Por: Renata Diaz Barreiro, Investigadora de Early Institute
Publicación original en 24 Horas
La crisis abre una nueva oportunidad para impulsar la perspectiva de niñez en las políticas públicas mexicanas
Durante las últimas semanas, innumerables organizaciones nacionales e internacionales han alertado sobre los efectos negativos globales de la crisis del COVID-19 en la vida de niñas y niños.
En el ámbito educativo, Human Rights Watch ha subrayado la existencia de enormes disparidades.
Muy pocos niñas y niños tienen herramientas y habilidades para continuar con programas escolares desde casa, mientras la mayoría vive entre grandes limitaciones o nulas posibilidades de hacerlo. En el ámbito de la salud, UNICEF ha mostrado especial preocupación en aquellas niñas y niños que viven en hogares de bajos ingresos y que requieren vacunas, medicamentos o servicios básicos, los cuales, ante esta pandemia son escasos o se encuentra interrumpido su abastecimiento.
Ha sido también de gran preocupación el ámbito de la seguridad y protección en casa. La ONU afirma que la combinación del estrés económico y social traídos por la pandemia, así como el confinamiento, han incrementado dramáticamente el número de niñas y mujeres que experimentan violencia en prácticamente todos los países.
Son diversas las esferas en las que se observa que esta crisis vulnera el bienestar infantil y, aunque aún es difícil dimensionar el impacto, ya preocupan los efectos de la disminución en el ingreso familiar y, los derivados de la muerte de padres, madres o cuidadores.
La niñez es especialmente vulnerable y su vida está en riesgo. La evidencia de crisis económicas que ha vivido México muestra que la mortalidad infantil puede incrementarse entre un 6.9 y un 10.3 por ciento. A resultados como este podría enfrentarse el país los años siguientes.
Ante esta pandemia, la visión de políticas para “salir del paso” es miope. Por el contrario, observar esta crisis desde una perspectiva de niñez es una oportunidad para afrontar los problemas actuales desde la posición de los más vulnerables y una posibilidad única para ver más allá e invertir en quienes deberán afrontar las crisis venideras.
México sigue en deuda con la infancia. Aunque se han dado avances significativos durante los últimos años como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la, recientemente publicada, Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), los pasos son lentos, los recursos insuficientes y la respuesta ante problemáticas como la que se enfrenta el país, muy limitada.
Son muchas las dudas respecto a las medidas que tomará el gobierno mexicano -en sus distintos niveles- para proteger el bienestar de la infancia. La preocupación es latente sobre los efectos adversos que esta coyuntura provocará en el corto y largo plazos. Sin embargo, se ha observado que políticas mal diseñadas o aquellas que son tardías en su implementación efectiva pueden ser, incluso, perjudiciales.
El gobierno mexicano, históricamente, ha actuado a posteriori ante los desafíos de la niñez, pero hoy se requieren acciones urgentes. Esta es una oportunidad única de tomar el timón, fortalecer el aparato público y evitar el naufragio. En el “barco” vienen 40 millones de niñas, niños y adolescentes y la tempestad a penas comienza.
