En un contexto donde la digitalización impacta la vida de niñas, niños y adolescentes, recientes propuestas en Querétaro para restringir el acceso a redes sociales a menores de 14 años han reavivado el debate sobre este tipo de medidas.

Las iniciativas del gobierno queretano buscan proteger a la niñez de los efectos nocivos asociados al uso excesivo y, en muchos casos, descontrolado de las redes sociales. El objetivo principal es prevenir problemas de salud mental, ciberacoso y exposición a contenido inadecuado. Sin embargo, surgen dudas sobre la efectividad de estas restricciones.

Diversos países han implementado medidas similares. En China, por ejemplo, el gobierno ha establecido estrictas regulaciones para limitar el tiempo de pantalla y el acceso a videojuegos en línea mediante sistemas de registro real y restricciones horarias. Estas acciones han logrado, en cierta medida, reducir la adicción a las pantallas. Por su parte, Corea del Sur prohibió el acceso a videojuegos en ciertos horarios, lo que resultó en una disminución del consumo excesivo. En otras naciones, como Estados Unidos, Suecia y Australia, también se han adoptado estrategias similares.

Estas experiencias demuestran que, si bien las restricciones pueden ayudar a reducir ciertos riesgos, es fundamental complementarlas con otras acciones. Por ejemplo, fortalecer la supervisión de las empresas que ofrecen estos servicios, comprender mejor los hábitos digitales de la infancia y, sobre todo, capacitar a madres y padres no solo para restringir, sino también para acompañar a sus hijas e hijos en el entorno digital.

La regulación del acceso a redes sociales debe ir más allá de decisiones desde el poder ejecutivo o legislativo. Si bien es necesario establecer normativas para estas plataformas, también lo es educar a quienes las usamos y fomentar una colaboración efectiva entre el sector público y privado. De lo contrario, esta podría ser otra iniciativa bien intencionada que nunca se traduzca en un cambio real.

Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de:  El Financiero

En febrero de 2024, autoridades mexicanas rescataron a 18 menores de edad que eran víctimas de explotación laboral infantil en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán. Los menores realizaban actividades agrícolas y la detención de los adultos involucrados condujo a la identificación de toda una red delictiva.

Este es uno de los múltiples casos de trabajo infantil que se ven día a día en nuestro país, cuando las niñas y los niños deberían estar efectuando otro tipo de prácticas que no sean las laborales.

Lamentablemente, el trabajo infantil en México es muy común y hasta se define como esclavitud moderna por sus características, ya que se trata de actividades en condiciones precarias, con jornadas extenuantes y tratos inhumanos, vulnerando los derechos y el desarrollo adecuado de niñas y niños.

Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI 2022) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se calcula que en México 3.7 millones de menores están trabajando, la mayoría en malas condiciones y con riesgos sustanciales. De ellos, 400 mil tienen de 5 a 9 años; 1.5 millones tienen entre 10 y 14 años y los 1.8 millones restantes son adolescentes de 15 a 17 años.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil comprende “toda la actividad laboral que los niños son demasiado jóvenes para realizar y/o el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.

En el caso mexicano, no se han tenido resultados óptimos para combatir esta problemática, pese a que nuestro país se ha adherido a convenios internacionales y se ha comprometido a reducir los índices. Esto origina que la situación se agrave de manera exponencial.

Hoy los estados con mayores tasas de trabajo infantil son: Chiapas (12.3%), Oaxaca (10.5%), Guerrero (9.8%), Puebla (8.9%) y Veracruz (8.5%). Todas esas zonas se caracterizan por tener condiciones socioeconómicas desfavorables, lo que contribuye a que las familias accedan a que sus hijos e hijas menores trabajen.

En Early Institute observamos una gran necesidad por detener el trabajo infantil. Es inaudito continuar con este tipo de explotación, en tanto los niños y las niñas de nuestro país merecen una vida digna y segura. Es urgente acrecentar los esfuerzos legislativos y programas coordinados entre el gobierno y la sociedad civil que garanticen un alto a estas prácticas, de ahí que la visibilización de la problemática sea fundamental. Para empezar, el trabajo infantil no debería ser aceptado bajo ningún concepto y así iniciar su erradicación. La responsabilidad es compartida y amerita que se asuman los compromisos adquiridos a nivel internacional, se exijan resultados y se replanteen estrategias de ser necesario.

