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La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, Diana Karina Barreras Samaniego, advirtió que en nuestro país la discriminación laboral por embarazo es un problema más grave de lo que se piensa.
Hermosillo, Sonora, 17 de marzo del 2022.- La maternidad y la primera infancia constituyen un binomio complementario y requiere atención prioritaria, expresó la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, al presentar un pronunciamiento en la tribuna del Congreso local para solicitar se actúe con firmeza frente al grave problema de la Discriminación Laboral por Embarazo (DLE).
La discriminación laboral en el embarazo es un problema mucho más frecuente y común de lo que se piensa, agregó la legisladora del Partido del Trabajo durante la sesión cameral de este día, en la que detalló que este tipo de violencia y discriminación se manifiesta de diversas formas y en gran medida se alienta por un conjunto de prejuicios y estereotipos sobre el embarazo y la maternidad en el espacio laboral y público.
Barreras Samaniego llamó la atención respecto a este problema al subrayar que la DLE afecta múltiples derechos de la mujer embarazada y pone en riesgo la salud, desarrollo y vida de su bebé.
En su pronunciamiento en el Pleno de la Cámara de Diputados local, la legisladora del PT resaltó el contenido del informe “La discriminación Laboral por Embarazo”, publicado por el think tank mexicano Early Institute, como parte de una serie de estudios sobre Prácticas que Vulneran la Maternidad en México.
Cuando se presenta un caso de discriminación laboral en embarazo pueden generarse consecuencias en diversos ámbitos como son: el psicológico, derivado del desgaste emocional que representa estar en estado de conflicto; el económico, al quedarse sin ingreso durante la etapa de gestación, producto de despido o por reducción salarial, lo cual también afecta en la imposibilidad de hacer frente a los compromisos de la economía del hogar; y sociales, ya que si bien se vulneran derechos laborales, en ocasiones que extiende esta afectación a la honra, la dignidad y la seguridad social.
Reconoció que si bien en la entidad y en muchos otros estados se han llevado a cabo acciones legislativas encaminadas a mejorar el marco normativo en relación con la atención y erradicación de la discriminación laboral por embarazo, éstas resultan insuficientes pero pueden mejorarse.
Luego de detallar casos específicos de DLE contenidos en el Informe de Early Institue, en los que se ejemplifica cómo mujeres padecen decisiones laborales adversas por su condición de embarazo, sobre todo por jornadas extenuantes, inadecuadas, riesgosas y sin restricción de horarios, la diputada petista dijo que esta problemática, sumamente grave y compleja, “requiere una política integral de Estado enfocada en brindar protección y atención prioritaria a la maternidad y a la primera infancia, considerándolos un binomio complementario”.
Para enfrentar este problema que afecta a la mujer embarazada y a su bebé por nacer, agregó, no se requieren decisiones aisladas.
El combate a este fenómeno debe enfocarse en posicionar al embarazo y la maternidad en el eje de todas las acciones y estrategias implementadas en los distintos sectores sociales, especialmente en el laboral, a fin de cambiar la percepción social de que es una “desventaja”.
Expresó que su compromiso es buscar, de la mano de las organizaciones civiles, especialistas, académicos, ciudadanía en general y, por supuesto, con sus compañeras y compañeros de este Congreso, los cambios legislativos que permitan, de manera integral, una mejor protección a la mujer respecto a esta problemática, ese debe ser uno de los principales compromisos de esta Sexagésima Tercera Legislatura.
Desde la tribuna del Congreso, la Diputada Diana Karina Barreras Samaniego se refirió a las conductas discriminatorias más conocidas que se ejercen en contra de una mujer embarazada: el despido y la solicitud de pruebas de gravidez. Y precisó que lamentablemente no son las únicas y podemos señalar también las siguientes: hostigamiento laboral, la negación de ascenso, reducción de salario, cambio de horarios sin consentimiento de la trabajadora, negación de la posibilidad de ir al baño o sentarse u ordenarle a la mujer embarazada realizar labores que pongan en riesgo su salud y la de su hija(o).
Finalmente insistió en su llamado a sus compañeros de Cámara a emprender acciones de carácter legislativo y en materia de política pública con el fin de evitar este tipo de discriminación ya que al cometerla se afectan múltiples derechos de la mujer embarazada, de su bebé y su familia, no solamente de sus derechos laborales.