Una legislación penal, con enfoque de niñez

Por Cristian Acosta, Coordinador de Asuntos Públicos de Early Institute

Publicación original en ContraRéplica

 

Imagine usted, lector que vive en Coahuila, que en este momento se entera y le consta que la niña que va a la escuela con sus hijos es víctima de abuso sexual infantil y de violación impropia, además de la inmediata indignación que ello le genera siente la obligación moral de denunciar tales hechos, pero si por cualquier circunstancia no lo hace, usted también estará cometiendo un delito denominado omisión de denuncia. Cambiemos de estado, si estas mismas conductas suceden en Veracruz, se estará cometiendo el delito de abuso sexual infantil y de pederastia, pero si usted no acude al Ministerio Público, no tendrá responsabilidad alguna.

Ojalá que esa niña no esté en Nayarit y sea considerada como “púber”; sí lector, leyó bien, el Código Penal de Nayarit utiliza el concepto de “púber” para referirse a las niñas y niños que llegan a la pubertad, destacando que hay niñas que llegan a esa etapa a los 8 años, pues los actos sexuales que se cometan en su contra, serán sancionados con seis meses a dos años de prisión y una multa irrisoria de $260 a $868 pesos por el delito de atentados al pudor, en vez de abuso sexual infantil.

Esta libertad configurativa de delitos, no debería ser un problema, pues dentro de nuestro sistema federal cada estado es libre y soberano para señalar qué conductas son sancionadas por las leyes penales y cuales no, sin embargo, es evidente la falta de eficacia de las leyes, de la impartición de justicia y de la protección a niñas, niños y adolescentes, cuando recordamos casos tan emblemáticos como el de Los Porkys en Veracruz, que generaron criterios con amplitud interpretativa y fomentaron la impunidad.

Esto sucede todos los días en nuestro México y es consecuencia de una legislación penal con fallas estructurales que limitan la impartición de justicia a las víctimas de delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, pues:

  1. son emitidos sin una perspectiva de niñez que además de minimizar la gravedad de los delitos, invisibiliza y vulnera a este sector de la población;

  2. existen más de 40 delitos sexuales establecidos en los códigos penales locales aplicables para sancionar a los agresores de niñas, niños y adolescentes;

  3. hay criterios divergentes en edades de las víctimas que van desde los 12 a los 17 años con agravantes diversas para el delincuente;

  4. hay estados con una excesiva o limitada regulación como en Tabasco con 9 delitos y Sonora con 16;

  5. la omisión de denuncia sólo es considerada como delito en Coahuila y Puebla;

  6. el ciberacoso en contra de niñas, niños y adolescentes tiene criterios específicos sólo en Baja California Sur, Chiapas, Nuevo León, Puebla y Quintana Roo;

  7. lo que en un estado es violencia familiar en otro puede no serlo;

  8. no hay una visibilización ni fortalecimiento del sistema de justicia penal de la mano de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de los sistemas DIF.

Ante este panorama en el Congreso de la Unión se ha manifestado durante ya varios meses, la intención de realizar una reforma constitucional que permita crear un Código Penal Único para homologar los delitos en todo el país, si a ello sumamos las declaraciones del Senador Ricardo Monreal quien ha enfatizado en la necesidad de pasar de un sistema de justicia “opaco, anacrónico, poco efectivo” a uno “dinámico, accesible y transparente” es que existe una ventana de oportunidad para llamar a legislar con enfoque de niñez.

Con independencia de que ello ocurra, tanto en el Congreso de la Unión como en los estados, deben revisarse los Códigos Penales para advertir estas deficiencias y contrarrestarlas. Por ello, en Early Institute a través de la página alumbramx.org y los informes ahí consultables, nos hemos dado a la tarea de visibilizar las estadísticas y delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, pues sólo durante 2019 se dieron 23,191 casos de abuso sexual; cada día 7 niñas y niños son víctimas de homicidio; 73% de las víctimas de trata de menores son niñas; 1 de cada 10 mujeres, según la ENDIREH, reportó haber sufrido alguna forma de violencia sexual antes de los 15 años y hoy, se genera confusión y se fomenta la impunidad, ya que hay más de 40 delitos sexuales que no cuentan con un enfoque de niñez.

Un distanciamiento crítico

Por Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute

Publicación original en Infobae

 

Han pasado poco más de 3 años desde que se conmemoró el centenario de la Constitución Política de México vigente desde 1917. Tanto el foro jurídico como la academía, han opinado que el texto constitucional, producto de las frecuentes reformas y la avidez del legislador que todo quiere introducir a la carta magna, se ha convertido en un ordenamiento carente de estructura, con un desorden temático manifiesto y sumamente extensa, difícil de entender.