Ya no se trata de trazar estrategias sólo desde el papel, sino orientar su implementación hacia el plano de la realidad. Tal ejercicio debe ser una tarea compartida y sin protagonismos.

La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes cumplió sus primeros 10 años de vigencia. Más allá de la efeméride, el cambio de agenda y estilo en los gobiernos federal y locales, aunado al nuevo contexto que pervive en los asuntos públicos, son condiciones que exigen realizar un balance sobre la situación actual en el cumplimiento de derechos de este grupo poblacional.

Sin especulaciones y con datos basados en evidencia, es pertinente analizar los aciertos y retos para asegurar en los próximos años resultados tangibles de cara a 40 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en México, de los cuales poco más de 12 millones se encuentran en su primera etapa de vida.

En tal sentido, debe reconocerse que la agenda de niñez en realidad se encuentra sobrediagnosticada. Es preciso dejar atrás la etapa en donde la labor de las organizaciones y especialistas únicamente se enfocaba en identificar los problemas y socializarlos. Este estilo de modelo de intervención desde luego ha sido loable en aras de configurar una primera fase del funcionamiento general del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y echar andar la estructura de planes y programas del sector.

No obstante, hay que decirlo, lo que hoy se requiere son avances concretos en el ámbito de las políticas sociales, comenzando por incrementar de manera progresiva la inversión presupuestaria a escala federal y estatal, especialmente hacia los servicios que se brindan a la primera infancia.

En este primer tramo de vigencia de la ley, tanto los focos rojos como las recomendaciones en cada una de las dimensiones prioritarias se encuentran plenamente identificadas —en mayor o menor medida— a través de múltiples reportes, decálogos, rutas, informes y diagnósticos que detallan la situación en la que vive la niñez en temas como su salud, educación, cuidado, nutrición, pobreza y seguridad.

Ya no se trata de trazar estrategias sólo desde el papel, sino orientar su implementación hacia el plano de la realidad. Tal ejercicio debe ser una tarea compartida y sin protagonismos; un nuevo piso de diálogo de alto nivel, además de operativo y eficaz, que sepa involucrar a todos los actores e instituciones públicas o privadas que forman parte del ecosistema en la materia. El SIPINNA fue creado justamente para eso.

En la forma, están las alianzas, reuniones, foros y firmas de compromisos protocolarios que históricamente suelen predominar en los asuntos de niñez. En el fondo, el sobreponerse ante un entorno de resultados adversos, saber construir consensos con los actores del momento y focalizar propuestas concretas, técnicamente viables para materializar los derechos de la infancia acorde con los propios parámetros, resoluciones y observaciones globales de instancias como el Comité de los Derechos del Niño y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En Early Institute, por ejemplo, hace tres años nos dimos a la tarea de lanzar el primer Sistema de Indicadores para la Primera Infancia (SIPI México), la única herramienta en su tipo que integra datos estadísticos actualizados, respecto a los indicadores que atañen a la primera infancia mexicana. En su esencia, el sistema se compone por recomendaciones y rutas críticas sobre el estado de salud, educación, cuidado, nutrición, violencia y pobreza de este sector poblacional.

Más que una plataforma que concentra datos duros, este programa propone en su metodología una conversación productiva y acotada a puntos concretos con los actores clave, buscando incidir desde una óptica realizable en las prioridades de la agenda gubernamental y legislativa sobre primera infancia.

El aniversario de la ley representa también un momento propicio para reflexionar que esta agenda debe ordenarse y priorizarse. Atenderla con enfoque progresivo, ir paso a paso y hacerla compatible con las circunstancias que la mayoría de la sociedad y en el gobierno reclaman, especialmente desde el sentir popular que pide erradicar la corrupción del poder público y dar pie a transformaciones sociales de fondo para reducir las desigualdades históricas.

Ha sido un error estratégico pretender que un solo grupo de organizaciones, actores o instituciones puedan gerenciar cada una de las temáticas que enfrenta la primera infancia en un país tan extenso y con realidades locales disímiles como ocurre en México. De igualmente manera, opino que no ha sido del todo acertado presentar a los tomadores de decisión agendas tan extensas y ambiciosas, cuya complejidad técnica y operativa simplemente no logra superar los filtros en la nueva lógica en que se comporta la conformación de mayorías y prioridades gubernamentales o parlamentarias.

