La gestación subrogada es una industria que capta a mujeres en situación de vulnerabilidad, bajo la premisa de que existe libertad y consentimiento.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

En días pasados, Early Institute publicó el informe La explotación reproductiva en México. El paraíso del tráfico humano, en el que se aborda lo acontecido en los últimos nueve años en materia de gestación subrogada.

Este fenómeno de explotación reproductiva ha sido investigado por Early Institute desde 2014, en busca de proteger integralmente a las mujeres, las niñas y los niños y sus derechos. En este sentido, el estudio “revela con claridad que con el paso del tiempo esa práctica no sólo se comete dejando de lado los intereses y derechos humanos de las mujeres gestantes, y no se diga el de las hijas e hijos nacidos por medio de ese procedimiento, sino que dibuja una omisión institucional, jurídica y social, de la cual los que más ganan son empresas y grupos criminales”. La investigación se organiza en apartados que exponen la situación de las mujeres y los bebés nacidos por lo que comúnmente se conoce como vientre de alquiler y cuyos derechos son vulnerados en el contexto de esta práctica.

El primer apartado es un panorama actualizado de lo que ocurre en México en torno a la gestación subrogada. Hay un énfasis en el análisis de la regulación, de tal manera que se abordan lineamientos federales expresados en el Código Civil, la Ley General de Salud, Ley de Trata y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otros. De manera local, se abordan los casos de estados como Jalisco, Puebla, Coahuila, Estado de México y Aguascalientes, en donde se han presentado proyectos de reformas a sus legislaciones.

En una segunda sección, La explotación reproductiva en México. El paraíso del tráfico humano, muestra los tres enfoques regulatorios que hasta hoy existen a nivel mundial: regulación permisiva, con restricciones y prohibitiva. Esta información es de suma importancia, ya que ayuda a “discernir hacia dónde debe caminar una legislación que realmente coloque en el centro a la niñez, a la mujer y sus derechos humanos, lo que debe ser el objetivo principal de toda norma en la materia”.

En el tercer apartado se abordan aspectos que de no ser visibilizados y atendidos “condenan a las mujeres gestantes y a las niñas y niños nacidos por medio de ese procedimiento a una vulneración equiparable a la esclavitud”. Hay un análisis de tres enfoques que con el tiempo se han convertido en zonas negras y de alto riesgo en torno a esta práctica. Ellos son: la gestación de bebés como un producto comercializable; la explotación del cuerpo de la mujer gestante como una fábrica de producción; y la lógica de mercado que atraviesa estas problemáticas.

“Sobre estos tres enfoques, es que el estudio se adentra en cómo la gestación subrogada es una industria que capta a mujeres en situación de vulnerabilidad, bajo la premisa de que existe libertad y consentimiento, para realmente comercializar con sus cuerpos, utilizándolas como fábricas de bebés a solicitud de consumidores que buscan adquirir a bebés como si fueran productos”, dice el informe.

Por último, hay una parte en la que Early Institute aporta una serie de recomendaciones con el objetivo de transformar la situación de alta vulnerabilidad y afectación a los derechos de mujeres, niñas y niños.

Para Early Institute visibilizar este tipo de prácticas en las que se dañan los derechos fundamentales de niñas y niños es un compromiso como think thank dedicado al análisis y diseño de propuestas para la inclusión de políticas que garanticen el bienestar de la primera infancia. En este sentido, afirmamos nuestro interés por resguardar el respeto a sus garantías con investigaciones y estudios que exhiben los riesgos ante situaciones que atentan contra su integridad y dignidad y ofreciendo evidencia encaminada a velar por su seguridad.

En México, son los niños y las niñas de primera infancia los más afectados por la pobreza. Es alarmante que estemos atestiguando que casi la mitad de este sector viva en estas condiciones.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

En semanas pasadas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer cifras sobre la medición multidimensional de la pobreza en México. El informe comprende de 2018 a 2022, abarcando las afectaciones derivadas de la pandemia por Covid-19.

De los resultados que se ofrecen, destaca que en ese periodo el porcentaje de personas que sufrieron pobreza multidimensional pasó de 41.9 a 36.3 por ciento, es decir, que de cada 100 personas, 36 tenían al menos una privación en sus derechos sociales. Otra cifra importante se refiere a la pobreza extrema, que en 2018 registraba un porcentaje de 7.0 por ciento y en 2022 el total fue de 7.1 por ciento. Este dato en número de personas equivale a que 8.7 millones vivieron pobreza extrema en 2018 y aumentó a 9.1 millones de personas en 2022.

Para el Coneval: “La pobreza es un fenómeno multidimensional que comprende aspectos relacionados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades e imposibilitan su plena integración social”. En ese sentido, se puede decir que quienes sufren pobreza presentan serias deficiencias en el acceso a derechos como la educación, la salud, la alimentación de calidad, entre otros.