A pesar de que en 2017, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó un estudio para proponer el reordenamiento del texto constitucional buscando lograr una mejor estructura; ninguna de las propuestas fueron tomadas en cuenta por el Congreso de la Unión. Seguimos con el mismo documento que se integra por más de 4 mil párrafos y poco más de 135 mil palabras – incluyendo sus disposiciones transitorias – que regulan los aspectos esenciales de la vida de México.

El problema no es estrictamente de carácter técnico. El desorden constitucional es también un reflejo del funcionamiento coyuntural de las instituciones – con especial énfasis en los poderes ejecutivos y legislativos – y la baja calidad de nuestras políticas públicas que carecen de un enfoque sistémico y se encuentran desarticuladas.

Como espiral, desde la Constitución hasta un buen número de leyes y ordenamientos generales, se reproducen los vicios de un derecho exageradamente escrito y sobre regulador, lo cual además de volverlo inaccesible a los ciudadanos, genera problemas estructurales que se relacionan con la falta de implementación y la ausencia de presupuestos viables para hacer funcionar a las instituciones, mecanismos o figuras que las propias normas contemplan.

La situación se agudiza cuando la producción normativa se multiplica por 32. En una suerte de tendencia, los estados de la república e incluso los municipios, muchas veces replican - casi de manera literal - las leyes que se expiden a nivel federal. El caos es evidente.

En los países de América Latina, mucho se cuestiona sobre la fragilidad del llamado Estado de derecho y la lejanía que impera entre lo dicho por las leyes y los problemas que enfrentan las comunidades, regiones y los ciudadanos en el día a día. Son muchas las preguntas que caben en la discusión de este asunto, lo cierto es que los operadores del derecho hemos abonado poco a la solución de este problema que, insistimos, no es menor.

Las leyes, el lenguaje formal que estas poseen, su excesiva especialización y la politización que engloban los procesos para su elaboración, han contribuido al deterioro de una ciudadanía poco informada de los asuntos públicos y de sus derechos, indicador por demás peligroso para la salud de cualquier democracia.

Insistir en la reordenación de nuestra máxima ley debe ser un asunto del máximo interés y prioridad nacional que no puede quedar en manos únicamente de los expertos o del gremio jurídico que estudia el fenómeno.

Las consecuencias de contar con un sistema jurídico desarticulado y anacrónico – desde su norma fundamental – son devastadoras e impactan directamente en el funcionamiento y la estabilidad de las instituciones sociales, especialmente en temas neurálgicos como la violencia, desigualdad, la atención prioritaria de la infancia y la falta de calidad de servicios en materia educativa o de salud, por mencionar tan solo algunos ejes.

Por paradójico que esto resulte, el llamado no debe dirigirse al gobernante ni al legislador. Las actividades de estos actores políticos se rigen, desafortunadamente, siguiendo los tiempos del calendario electoral.

Son las barras de abogados, las universidades, escuelas de derecho y los operadores judiciales, quienes deben alzar la voz, diseñar y adelantar métodos y soluciones innovadoras para acercar a la ciudadanía a los contenidos jurídicos, en un lenguaje cada vez más accesible con el apoyo de los recursos tecnológicos, por ejemplo, haciendo uso de esquemas para clarificar el contenido y la estructura de las leyes, fomentar más la técnica legislativa como asignatura obligada, la oralidad y las habilidades de comunicación escrita como herramientas útiles e infaltables en la formación de los futuros abogados.

Asimismo, las autoridades educativas desde el nivel básico deben replantearse desde ya su papel en la importancia de la enseñanza del derecho y su asimilación desde las etapas más tempranas. En este rubro el sector educativo ha demostrado en meses recientes que es posible innovar aun los tiempos de crisis, lo cual puede emplearse también para la renovación de los contenidos cívicos y potencializar los recursos formativos que permitan a generaciones por venir un mejor entendimiento de la legalidad, no como un tema de especialización, sino como una auténtica forma de vida.

La Constitución y sus leyes deben ser vistas como un patrimonio social. El distanciamiento entre los ciudadanos y sus normas es una patología crítica que poco abona a la solución de los problemas globales que hoy enfrentamos.

Parafraseando a Sartori, es claro que constituciones e instituciones no pueden por sí solas hacer milagros, pero si podemos cambiar el curso de los vientos si los sabemos dirigir a tiempo y a quien corresponda, y por ello, la apuesta al cambio debe estar en quienes nos siguen, los poco más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes que existen en México.

*Abogado. Maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Candidato a Doctor en derecho por la Universidad Panamericana. Especialista en análisis y diseño de políticas públicas transversales y sistemas federales. Director Ejecutivo del Think Tank mexicano Early Institute.

