Por Annayancy Varas, Directora General de Early Institute
Publicación original en El Financiero
México vive una crisis de violencia que está dañando profundamente a nuestras nuevas generaciones. Casos como el de la comunidad de Alcozacán, en Chilapa de Álvarez, Guerrero, donde niños de entre seis y 15 años son reclutados para combatir la inseguridad que los aqueja, nos dejan con una sensación de desolación e indignación. Según la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la decisión se tomó por el poco apoyo que reciben de las autoridades policiacas.
Sin duda, es lamentable el nivel de desesperación que los pobladores de Alcozacán demuestran al dotar de armas a niños que deberían ocuparse de asuntos propios de sus condiciones física, social y emocional. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, a quienes debemos garantizar un entorno de paz y de ninguna manera pueden ser objeto de algún tipo de estrategia de combate contra la inseguridad o el crimen para convertirse en asesinos o morir por ello. Deben ser tratados con el cuidado amoroso y sensible que promueven organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que buscan crear entornos favorables, confiables, estables y seguros a través del apoyo a los padres, las familias, otros cuidadores y las comunidades.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es muy clara al respecto. En su artículo 16 señala: “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos”. Lo que sucede en Guerrero es una tremenda violación a los derechos más elementales de los infantes y debería ser una preocupación prioritaria y conjunta para establecer acciones contundentes por parte de todos los sectores de la sociedad.
La violencia nos ha rebasado. Simplemente, 2019 se convirtió en el año con más asesinatos en las últimas dos décadas. Esto significó un incremento del 2.5 por ciento con respecto al 2018, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Las razones son varias, pero apuntan hacia una descomposición social, derivada de la falta de principios éticos y de solidaridad.
En este entorno viven nuestros niños y niñas, quienes deberían ser protegidos con todo el rigor. Por desgracia no es así. Casos como los de Alcozacán nos indican que, en México, viven riesgos y situaciones inimaginables. Por un lado, se les adiestra para defenderse de la inseguridad; por el otro, los grupos criminales los reclutan con relativa facilidad y total impunidad.
La situación no es nada favorable en tanto no exista una estrategia clara para erradicar los altos niveles de criminalidad que se viven hoy en nuestro país. Si bien el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se pronunció en contra, es alarmante que la protección a la niñez no figure como una prioridad en los planes estratégicos de gobierno.
Lo que ocurre con la niñez y la adolescencia mexicana es responsabilidad de todos. Estamos obligados a protegerlos y a brindarles bienestar, salud y seguridad.
Debemos proveerlos de un medio social sustentado en valores y principios que compartan en sus círculos más cercanos, empezando por nuestros hogares.
No seamos omisos y promovamos una cultura de paz que les garantice una vida plena, porque es su derecho y merecen absoluto respeto.