De los rezagos más profundos que registra el Coneval es el que se refiere al ámbito de la salud, al señalar que “el porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 16.2 por ciento a 39.1 por ciento entre 2018 y 2022, lo cual representa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas en esta situación, respectivamente”.

Pero todavía hay una preocupación más. En México, son los niños y las niñas de primera infancia los más afectados por la pobreza. En 2018, 51.9 por ciento de este grupo social vivió en situación de pobreza, siendo que en 2022 el porcentaje de esta población alcanzó a ser de 48.1 por ciento. Si bien se habla de una disminución, es alarmante que estemos atestiguando que casi la mitad de este sector viva en estas condiciones.

Sin duda esto es lamentable, ya que son los primeros años de vida los más importantes en el desarrollo de cualquier persona y las deficiencias que presente en esa etapa serán determinantes en su calidad de vida futura.

Ante este escenario, el Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI México), proyecto de Early Institute, propone una serie de recomendaciones para combatir la pobreza en la primera infancia. Algunas de ellas son: contar con un sistema de protección social con enfoque de derechos que posibilite la reducción de las brechas existentes; ampliar y mejorar la cobertura de los programas de protección social que benefician a la primera infancia, siendo uno de ellos las transferencias monetarias; crear un sistema de cuidados y mejora de educación inicial y preescolar que garantice la dotación de servicios de seguridad social y educativos e impulsar la equidad regional, es decir, asegurar una redistribución del ingreso para corregir la grave asimetría regional.

Para Early Institute, la primera infancia es clave para el desarrollo físico, mental y emocional de niñas y niños, de ahí la necesidad de construir un entorno de políticas públicas y medidas que propicie su bienestar integral. Evitemos el abandono de las necesidades de este grupo social, cuya protección no solo se nutre de la voluntad de la sociedad, sino es indispensable contar con estrategias, planes y acciones que ayuden eficazmente a su salvaguarda.

Los libros de texto gratuitos fueron hechos sin haberse tenido los planes y programas de estudio publicados en el Diario Oficial de la Federación, como lo marca la Ley General de Educación.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero

En un acto de total ilegalidad, llegan los libros de texto gratuitos a las aulas de educación básica que comienzan el ciclo escolar 2023-2024. ¿Por qué se habla de ilegalidad? Por varias razones. Para empezar, los materiales fallaron a un proceso de elaboración que dicta la ley y en el que, entre otras cosas, contempla la participación de diversos actores de la sociedad —más allá de las autoridades educativas—, a través de la creación de los planes y programas de estudio.

De entrada, el diseño de dichos planes, y cuya importancia radica en sustentar las bases de los libros escolares, fue hecho sin el consenso debido y de un modo poco transparente. Hoy la información sobre la conformación de las asambleas que implicó la elaboración de los planes y programas de estudio está reservada por cinco años, según por contener datos personales susceptibles a ser vulnerados.

Otro punto a destacar es que los libros de texto gratuitos fueron hechos sin haberse tenido los planes y programas de estudio publicados en el Diario Oficial de la Federación, como lo marca la Ley General de Educación.

Aun sin los fundamentos esenciales para la conformación de los materiales educativos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a los docentes a participar en la elaboración de los libros, quienes en muchos de los casos no vieron reflejadas sus propuestas didácticas en los trabajos finales.

La serie de inconsistencias que presentan los libros de texto gratuitos han detonado que especialistas, como la investigadora del Cinvestav, Alma Maldonado, propongan la creación de materiales adicionales para subsanar las fallas de los actuales, derivadas de la forma con la que se han hecho.

A pesar de que en el artículo tercero de nuestra Constitución se señala que “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”, es claro su incumplimiento ante la serie de irregularidades que están presentando los materiales que debieran ser las principales herramientas en la garantía del derecho a la educación.

Esto sin duda es un retroceso en materia educativa, pero todavía más grave en el desarrollo de toda una nación, y si bien distintos sectores de la sociedad mexicana han promovido que la distribución de estos materiales no se efectúe, las autoridades gubernamentales han decidido continuar con su entrega.

Para Early Institute —el único think tank mexicano con más de 17 años de experiencia en mejorar la salud, el cuidado, la educación, la seguridad y la protección de la vida de la primera infancia a través de la incidencia en políticas públicas— nos parece gravísimo que se atente contra uno de los derechos fundamentales de las niñas, los niños y los adolescentes, como lo es la educación.

En este caso se están cometiendo atropellos que exhiben la nula aplicación de la ley, la cual claramente expresa el modo para elaborar los materiales que son base en la educación mexicana. Así, hacemos un llamado a que se respeten cabalmente los lineamientos que establece nuestra Constitución y las leyes derivadas en un afán por proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes y no para privilegiar intereses privados o políticos.