En franca amenaza las donatarias autorizadas

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Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute

Publicación original en El Financiero 

En un país como México, en donde muchas de las organizaciones civiles privilegian en su trabajo el servicio a los grupos y comunidades más vulnerables y cubren carencias en apoyo a sectores y causas que así lo necesitan, es muy preocupante que actualmente en lugar de alentar la participación ciudadana, se promuevan iniciativas que ponen en riesgo su operación.

En concreto me refiero a la iniciativa de ley, presentada por el Ejecutivo federal el pasado 8 de septiembre de 2020, en la que se propone modificar cuatro leyes que afectan a las donatarias autorizadas. La iniciativa en cuestión pretende cambiar la Ley del Impuesto sobre la Renta; la Ley del Impuesto al Valor Agregado; la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el Código Fiscal de la Federación.

Alegando una mayor transparencia en la obtención de recursos y mejor gestión tributaria, el proyecto de reforma establece —entre otros aspectos— que no se podrá recibir más del 50 por ciento de ingresos por actividades no relacionadas con el objeto social de la donataria. De no cumplir, se sancionará con la revocación de la autorización.

La situación es que se sabe que estas organizaciones sin fines de lucro buscan financiamiento más allá de las donaciones que reciben debido a la precaria situación financiera y a la desaparición de fondos públicos federales. De condicionar sus fuentes de ingreso se pone en riesgo su sustentabilidad y, por ende, su incidencia en el objeto social por el que fue creada.

Por otro lado, la propuesta de reforma habla de más causas que podrían llevar a perder la autorización. Una es la referente a cuando el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en ejercicio de sus facultades de investigación, “advierta cualquier hecho en donde se incumplan con obligaciones o requisitos”. Hay que advertir que con las nuevas disposiciones se pretende que todo gasto efectuado por la donataria autorizada sea respaldado por un comprobante fiscal, cuando hasta este año las organizaciones podían gastar sin ese requisito siempre y cuando sus actividades se realizaran en comunidades en donde no existe la tecnología o la comercialización de personas físicas o morales registradas ante el SAT. En ese sentido, de señalar el SAT que hay una falta, se perdería la autorización. Sin duda, esta medida afectará a las organizaciones que se ven imposibilitadas en recabar comprobantes fiscales digitales en un país donde no existen las condiciones ni tecnológicas ni formales para su obtención.

Otro foco rojo se relaciona con los miembros de la asociación. Ahora se propone que si los representantes legales, socios o asociados o cualquier integrante del Consejo Directivo o de Administración de una organización civil formó parte de una donataria cuya autorización fue revocada en los últimos cinco años también pierda su autorización la organización a la que está incorporado en la actualidad. Esto es discriminatorio pues estigmatiza a las personas que formaron parte de una asociación y no les permite asociarse a alguna otra, además de que afectaría seriamente a las que no tienen ningún problema.

Asimismo, en caso de revocación de la autorización o cuando la vigencia haya concluido y no se haya obtenido o renovado la misma en un plazo de 12 meses, el patrimonio de la donataria afectada deberá destinarse a otra.

Las anteriores son tan sólo algunas de las implicaciones de esta propuesta, que es un atentado a la participación ciudadana en la defensa y promoción de los derechos humanos, en tanto pareciera tratarse de un mecanismo de control y limitación a la defensa de tales derechos, al de la libertad de expresión y al de asociación. La propuesta se encuentra en la Cámara de Diputados y se prevé que sea discutida en los próximos días.

En Early Institute estamos a favor de la transparencia, la responsabilidad y la regulación —que son parte de nuestros principios— pero abogamos por leyes y propuestas que sumen, incentiven y generen las condiciones para lograr cambios por el bien común y no limiten o amenacen las acciones de quienes conformamos la sociedad civil.

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