Impera la impunidad en la violencia sexual

Estadística. Solo uno de cada 100 casos recibe una sentencia condenatoria, alerta la Red por los Derechos de la Infancia De cada 100 carpetas de investigación donde niñas y mujeres adolescentes son víctimas de un delito, solo un caso alcanza sentencia condenatoria, lo que se traduce en que 99 por ciento de las ellas sufren impunidad por parte de las instituciones, informó el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Pérez García. El representante de esta organización de la sociedad civil, sostuvo que con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de violencia sexual en contra de niñas y niños en México es de mil 764 por cada 100 mil personas en este rango de edad. Puntualizó que estas mismas estimaciones señalan que cinco mil de cada 100 mil sufren tocamientos y por cada mil casos de abuso, sólo se denuncian ante la justicia alrededor de 100, de ellos, solo 10 van a juicio; y de ahí, solo uno llega a condena. El activista a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes explicó que las recientes denuncias por las presuntas agresiones sexuales a mujeres adolescentes a manos de policías de la Ciudad de México, pone de manifiesto la necesidad de trabajar desde distintas aristas, tanto en la prevención como en la procuración de justicia e investigación en este tipo de casos, ya que se siguen vulnerando sus derechos. El representante de la Redim indicó que las acciones a favor de investigaciones con una perspectiva de género, así como la investigación de los casos respectivos, es una de las áreas que requiere de los mayores esfuerzos de los gobiernos estatales, tal es el caso de la entidad mexiquense, que conjunta a 11 municipios con Alerta de Violencia de Género. El especialista en temas de la infancia recordó que la entidad mexiquense se posiciona dentro de los primeros lugares en diversos delitos, entre ellos, aquellos con una carga de género, como es el caso de la violencia sexual, por lo que se deben implementar diferentes estrategias, protocolos, códigos de conducta y mecanismos de denuncia eficientes”.

