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¿Juez o político? El relevo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Sesión del Pleno en Vivo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el pináculo de uno de los tres poderes del Estado y como tal, se encuentra inmersa permanentemente en un juego de pesos y contrapesos de poder. Sobre todo, después de la reforma jurisdiccional de 1994, cuando se forjó su carácter de Corte Constitucional y se reforzaron sus facultades de control sobre los actos de los otros poderes y niveles de gobierno, a través de figuras como la Controversia Constitucional y la Acción de Inconstitucionalidad.

Con la salida de los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, se ha generado toda una discusión sobre el perfil ideal de la persona que ocupará su lugar; la tendencia indica que la contienda final será entre un político y un juez de carrera, debido a la importancia que ha cobrado este órgano supremo en el ámbito de la política nacional.

Se instauró así, como el árbitro de los actores políticos del país

Las recientes reformas estructurales llevadas a cabo por la administración actual en el ámbito educativo, fiscal y energéticó, son un ejemplo de cómo en los últimos años, la Suprema Corte se ha instaurado como árbitro en las decisiones políticas del país; aunque si bien es cierto que no hemos llegado al extremo de una juristocracia (gobierno de jueces), también lo es el hecho de que hoy en día se tiene que gobernar con y a pesar de los ministros: cualquier tomador de decisiones debe estar consciente de que su actuar será juzgado, tarde que temprano, a la luz del Derecho.

Es en este sentido es que el nuevo ministro se convertirá en ‘un político’, pues conocerá y decidirá sobre cuestiones de esa naturaleza. Sin embargo, no puede perder de vista que es, antes que nada, un jurista, y que en ningún momento debe convertirse en aquel político que contiende por el poder.

De ahí que la elección popular de los miembros de la Corte no sea la vía para legitimarla; al contrario, sería el salto directo hacia su completa desnaturalización como órgano de control de la toma de decisiones.

Un ministro de la SCJN se legitima a través de sus votos y sus razonamientos. Este juez tiene la encomienda de leer la cuestión política a través de la Constitución para garantizar que se ajuste a ésta. Su carácter político lo determina el objeto de las controversias sobre las que dirime; pero su resolución final deberá encontrar fundamentos esencialmente jurídicos.

La tarea de la Corte, tal como está constituida hoy en día, es la de judicializar la política, controlarla a partir del Derecho a fin de proteger los Derechos Humanos, de mantener la División de Poderes, el Federalismo y la Democracia.

El juez: un tomador de decisiones jurídicas con trascendencia política

Desde esta perspectiva, resulta no sólo lógica, sino legítima, la exigencia al Presidente y al Senado de no designar como ministro a un político, sobre todo para evitar que alguna aspiración electoral o compromiso previo con ciertos intereses, interfiera en su parcialidad al momento de ejercer su labor jurisdiccional.

Elegir un perfil con estas características estaría bajo tela de juicio y dañaría la credibilidad del órgano en su conjunto.

Por su parte, también se debe considerar que el juez de carrera puede verse limitado si carece de tacto político. El ministro de la Suprema Corte tiene que ser consciente de la naturaleza de los asuntos que va a resolver y de su trascendencia para la construcción democrática del país. Es claro que tendría ventaja en virtud de su experiencia en la resolución de conflictos o moderación de intereses interpuestos; sin embargo, los actores e intereses involucrados en los asuntos que se resuelven en el la Corte tienen características muy peculiares y el juez debe estar al tanto de ello.

Finalmente, es importante también considerar los perfiles de académicos y litigantes que han probado ser dignos del puesto a lo largo de la historia de la institución; de aquellos que provienen del servicio público, sin ser necesariamente políticos, y que pudiesen contar con la pericia en derecho y la experiencia política necesarias.

La SCJN es una institución que se debe resguardar de los vaivenes de la política y de cualquier aspiración al poder por parte de sus miembros. Por ello es importante, y necesario, el debate público respecto a estos temas; de la Corte depende, en gran medida, las decisiones que se toman en lo público y que impactan a la sociedad.

Una designación que ignore estas implicaciones, podría entorpecer los pasos andados ya en nuestra incipiente democracia.

 

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