Por: Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en: El Financiero
Por: Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en: El Financiero
En los últimos años se han registrado cambios relevantes en la dinámica social. Uno de ellos es el descenso en el número de nacimientos, lo que implica que se esté llegando a una preocupación mundial.
Por ejemplo, en México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se contabilizaron 1,672,227 nacimientos registrados en 2024 cuando en 2023 fue de 1,820,888. Por supuesto las razones de este descenso pueden ser varias tanto derivadas por aspectos económicos como por las nuevas formas de relacionarse. En este sentido, recientemente se dio a conocer un estudio en Estados Unidos, en el que se habla que desde que salió el primer smartphone de Apple al mercado (en 2007), en ese país ha ido decayendo la tasa de nacimientos.
Dicen los autores del informe, quienes son economistas del Middlebury College y del National Bureau of Economic Research (NBER, el Buró Nacional de Investigación Económica), que si bien no se le puede atribuir a este objeto la baja natalidad, su llegada sí modificó la forma en que las parejas socializan: menos interacción física, menos citas, menos relaciones sexuales presenciales y por lo tanto menos embarazos.
Con referencia a esta baja de nacimientos: “La tasa general de fertilidad en EU ha caído 22% desde 2007, un descenso sostenido que no se explica del todo por las condiciones económicas, el uso de anticonceptivos, los costos de vivienda o de cuidado infantil”, de acuerdo con los investigadores Caitlin K. Myers y Ezekiel Hooper del Middlebury College.
Ahora bien, como los autores mencionan, no se puede afirmar que el smartphone sea la causa de que la tasa de fertilidad sea menor, sin embargo, llama la atención que el crecimiento de la tecnología vaya a la par con este fenómeno.
La propia autora Myers indicó: “como científica, me resisto a decir que la causalidad está probada”, aunque sostuvo que los datos apuntan a “una relación grande y causal entre los iPhone y la fertilidad”.
El tema de la caída en la tasa de fecundidad no es menor cuando se ponen en riesgo los niveles de reemplazo necesarios para equilibrar el tamaño de la población. Hoy, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) la tasa global de fecundidad en América Latina es de 1.8 hijos por mujer, por debajo del 2.1 necesario para el sostenimiento de una población estable.
En esa línea, si el nivel de reemplazo es afectado, se dan mayores problemas que tienen que ver con una población envejecida, menor fuerza para impulsar la economía y menos productividad.
En Early Institute sabemos que la tecnología es una herramienta que facilita y abona a muchas de las tareas humanas, sin embargo, hay que tener precaución cuando la interacción con ella busca reemplazar las relaciones interpersonales. No se trata de evitar el uso de los dispositivos digitales, sino alentar que su manejo de ningún modo sustituya el establecimiento de vínculos sociales y, por tanto, de conexiones que impliquen afecto, comunicación, interés y confianza.
A principios del mes de agosto conocimos el caso de una niña de 11 años, de Matamoros, Tamaulipas, a quien, tras recibir atención médica, se detectó que tenía cinco meses de embarazo.
Actualmente se sabe que la niña, tras haberle cometido un aborto, se encuentra bajo el resguardo del DIF estatal, como parte de las medidas de protección determinadas para garantizar su seguridad, y que el agresor sexual está vinculado a proceso.
Sobre este caso se han dado diversos testimonios; por un lado, la madre señaló en algún momento que había hombres que entraban a la casa cuando la niña estaba sola; por otro, algunos vecinos y familiares señalaban directamente a Sirenio Ruiz como el presunto violentador sexual. También hay versiones que dicen que él publicaba fotografías de ambos presentándola como una especie de pareja.
Y aunque algunos de los hechos de este caso aún están por ser reconfirmados por las autoridades, y solo hay una persona vinculada a proceso, debemos preguntarnos, ¿cómo es que una niña puede vivir una situación de violencia sexual hasta llegar a los cinco meses de embarazo? ¿Qué hicieron todas las personas adultas que formaban parte de su entorno?
Aclarando un punto: la responsabilidad por una agresión sexual es de la persona que ejerce la violencia, y las posibles omisiones en el entorno no disminuye la responsabilidad de quien la ejerció. Además, hasta el momento no se tiene conocimiento de que exista una investigación penal en contra de otras personas, además de la investigación contra Sirenio Ruiz.
Sin embargo, no debemos dejar de visibilizar que la red de protección falló; y esto no involucra solo a la madre o a las personas de su familia más cercanas, sino también a todas las personas que estaban a su alrededor, al Estado y a la sociedad en general.