Las cosas simplemente no ocurren y ese debe ser el piso en que debemos autoevaluarnos quienes estamos involucrados en el tema. Mientras se destine menos presupuesto, existan altos índices de pobreza, violencia y desigualdad en la vida de niñas, niños y adolescentes, nuestra tarea se encuentra inacabada.

La reciente renovación en la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA avizora una ventana de oportunidad y de cambios sustanciales en la forma de conducción y liderazgo de este mecanismo de coordinación intergubernamental. Se trata de un perfil con probada experiencia en el diálogo con grupos sociales, los derechos humanos y el manejo de los asuntos públicos que sin duda elevará el nivel de exposición y relevancia que este mecanismo exige para los próximos seis años.

El SIPINNA está llamado a ser el sistema de sistemas en México. Su mandato constitucional y legal es muy claro y constituye su principal meta: garantizar el interés superior de la niñez en toda decisión del Estado. Esta agenda también requiere construir un segundo piso en su transformación.

Por: Valeria González Ruiz, Coordinadora de Vinculación e Incidencia Políticas Públicas de Early Institute
Publicación original de: El Heraldo de México

Aunque este fenómeno no es nuevo, uno de los casos que quedó grabado en el imaginario colectivo fue el de Edgar Jiménez Lugo, alias “el Ponchis”o “el niño sicario” quien en 2010 fue detenido en Morelos a la edad de 14 años por el ejército. A su corta edad ya se dedicaba a torturar y asesinar a sus víctimas.

Este suceso fue demoledor para México, pues reflejaba cómo el crimen organizado había impregnado hasta el más recóndito lugar de nuestro país. Había llegado al punto de cooptar a niñas y niños desprotegidos, de contextos marginados, para integrar un ejército de sicarios. Se aprovechaba de los contextos de pobreza, violencia familiar y utilizaba su vulnerabilidad como carne de cañón: ellos no tenían nada que perder y el crimen organizado mucho que ganar.

Desgraciadamente, ahí no se marcó el final de esta trágica avalancha. Hoy, quince años después, el fenómeno del reclutamiento por el crimen organizado sigue, no solamente vigente sino que se ha reinventado.

Los delincuentes recurren a diversos mecanismos para abastecer su milicia. Engaños laborales, amenazas y secuestros están a la orden del día. Por ejemplo, en Chiapas existen reportes de secuestros masivos a habitantes de comunidades indígenas para obligarlos a trabajar con ellos.

En Chihuahua, denuncias sobre falsas ofertas laborales -en campos agrícolas, call centers, trabajo del hogar, servicios de chofer, de vigilancia, etc.- difundidas en redes sociales y plataformas laborales para después retenerlos a la fuerza y someterlos a prácticas de adoctrinamiento con el fin de obligarlos a realizar labores en favor del crimen organizado. En Jalisco también se han documentado decenas de casos de jóvenes desaparecidos en la Central de Autobuses de Tlaquepaque que se presentaban en respuesta a ofertas laborales.

Los videojuegos tampoco se salvan, ahora son una vía sumamente “efectiva” para reclutar a niñas, niños y adolescentes. Jugando con ellos ganan su confianza y los invitan a colaborar en actividades delictivas. En octubre del 2024 se volvió noticia nacional el caso de un niño de 14 años en Oaxaca reclutado a través Free Fire.

Pero eso no es todo, según reportajes recientes, la delincuencia organizada ahora requiere también de perfiles más especializados, por lo que han recurrido a universidades en búsqueda de estudiantes de química para que participen en los procesos de producción de droga.

El Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes (ONPRENNA) define al reclutamiento como “un proceso permanente de incorporación a la delincuencia organizada para realizar diversas actividades ilícitas, mediante actos de sustracción, captación, amenaza, intimidación, rapto, engaño, uso de la fuerza y otras formas de coacción, oferta de pago o beneficios, entre otras”.