Cuidados paliativos, acceso limitado para pacientes

Falta de conocimientos de la población sobre esta atención, limitada capacitación del personal sanitario y una reglamentación que restringe el acceso a analgésicos opioides son los principales obstáculos. Llegar al final de la vida de manera digna y sin dolor son los principales objetivos de los cuidados paliativos, una práctica que sin embargo reciben todavía pocos pacientes con enfermedades crónicas y terminales en México. Se estima que solo una de cada diez personas que necesitan este tipo de atención la reciben, cuando debería ser un servicio continuo, eficiente, ético y humanitario que dé respuesta a las necesidades físicas, sicoemocionales, familiares y espirituales del paciente. Para 2060 cerca de 48 millones de personas morirán en sus hogares y sin recibir los cuidados paliativos para aminorar el dolor con analgésicos y tener una mejor calidad de vida. De ellos 83% pertenece a los países en subdesarrollo y en condiciones de pobreza, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por ello es imperativo que este tipo de atención se integre a los sistemas de salud por motivos éticos y económicos, incluso desde que se diagnostica la enfermedad. En México los principales obstáculos que se enfrentan son la falta de conocimiento de la población sobre esta atención, incompetencia o falta de capacitación del personal sanitario y una reglamentación que restringe el acceso a analgésicos opioides, por lo que hay mucho que hacer en la materia, señalaron especialistas durante el seminario Retos de los Cuidados Paliativos en el Sistema Nacional de Salud para el periodo 2019-2024. En las instalaciones de la Academia Nacional de Medicina, Gilberto Felipe Vázquez de Anda, integrante de dicho organismo y especialista en Medicina del Enfermo en Estado Crítico, indica que “el objetivo de los cuidados paliativos es establecer criterios y procedimientos mínimos indispensables que permitan prestar mediante equipos inter y multidisciplinarios de salud servicios para los pacientes que tienen una enfermedad en situación terminal, a fin de contribuir a proporcionarles bienestar y una calidad de vida digna hasta el momento de su muerte”. Los cuidados no deben olvidar promover conductas de respeto y fortalecimiento de la autonomía del paciente y su familia, a fin de prevenir posibles acciones y conductas que tengan como consecuencia el abandono o la prolongación de la agonía, así como evitar la aplicación de medidas que sean susceptibles de constituirse en obstinación terapéutica, destaca el especialista. Aliviar síntomas En tanto José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General (CSG), expresa que “la meta de los cuidados paliativos no es curar la enfermedad sino aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Son una necesidad humanitaria urgente para todas las personas aquejadas de enfermedades crónicas mortales. Dichos cuidados se necesitan en los lugares donde hay un grupo numeroso de pacientes cuya enfermedad se encuentra en fase avanzada y con pocas probabilidades de curarse”. Sin embargo reconoce que entre los principales obstáculos para que esta atención se brinde es el escaso conocimiento de la población en el tema, la existencia de obstáculos culturales y sociales en relación a las creencias del dolor y la muerte. Existe además una falta de capacitación del personal sanitario y una reglamentación que restringe el acceso a la analgesia con opioides. Santos Preciado detalla que “las áreas donde se deben ofrecer los cuidados paliativos son en las áreas de hospitalización de medicina interna, cirugía y oncología. También en el tercer nivel de hospitalización donde se brindan tratamientos especiales y en los espacios para cuidados especiales durante la atención paliativa para disminuir el sufrimiento y procurar una mejor calidad de vida, cuidados terminales y/o agónicos”. Comenta que la finalidad de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida y mitigar el dolor y la angustia del paciente con enfermedades crónicas, edad avanzada o aquellos que padecen cáncer. Todas ellas identificadas de manera oportuna de tal manera que se le puedan ofrecer al paciente y su familia los beneficios de estos cuidados. El funcionario hizo hincapié en los principios de los cuidados paliativos: proporcionar alivio del dolor y otros síntomas, considerar la vida y la muerte como procesos normales, no intentar acelerar ni retrasar la muerte, integrar los aspectos espirituales y sicológicos del cuidado del paciente, y ofrecer un sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte. Escasez de morfina. “En México está disponible solo una tercera parte de la morfina que se requiere para el alivio del dolor en personas con enfermedades en fase terminal. La industria farmacéutica solo privilegia el uso de opioides sintéticos (fentanilo, entre ellos) para tener mayores ganancias ya que la morfina es más barata y de fácil acceso”, advierte el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). No obstante en la década reciente la producción aumentó apenas 30% contra 60% que creció la de opioides sintéticos. Raúl Martín del Campo, integrante de la JIFE, expuso en un documento que únicamente 10% de lo que se produce de esta sustancia se utiliza para medicamentos que controlan el dolor; el resto se convierte en codeína, que es la principal materia prima para medicinas contra la tos. La JIFE lanzó una voz de alarma y un llamado a los países para que pongan en marcha acciones encaminadas a satisfacer la demanda de tratamientos contra el dolor, así como fármacos sicotrópicos para el control de trastornos mentales como depresión, ansiedad, epilepsia, déficit de atención, alteraciones del sueño y los derivados por el consumo de drogas. Héctor Valle, presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), dice que “la primera preocupación es que haya médicos entrenados en el manejo del dolor, el tratamiento de enfermedades mentales y, por tanto, en la prescripción correcta de los fármacos. La realidad es que a escala nacional solo hay 259 expertos en manejo del dolor (algólogos) y 159 especialistas en cuidados paliativos”. Respecto de la disponibilidad de opioides analgésicos Valle señala que 66% de las recetas se dispensan en Baja California, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, donde habita entre 25 y 30% de la población nacional.