 

 

Hacia la nueva normalidad

Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en El Financiero

En las últimas semanas hemos escuchado que deberemos adoptar una nueva normalidad, derivada de la pandemia que nos afecta. En materia de salud entendemos que se trata del seguimiento de medidas de higiene para evitar el contagio de covid-19. Pero el concepto va más allá.

La nueva normalidad es una invitación a la reinvención, al cambio de hábitos en apoyo a nuestro bienestar. Uno de ellos es, precisamente, el cuidado de la salud que no sólo se enfoca a la higiene personal y limpieza. Es necesario procurar tener una salud integral con alimentación adecuada, activación física, descanso reparador, atención a nuestras emociones y convivencia sana. Con la pandemia, quizá nuestra salud reflejó ciertas deficiencias y este momento nos puede impulsar a cuidar nuestro cuerpo, mente y vida espiritual de manera más consciente y activa.

Otro aspecto de consideración es la ausencia de una cultura de ahorro. Según las estimaciones del centro de investigación BBVA Research basadas en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 32.2 por ciento de los mexicanos no ahorra. Esto, inevitablemente, impacta en la tranquilidad del hogar cuando se dan circunstancias como las que estamos viviendo. La educación financiera es fundamental en la estabilidad personal y familiar, razón por la cual tendríamos que integrarla a nuestras vidas para evitar angustias o, al menos, reducirlas.

También la nueva normalidad exige una mayor responsabilidad social en varias dimensiones, pero que al final recae en el modo como nos relacionamos con nosotros mismos, con los otros y con el medio ambiente. Asimismo, es una revisión a la manera en que usamos los recursos, incluyendo la tecnología.

Con la actual restricción de movilidad, hemos sido testigos de las maravillas de la naturaleza, la cual hemos dañado seriamente. Esto nos obliga a replantear la relación que hemos construido con nuestro planeta, pero también entre seres humanos. Tal vez es el tiempo para reflexionar si nuestros lazos son profundos, desinteresados, empáticos, transparentes, honestos y sensibles en los distintos círculos que integramos: familia, escuela, trabajo, social, etcétera. Es, quizá, el tiempo para cuestionarnos si tratamos cordialmente a nuestros semejantes y los respetamos. Si los tratamos como nos gusta que nos traten o, por el contrario, somos hipócritas, deshonestos, superficiales o mezquinos y utilizamos a los demás sólo para nuestra conveniencia sin tomar en cuenta las consecuencias de nuestros actos en sus vidas.

En todo este panorama, es indiscutible el compromiso que tenemos con nuestros niños, niñas y adolescentes. Ellos son esenciales para el tránsito hacia mejores formas de convivencia y socialización, pero también conforman un grupo de alta vulnerabilidad. En este sentido, Early Institute al saber que la primera infancia es clave para el desarrollo físico, mental y emocional de niñas y niños, apuesta por construir un entorno que asegure su bienestar integral, buscando mejorar aspectos de su salud, educación y seguridad. Asumamos la responsabilidad de considerarlos nuestra prioridad, protegerlos y acompañarlos en estos procesos.

La nueva normalidad nos lleva a la reflexión y a la acción; es un tiempo de ajustes, adaptación y flexibilidad para valorar lo importante. La pandemia trajo escenarios de preocupación, pero también nos ha dado la posibilidad de mirarnos para reconocer aciertos y fallas. Seamos capaces de cambiar conductas nocivas y fortalezcamos a los más jóvenes para que su futuro no se vea opacado por la incertidumbre y la transmisión de prácticas dañinas que sólo les causarán miedo e inseguridad personal. Sobre todo, alimentemos nuestra confianza y convirtámonos en agentes de cambio para mejorar nuestra calidad de vida en todas sus expresiones.

Escuela y comunidad

Por Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute

Publicación original en Infobae

 

Si algo invita a reflexionar durante esta crisis sanitaria de COVID-19, lo es la imperiosa necesidad de volver a los fundamentos que permitan a las nuevas generaciones rehacer las normas de convivencia social de cara al futuro.

Prácticamente en todos los campos, actividades y sectores de la sociedad se debate y reflexiona cómo deben retomarse los parámetros de lo que hasta hoy se denomina como el retorno a la “normalidad” en congruencia con cuales tendrán que ser las lecciones aprendidas luego de esta sacudida humanitaria, que todavía no asoma puntos de solución.

Sin pretender anticipar tiempos, pero si con la urgencia de la que dan cuenta los titulares y columnas de cada mañana, la pandemia ha tenido una suerte de efecto dual en donde claramente se produjo una parálisis de los sectores, pero al mismo tiempo se han dejado ver avances y oportunidades claras en diversos temas que seguramente resultarán fortalecidos luego de esta etapa.