Como se puede observar a lo largo de todos los casos aquí narrados este fenómeno afecta directamente el derecho a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación y a la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. De acuerdo con en el informe “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México” de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad “en México al menos 460 mil niños fueron reclutados y utilizados por integrantes del crimen organizado para obligarlos a realizar actividades delictivas”.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha recomendado a México como medidas prioritarias tipificar el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes en hostilidades; así como establecer mecanismos de identificación y recopilación de datos desagregados de niñas y niños que pudieron haber sido reclutados o utilizados en hostilidades, especialmente migrantes, refugiados y solicitantes de asilo -poblaciones aún más expuestas y en situación de mayor vulnerabilidad-.

Desafortunadamente, actualmente México no cuenta con una tipificación a nivel federal ni en varias entidades federativas, y está lejos aún de contar con autoridades estatales -con especialización en víctimas y niñez- coordinadas e involucradas tanto en la investigación, persecución, procuración y administración de justicia. Sin embargo, la ruta de trabajo está ya definida, es cuestión de priorizar, sumar voluntades políticas e invertir todos los esfuerzos posibles en combatir la complejidad de este fenómeno.

Para todas las personas que me leen en estos momentos, acercar esta información y crear vínculos de confianza con niñas, niños y adolescentes son herramientas de prevención prioritarias y efectivas. El riesgo de ser reclutados por el crimen organizado puede reducir significativamente si la niñez y adolescencia puede identificar señales de alerta y pedir ayuda a tiempo.

El primer paso para combatir efectivamente este fenómeno tan complejo y letal es asumir una responsabilidad colectiva que involucre al gobierno, pero también a las familias y la sociedad.

En medio de debates sobre reformas estructurales y cambios políticos, las amenazas desde EE.UU. plantean una nueva pregunta: ¿qué posición debemos adoptar para enfrentar los cambios internos y externos? La respuesta me parece clara: unidad, sobre todo para garantizar bienestar y oportunidades a quienes más lo necesitan.

Si México no se fortalece desde dentro y no prioriza el desarrollo de quienes son más vulnerables, seguiremos, en el mejor de los casos, sorteando riesgos y esperando que las amenazas externas no se recrudezcan.

Cuando hablo de población vulnerable, me refiero, por ejemplo, a los seis millones de niñas y niños menores de seis años que viven en pobreza, una cifra que en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero alcanza alrededor del 70% de esta población.

Estas cifras no solo evidencian una crisis en los derechos de la niñez, sino que reflejan un país que no está construyendo sobre cimientos sólidos.

Ante esta situación, el equipo de Claudia Sheinbaum tiene la responsabilidad de consolidar a México desde su base: la niñez. Esto implica tomar cuatro decisiones urgentes:

Diagnóstico nacional completo. Sin información, no hay planeación efectiva. Es imprescindible homologar los datos desde la infancia y establecer indicadores comunes para medir avances.

Inversión real en cuidado, educación, salud y nutrición infantil. Un país fuerte invierte para cosechar frutos. Ampliar la cobertura de servicios y mejorar su calidad deben ser prioridades en el presupuesto.

Un Sistema Nacional de Protección para Niñas y Niños funcional. No basta con crear sistemas; es momento de fortalecer un mecanismo que garantice todos los derechos de la infancia.

Coordinación interinstitucional. La dispersión de esfuerzos ha sido un obstáculo histórico. Necesitamos herramientas que articulen acciones, evalúen resultados y aseguren políticas públicas efectivas y sostenibles.

Un país mejor no surgirá de grandes reformas aisladas ni de discursos bien intencionados, sino de nuestra capacidad de avanzar como una nación unida.

No hay margen para la indiferencia. El fortalecimiento del país empieza en casa, desde dentro, y, reitero, protegiendo primero a los más vulnerables.

Es urgente proveer a las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país de un entorno seguro. Ya no es posible continuar con este clima de inseguridad que está vulnerando a las nuevas generaciones.

La violencia generada por el crimen organizado no da tregua y afecta a todos los sectores de la población en México. En particular, los daños a las niñas, los niños y los adolescentes causan desesperación y parece que el problema está muy lejos de ser resuelto.

No hace mucho en redes sociales circuló un video de Eduardo, un niño de Culiacán, Sinaloa, que imploraba acciones contra la inseguridad, luego de que dos de sus amigos murieran en un ataque armado en contra del padre de los dos menores. Eduardo, como miles de niñas, niños y adolescentes, vive con miedo y aterrorizado de que algo le pueda ocurrir en la calle, casa o escuela.