Cuidados paliativos y muerte digna en la Constitución

El pasado primero de julio se aprobó por unanimidad en el Senado una reforma promovida por el senador Miguel Ángel Mancera para incorporar en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los cuidados paliativos y la utilización de medicamentos controlados para los mismos.[1] De acuerdo al dictamen de reforma, estos cuidados estarán dirigidos a los pacientes con enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes para la vida y con esta incorporación se busca garantizar su muerte digna.[2] Los cuidados paliativos son aquellos que buscan aliviar los síntomas y atender las necesidades de un paciente de manera integral; esto es, abarcando los aspectos físicos, psicológicos, familiares (de hecho, la atención incluye a la familia del paciente), sociales y espirituales. Los especialistas en cuidados paliativos insisten, con razón, en puntualizar que los cuidados paliativos deben contemplarse para cualquier paciente que requiera atención para aliviar su dolor físico u otros síntomas que le causen sufrimiento. Esto incluiría atender a pacientes que podrían recuperarse de su enfermedad, pero que está pasando por una situación de mucha aflicción debido a su padecimiento o al tratamiento que reciben. De alguna manera, la reforma incluye estas condiciones al hablar de enfermedades limitantes o amenazantes, pero no cabe duda que es una reforma que busca mejorar la atención médica de las personas al final de su vida y garantizarles una muerte digna. Eso está muy bien y la reforma refleja, una vez más, el interés de los legisladores para respaldar legalmente que el final de la vida (esa etapa que antecede la muerte a partir de que hay datos objetivos clínicos para saber que no es posible una curación, la cual puede durar meses, semanas o días) y la forma de morir sean lo mejor posible. Se entiende que esto refiere a un contexto de atención médica, en donde las decisiones que son tomadas influyen, para bien o para mal, en la calidad de vida de los pacientes que tienen poco tiempo de vida (no es posible hacer lo mismo ante un accidente que cause la muerte de manera inmediata). Pero digo que “una vez más” se ve el interés de los legisladores de favorecer mejores finales de vida porque esta intención ya se viene expresando desde 2008 con la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal, seguida de la reforma a la Ley General de Salud en 2009 con un nuevo título en materia de cuidados paliativos, la adición de su reglamento en 2013 (nótese el tiempo que pasó entre la reforma y el reglamento), los criterios expedidos por la Secretaría de salud en 2014 y las guías publicadas por el Consejo de Salubridad General en el mismo año estableciendo la obligatoriedad de los cuidados paliativos, por mencionar algunos de los antecedentes a la reforma actual. Con todos ellos se ha buscado que los cuidados paliativos formen parte de la atención médica en el final de la vida, pero no se han dado los cambios requeridos para garantizarlos de tal manera que lo que se expresa en las leyes pueda traducirse eficientemente en la práctica. Por tanto, no ha cambiado gran cosa la situación desde que México ocupara en 2015 el lugar 43 en el Índice de Calidad de Muerte de The Economist cuando se midió la calidad de los cuidados paliativos en 80 países.[3] Calidad de mortalidad. Fuente: The Economist. ¿Necesitamos reformar la Constitución para que, ahora sí, se apliquen adecuadamente los cuidados paliativos? Lo que ciertamente hace falta es que surja una serie de cambios concretos para contar con más personal de salud capacitado para proporcionar estos cuidados, que todas las instituciones de atención médica puedan ofrecerlos, que haya más conocimiento en la población, en los profesionales y en los administradores de la salud sobre qué son los cuidados paliativos y cuándo es el momento oportuno para referir a los pacientes para que reciban este tipo de atención; finalmente, es indispensable que exista mayor efectividad en las regulaciones de los medicamentos controlados para garantizar el acceso a ellos, un punto al que hace referencia esta reforma. Pero la pregunta se impone, ¿se va a lograr todo esto al reformar la Constitución o quedará en una buena intención más? Al consultar sobre la reforma recién aprobada por el Senado con Héctor Mendoza, amigo, abogado y también columnista de El Semanario, me explicaba, por un lado, que las reformas Constitucionales deben pasar por las dos cámaras, y también por el 50%, más una de las legislaturas locales. Esta reforma apenas se encuentra en la cámara de diputados para discutir su aprobación, así que aún le queda un largo camino por recorrer. Por otro lado, mi amigo compartía una reflexión importante al comentar que en la Constitución debe haber “normas principio”, que sirven para guiar, pero no tienen por qué incluirse “normas regla”. Él considera que en los últimos años nuestra Carta Magna se ha ido convirtiendo en un documento en el que se plasman “normas regla”; desde luego que las intenciones son buenas y estas normas se establecen por principio, pero en los hechos no se han traducido en nada. Señalaba como ejemplo que el Artículo 4º establece que todas las personas tienen derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible y que el Estado garantizará este derecho, pero en los hechos hay miles de personas sin agua. Reforma Constitucional. Fotografía: Rotativo de Querétaro. Actualmente hay también una iniciativa de ley que presenta el diputado del Partido Acción Nacional, Éctor Jaime Ramírez Barba, que incluye reformas a la Ley General de Salud en materia de medicamentos y una Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, a mi parecer muy completa, buscando retomar y encauzar los esfuerzos anteriores para que se desarrollen y apliquen de manera eficiente los cuidados paliativos. Ojalá que con ella pueda concretarse lo que se busca con la reforma al Artículo 4º. Un aspecto que habría que corregir, tanto en la iniciativa como en la Reforma Constitucional, es que se pretende garantizar la muerte digna exclusivamente a través de los cuidados paliativos; no es que se diga expresamente así, pero sí parece haber la intención de considerar los cuidados paliativos como el único medio necesario para que los pacientes tengan una muerte digna. Considero que está muy bien garantizar estos cuidados como un medio fundamental para favorecer que las personas tengan una muerte digna (la cual propongo entender como el mejor final de vida posible tomando en cuenta los valores del paciente). Sin embargo, hay que reconocer que hay ocasiones en que ni los mejores cuidados paliativos pueden aliviar el sufrimiento de algunas personas que están sufriendo por una enfermedad o una condición médica y querrían poner fin a su vida con la ayuda de un médico para morir de manera segura y sin dolor. Como no tienen tratamientos médicos de soporte vital que rechazar (sin los cuales podrían morir, que es lo que quieren), en su caso, la muerte médicamente asistida (eutanasia o suicidio médicamente asistido) sería el medio que les garantizaría morir con dignidad. Por eso, si realmente los legisladores quieren respaldar el derecho de las personas a una muerte digna, deben ofrecer todos los medios que pueden llegar a necesitarse. Se puede empezar por los cuidados paliativos, pero sin descartar la necesidad de otros. Si bien, por el momento, tanto en la Reforma al Artículo 4º Constitucional como en la iniciativa mencionada se aclara que no es permitida la muerte médicamente asistida, es importante que quede abierta la discusión sobre estas acciones porque hay muchos ciudadanos mexicanos interesados en que sean opciones legales si llegan a necesitarlas. Medicamentos opiácidos. Imagen: Farmacias.net. Una contribución de la reforma recién aprobada por los senadores es que elevan los cuidados paliativos a un derecho humano respaldado por nuestra Constitución. Me parece un gran acierto que se busque garantizar la utilización de medicamentos controlados, pues es inadmisible que en la actualidad mueran tantos pacientes con terribles dolores que podrían aliviarse. Según se documenta en la iniciativa de ley antes mencionada, más de 240 mil personas al año fallecen en condiciones de sufrimiento intenso debido a una normatividad restrictiva e ineficiente. Otro gran acierto de la reforma es que menciona que los pacientes pueden rechazar cualquier procedimiento médico y especifica que esto incluye la alimentación e hidratación artificiales, un punto sobre el que ha existido mucha confusión. Por otro lado, es necesario definir los tipos de sedación que se utilizan en los cuidados paliativos y se precise sobre el tipo de sedación que es profunda y continua hasta la muerte, explicando en qué situaciones está permitida y los criterios para su aplicación. Esto es importante porque existe mucha desorientación al respecto, favorecida por la ambigüedad con que se maneja el término. De esta forma podrá dejar de confundirse con la eutanasia, lo cual es un error. Mientras que este tipo de sedación busca disminuir la conciencia del paciente para que éste no experimente, mientras muere, un sufrimiento que no se puede aliviar (va a encontrar la muerte estando inconsciente), en la eutanasia sí se busca producir la muerte del paciente (que es lo que éste pide). Ciertamente, ambas acciones médicas tienen consecuencias trascendentales; con la primera (que está permitida) se termina la vida de relación de la persona (la vida consciente) y con la segunda (que está prohibida) la vida biológica. Sedación. Imagen: Máspormás. Es de aplaudir todo lo que contribuya a que los ciudadanos tengamos un mejor final de vida. Se avanzará enormemente si se hace efectivo lo que ahora se plantea en la reforma que hemos comentado, después de lo cual habrá que incluir los cambios que también permitan la muerte médicamente asistida. De esta forma, los mexicanos podremos confiar que la atención médica en la última etapa de la vida (sea la nuestra o la de seres queridos que acompañemos) incluirá todos los medios necesarios para que esa etapa pueda vivirse en condiciones de dignidad, sin sufrimiento y permitiendo que el paciente se apropie de las últimas decisiones sobre su vida, incluyendo, si lo necesita, ponerle fin. Notas: [1] Figueroa H. Excelsior. Senado avala muerte digna y cuidados paliativos a enfermos terminales, 2 de julio de 2019: https://www.excelsior.com.mx/nacional/senado-avala-muerte-digna-y-cuidados-paliativos-a-enfermos-terminales/1321859. [2] Aquí el dictamen de reforma al párrafo cuarto del artículo 4º Constitucional para incorporar los cuidados paliativos: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-04-29-1/assets/documentos/Dictamen_Derecho_A_Salud_29abr19.pdf. [3] The 2015 Quality of Death Index Ranking palliative care across the world. The Economist Intelligence Unit. El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.