Precisamente, uno de los ámbitos más sensibles en donde de manera evidente se han develado cambios sustanciales - de forma y fondo - luego de esta dinámica de aislamiento social, lo es en el funcionamiento de los sistemas educativos.

Al tratarse de un eje esencial para el desarrollo de cualquier país, la necesidad de continuidad de los procesos formativos - especialmente en los niveles de educación básica por las repercusiones hacia la infancia - han generado una nueva forma de interacción entre los actores centrales que convergen en este proceso.

Tan solo hace apenas algunos meses, las autoridades educativas, la planta docente y administrativa de las instituciones que en ellas laboran, los padres de familia y desde luego los alumnos, desempeñaban sus funciones en el proceso de enseñanza siguiendo la lógica del año calendario, sin tener el apremio de replantearse los desafíos que puede suscitar una emergencia y la necesidad de coordinación y complementación entre unos y otros.

Tras el rompimiento de esta dinámica, y la abrupta pero necesaria incursión del ámbito digital para dar cumplimiento a los planes de estudio, se revelaron importantes retos del sistema educativo que vale la pena traerlos a colación a propósito de esta coyuntura.

En primer lugar, la participación de los padres de familia en el proceso se ha potencializado, al grado de que buena parte de la responsabilidad de la tarea pedagógica durante los últimos meses, ha recaído justamente en ellos, como facilitadores de las actividades de acompañamiento y supervisión cotidiana de miles de niñas y niños que, gracias a ellos, cuentan con la posibilidad de no mermar o interrumpir sus estudios.

Si bien este punto admite varios ángulos de discusión, conscientes de que este tiempo no ha sido fácil en entornos familiares inmersos en el desempleo o marginación, al igual que en hogares en donde se tiene que compaginar la intensa actividad laboral con las tareas de cuidado, es evidente que el involucramiento de los padres de familia dentro de los procesos de aprendizaje de sus hijos resulta un elemento sumamente positivo que debe promoverse y alentarse como resultado de esta experiencia, lo cual además ejercita los derechos que la legislación ya contempla en su favor para convertirse en sujetos plenamente participativos de las tareas educativas de las niñas, niños y adolescentes.

Un segundo apunte lo encontramos en el uso de la tecnología para fines de aprendizaje. Es aquí donde quizá se ha llegado a un punto sin retorno y que seguramente obligará a las autoridades del sector educativo a replantear en el futuro inmediato y en todos los niveles, diversos procesos de cara a un mejor aprovechamiento y efectividad de los recursos que ofrecen las plataformas en línea en aras de perfeccionar la función educativa.

Por mencionar algunos ejemplos, pensemos tan solo en el terreno de la evaluación, el aprovechamiento de las herramientas digitales brinda la oportunidad para que los maestros den prioridad a la elaboración de análisis y ensayos, resolución de casos prácticos o el desarrollo de otro tipo de habilidades formativas y de expresión a libro abierto y con la posibilidad de que los niños consulten fuentes diversas o recursos en línea, que no necesariamente impliquen el empleo de métodos tradicionales de pregunta-respuesta o de memorización que todavía suelen predominar en algunos planes de estudio, especialmente en los niveles de educación básica.

Desde luego, este punto requerirá para su plena eficacia, que del lado del Estado se asuma un papel preponderante en cuanto hace a la inversión de recursos y capacitación de personal docente, alumnos y padres de familia para el uso de estas herramientas, a la par de una revisión del marco legal y su infraestructura presupuestal que permita modernizar las capacidades de enseñanza que hasta ahora están diseñadas para ser implementadas desde una perspectiva estrictamente presencial.

Al decir esto, no estamos sugiriendo en modo alguno que la educación deba de hoy en delante, ser un proceso completamente digitalizado. Se trata de encontrar los equilibrios necesarios para que estas herramientas complementen de la mejor manera posible los procesos didácticos y fomenten un diálogo de calidad entre los actores involucrados.

Henry Giroux, académico norteamericano y uno de los principales exponentes la pedagogía crítica, señalaba que los procesos de reforma educativa modernos deben poner en el centro el valor cívico de la educación y su capacidad para formar mejores ciudadanos y generaciones que enfrenten los problemas que hoy, claramente se vislumbran más complejos.

La formación de una nueva ciudadanía a la que se refiere Giroux, exigirá de todo sistema educativo y de su marco normativo y administrativo, un golpe de timón que debe leerse a tiempo.

Hace algunos días, tuve la oportunidad de releer detenidamente y desde la perspectiva que ofrece la crisis sanitaria por la que atravesamos, el texto del artículo 3°de nuestra Constitución Federal que configura el derecho fundamental a la educación de todos los mexicanos y los principios que lo rigen.

