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Por: Maleny Díaz de Asuntos Públicos de Early Institute

Publicación original en Latitud Megalópolis 

Desde hace varios meses, hemos visto como prioridades de la agenda pública los asuntos de atención médica y la protección al derecho a la salud. Se ha puesto especial interés en proteger a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, donde destaca el énfasis en los cuidados y atención de las mujeres embarazadas que requieren una doble protección y compromiso, tanto con ellas, como con las niñas y niños que están por nacer.

La pandemia se suma a las adversidades que muchas mujeres enfrentan en el país, una de las más preocupantes es la violencia obstétrica. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en México es una problemática frecuente, tan sólo en el año 2016, cerca del 25% de las mujeres embarazadas, en parto o puerperio, reportaron haber enfrentado actos de violencia obstétrica.

Según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la violencia obstétrica es el “maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, humillada y lastimada física o psicológicamente”. Es decir, hace referencia a todas aquellas acciones abusivas, irrespetuosas, negligentes o denegación a tratamientos o servicios durante el embarazo y sus etapas posteriores, en centros de salud públicos o privados.

No puede pasar desapercibido que la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) reconoce que la atención de la salud comienza desde el embarazo, lo que convierte inseparable y dual el cuidado de las mujeres encinta pues todo aquello que ocurra con su bienestar; o malestar, afectará directamente en el ejercicio pleno de los derechos humanos de sus hijas e hijos.

Por tanto, es necesario mirar con un enfoque de niñez la problemática de la violencia obstétrica, pues incluso antes de nacer, se reconoce el derecho al cuidado y trato digno, a la seguridad social de calidad, a recibir atención médica oportuna, así como al desarrollo integral que permita formarse y crecer física, mental y emocionalmente saludable. De tal manera, la violencia obstétrica también es cualquier omisión o acto del personal de salud que pone en riesgo la vida, salud, desarrollo e integridad de niños y niñas.

En ese sentido, en Early Institute estamos a favor de las políticas públicas que tomen en consideración de manera integral a la primera infancia y que lo hacen desde una perspectiva de derechos humanos. Un ejemplo de ello es la Ruta Integral de Atenciones (RIA) que es un paquete de atenciones y servicios universales mínimos para el desarrollo integral de las niñas y niños por nacer, así como durante la primera infancia. Esta Ruta se dirige también a mujeres embarazadas, cuidadores, personal de salud y agentes educativos.

La RIA forma parte de la ENAPI, por lo que es un mecanismo público adecuado para desplegar acciones transversales que mitiguen las desatenciones en el sector sanitario y que actualmente propician escenarios de violencia obstétrica. Exhortamos a las autoridades a que enfoquen corresponsablemente todos sus esfuerzos para proteger el derecho a nacer sin violencia.

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