícil no ser escéptico cuando el Día del Padre detona el tema con un renovado optimismo. Hemos visto iniciativas presentadas con mucho ímpetu por legisladores de distintos partidos —propuestas de ampliación que van desde 20 o 30 días hasta meses de permiso con goce de sueldo— que terminan en los archivos de las comisiones correspondientes o aprobadas en una cámara y olvidadas en la otra.
La transformación cultural que el país requiere se incentiva con el ejemplo en el espacio público. Con políticas que “tiren línea”, que den una muestra clara que el cuidado de niños y niñas es un lugar común a todos, es corresponsabilidad.
Una licencia de paternidad digna les dice a los padres que quieren estar presentes desde el primer día que el Estado los respalda, que la paternidad activa no es una aspiración, sino un derecho.
Hoy ya no es terreno de debate el impacto del involucramiento paterno en el desarrollo infantil. Los datos son consistentes y contundentes; cuando los padres participan activamente en la crianza desde los primeros meses, los beneficios para niñas y niños son duraderos. No hay razón técnica ni económica que justifique seguir postergando permisos parentales igualitarios, bien remunerados y financiados desde la seguridad social.
Este Día del Padre es una buena oportunidad para que el Congreso rompa con una tradición que no le hace honor a la fecha. Año tras año se prometen mejoras a la licencia de paternidad y año tras año se desvanecen. Si la voz de los padres no se ha escuchado aún, que no se ignore la de las niñas y los niños que los necesitan presentes.
Cuando se habla de la protección de niños, niñas y adolescentes se está abordando un amplio espectro social, en el que no solo intervienen prácticas de padres, madres y cuidadores hacia sus hijos o hijas, sino que se han concretado figuras legales que coadyuvan a ese fin.
Uno de estos conceptos jurídicos es la patria potestad, entendida como el conjunto de derechos y deberes de padres y madres sobre sus hijas e hijos en los asuntos que refieren a su representación, cuidado y administración de bienes. Aunque más allá de los tópicos normativos, esta figura también representa el vínculo afectivo que rige las labores de crianza, enseñanza, guía y tutela.
El origen de esta forma de protección es el respeto y acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que los reconoce como sujetos titulares de derechos, en tanto a sus padres y madres los señala como garantes responsables de asegurar su cumplimiento.
Con el tiempo, esta obligación se ha reforzado con otros deberes con el propósito de salvaguardar a los hijos y las hijas. De este modo se habla de responsabilidad parental como un ejercicio que implica el cuidado, la protección, la educación y la formación de niñas, niños y adolescentes en entornos libres de violencia bajo un principio de respeto mutuo.
Si bien existe una claridad en los preceptos, también con el tiempo se han distorsionado algunos otros que acompañan a la patria potestad, como la autonomía progresiva. En un inicio, principio se centraba en el reconocimiento de que niñas, niños y adolescentes desarrollaran gradualmente capacidades para participar en decisiones que afectan su vida de conformidad con su desarrollo y madurez, pero por desconocimiento a veces se opta por conceder que los menores de edad pueden ser considerados como adultos plenamente autónomos para la toma de decisiones sobre aspectos relevantes de sus vidas. No hay nada más equivocado, pues precisamente por su rol como titulares de derechos, resulta imperativo que niñas, niños y adolescentes cuenten con una protección reforzada y guía por parte de sus tutores e instituciones del Estado.
Este tipo de imprecisiones abre la puerta a decisiones que podrían afectar al referido grupo etario, en tanto hay situaciones que rebasan su entendimiento y, por ende, al dejarlos tomar el rumbo de su vida por su cuenta es un acto de irresponsabilidad absoluta.
Hay que señalar que la patria potestad y la responsabilidad parental no son asuntos únicamente concernientes a las materias legales de niñez o civiles, pues por su relevancia, las acciones u omisiones al respecto pueden trascender hasta la materia penal y terminar en sentencias por delitos como el abandono de personas, violencia familiar, corrupción de menores, violación, etcétera.
En Early Institute buscamos el fortalecimiento de la patria potestad y la responsabilidad parental por considerarlas fundamentales en el adecuado desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Por ello, hemos propuesto al Senado de la República un paquete integral de reformas legislativas que faciliten ámbitos nucleares como la educación, salud, seguridad y protección. Será en el próximo período ordinario de sesiones del Congreso federal, que daremos un seguimiento puntual a estas propuestas pues sabemos que sin el acompañamiento de políticas públicas el cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes podría quedar en el aire cuando su materialización tendría que ser una prioridad.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue publicada en febrero de 2007 para establecer mecanismos para prevenir y atender las formas de violencia que enfrentan las mujeres y que históricamente han sido normalizadas e invisibilizadas.
No obstante, a casi 20 años de su publicación, aún persisten múltiples formas de violencia que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres y que continúan siendo minimizadas e incluso desconocidas. Una de ellas es la discriminación que enfrentan durante el embarazo o el ejercicio de la maternidad, especialmente en el ámbito laboral.
Durante el mes de mayo, gracias al trabajo de Early Institute los congresos locales de Tlaxcala y Querétaro aprobaron reformas legislativas que tienen por objetivo visibilizar, prevenir y atender la discriminación que viven las mujeres con motivo del embarazo o la maternidad.
De acuerdo con el informe de Early Institute “La discriminación laboral por embarazo”, esta forma de violencia genera mayores niveles de estrés, emociones negativas e incluso depresión durante el embarazo y posparto. Además, puede afectar a su hija o hijo, al asociarse con riesgos como parto pretérmino, bajo peso al nacer y mayor sensibilidad al estrés.
Además, enfatiza que esta forma de violencia no implica únicamente el despido de una mujer por estar embarazada; también puede manifestarse mediante la solicitud de pruebas de embarazo, la negación de ascensos, la reducción de salarios, modificaciones arbitrarias de horarios, negación de permisos para ir al sanitario o para sentarse, o incluso el asignar actividades que ponen en riesgo su bienestar. En ocasiones estas conductas están tan normalizadas que pasan desapercibidas, lo que dificulta su denuncia y atención.
Las reformas aprobadas en Tlaxcala y Querétaro constituyen un paso relevante para nombrar y visibilizar la importancia social del embarazo y la protección reforzada que requiere la primera infancia. Sin embargo, aún hay mucho por hacer.
Por un lado, es necesario que estas reformas se traduzcan en acciones de política pública efectivas y accesibles para todas las mujeres; además, se requiere seguir fomentando una cultura en los ámbitos laborales que promuevan que la maternidad no es un obstáculo para la productividad ni tampoco una carga que le corresponde solo a las mujeres. Cuidar de la maternidad es una tarea de corresponsabilidad, entre el Estado, la sociedad, el ámbito privado y las familias.
Asimismo, estos avances no deben quedar en esfuerzos aislados o limitados a estas entidades federativas. Desde Early Institute, esperamos que el ejemplo de Tlaxcala y Querétaro sirva para que se extienda a más estados o incluso se consolide como una política de alcance nacional.
Garantizar que ninguna mujer sea discriminada por estar embarazada o ejercer su maternidad no constituye un privilegio o una concesión, sino una condición que es indispensable para construir una sociedad justa, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas.