Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión
Una vez más, la violencia contra niñas y niños se sitúa en el centro de la agenda pública nacional. El reciente caso del bebé secuestrado en Pachuca, Hidalgo, y afortunadamente localizado con vida en Chalco, Estado de México, no es un incidente aislado, sino más bien un reflejo de una problemática persistente.
Secuestro, trata de personas, turismo sexual, homicidio, feminicidio; estos son solo algunos de los delitos que con gran frecuencia afectan a niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
En relación con el bebé secuestrado, se presume que la coordinación entre las autoridades estatales de Hidalgo y el Estado de México facilitó su localización y la identificación de los posibles secuestradores. También se informó que uno de los implicados en el delito es un miembro activo de la Policía Municipal del Valle de Chalco.
Es fundamental resaltar la presencia de delincuentes en el Estado de México, ya que en los últimos años los secuestros de niñas, niños y adolescentes ocurren en 1 de cada 5 casos, específicamente en esta entidad.
A nivel nacional, solo en 2023 hubo 95 víctimas de secuestros entre niñas, niños y adolescentes, según la Red por los Derechos de la Infancia en México. Aunque esta cifra es menor en comparación con años anteriores, representa un claro incremento respecto al 2022, donde se contabilizaron 52 víctimas.
La prevención del secuestro debe ser una prioridad para todos los gobiernos. En muchos casos no mediáticos, es evidente que las capacidades de respuesta de las autoridades federales y estatales son, por decir lo menos, limitadas.
Desde Early Institute, nos congratulamos por la rápida respuesta de las autoridades estatales, pero también reiteramos el llamado a la acción. No solo se trata de atender las consecuencias, sino de generar mecanismos de prevención que hagan que niñas y niños sean “blancos más difíciles” para este tipo de delitos.
