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La idoneidad en la adopción

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La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que para que un niño tenga un desarrollo de personalidad adecuado y armonioso, es necesario que crezca dentro de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión (UNICEF, 2006). Además, el derecho a tener una familia también permite al niño tener una identidad y le brinda una protección en contra de la violación de sus derechos humanos (Humanium, 2016).

Sin embargo, existen diversas situaciones que causan que un niño se vea alejado de sus padres biológicos, como el caso de la muerte de los mismos, que estos pierdan la custodia y la patria potestad del niño por ingresar a un centro penitenciario, por abandono, por tener antecedentes de abuso o violencia en contra del niño, entre otros (Cámara de Diputados, 2013). La adopción es una de las opciones por medio de las cuales niños, adolescentes y personas incapaces tienen la oportunidad de reintegrarse a una familia (Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 2016).

La adopción es definida como una institución jurídica de orden público e interés social que permite crear un vínculo de filiación voluntario entre personas que no lo tienen por naturaleza (UNICEF, 2016), en el que se confiere al menor adoptado la situación de hijo del o de los adoptantes, y a éstos, los deberes y derechos inherentes a la relación paterno-filial (Pérez Contreras, 2010).

Por tanto, es de vital importancia que en los procesos de adopción, las autoridades correspondientes valoren la idoneidad de los posibles padres adoptivos, para asegurar que la reintegración de los menores a esta nueva familia propicie su desarrollo integral y su estabilidad material y emocional.

En este caso, la idoneidad se entiende como la capacidad jurídica, la aptitud y la motivación adecuadas de los solicitantes de adopción, atendiendo a las necesidades particulares y lo que resulte más conveniente para garantizar su sano desarrollo, crianza, educación y socialización del niño; además de la entera disposición por parte de los solicitantes para asumir los derechos y obligaciones que deriven de la adopción.

En nuestro país, las adopciones son reguladas por las oficinas estatales del DIF y los Comités Estatales de Adopciones, y se llevan a cabo de acuerdo a la legislación civil y/o familiar de cada estado. Dentro de este cuerpo de leyes se indica que aquellas personas que buscan la adopción de un niño deben acreditar diversas pruebas médicas, psicológicas y socioeconómicas para la determinación de su idoneidad. Sin embargo, desgraciadamente no hay estandarización sobre el tipo de pruebas y las versiones de éstas que se aplican.

Este vacío legal provoca que los encargados de la aplicación de las pruebas se dejen llevar por diversos criterios y no por directrices previamente establecidas, lo que genera que no apliquen de manera uniforme las pruebas más apropiadas y actuales para verificar la idoneidad de los solicitantes y dificulta la emisión de resoluciones debidamente fundadas y motivadas.

Ello genera una violación al principio del interés superior del menor y puede ocasionar problemáticas mucho mayores, ya que no se asegura adecuadamente que el niño se encuentra en el ambiente que le ayudará a superar la difícil situación a la que se tuvo que enfrentar al ser alejado de su familia biológica. De forma tal que puede llegar a afectar su calidad de vida e incluso su salud física y mental en la etapa adulta.

El artículo 4 constitucional reconoce que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se debe velar y se debe cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Por esto, es responsabilidad de las autoridades el establecimiento de pruebas y criterios uniformes, objetivos y verificables de idoneidad que garanticen que los derechos de los menores no se vean violentados y que los procesos de adopción se llevan a cabo de forma eficiente y controlada.

Sólo así sabremos que el Estado hace cuanto está en sus manos  para asegurar que el niño se incorpora a una familia donde los padres son las personas idóneas para criarlo.

 

Fuentes de información:

Cámara de Diputados (2013). Código Civil Federal. Recuperado el 3 de enero de 2016 de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf

Gobierno de México (2016). Artículo 4. Recuperado el 3 de enero de 2016 de

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/4.pdf

UNICEF (2006). Convención de los derechos del niño. Recuperado el 3 de enero de 2016 de

https://old.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf

UNICEF (2016). La adopción de niños y niñas. Recuperado el 3 de enero de 2016 de

https://www.unicef.org/republicadominicana/protection_11175.htm

Pérez Contreras, M. (2010). Derecho de familia y sucesiones. Recuperado el 3 de enero de 2016

de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3270/13.pdf

Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (2016). Adopciones.

Recuperado el 3 de enero de 2016 de http://sn.dif.gob.mx/transparencia/transparencia-focalizada/adopciones/

 

 

 

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