En algunos de sus incisos que parecieran ser letra oculta de un contrato, encontré una expresión que cobra plena vigencia a propósito de estas líneas que se escriben. De acuerdo con nuestra máxima norma, y cito textual: la educación debe regirse por criterios de excelencia, que busquen el mejoramiento constante del aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.

Este parafraseo constitucional no es menor. Hoy más que nunca, el fortalecimiento de dichos lazos entre la escuela y la comunidad que la sostiene debe hacerse patente en beneficio del desarrollo inicial de las niñas y niños de nuestro país, y con mayor razón, en estos tiempos de crisis de los que seguramente quedarán grandes aprendizajes.

 

Los nuevos retos de la Educación

Por Cristian Acosta García, Coordinador de Asuntos Públicos de Early Institute

Publicación original en ContraRéplica

 

Al final de este ciclo escolar hay preguntas que todos los que participamos en los procesos académicos, desde preescolar hasta universidad nos hacemos: ¿Qué tanto hemos aprendido como estudiantes? ¿Qué tanto hemos sido capaces de transmitir como profesores? ¿Qué tanto pudo integrarme con mi hija o hijo para apoyarlos con sus tareas? ¿Lo hicimos bien?

Los esfuerzos han sido variados: nos adaptamos para aprender en casa con los programas de televisión; hicimos el esfuerzo para conseguir una computadora, tablet o celular; contratamos internet, mejoramos nuestro plan, usamos la conexión del vecino o nos trasladamos a lugares con datos abierto; adaptamos un espacio en casa como escuela y oficina; usamos mil y un plataformas, redes sociales, videollamadas, correos, tareas y trabajos interminables, que en educación básica, muchos padres terminamos realizando; si a ello le sumamos las actividades propias del trabajo, el hogar, la convivencia familiar y el Covid, el reto resultó verdaderamente titánico. Estos son algunos de los lugares comunes que hemos vivido en los últimos meses tanto profesores, estudiantes, padres y madres de familia y autoridades educativas como la Secretaría de Educación Pública y las secretarías de educación estatales.

El uso de las tecnologías de la información ha sido emergente y nos muestran que tenemos un largo camino que recorrer para la transformación digital de la educación y la interactividad virtual, así como la generación de técnicas de aprendizaje, programas y contenidos que respondan a las necesidades de generaciones nacidas en una cultura 100 por ciento digital y que, a pesar de ello, sufren desigualdades muy marcadas.

Según datos de Encuetas Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2019) del Inegi y el informe Adopción de las TIC y Uso de Internet en México del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en México hay 80.6 millones de usuarios de internet, lo que se traduce en que casi el 30 por ciento de los mexicanos no goza de conexión y sólo 44.3 por ciento de los hogares disponen de una computadora lo que muestra la desigualdad existente.

Estos datos adquieren rostro y apellido cuando recordamos a Iker Rodríguez Landín, un niño de 9 años que en Ciudad Victoria se puso a hacer mandados en su colonia por cinco pesos con la finalidad de ahorrar para comprarse una tablet y poder hacer las tareas de la escuela, lo que nos lleva a hacernos otras preguntas: ¿cuántos niños hay en México como Iker? ¿Cuántas niñas y niños no tuvieron la oportunidad de continuar con su educación en este ciclo escolar por carecer de las herramientas necesarias?

Hoy, derivado de la reforma constitucional en materia educativa de 15 de mayo de 2019 así como de la Ley General de Educación de septiembre de 2019, los gobiernos estatales han iniciado los procesos de discusión y análisis de sus nuevas leyes educativas que deberán garantizar el acceso a educación de calidad.

Hoy ponemos énfasis en los procesos de corresponsabilidad de estudiantes, profesores, padres y madres de familia y escuelas que tienen voz y voto dentro del Sistema Educativo Nacional así como en la relevancia del derecho a la educación y el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación; pero en los procesos de reformas locales no puede obviarse la integración de actores relevantes para las políticas públicas educativas como lo son los SIPINNA locales o las Procuradurías de Protección de NNA; no podemos dejar de lado la Estrategia Nacional de Primera Infancia; ni la correspondiente armonización con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De otra manera, los Congresos que legislen sin la participación social de los actores involucrados y sin considerar la transversalidad del fenómeno educativo, por muy buenas que sean sus intenciones o los contenidos de sus leyes, perderán legitimidad por no responder de manera corresponsable a los nuevos retos que nos plantea la educación.

Estamos aprendiendo: acciones contra la violencia familiar

Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en El Financiero

 

La pandemia nos está dejando experiencias y enseñanzas de todo tipo, empezando por el reforzamiento de la higiene y el cuidado de la salud física, pero también ha generado sentimientos, emociones y conductas, derivados del confinamiento. En muchos de los casos, la falta de herramientas para afrontar los nuevos escenarios motiva que seamos presas fáciles del estrés, ansiedad, violencia o angustia.

