Se necesitarán resultados para resolver los problemas del país, cuyo gobierno en el área ejecutiva sea capaz de explorar el grado de relevancia de la gestión política y el manejo y aplicación honesta de recursos.
Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de: Proceso
Transcurrieron dos meses luego de la elección del 3 de junio último y en semanas recientes se dieron a conocer las listas de mujeres y hombres que encabezarán la mayoría del gabinete para el inicio de la próxima administración federal, quedando pendientes los anuncios de los titulares de las Secretarías de Marina y Defensa Nacional, así como algunas dependencias del gabinete ampliado que ocurrirán durante septiembre. En un formato dividido por grupos o sectores de secretarías, la anticipación de tales nombramientos permitió al gobierno entrante colocar su agenda y dosificar la conversación entorno de estas decisiones con pleno control de tiempos y espacios.
¿Señales para la estabilidad de los mercados? ¿La premura ante la nueva fecha constitucional de inicio de gobierno en octubre? ¿Posicionar las narrativas de continuidad de la llamada 4T? Las razones no las sabremos a ciencia cierta, pero debe admitirse que todo ello parece obedecer a una pauta bien orquestada, producto de la dosis de confianza que el partido-gobierno posee tras la hegemonía política y territorial lograda en las urnas.
El formato seguido no es del todo cuestionable, si se toma en cuenta que el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su mandato pasará al olvido no sólo por sus medianas credenciales políticas y académicas, sino por su inoperancia frente a un ejercicio concentrado en una persona y alineado a un estilo asistencialista de poca administración y mucha política.
Pero más allá de los análisis de perfiles, trayectorias o justificaciones de carácter político detrás de cada nombramiento, a estas alturas del proceso de transición es inevitable preguntarse cómo el próximo gobierno articulará las acciones del gabinete en materiales cruciales y cuál será su manera para ejercer la función ejecutiva en ramas de especial complejidad técnica, presupuestaria y social como es el caso de la seguridad, salud, educación y el manejo de la economía nacional.
Esta reflexión que pocas veces suele abordarse en la antesala de las transiciones gubernamentales hoy cobra una relevancia específica ante la falta de resultados manifiestos y dado que, como nunca en la historia moderna del país, la administración entrante contará con un margen de acción aceptable por el bono democrático que le ha sido conferido, como por la posibilidad de procesar una agenda política y legislativa sin ningún tipo de contrapeso a escala nacional y en veinticuatro entidades.
El próximo gobierno debe tener claro que la gestión de la cartera de temas de interés nacional se ha complejizado a lo largo de las últimas décadas, entre otros factores, por la evolución propia del marco constitucional y las constantes reformas a los sistemas legales, especialmente con la proliferación de un importante número de leyes generales que establecen diversas obligaciones y marcos de actuación dispersos para las autoridades de todos los órdenes de gobierno, muchas veces desarticulados entre sí y carentes de aplicación efectiva.
No debe pasar por alto que si bien la Constitución y la Ley de Planeación configuran el Sistema Nacional de Planeación Democrática –del que se desprenden el Plan Nacional de Desarrollo y los diversos programas sectoriales de la Administración Pública Federal– el Poder Ejecutivo federal es al mismo tiempo el responsable de diseñar e implementar las agendas de políticas públicas contenidas en las leyes específicas para cada materia, las cuales incluso establecen parámetros de coordinación obligatorios entre las secretarías federales y los gobiernos locales.
Para dimensionar lo anterior vale la pena referir un caso concreto en el tema que nos concierne. Por ejemplo, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes confiere al gobierno federal un papel preponderante en la conducción de la política nacional en favor de los derechos y atención prioritaria de esta población mediante el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que si bien es operado desde la Secretaría de Gobernación, su programa de trabajo requiere la intervención simultánea de las Secretarias de Hacienda, Salud, Educación, Seguridad, Bienestar, Sistema Nacional DIF, la Fiscalía General así como los 32 gobiernos estatales.
No obstante, el SIPINNA encarna un ejemplo nítido del fracaso operativo de este tipo de mecanismos de colaboración cuando se insertan en la cruda realidad funcional del sistema federal mexicano, en donde se contrastan factores como: instituciones debilitadas que cohabitan en un federalismo de papel y sin recursos; dispersión de prioridades entre la federación y los estados; dificultad para armonizar marcos normativos y programas de trabajo entre las instancias involucradas; diferencias socio-culturales propias de cada región del país.
El SIPINNA representa un pequeño botón de muestra de la realidad que enfrentan casi un centenar de sistemas similares previstos en nuestra legislación, que como se ha referido, paradójicamente tienen la encomienda de atender temas neurálgicos para el desarrollo nacional como la salud, educación, seguridad, mujeres, atención a víctimas, entre otros.
Ante la dificultad de establecer programas de gobierno ordenados y de largo plazo a partir de equilibrios políticos, normativos e institucionales, la vía de escape para algunas administraciones federales –incluida la del presidente López Obrador– ha sido abanderar proyectos o temáticas “prioritarias” por encima de cualquier otro criterio de gobernanza, sin importar que esta alternativa implica de suyo dejar de lado la atención estructural de los problemas nacionales.
"Las megaobras, el gasto público focalizado únicamente a programas sociales dirigidos a potenciales electores o las reformas que persiguen fines esencialmente políticos, a final de cuentas representarán acciones emblemáticas ante el tamaño de responsabilidad que implica dirigir las riendas del gobierno federal en un país como el nuestro".
El reto para el gobierno de Claudia Sheinbaum estará al interior de su círculo rojo con el oficio político que una democracia popular demanda y en la capacidad técnica del nuevo gabinete para leer estas circunstancias y ordenar las prioridades nacionales bajo una perspectiva integral, a sabiendas de que el funcionamiento de la administración pública federal no es equiparable al de hace cuatro sexenios y requiere también dar paso hacia una modernización de estilos que permita generar resultados adecuados, asertivos y basados en evidencia.
No todo se trata de hacer política o ganar elecciones, los focos rojos y temas críticos del país se encuentran claramente diagnosticados y será difícil que la narrativa de la transformación pueda sostenerse únicamente mediante el discurso y la repetición mediática. Se necesitarán resultados para resolver los problemas del país, cuyo gobierno en el área ejecutiva sea capaz de explorar el grado de relevancia de la gestión política, el manejo y aplicación honesta de recursos, así como la interacción para gobernar con proyectos de amplio alcance.