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Por: Abraham Madero, Director Ejecutivo de Early Institute
Publicación original de  El Heraldo de México 

Me refiero a la función de promover planes y programas para el desarrollo de la cultura cívica de la población como uno de ejes complementarios al ejercicio de la llamada democracia electoral.

Durante estos días de noviembre, el país nuevamente atraviesa una zona de turbulencia política y social que encontró en la coyuntura de la discusión de reformas constitucionales en materia electoral, un ambiente proclive para desatar múltiples opiniones sobre los límites y parámetros de nuestra convivencia democrática y la importancia de las instituciones.

A la fecha en que escribo este artículo, considero que no corresponde a un servidor realizar un análisis del contexto político, implicaciones jurídicas o reacciones que dicha iniciativa suscitó en importantes sectores y voces de la sociedad. Circula ya mucha información al respecto. Vale la pena leer, escuchar y analizar con detenimiento los hechos y formarse un criterio propio.

En mi caso, simplemente prefiero aprovechar esta coyuntura porque me parece en el fondo tiene todo que ver, para reflexionar sobre una de las funciones, no del todo visibilizadas, que también ejercen los organismos electorales en las democracias modernas a propósito de su cuestionamiento actual en México.

Me refiero a la función de promover planes y programas para el desarrollo de la cultura cívica de la población como uno de ejes complementarios al ejercicio de la llamada democracia electoral. En efecto, más allá de ser los responsables de organizar y calificar los procesos electorales, una contribución relevante que también compete a estos órganos, tiene que ver con el diseño de estrategias sociales para consolidar la educación cívica no solo del electorado sino de todos los sectores de la población.

Si bien dicha tarea se antoja ambiciosa y no podría imaginarse sin el brazo complementario de los sistemas educativos, los organismos electorales de las democracias de América latina – y en buena parte de la órbita global – han venido colocando como una de sus principales preocupaciones el asegurar que la población, incluidos desde luego a las niñas niños y adolescentes, conozcan desde bajo un sentido práctico la relevancia de las instituciones, los principios que rigen la participación democrática y la razón de ser de los poderes públicos.

Las estrategias de promoción de la educación cívica que impulsan estos organismos están orientadas a sembrar en la sociedad un involucramiento cada vez más activo en las decisiones públicas que los afectan, así como conocer y saber exigir parámetros de rendición de cuentas a partidos políticos y gobernantes.

En el caso de México, el Instituto Nacional Electoral diseñó la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCIVICA) la cual, si bien no es la primera en su tipo y se acompaña de otros ejercicios igualmente relevantes como la Consulta Nacional Infantil y Juvenil, su propósito es desarrollar acciones para construir una ciudadanía informada y fomentar espacios para la discusión de los asuntos públicos.

De acuerdo con sus propias definiciones, la ENCCIVICA busca cambiar las actitudes ciudadanas sobre la manera como es concebido “lo público”. Llama positivamente mi atención que esta estrategia nacional se sustenta en algunos principios que a mi juicio representan auténticas excepciones a la regla dentro del árido abanico de instrumentos normativos y redacciones institucionales que suelen producirse desde al ámbito gubernamental; cuya lectura muchas veces redunda en tecnicismos fríos o alejados del lenguaje ciudadano.

Digo esto primero, porque la estrategia basa sus objetivos y acciones en el principio de Verdad referente al carácter objetivo e imparcial que debe regir en el conocimiento de los asuntos públicos por parte de la población, especialmente el relacionado con el contenido real de los derechos humanos y una perspectiva ampliada del derecho a la información.

Segundo, porque se enfatiza de una manera reiterada el principio de Diálogo, cuyo enfoque dentro de la referida ENCCIVICA busca maximizar en el territorio nacional los espacios – especialmente los de la familia, escuela y la comunidad – para generar debates de calidad y una constante conversación crítica sobre la pertinencia de los valores democráticos que el país necesita preservar y consolidar en los niveles individuales y colectivos, más allá de lo que formalmente se enseña en las aulas como parte de los planes y programas de estudio.

En tal sentido y sin ir más allá dentro del contenido y estructura de dicho documento, me parece que la ENCCIVICA debería representar un pretexto adicional para reflexionar sobre el papel de fondo que corresponde a los organismos electorales como el INE, en la tarea de construir ciudadanía, misma que dicho sea de paso no se logra a través de reformas o decretos.

Me quedo pensando que ambos principios a los que hago referencia representan hoy elementos que nos invitan a una reflexión menos coyuntural y más de largo plazo en medio de la realidad polarizada que nos atraviesa.

Si sabemos leer bien la crisis, el reflector no debería recaer – como siempre ocurre– en el protagonismo de los partidos políticos y poderes públicos. La clave en mi opinión sigue siendo la base social desde la cual niñas, niños y jóvenes representan aquella audiencia estratégica a la que deberían dirigirse todas las miradas y objetivos posibles.

¿Acaso no necesitamos un diálogo verdadero y al mismo tiempo mayor verdad en el diálogo democrático? ¿En dónde está la voz de las niñas, niños y adolescentes en medio de esta efervescencia social? ¿Qué tan eficazmente se cultiva su participación informada en los asuntos de interés nacional? ¿Se les está explicando con criterios de objetividad lo que pasa en el país? ¿Qué saben sobre el comportamiento actual de las instituciones que nos rigen? ¿Cuál sería su opinión sobre la marcha que se realizó el pasado domingo?

Estas preguntas que pareciera se lanzan al aire, las formulo con la intensión de cuestionarnos nuevamente quién debe ser el actor fundamental en la transformación de la educación y cultura cívica en México. No cabe duda, que se requieren estrategias, principios e instituciones sólidas para ello, pero esas condiciones a mi juicio constituyen el medio, el fin son los 38 millones de niñas, niños y adolescentes que hoy viven en nuestro país.

POR ABRAHAM MADERO MÁRQUEZ
ABOGADO. DOCTORANDO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA. DIRECTOR EJECUTIVO DEL THINK TANK MEXICANO EARLY INSTITUTE
TWITTER: @ABRAHAMMADERO
CORREO: AMADERO@EARLYINSTITUTE.ORG
PÁGINA WEB: WWW.EARLYINSTITUTE.ORG

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