En México, la violencia doméstica está aumentando por la tensión en el hogar, debido a diversos aspectos, como puede ser la falta de empleo, el cambio de rutinas, el miedo a lo desconocido, miedo a contraer el covid-19, la presencia de la enfermedad misma en casa, la pérdida de un familiar, etcétera.

Ante esta situación y como una medida de corresponsabilidad la comunidad Alumbra —una iniciativa de Early Institute— ha implementado una estrategia emergente de prevención y atención de la violencia familiar, en la que pone a disposición sus recursos humanos, informativos y tecnológicos.

Así, ha lanzado la campaña Estamos aprendiendo para fomentar la sana convivencia en familia y evitar las agresiones y actos de violencia en casa.

La campaña se da en dos vertientes. Por un lado, brinda información y consejos a madres, padres y cuidadores para mejorar la convivencia y prevenir la violencia familiar. Y por el otro, ofrece una línea gratuita de apoyo psicológico para la contención, atención y canalización de casos de violencia. Los especialistas han sido capacitados no sólo para atender los casos de violencia sino también a quienes, por esta coyuntura, viven situaciones de estrés, crisis, ira, ansiedad o depresión.

Es importante decir que se ha puesto especial interés en dar soporte psicoemocional al personal de salud y a sus familias, que son grupos vulnerables en estos momentos.

Estamos aprendiendo parte de que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar esta circunstancia y es muy posible que sintamos miedo, tensión, desesperanza, angustia, incertidumbre. Incluso, quizá, experimentemos ciertos desequilibrios emocionales o se incrementen.

Por supuesto no es malo sentir estas emociones o cambios de comportamiento y no nos debemos sentir culpables por presentarlos. Lo que sí es nuestra responsabilidad es buscar ayuda para manejar esa lluvia de emociones que nos agobia y esta campaña es una opción para contar con la atención adecuada, a través de especialistas que escuchan, acompañan, asesoran, contienen y canalizan a quien lo necesite.

En particular se busca reducir el impacto negativo y el incremento de riesgo en que se encuentran niñas, niños y adolescentes, por lo que es un apoyo a madres, padres y cuidadores para el mejor manejo de sus emociones.

Todos estamos juntos en esto y estamos aprendiendo, por lo que te invito a compartir la línea de atención psicológica sin costo para toda la República Mexicana (55 8854 6657), sumarte a la campaña #EstamosAprendiendo (alumbramx.org) y conoce los recursos que Early Institute, junto con los integrantes de la comunidad Alumbra, ponemos a su alcance para hacer frente a la violencia familiar en esta contingencia sanitaria.

Infancia y democracia: un primer apunte

Por Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute

Publicación original en Infobae

 

Es innegable que durante las últimas décadas, los esfuerzos globales para visibilizar y crear mecanismos de protección a los derechos de la niñez y adolescencia, se han potencializado dentro de los diversos sistemas jurídicos nacionales y locales. En mayor o menor medida, agencias internacionales, gobiernos, parlamentos y tribunales han desarrollado progresivamente instituciones y mecanismos jurídicos que apuntan hacia esa dirección.

La tendencia es clara y comienza a marcar ciertas pautas de moda. Hoy en día, al menos desde el discurso, prácticamente no se cuestiona la relevancia de invertir en la primera infancia como una estrategia efectiva para reducir sustancialmente los costos sociales de las naciones en el futuro. La literatura científica, también es categórica en ese sentido, cuanto antes se realice la inversión en la niñez principalmente a través de políticas públicas y presupuestos lo suficientemente amplios, mayor será el rendimiento social que se coseche en los años porvenir.

Al menos desde la mirada latinoamericana, casos emblemáticos pueden encontrarse en países como Chile, Colombia y Brasil, que sin lugar a dudas han desarrollado modelos institucionales considerados de avanzada a nivel regional, por su capacidad de configurar instituciones y delinear políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y los derechos que asisten a niñas, niños y adolescentes en nuestro continente.

Sin embargo, bajo el caleidoscopio de la realidad, la mera creación de leyes e instituciones gubernamentales para implementar políticas públicas a favor de los derechos de la infancia no garantiza per se ni es sinónimo de un avance efectivo en su tutela y protección. El terreno de la implementación resulta quizá la tarea más titánica.

