Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión
Los lamentables hechos en Taxco, Guerrero, donde la niña Camila fue víctima de feminicidio, han revelado una serie de problemáticas de fondo en las que se evidencia un fracaso del Estado mexicano para proteger a niñas, niños y adolescentes y garantizarles una vida libre de violencia.
La muerte de Camila no es un caso aislado. Según el INEGI, en 2022 hubo 2,037 homicidios de niñas, niños y adolescentes. Tan solo en Guerrero ocurrieron 60 de ellos, y la situación es aún más alarmante en estados como Guanajuato y Michoacán, que juntos acumularon casi 500 homicidios.
En ese mismo año, se contabilizaron 1,553 feminicidios a nivel nacional, de los cuales 203 fueron de niñas y adolescentes. Es decir, como Camila, hay cientos de niñas y adolescentes a quienes se les arrebata la vida en nuestro país.
Este caso ha dejado nuevamente en claro la ausencia de un estado de derecho. Las autoridades responsables de la impartición de justicia han quedado rebasadas y la ciudadanía ha ejercido justicia por su propia mano, lo cual es un síntoma de un Estado que ha fallado en proteger a sus ciudadanos.
La respuesta tardía de las autoridades es muestra evidente de indiferencia y de procesos ineficientes. Ha sido patente la nula perspectiva de niñez que impera en los procesos judiciales, donde no contamos con ningún tipo de especialización para la atención de casos que involucren delitos contra niñas, niños y adolescentes, lo que conlleva a un fracaso en garantizar su interés superior.
No existen protocolos o mecanismos de actuación rápida para la detención de probables responsables, ni coordinación entre autoridades para agilizar procesos de puesta a disposición de ministerios públicos.
Desde Early Institute, expresamos nuestra preocupación y consideramos imprescindible:
Fortalecer la capacidad y eficiencia del sistema judicial, especialmente mejorar la respuesta de las autoridades de primer contacto.
Especializar a servidores públicos para garantizar una correcta atención y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Mayor congruencia entre las normas jurídicas y la realidad social, es decir, que las leyes y procedimientos sean aliados en la protección de víctimas, sobre todo cuando hablamos de niñas y niños.
Esperamos que Camila no sea un caso más y que, en estos tiempos de debates y campañas, se ponga a las niñas y los niños en el centro de las propuestas y acciones cruciales en el país.