Las cifras que hoy se tienen con relación a la violencia y la población infantil son indignantes. Se calcula que 752 menores de edad tuvieron una muerte violenta en 2023. De esas muertes, se estima que 75 por ciento está relacionado con el crimen organizado. Peor aún, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes (ONPRENNA) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en los últimos años ha incrementado la participación de menores en las bandas criminales, sobre todo en labores de halconeo, extorsión, secuestro, homicidio y robo. Por otro lado, la organización civil Reinserta señala que hay al menos 30 mil niños, niñas y adolescentes reclutados por el crimen organizado en México.

El caso de José Daniel, un joven de 19 años reportado como desaparecido en Puebla, destapó una red de reclutamiento forzado que opera en Aguascalientes, donde lo detuvieron después de enfrentarse con la policía por marcarle el alto cuando conducía un auto sin placas. José Daniel dijo haberse incorporado a una red criminal por voluntad propia, pero que no le dijo a su familia para evitar problemas. La investigación arrojó que el joven fue obligado a trabajar en actos delictivos y tenía como encomienda reclutar a otros jóvenes de manera forzada.

Incluso los bebés corren peligro. Hace unos días se supo de René, un bebé de nueve meses que fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un asalto armado, ocurrido en la carretera federal Ahuazotepec-Zacatlán, en Puebla. El menor viajaba con sus padres en un carro, cuando sujetos a bordo de una camioneta los persiguieron y, al no detenerse, les dispararon.

La situación es alarmante y exige su atención inmediata, ya que el asesinato de menores está creciendo. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que la cifra creció 21% durante 2024: el año pasado se reportaron mil 93 crímenes de menores de edad, en comparación con 903 casos durante 2023.

Como se ve, es urgente proveer a las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país de un entorno seguro. Ya no es posible continuar con este clima de inseguridad que está vulnerando a las nuevas generaciones. En Early Institute —el único Think Tank mexicano de primera infancia— lamentamos que este tipo de casos siga en aumento y nos obliga a esforzarnos más por proteger a este grupo social. Las niñas, los niños y los adolescentes merecen todo el respeto a sus derechos y crecer en sitios que garanticen su pleno y sano desarrollo. Pongamos un alto a la violencia, exigiendo medidas integrales y planes de acción que involucren a las autoridades y a la sociedad, en general. De no actuar, estamos convencidos de que las consecuencias serán enormes.

La probabilidad en México de nacer en pobreza para las niñas, niños y adolescentes es la misma que lanzar una moneda al aire. Mientras que algunas niñas, niños y adolescentes nacen en hogares con estabilidad financiera, alimentación nutritiva y de calidad, acceso a educación, viviendas dignas y acceso a la salud o seguridad social, otros heredan una cadena de carencias que comienza desde que nacen y condiciona su vida a largo plazo.

La mitad de las niñas, niños y adolescentes en pobreza. Seguín el informe más reciente de Coneval y Unicef, Pobreza infantil y adolescente en México 2022, el 45.8% de las niñas, niños y adolescentes en el país vive en situación de pobreza lo que implica que carecen de los recursos necesarios para un desarrollo pleno​. Además, el 9.9% vive en pobreza extrema, lo que equivale a enfrentar privaciones tan severas que ni siquiera cuentan con una alimentación básica.

Además, en México, esto esta situación se profundiza si la niña o niño vive en una comunidad rural, se identifica con algún pueblo originario o vive un hogar encabezado por una madre joven, estos factores reducen drásticamente las posibilidades de salir de la pobreza.

A pesar de que es un periodo crítico para el desarrollo físico, cognitivo y emocional, la primera infancia sigue siendo el grupo poblacional más afectado por la pobreza. De acuerdo con la serie de desarrollo infantil temprano de The Lancet, las niñas y niños que crecen en pobreza tienen mayores probabilidades de enfrentar problemas de salud, rezago educativo y, en la edad adulta tendran dificultad para ingresar al mercado laboral, llegando a reducir hasta un 25% de su ingreso potencial a largo plazo.

El hecho de que niñas, niños y adolescentes se encuentren en pobreza, desmiente una de las narrativas más dañinas que perpetúan la desigualdad: la creencia en la meritocracia. Esto perpetúa la idea de que quienes logran el éxito lo hacen únicamente por su esfuerzo, ignorando las barreras estructurales que enfrentan quienes nacen en la pobreza.