La realidad, es que la infancia sigue sin ser considerada una agenda prioritaria dentro de la vorágine de coyunturas que predominan el debate político, económico y social de la cotidianidad. Antes bien, han tenido que ser los aparatos judiciales –con el margen de reserva que ello implica– los que a partir de litigios y resolución de controversias particulares en donde se involucran o ponen en juego los diversos derechos fundamentales de la niñez, interpretan o dan contenido y alcance a los principios de protección de la infancia.

Lo mismo ocurre en el terreno de la sociedad civil organizada, es quizá desde esa trinchera, donde de manera más visible y persistente se diseñan e impulsan iniciativas o proyectos encaminados a mejorar los procesos de incidencia en políticas públicas que permitan aterrizar a la realidad los derechos de la infancia y adolescencia.

Como botón de muestra de este desfase entre la formalización de las leyes e instituciones, y el ritmo que la realidad social impone, de acuerdo al Panorama de la Situación de Niñas y Niños en América Latina y el Caribe presentado por UNICEF en junio de 2019, en la región de América Latina muere un niño cada 3 minutos, casi el 52% de estas muertes se presentan tan solo durante los primeros días de vida; más de 5 millones de niños presentan desnutrición crónica; 1.1 millones de niñas y adolescentes entre 15 y 19 años han experimentado formas de violencia sexual, incluso desde la etapa de la infancia. Del mismo modo, cifras e indicadores muy poco alentadores pueden leerse en rubros como pobreza infantil; acceso a servicios de educación de calidad y desarrollo infantil temprano; mortalidad materna; embarazo infantil y adolescente, por mencionar algunos.

Esta situación se agudiza en el contexto de las incipientes democracias de América Latina, en donde otras problemáticas o temáticas sociales convergen en el contexto y adquieren por su naturaleza mayor notoriedad, predominando en el debate público y lógicamente en los procesos de participación social y toma de decisiones. Háblese, por ejemplo, de temas como el funcionamiento de las instituciones y la estabilidad de los sistemas políticos; la atención de los niveles de seguridad y violencia; la calidad de los sistemas educativos y de salud, la estabilidad en el empleo, entre otros rubros.

Bajo tal estado de cosas, pareciera que la infancia resulta ser una temática más dentro de la oferta de causas, diagnósticos y posibilidades que se presentan para el tomador de decisión (policy maker) como parte de su bandeja de posibles cursos de acción. Y quizás aquí es donde se encuentra el error de abordaje.

Esta lectura de la realidad, parte de una premisa inexacta que ubica a la promoción y tutela de los derechos fundamentales de la niñez como un tema aislado o inconexo dentro de la propia evolución de los sistemas democráticos y del desarrollo social de los países, como si se tratara de compartimentos estancos.

El tratadista argentino Emilio García Méndez, atinadamente señalaba: “los niños son buenos para la democracia”. Esta frase que resulta por demás sugerente ha encontrado eco en varios análisis sobre el contexto de la infancia en América, pues entraña una reflexión más de fondo que conviene traer a colación, en donde la relación entre el progreso y desarrollo de una sociedad democrática, encuentra un buen termómetro de referencia justo a partir de la efectividad y vigencia de los derechos de las nuevas generaciones.

No en vano, algunos textos constitucionales de nuestra región, incluyendo el de México, califican como de “superior” el interés inherente a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sobre este tema, habrá oportunidad de reflexionar en futuros espacios, pero sin duda, la actividad legislativa y gubernamental debe comenzar a perfilar con más urgencia y altura de miras, que el proceso de refundación del Estado –incluyendo la calidad de su vida democrática– comienza a partir de la construcción estratégica de un andamiaje amplio y sólido para el desarrollo favorable de la niñez y la adolescencia.

Es claro para quien escribe este texto, que esta tarea no es exclusiva ni debe quedar en manos únicamente del gobernante en curso. Ello sería un error fatal. Si algo ha de caracterizar a la agenda de niñez, es su enfoque transversal y la necesaria corresponsabilidad entre individuos, sociedad y gobierno para hacerla realidad. No podría ser de otra manera.

En los tiempos que corren, resulta esperanzador que las crisis y emergencias humanitarias, puedan servir como recordatorio para todos, sobre la importancia de reconstruir y enfocarnos nuevamente en lo esencial. Quienes creemos que la apuesta al cambio para lograr esto es la niñez, no lo hacemos desde un enfoque de activismo o de proselitismo político, sino convencidos de que es por esa vía por la que podemos construir puentes y abrir grandes avenidas hacia una modernidad más justa y humana.

Finalmente, al tratarse de la primera columna que se escribe para este importante medio de difusión en la región de América Latina, no quisiera dejar de agradecer a Infobae y a su comité editorial, por considerar a Early Institute dentro de este espacio que ofrece voz y posibilidades de expresión hacia lectores en diversos países de la región, lo cual asumimos no solo con gratitud, sino con la responsabilidad de incorporar contenidos y reflexiones útiles que abonen a generar un análisis crítico de nuestro entorno.