El cuidado y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes nos corresponde a todas y todos, desde la posición en la que nos encontremos y sin importar qué tan cercanos a nosotros son. A esto se le llama corresponsabilidad, y es un principio rector en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Esta obligación corresponsable recae en la familia, al Estado y a la sociedad en general; así se señala en el artículo 6 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por lo que lo anterior no es solo una obligación moral, es también un mandato jurídico hacia todas las personas.
El artículo 12 de dicha ley establece que es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos o de alguna forma de violencia, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes.
También, el Código Nacional de Procedimientos Penales indica, en su artículo 222, que toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo.
Lo anterior nos obliga a mirar este caso más allá de la responsabilidad individual que pudieran tener las personas a su alrededor. Si una niña atraviesa una situación de violencia hasta llegar a un embarazo de cinco meses sin que su entorno lograra detectarla o detenerla, debemos analizar qué señales no fueron identificadas, qué alertas fueron normalizadas y qué oportunidades de prevención o intervención se perdieron.
Todas las personas, desde nuestra posición, tenemos un papel en la protección de niñas, niños y adolescentes. Para algunas personas, ese deber puede consistir en identificar una situación y comunicarla a las autoridades; para otras, en activar los mecanismos de protección, investigar, dar seguimiento o garantizar que una denuncia no quede sin respuesta. Como sociedad, implica dejar de normalizar la violencia, difundir información y conocer cuáles son nuestras obligaciones.
La prevención de la violencia sexual también significa asumir que la protección de niñas, niños y adolescentes nos corresponde a todas y todos.
No se trata únicamente de recibir atención médica durante el embarazo o el parto, sino de garantizar que ésta sea oportuna, adecuada y de calidad, especialmente cuando enfrentan una situación de emergencia que pone en riesgo su bienestar e incluso su vida.
Sin embargo, la realidad en México aún muestra importantes desafíos. La publicación Atención a la salud materno-infantil y a las emergencias obstétricas durante el embarazo, parto y puerperio en México de Early Institute, evidencia fallas sistémicas que limitan la capacidad del sistema de salud para responder de manera adecuada a las necesidades de mujeres, niñas y niños ante emergencias obstétricas.
De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, México cuenta con 46 mil 435 establecimientos de salud registrados; no obstante, cuando se observa cuántos de ellos dan atención relacionada con la salud materno-infantil, la cifra se reduce notablemente, al ser únicamente mil 312 unidades médicas en todo el país.
Además, solo 358 hospitales cuentan con unidades de cuidados intensivos, 329 con unidades de cuidados intensivos neonatales y 247 unidades médicas cuentan con banco de sangre. Esto quiere decir que, cuando se trata de atención a emergencias obstétricas como hemorragias posparto, preeclampsia y eclampsia, o complicaciones como la prematuridad, sepsis neonatal o la insuficiencia respiratoria del recién nacido, las capacidades del sistema de salud para responder de forma oportuna son aún más limitadas.
La salud es un derecho humano reconocido por la Constitución mexicana y los tratados internacionales, que establecen la obligación del Estado de garantizarlo; sin embargo, cuando se trata de la salud materno-infantil esta obligación adquiere una importancia mayor pues exige que los servicios de salud cuenten con las capacidades suficientes para responder las distintas necesidades de esta población y para actuar ante situaciones que pongan en riesgo su vida.
Por ello, hablar del acceso a la salud no puede limitarse a su reconocimiento normativo ni a la existencia formal de servicios. Esta investigación evidencia que es necesario eliminar barreras, atender las desigualdades estructurales, adaptar los servicios a las necesidades de las personas y priorizar la atención en casos de alto riesgo. De lo contrario, las consecuencias pueden ser fatales; de acuerdo con la investigación, 4 mil 871 mujeres, niñas y niños murieron por causas relacionadas con una emergencia obstétrica en 2023.
Es urgente implementar acciones progresivas por parte del Estado que hagan efectivo el derecho a la salud materno-infantil. Ahí la importancia de este documento, que plantea recomendaciones normativas y de política pública orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud y a contribuir a la prevención de muertes que, en muchos casos, pueden evitarse.
Así, se hace un llamado a las autoridades, tanto federales como estatales, responsables de garantizar el derecho a la salud, para que asuman como una prioridad la atención médica materno-infantil y fortalezcan las capacidades institucionales de respuesta ante emergencias obstétricas.
Las recomendaciones planteadas en esta investigación ofrecen elementos concretos para avanzar en esta tarea. Ahora corresponde a las instituciones traducirlas en decisiones que permitan garantizar una atención oportuna y de calidad, y proteger efectivamente la vida y el bienestar de las mujeres, de las niñas y los niños.
