Por: Annayancy Varas García, Directora General de Early Institute
Publicación original de: El Financiero
A principios de diciembre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) cumplió 77 años de haber sido fundado.
Desafortunadamente, en el marco de esta celebración, la infancia se enfrenta a escenarios adversos que han obligado a que instituciones como Unicef insistan aún más en la ayuda a este sector. Hoy la violencia afecta a millones de niñas y niños, motivo por el cual el Fondo en su reciente Informe de Acción Humanitaria para la Infancia 2024 ha solicitado 8 mil 600 millones de euros para socorrer a cerca de 94 millones de niñas y niños que son seriamente violentados en al menos 155 países.
La solicitud no es menor, pues se trata de una petición que obedece a las condiciones que la misma institución cataloga como “sin precedentes”. En este sentido, es incuestionable la crisis que atraviesa la infancia y que exige soluciones y medidas colaborativas, puntuales y apremiantes.
Entre los sucesos que ponen en riesgo la vida de las niñas y los niños, Unicef destaca el cambio climático, la pobreza alimentaria, los conflictos bélicos, las enfermedades vinculadas con la contaminación y escasez de agua, la falta de vacunas, el poco acceso a un sistema de salud a tiempo, la desnutrición, los desplazamientos, entre otros. Todo ello, a su vez, provoca que la red humanitaria se vea sobrepasada, ya que las necesidades son demasiadas.
En México los problemas son de alto riesgo, en particular la situación de la primera infancia, que es un foco rojo. Pese a la investigación científica que determina que la calidad de vida de los primeros años de cualquier persona es crucial para su desarrollo, en nuestro país sigue siendo una agenda social poco atendida como política de Estado.
Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), sólo el 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el país es destinado al gasto público en esta población; y sólo el 1.6 por ciento de este gasto está dirigido a programas exclusivos a la primera infancia. La falta de priorización de la agenda de niñez se sustenta en tres factores: 1) la escasa implementación de políticas públicas en los tres niveles de gobierno para el desarrollo de niñas y niños de 0 a 5 años; 2) la debilidad institucional que ha sufrido el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), la cual siendo la institución rectora en esta materia, hoy es una instancia de menor relevancia administrativa y presupuestaria de la Secretaría de Gobernación; y 3) la nula articulación interinstitucional, que refleja una falta de perspectiva de niñez en los programas federales, estatales y municipales.
En sí, no ha habido una política clara, seguimiento ni coordinación que dé prioridad directa de atención a la primera infancia y esto se ha venido presentando por lo menos en los tres últimos sexenios.
En este contexto, el papel de instituciones como Unicef en países como el nuestro es sustancial, en tanto las alianzas que construye con gobiernos, instituciones financieras, sociedad civil, instituciones académicas, organizaciones religiosas, entre otros, facilitan que algunos retos puedan superarse en beneficio de los más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes que habitan en territorio mexicano.
En Early Institute, aplaudimos y alentamos la labor de todas las iniciativas públicas y privadas que buscan el cuidado de este segmento poblacional, que no sólo requiere de toda nuestra atención, sino demanda el ejercicio de sus derechos más fundamentales. Al término de este 2023, es indispensable destacar que la infancia y la adolescencia, a nivel mundial, nos necesitan. Colaboremos en su bienestar y aseguremos una mejora en sus vidas.