Deseamos que este primer texto, sea tan solo la parte inicial de una narrativa suficientemente amplia y productiva para el lector, que permita poner en el centro del debate cotidiano otros temas que consideremos centrales y se relacionan con la necesidad de mejorar la salud, cuidado, educación y protección de la primera infancia.

Estamos aprendiendo

Por Cristian Acosta, Coordinador de Asuntos Públicos de Early Institue

Publicación original en ContraRéplica

 

Miremos por unos segundos hacia atrás y pensemos en cómo era nuestra convivencia a inicios de marzo: despertar, levantarnos, acudir a la escuela, al trabajo, a los gimnasios, saludar amigos, compañeros, conocidos, abrazar a aquellas personas importantes en nuestras vidas, utilizar el transporte público o el auto y pasar horas en el tráfico al trasladarnos para regresar a casa con nuestras familias.

Ahora sabemos que esos días ya no serán iguales, pues hoy el Covid-19 está cada vez más cerca de nuestro entorno y ya no solo en las noticias, de alguna u otra manera sabemos que un conocido, familiar o amigo ha padecido esta nueva enfermedad; en el mejor de los casos se ha recuperado y, en un escenario adverso, no hemos tenido la posibilidad de despedirnos ni de acompañar en su dolor a aquellas personas que queremos. Si a ello le agregamos que ahora un dolor de cabeza es motivo de preocupación; las noches de insomnio; que la actividad económica ha disminuido en perjuicio de nuestro bolsillo; y que no sabemos en qué momento el semáforo pasará de rojo a verde, se genera un caldo de cultivo perfecto para las preocupaciones que derivan en problemas de ansiedad, estrés, adicciones, violencia familiar y depresión.

Para nuestras niñas, niños y adolescentes el esquema no es tan diferente, pues su rutina diaria también ha cambiado y sufren los efectos de la pandemia. Tristemente la semana pasada en Río Bravo, Tamaulipas, un alumno de 13 años de la secundaria “Moisés Sáenz Garza” considerado por sus maestros como un joven ejemplar por su aprovechamiento y participación, se quitó la vida poco después de concluir sus clases en línea.

Para tratar de mitigar estos riesgos el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), publicó el pasado martes 26 de mayo una serie de acciones indispensables para procurar la atención y protección de este sector poblacional.

Entre los mecanismos destaca la difusión de la crianza positiva proporcionando información precisa, amigable y accesible sobre el Covid-19 para prevenir accidentes y enfermedades; el optimizar el funcionamiento de líneas de emergencia y ayuda para atender la violencia familiar coordinadas con el 911, sin desestimar las llamadas que puedan hacer niñas, niños y adolescentes; apoyar la operación de refugios para víctimas de violencia; así como identificar y atender casos de violencia o abuso sexual.

Hoy nos damos cuenta de que todos, sin importar nuestra edad, sexo, religión, nacionalidad, ideología o estatus social tenemos nuevas dinámicas de vida y convivencia y que hoy más que nunca, nuestra salud mental juega un papel fundamental.

Por ello, como parte de este proceso de resiliencia desde Early Institute, hemos decidido poner en marcha la línea de atención psicológica 55-88-54-66-53 a la que la población en general, así como niñas, niños y adolescentes, pueden acercarse para recibir orientación, canalización y seguimiento personalizado por ansiedad, estrés, depresión o incluso en los casos de violencia familiar, pues estamos aprendiendo que juntos podemos superar esto.

 

ALUMBRA lanza campaña “Estamos Aprendiendo” para prevenir violencia familiar

La Comunidad Alumbra lanzó la campaña digital “Estamos Aprendiendo” y puso en operación una línea sin costo de asesoría psicológica a nivel nacional, con el objetivo de contribuir a la prevención de la violencia familiar en el contexto de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, sobre todo cuando se ejerce en contra de niñas, niños y adolescentes.

https://www.contrareplica.mx/nota-ALUMBRA-lanza-campana-Estamos-Aprendiendo--para-prevenir-violencia-familiar-20201638

Alumbra te ayuda a prevenir la violencia familiar durante la pandemia

La Comunidad Alumbra lanzó la campaña digital Estamos Aprendiendo y puso en operación una línea sin costo de asesoría psicológica a nivel nacional, con el objetivo de contribuir a la prevención de la violencia familiar en el contexto de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, sobre todo cuando se ejerce en contra de niñas, niños y adolescentes.

https://www.la-prensa.com.mx/mexico/alumbra-te-ayuda-a-prevenir-la-violencia-familiar-durante-la-pandemia-5306777.html