Abusaron de niños en detención

FAMILIAS SEPARADAS EN LA FRONTERA DEMANDAN A EU POR MALOS TRATOS A LOS MENORES WASHINGTON. Decenas de familias separadas en la frontera de Estados Unidos y México como parte de las medidas de Tolerancia Cero del gobierno de Donald Trump se aprestan a demandar al gobierno federal. Varias de ellas dicen que sus niños menores sufrieron abuso sexual, físico o emocional en los centros de detención financiados con fondos federales. Un estudio de 38 demandas revela que los contribuyentes podrían tener que pagar más de 200 millones de dólares en daños. En años recientes, más de tres mil niños migrantes fueron separados de sus familias en la frontera y se prevén muchas demandas más, que podrían sumar miles de millones de dólares. Las familias —algunas en Estados Unidos, otras deportadas a países centroamericanos— están representadas por organizaciones de base y ONG, junto con algunos de los bufetes de abogados más poderosos del país. Presentan reclamos bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Responsabilidad Civil (FTCA) antes de iniciar sus demandas. La FTCA permite a individuos que sufren daños provocados por intervención directa de empleados federales demandar al gobierno. El año pasado, la Oficina de Asentamiento de Refugiados atendió a 50 mil niños que cruzaron la frontera solos, y a los separados de sus familias.