La polarización social no es solo una consecuencia de la desigualdad, sino también una herramienta que la refuerza. Mientras la atención pública se centra en divisiones políticas y sociales, se deja de lado lo esencial: garantizar oportunidades equitativas para todas las niñas y niños del país. México no puede avanzar mientras casi la mitad de su infancia siga atrapada en condiciones de pobreza.

Se necesitan políticas públicas integrales y un presupuesto suficiente. Constitucionalmente, el gobierno tiene el deber de garantizar los derechos humanos sin embargo, a pesar de que se ha intentado combatir la pobreza a través de diversas políticas y programas, los resultados son insuficientes.

Según el informe, las transferencias monetarias han ayudado a reducir la pobreza por ingresos, pero la vulneración de los derechos sociales, como el acceso a servicios de salud y seguridad social, siguen siendo alarmantemente altas​. Esto pone de manifiesto que los programas actuales no atacan las raíces del problema, sino que apenas logran mitigar sus síntomas.

Necesitamos una estrategia integral: Garantizar la educación inicial, preescolar y básica de tiempo completo con servicios de nutrición, atención médica y educación de calidad podría marcar una diferencia significativa avanzando hacia un Sistema Nacional de Cuidados. Estos espacios no solo mejorarían las condiciones de vida de la niñez, sino que también aliviarían la carga de las familias, especialmente de las mujeres, quienes suelen ser las principales cuidadoras. Además, garantizarían que todos las niñas y niños, independientemente de su origen, tengan acceso a un punto de partida justo.

A pesar del que el reciente Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 incrementó en un 4.3 % los recursos para este sector, beneficiando principalmente a menores afiliados al IMSS y al ISSSTE, se deja fuera al 40 % de los niños y las niñas que carecen de seguridad social de acuerdo con el Coneval. Además, es importante señalar que el presupuesto carece de estrategias para reducir el rezago educativo, invertir en primera infancia o establecer un Sistema Nacional de Cuidados.

Un México para todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Desde Early Institute, hacemos un llamado a los tomadores de decisiones para que prioricen la inversión en la primera infancia como una estrategia fundamental de política pública. La falta de acción en este ámbito no solo perpetúa la pobreza y las desigualdades sociales, sino que también compromete el futuro del país.

El presupuesto destinado a la primera infancia debe enfocarse en asegurar un acceso universal y de calidad, sin discriminar a niñas y niños cuyos cuidadores están fuera del ámbito formal. Los programas sociales deben tener estrategias integrales que no solo apuesten a transferencias monetarias sino también a la educación, salud, nutrición, seguridad social, y una vivienda digna. Apostar por un Sistema Nacional de Cuidados como un eje estratégico de la política pública es esencial para garantizar un desarrollo equitativo desde la primera infancia.

Finalmente, es crucial que, como sociedad, dejemos atrás la polarización social y nos movilicemos colectivamente para reducir las desigualdades. Aspirar a un México donde todas las personas tengan la oportunidad de prosperar requiere comenzar por las niñas, niños y adolescentes. Este es el primer y más importante paso hacia un país donde nadie se quede atrás.

Invitamos a que se escuchen todas las voces involucradas en la materia para emitir una legislación vanguardista que proteja de manera integral los derechos de toda la ciudadanía.

La objeción de conciencia es una figura jurídica que otorga a una persona la facultad de desobedecer una ley o un mandato de autoridad cuando éste viola sus creencias o convicciones; es una protección de los derechos más íntimos del individuo frente al poder del Estado.

También es un mecanismo que permite salvaguardar los derechos de las minorías ante las decisiones de la mayoría que, en ocasiones, pudieran entrar en conflicto con su cosmovisión y con sus libertades esenciales que forman parte de la esfera más personal del ser humano, como lo son, sus convicciones morales o éticas.

En ese sentido, en el año 2018, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley General de Salud para adicionar un artículo 10 Bis y establecer así un parámetro regulatorio inicial de la objeción de conciencia en este ámbito; dicha reforma aludía que la objeción de conciencia podía ser invocada para excusarse de participar en la prestación de servicios que establece dicha Ley; lo anterior, con la excepción de casos en que se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica; la desobediencia a esta norma generaría consecuencias de responsabilidad profesional y su ejercicio no debía derivar en ningún tipo de discriminación laboral.

