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Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión

Hace poco se celebró el Foro Vacunación para la Niñez, un espacio de diálogo que reunió a actores clave como el sector público de salud, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. El evento, convocado por el Pacto por la Primera Infancia junto con diversas entidades, abogó por la vacunación oportuna de las niñas y niños en primera infancia. Durante el foro, se presentó el estudio “Diagnóstico de la vacunación infantil en México, 2010-2022”, que busca evaluar el impacto de la pandemia del COVID-19 en la política de inmunización dirigida a la primera infancia.

El estudio revela un deterioro significativo del programa de vacunación en México en las últimas dos décadas, a pesar de que el país solía ser un referente global en este ámbito. En 2019, México figuró entre los 10 países con mayor número de niños sin inmunizar contra enfermedades como difteria, tétanos, tosferina y sarampión. El diagnóstico actual no proporciona certeza sobre la cobertura efectiva del esquema completo de vacunación, ni sobre la cantidad precisa de niños vacunados o no, y no distingue entre vacunas administradas en el momento adecuado y las aplicadas de manera extemporánea. Se destaca que la cobertura de vacunación ya estaba en declive antes de la pandemia del COVID-19, y esta última exacerbó aún más los efectos adversos en este ámbito crucial de la salud pública.

Finalmente, se retoman cuatro de las recomendaciones expresadas en el Diagnóstico: 

  1. Diseñar e implementar un plan extraordinario para atender a los miles de niñas y niños que no han sido vacunados o con esquemas incompletos.  
  2. Asegurar los recursos presupuestales para incrementar la capacidad del Programa de Vacunación Universal  
  3. Mejorar la coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Salud  
  4. Y, por último, ampliar la promoción de los beneficios de las vacunas, a fin de incrementar la demanda e incentivar la corresponsabilidad principalmente entre padres y madres. 

Estas recomendaciones son un punto de partida que tendrían que ser atendidas por la administración federal, a la sociedad civil le corresponde continuar vigilando el cumplimiento o incumplimiento de estas líneas de acción.   

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