Atiende Red contra el dolor a pacientes terminales

Al menos 400 pacientes con enfermedad terminal reciben tratamientos con morfina para mitigar su dolor Un total de 400 pacientes de alguna enfermedad terminal en Guanajuato reciben cuidados paliativos por parte de la Secretaría de Salud cada año, con la finalidad de disminuir con morfina situaciones irreversibles de salud. En promedio la atención a estos pacientes es de 90 días, sus cuidados son a domicilio y a internos en alguna clínica pública. Las enfermedades más comúnmente que estamos ingresando dentro del programa de cuidados paliativo son cáncer, insuficiencias hepáticas, orgánicas, cardíaca o insuficiencia pulmonar, estas son las enfermedades más comunes dentro del estado de Guanajuato», explicó. En total, 42 hospitales participan en la red de cuidados paliativos, Gabriela Toledo Bocanegra, titular de esta área, señaló que los padecimientos que llevan a un diagnóstico terminal han incrementado a causa algunos de los malos hábitos alimenticios y el ritmo de vida actual. Si alguien con enfermedad terminal busca que se le atienda a través de esta red, debe acudir a hospitales de la Secretaría de Salud.

Brinda Legislatura capacitación sobre cuidados paliativos

A fin de fortalecer la cultura del cuidado de pacientes que afrontan enfermedades potencialmente mortales, la Unidad de Asistencia Social (Unidas) de la 60 Legislatura, encabezada por la señora Eva Pareja Aguilar, imparte el curso ‘Cuidados paliativos para enfermos y adultos mayores’, dirigido a integrantes del sector salud y la ciudadanía en general. Durante el segundo módulo de los 10 que conformarán el curso, Eva Pareja dijo que la difusión entre la sociedad, la capacitación a familiares y el presupuesto asignado son los aspectos principales para mejorar la atención a personas enfermas a través de cuidados paliativos, y además destacó que el papel de la Legislatura debe ser seguir trabajando en materia de salud y apoyar los programas y proyectos estatales, para que la ciudadanía tenga los conocimientos adecuados y la posibilidad de atender a sus familiares. La presidenta honoraria de Unidas subrayó la importancia de involucrar al núcleo familiar en la aplicación de los cuidados paliativos para aligerar la carga de trabajo a las instituciones de salud, ya que hay un gran número de pacientes y pocos médicos, por lo que es necesario que los familiares de las personas enfermas comprendan el valor de brindarles la atención en casa. Detalló que el curso, que es gratuito e inició el 3 de agosto, está dividido en módulos y es impartido por la doctora Celina Castañeda de la Lanza, coordinadora de Voluntades Anticipadas del Programa de Medicina y Cuidados Paliativos de la Secretaría de Salud estatal, y en el que están inscritos ciudadanos, enfermeros, médicos, trabajadores sociales, terapeutas de rehabilitación física, psicólogos y gerontólogos. Agregó que el curso, que es de 30 horas, se realizará los sábados, dependiendo de la agenda de la doctora, y que a los inscritos que asistan al menos al 80% de los módulos se les otorgará un reconocimiento con valor curricular de la Secretaría de Salud y la Legislatura. La doctora Celina Castañeda de la Lanza destacó que “hacer todo lo que se pueda para salvar a un paciente” es una equivocación frecuente, ya que puede provocarles más dolor al aplicarse métodos que no garantizan una aceptable calidad de vida en sus últimos días, por lo que a veces es necesario valorar mejor las decisiones, ya que no necesariamente que las personas vivan más conlleva un dolor menor. Durante la capacitación habló sobre los factores que influyen en la decisiones de las familias, como seguir otras experiencias, el escepticismo respecto de los métodos médicos, la ausencia de iniciativa y la falta de autocrítica; el respeto a la autonomía del paciente como fundamento de la relación clínica; la necesidad de aprender a dar malas noticias; la libertad y responsabilidad profesional en la toma de decisiones; el cómo debe ser la atención domiciliaria en los cuidados paliativos, y la autocrítica, interconsulta y autorreflexión que debe tener el equipo médico. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos mejoran enormemente la calidad de vida de las personas con enfermedades consideradas mortales, así como la de sus familiares, porque se concentran en la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la detección precoz y la correcta evaluación, así como en el tratamiento del dolor y de otros problemas, ya sea de orden físico, psicosocial o espiritual.