No obstante, en septiembre del año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 54/2018 mediante la cual se declaró la invalidez de la citada reforma por considerar que esta disposición no establecía los lineamientos y límites necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas, en especial, el derecho a la salud.

A raíz de la decisión de la Suprema Corte, se han presentado diversas iniciativas que buscan establecer nuevos parámetros para regular la objeción de conciencia. La más reciente, es un proyecto de reforma aprobado por la Cámara de Diputados y turnado al Senado de la República, mediante la cual se buscan establecer nuevos parámetros regulatorios en materia de objeción de conciencia, mismos que armonizan con las determinaciones de la Suprema Corte.

Dicho lo anterior, una premisa de gran preocupación para el sector médico y de enfermería es que la regulación que se discute el día de hoy en el Congreso de la Unión busca inhibir la objeción de conciencia para que ésta no pueda ser invocada en situaciones específicas, por ejemplo, para la comisión de abortos.

Los países que cuentan con las legislaciones más avanzadas en materia de objeción de conciencia, como Estados Unidos y Alemania, han creado sistemas legales integrales que permiten a todos sus ciudadanos, bajo determinados supuestos bien detallados, abstenerse de cumplir alguna obligación legal en temas relacionados con la salud, educación, derechos cívicos, entre otros.

Sin embargo, debe decirse que en estos países no queda duda de que la obligación de garantizar y financiar los costos del derecho a la objeción de conciencia corre a cargo del Estado y de sus instituciones públicas, quienes deben asegurar los presupuestos o condiciones necesarias para garantizar a los ciudadanos “objetores” dicho derecho.

En Early Institute, nos pronunciamos a favor de impulsar un marco legal adecuado para reconocer y ampliar el derecho a la objeción de conciencia de todos los mexicanos, como una de las prerrogativas esenciales que derivan de la libertad de conciencia y religión garantizadas ampliamente los sistemas internacionales en materia de derechos humanos, así como el artículo 24 de nuestra Constitución. Invitamos a que se escuchen todas las voces involucradas en la materia para emitir una legislación vanguardista que proteja de manera integral los derechos de toda la ciudadanía.

El suicidio infantil es una tragedia que desgarra el corazón de familias y comunidades. En México, según el INEGI, es la segunda causa de muerte en niños y adolescentes de 10 a 19 años, con una tendencia preocupante al alza. Se estima que alrededor del 5% de los menores en este rango de edad ha intentado suicidarse al menos una vez en su vida.

El aislamiento, la violencia sexual y el acoso en redes sociales son algunos de los factores determinantes que los expertos han identificado como detonantes de esta problemática.

En México, los servicios de salud mental especializados son insuficientes, y la prevención en las escuelas es deficiente. Aunque algunas instituciones educativas han comenzado a implementar programas de atención psicológica, la gran mayoría carece de protocolos claros y de articulación con otros actores clave. En comunidades rurales, donde el acceso a estos servicios es prácticamente inexistente, los niños, niñas y adolescentes quedan aún más vulnerables.

A esto se suma la falta de educación emocional desde edades tempranas. Muchos niños no cuentan con herramientas para identificar y gestionar sus emociones, lo que los deja expuestos a situaciones que no saben cómo afrontar. Los especialistas recomiendan integrar programas de inteligencia emocional en las escuelas, acompañados de talleres para madres, padres y cuidadores que fomenten un entorno familiar más sano y abierto al diálogo.

También es esencial invertir en la formación de profesionales en salud mental infantil, creando incentivos para que más especialistas se dediquen a esta área, pues su intervención puede marcar la diferencia en la prevención.

Las cifras y testimonios nos recuerdan que el suicidio infantil no es un problema privado; es el reflejo de un entorno social y emocional que no hemos logrado sanar. Desde la visión de los expertos, abrir una conversación responsable sobre este tema es esencial. Sin embargo, esta debe ir acompañada de acciones concretas: capacitación a docentes, ampliación de redes de apoyo y aseguramiento de que las políticas públicas realmente lleguen a quienes las necesitan.

