Por: Cándido Pérez, Investigador de Early Institute
Publicación original de: Mexiquense Televisión
Hace unos días la organización México Evalúa presentó su estudio anual del sistema de justicia penal.
Antes de entrar a comentar algunos datos, en la evaluación se afirma que, desgraciadamente, la cifra negra o el porcentaje de no denuncia no se ha reducido en la última década. Esto indica la baja confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
Según el estudio Nuevo León, Yucatán y Zacatecas son las entidades con mayores mejoras en la confianza ciudadana, mientras que en Ciudad de México, el Estado de México y Chihuahua se registran los mayores deterioros.
Por otro lado, en la evaluación también se analiza la impunidad. Que determina la capacidad del sistema para dar una respuesta efectiva a los casos que conoce. La impunidad a nivel nacional fue del 96.3% en 2022. Por ejemplo en en el delito de violencia familiar la impunidad fue del 98.6%, en de desaparición fue del 96.5%, y en abuso sexual del 96.1%.
Es mucha la información que se puede desprender de esta evaluación pero aquí quisiera determe. Dentro de las deficiencias mencionadas en el estudio se concluye que son pocas las entidades que diferencian los delitos que generan mayor daño al bienestar social de aquéllos que en realidad tienen un bajo impacto, aunque sean los que más suceden.
Esta deficiencia en la atención de los delitos provoca saturación en el sistema penal, un porcentaje considerable de investigaciones realizadas en 2021 corresponden, por ejemplo, al robo en sus diversas modalidades. Mientras que, los casos de feminicidios quedan impunes en casi un 89% de las veces.
Como se afirma en este valioso estudio, sin lugar a dudas son necesarias estrategias de priorización y canalización de recursos, para que en las conductas delictivas que más lastiman a la sociedad se concentre una parte importante de los esfuerzos institucionales.
Seguimos teniendo el reto de lograr que los delitos se denuncien pero nuevamente se reitera que eso no lo podremos mejorar si no existe una mayor confianza de la ciudadania con las autoridades judiciales.