Urgen expertos a atender la violencia contra los menores

Protección. El estado debe promover políticas que garanticen el acceso de los menores a una vida libre de violencia; en 2018 hubo más de 10 mil casos de maltrato Los asesinatos dolosos de menores de edad deben ser analizados desde una perspectiva completa que incluya factores de riesgo psicosocial, acompañadas de políticas públicas que les permita acceder sin complicaciones a una vida plena. Lo anterior son parte de las conclusiones del programa Cambios, conducido por Miguel Ángel Puértolas y transmitido ayer domingo en la señal del 6.1 de Multimedios Televisión. “Tan solo en el 2018 fueron acreditados como delitos 10 mil 356 casos, ese es el tamaño de la violencia intrafamiliar que tenemos en el estado de Guanajuato que fueron denunciados (...) esto da para la reflexión”, comentó Sophia Huett López, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia de Seguridad Ciudadana del Estado. Y es que de acuerdo a cifras proporcionadas por Sophia Huett, más del 80 por ciento de las muertes de los niños tipificados como homicidios dolosos están relacionados con armas de fuego o blancas. Y el 10 por ciento de los niños que fueron asesinados murieron a golpes, más del 3 por ciento fallecieron por asfixia, y dos por ciento les fue arrebatada la vida al ser estrangulados. “Evidentemente cada una de estas cifras es materia de reflexión, porque dónde ocurre una muerte a golpes, por estrangulamiento o por asfixia, ‘si no es en la casa’”, afirmó la funcionaria. La diputada e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Katya Soto Escamilla, celebró que desde el Congreso Local se haya votado a favor y de manera unánime para separar la Procuraduría para la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF estatal, con el fin de garantizar su protección, pero ahora desde un órgano descentralizado. Abundó que también se busca generar las condiciones legales para que en cada uno de los 46 municipios exista una persona especializada en atender a las niñas, niños y adolescentes, como algún psicólogo o trabajador social. “El que hoy encontremos o veamos niños violentados, abandonados, maltratados tiene que ver también con un entorno y ese entorno se llama familia y ese entorno se llama sociedad y cada uno de nosotros lo hacemos así que si no tenemos una visión global será muy difícil que podamos encontrar los mejores resultados”, manifestó la legisladora. En otra de sus intervenciones, Huett López, explicó que la prevención es fundamental para evitar que se lleguen a situaciones que pudieran poner en riesgo la integridad de los menores. Señaló que la prevención debe ser entendida como un proceso que permitan al gobierno del estado tener las herramientas para tender los menores que viven en un entorno difícil para brindarles ayuda que necesitan. Agregó que cuando existe la muerte o asesinato de un menor obliga a la sociedad en general a preguntarse cuál fue la falla, que puede derivar desde la atención a la familia, o no escuchar a la víctima. En su intervención, la profesora de tiempo parcial del Campus León de la Universidad de Guanajuato, Diana Marisol Flores refirió datos de la UNICEF que señalan que seis de cada 10 niños han recibido como método de educación, maltrato o una violación y que uno de cada dos niños ha sufrido violencia psicológica. “Tenemos miedo de que los niños conozcan sus derechos porque fuimos educados en una generación en donde eso no era lo correcto, lo correcto era la sumisión, la obediencia y con métodos que realmente son muy violentos y hoy afortunadamente muy cuestionables”, expresó._

Busca Cámara Alta eliminar violencia sexual infantil

La Cámara de Senadores buscará en septiembre una serie de reformas relacionadas con la violencia sexual infantil, las cuales abarcan que el delito no se prescriba, que hospitales y escuelas den parte a las autoridades cuando tengan conocimiento de esta violación y que se homologue el Código Penal Federal con las legislaciones locales. Al inaugurar el Foro Violencia Sexual Infantil y Adolescente en este recinto legislativo, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, Josefina Vázquez Mota (PAN), dijo que en el hogar suceden seis de cada 10 crímenes de violencia sexual, y que cuatro de cada 10 son a menores de 15 años. Agregó que, de acuerdo con un estudio de la asociación no gubernamental Guardianes, uno de cada 10 encuestados señalaron conocer casos de violencia en la familia. Adivac estima que cerca de 5 millones de niños son violentados por día y que sólo se denuncian uno de cada seis delitos; además, sólo se imparte justicia en menos de 2%. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal (Morena), afirmó que se requiere atacar todas las formas de violencia que viven los niños y adolescentes en el país, para evitar que el delito siga incrementándose. “Tenemos que revisar el registro público nacional de raptores y atacantes sexuales (...) incluso el sistema de prevención o el penitenciario, medios de comunicación y la violencia sexual infantil. “Queremos estudiar no sólo esta ley, también las relacionadas con la difusión”, externó Monreal. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda (SHCP), señaló que en este tema se deben investigar los nexos económicos que hay detrás de la violencia sexual infantil con la delincuencia organizada. “Si bien muchos de los delitos que se cometen con los menores son en su casa, en otros casos la delincuencia está detrás de ellos”, indicó. Nieto mencionó que la pornografía y la trata de personas son delitos que dejan dinero a la delincuencia organizada y que las víctimas, en su mayoría, provienen de los estados más pobres, como Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca. Ismael Eslva, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), comentó que la violencia sexual en menores es “permanente e irreparable” por las secuelas que deja. “Es necesario revisar la legislación actual para adecuarla a los niveles internacionales y que sea removida cualquier posibilidad de evadir la responsabilidad”, agregó.