Es momento de reconocer que el silencio y la inacción tienen un costo devastador. Cada niño o joven que pierde la vida nos recuerda la urgencia de construir comunidades más empáticas. No podemos seguir postergando la tarea de fortalecer la salud mental infantil.

Al final, la pregunta no es solo qué está haciendo el gobierno, sino qué estamos haciendo todos como sociedad.

El inicio de todo nuevo sexenio representa una oportunidad importante para abordar temas pendientes y deudas sociales, y en México, probablemente, no hay deuda histórica más importante que la pendiente con las víctimas de la violencia.

En la reciente presentación de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024), funcionarios del INEGI expusieron que, alrededor de 93% de los delitos cometidos 2023 no se denunciaron o la autoridad o no se inició una carpeta de investigación para procesarlos, dejándolos impunes. Los mismos funcionarios destacaron que, a pesar de los diversos esfuerzos realizados, las cifras relacionadas con la impunidad prácticamente no han cambiado en los últimos 10 años.

Bajo este contexto, uno de los temas más preocupantes es la alta impunidad que aún persiste cuando hablamos de delitos sexuales. De acuerdo con esta misma encuesta, la cifra de delitos no denunciados corresponde a 83.8% en el caso de violación y a 96.8% en el caso de hostigamiento o intimidación sexual.

De todos estos casos impunes, quizá no existen más impactantes que aquellos cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Según la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas, en México unas 600 mil personas son víctimas de delitos sexuales cada año. De todas ellas, 4 de cada 10 son menores de edad. Pero ¿qué podemos hacer?, si el problema es tan grave, ¿porque las víctimas no denuncian?

Al respecto la ENVIPE también ofrece algunas respuestas. Al consultar con las personas, por qué no denuncian los delitos de los que son víctimas, 6 de cada 10 mencionaron alguna razón relacionada con una mala percepción de las autoridades o los procesos de justicia. El 34.4% de la población que no denunció un delito del que fue víctima cree que denunciar es una pérdida de tiempo, el 12.7% no confía en las autoridades, el 9.8% considera que los trámites son muy largos o complicados, el 3% percibe una actitud hostil de las autoridades al momento de denunciar y un 1% es extorsionado cuando intenta hacerlo.

Para empeorar el panorama y tal vez confirmado las razones para no denunciar, la OCDE ha estimado que en México solo el 1% de los casos de abuso sexual infantil reciben sentencia. Ante esto, nos preguntamos ¿Cómo arreglar un sistema tan roto?, ¿cómo hacer que las víctimas hablen? ¿cómo pagar la deuda que se tiene con NNA víctimas de violencia sexual?

En primer lugar, es fundamental garantizar, en la práctica, el principio de mínima intervención y la no revictimización de NNA en procesos de acceso a la justicia, asegurando la participación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en todos los casos que involucren a un menor, así como la implementación del testimonio único cuando un NNA sea víctima o testigo en proceso de justicia. En el mismo sentido, también se debe fomentar la grabación de testimonios de menores en las primeras etapas de procesos judiciales para verificar su credibilidad, así como la adopción de herramientas para la obtención estos testimonios como ANTENAS, títeres digitales que permiten construir testimonios confiables sin revictimizar a los menores.

Además, también es necesario replantear la forma en la que el sistema de justicia interactúa con los NNA. Por ejemplo, algunos jueces no utilizan las recomendaciones de los protocolos especializados para juicios que involucran el testimonio de NNA, como el Protocolo para Juzgar con perspectiva de Infancia y Adolescencia, descartando sus testimonios por no ser creíbles, sin considerar si estos se generaron siguiendo los procedimientos adecuados, invalidando la voz de los menores y revictimizándolos. Para evitar esto, es necesario hacer obligatorio el uso de protocolos, convirtiéndolos en reglamentos que los jueces deban seguir en todos los casos que involucren, por ejemplo, el presunto abuso de un menor.

Acabar con la impunidad sólo será posible cuando las víctimas tengan una voz. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el desafío de reconstruir los sistemas de protección y justicia de la primera infancia, cambiando la forma en cómo estos interactúan con los niños, niñas y adolescentes, a fin de mejorar su acceso a la justicia y acabar con la impunidad. Y nosotros como hermanos, maestros, padres y cuidadores, tenemos la obligación de exigir que esta protección sea efectiva.