Se realizó el foro “Violencia Sexual Infantil y Adolescente: Retos Legislativos”

Senadoras, senadores, funcionarios públicos, organizaciones y especialistas coincidieron en la necesidad de revisar la legislación actual, a efecto de generar un nuevo marco legal que permita prevenir, proteger y castigar la violencia sexual en contra de niñas, niños las y los adolescentes. En el foro denominado “Violencia Sexual Infantil y Adolescente: Retos Legislativos”, organizado por la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, se anunció que buscarán que este tipo de delitos sean considerados como imprescriptibles. Al inaugurar el foro, el senador Ricardo Monreal dijo que es imprescindible proteger a niñas, niños y adolescentes de cualquier tipo de violencia sexual, para ello, destacó, se ha convocado a legisladores de todos los Grupos Parlamentarios, y así atender este grave problema que se está viviendo en México. Señaló que este delito representa una violación al derecho humano, a una vida segura y sus efectos son devastadores para el tejido social. Por tal motivo, debemos visibilizar el problema y crear la posibilidad de denunciar y generar una cultura de prevención, apuntó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Indicó que la violencia sexual es de varios tipos violación o agresión incesto contacto sexual o actos no deseados acoso explotación sexual El senador indicó que el foro tiene el objetivo de que se realicen reformas a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la Violencia Sexual Infantil, en varios temas. Ricardo Monreal dijo que se revisará toda la legislación respectiva en este tema, las instituciones y la educación como forma de prevención; así como la difusión, contenidos de televisoras y estaciones de radio, para ir suprimiendo la violencia, los mensajes inadecuados y lo que afecta la formación de los jóvenes “en esta época tan complicada”, precisó. Puntualizó que se debe transparentar lo que está sucediendo desde hace varias décadas en el país. “Por lo que estas pláticas de alto nivel ayudarán para orientarnos en las modificaciones legales o constitucionales que tengamos que realizar”. A su vez, la senadora Josefina Vázquez Mota, informó que presentará una iniciativa de ley para que el crimen de violencia sexual en México no prescriba. “Ya que el dolor no prescribe jamás”. La legisladora panista manifestó que esta soberanía continuará trabajando para que las voces de las víctimas se escuchen, por ello, dijo, realizaremos, próximamente, un Parlamento Abierto. Ahí, dijo, se presentarán iniciativas de ley y propuestas de la sociedad civil, para cambiar la realidad del país. “Veremos, además la homologación del Código Penal Federal con las legislaciones locales; vamos a exhortar para que se fortalezcan las procuradurías de protección de infantes en el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes“. Mencionó que más del 60% de estos crímenes son cometidos en el hogar. “Si en el hogar, donde debiese haber más amor, tranquilidad y protección”, asentó. En el hogar suceden 6 de cada 10 crímenes de violencia sexual, y 4 de cada 10 son menores de 15 años. “Si a los más pequeños, a los más indefensos”, subrayó la senadora. Detalló que diversas investigaciones también refieren que cerca de 5 millones de niñas y niños, -hoy en este momento-, están siendo víctimas de violencia sexual. Pero sólo se denuncia 1 de cada 10 delitos. Es decir, se imparte justicia en menos del 2%. “Así el silencio y la impunidad destrozan vidas y almas”. En el 2015, agregó, más de 300 menores de edad requirieron atención hospitalaria por casos de violencia sexual. La UNICEF, señaló Josefina Vázquez, alerta de que sólo se destina 1% de los recursos para la infancia. Se asignan para prevenir y proteger de la violencia y la explotación sexual a los infantes, lo cual resulta insuficiente. Por ello, dijo, me comprometo a que este 1%, con el apoyo de las y los senadores, y las y los diputados, nos acompañaremos para que no siga siendo un recurso tan escaso para un crimen tan grande que padecen millones de menores. Indicó que investigaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas demuestran que México genera 60% a nivel global de pornografía infantil. “Es tiempo de ayudarlos porque los infantes no tienen partido político. Tienen derechos y un interés superior”. Necesitamos a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad, a los medios de comunicación, a madres y padres de familia, para que, juntos combatamos este crimen. En su oportunidad, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo aseveró que todas las fuerzas políticas del país deben comprometerse a luchar contra la violencia sexual a los infantes. Si bien, comentó, muchos de los delitos que se cometen están relacionados con la cercanía en sus domicilios, existen casos de delincuencia organizada que se encuentran en la perpetración de este tipo de crímenes. Para ello, dijo, trabajábamos de manera sistemática con el Senado de la República para combatir estas prácticas que tanto lesionan a la dignidad humana. La tipología que encontramos es la prostitución forzada y trata de personas que tiene que ver con la sustracción de niñas y niños en varios estados y municipios muy pobres del país, donde los menores son trasladados a las fronteras para su prostitución. La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez dijo que es momento de escuchar todas las voces para ayudar a resolver este problema en el país. Debemos, agregó, convertirnos en escudos para proteger de la violencia sexual a los menores de edad en México. Su compañera de bancada, la senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes, mencionó que no hay precisión estadística respecto de este delito. Los datos que se conocen sólo muestran una parte de la totalidad de las agresiones, que en su mayoría quedan impunes. Ello, revela que los mecanismos para combatir este flagelo son ineficientes, subrayó. A su vez, Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aseguró que se puede detener la violencia sexual hacia menores de edad. Comencemos por erradicar toda disposición normativa e interpretación que pueda dar lugar a la impunidad y a la indiferencia, subrayó. Expuso que aún se observa en la ley penal de varios estados delitos de carácter sexual que no se sancionan si el agresor contrae matrimonio con la víctima o tienen elementos subjetivos, como la “moral” o “buenas costumbres”. Pidió transformar el marco legal en una herramienta para la defensa de los derechos humanos de las víctimas. Recomendó revisar la legislación federal y estatal para asegurar que la violación sea penalizada de acuerdo con los estándares internacionales, así como establecer que los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad son imprescriptibles, entre otras medidas. Señaló que igual de preocupante es la resistencia de algunos sectores a que los menores de edad reciban educación sexual desde una perspectiva científica, adecuada a las distintas edades, que les permita desarrollar sus habilidades para comunicar de inmediato actos que atenten contra su integridad. A su vez, el senador Mauricio Kuri González, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, indicó que su bancada apoyará en lo posible que estos delitos no sean susceptibles de prescripción, no sólo para buscar un resarcimiento social, sino para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. En el foro se realizarán tres paneles: Violencia sexual infantil; un punto de partida. Justicia y necesidades legislativas rumbo a un parlamento abierto. Violencia Sexual, más cerca de lo que uno cree.

Senadores alistan reformas para combatir impunidad en casos de abuso sexual a menores

La voz y el dolor de las víctimas por violaciones sexuales en contra de menores de edad llegó hasta el Senado de la República. Te recomendamos: Sheinbaum anuncia que seis policías fueron suspendidos por agresión a mujeres Esto ocurrió en un foro convocado por la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, en donde senadores de Morena y el PAN anunciaron reformas para acabar con la impunidad de este delito. Según cifras proporcionadas en este foro, en el hogar se perpetran 6 de cada 10 crímenes de violencia sexual y 4 de cada 10 a menores de 15 años. Y sólo se denuncia 1 de cada 10 casos, mientras que logran justicia menos del 2% de las víctimas. En 2015, más de 300 menores de edad requirieron atención hospitalaria por casos de violencia sexual. Mi hija fue violada por su padre biológico a la edad de 2 años 4 meses, mi niña durante 6 días vivió un infierno es manos de quien se supone debía protegerla y cuidada, sangre de su sangre y hoy después de casi 4 años de luchas interminables en varios tribunales, mi niña no encuentra justicia, su caso sigue impune”, señaló Mónica Rodríguez, Madre de niña violada por su padre. “Cuando yo era niña, me violó un sacerdote legionario de Cristo, Fernando Martínez. Me violaban en la capilla, mientras yo me confesaba, aprovechando evidentemente que yo no entendía que estaba pasando, yo tenía 8 años”, indicó Ana Lucía Salazar, víctima de abuso sexual. Senadores prometieron cambios legales para castigar el abuso sexual a menores. Vamos a presentar una iniciativa de ley para que el crimen de violencia sexual no prescriba jamás. No puedes demandarme, han pasado más de 10 años, le dijo su padre, ‘mi delito ya expiró, olvídalo’, y hoy le decimos este padre que no, que su delito no ha expirado y que nos vamos hacer cargo de ello. Es tiempo de romper el silencio”, destacó Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión para la Niñez y la Adolescencia. Las iniciativas para cambiar las leyes y hacer justicia a niños y niñas que son abusados sexualmente se presentarán en el periodo que iniciará el próximo 1° de septiembre.