Especialistas se pronuncian en contra de la EMFR

 

La maternidad subrogada es un tema sumamente complejo y su práctica debe ser analizada desde la realidad de cada país, planteó la especialista de origen sueco Kajsa Ekis Ekman, al participar en el Foro: «Maternidad Subrogada Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos», realizado en la Cámara de Diputados.

Explicó que en Suecia, en donde se elaboró un estudio a petición del gobierno sobre el tema, se llegó a la conclusión de que no hay condiciones para que el sistema de salud permita la subrogación de vientres, que en todo caso, considera, es una expresión del tráfico de personas.

Kajsa Ekis Ekman es autora del libro “Being and being bought: Prostitution, Surrogacy and the Split Self ”, y ha participado en diversos foros internacionales en donde ha expuesto su perspectiva respecto a la maternidad subrogada.

La también periodista sostuvo que existe un amplio consenso entre la comunidad de investigadores en el sentido de que la subrogación “comercial” no debe permitirse, porque el cuerpo humano y sus partes no deben dar lugar a beneficios económicos, y el comercio de órganos y células reproductivas son una expresión de ello.

La discusión del tema se llevó a cabo en el recinto de San Lázaro, a dos semanas de que la Comisión de Salud del Senado de la República aprobara por unanimidad la iniciativa para reformar la Ley de Salud, con el fin de restringir la maternidad subrogada y sancionar su práctica con fines comerciales.

El foro fue inaugurado por la Diputada Federal Aurora Cavazos Cavazos, contó con la participación de la Senadora de la República Cristina Díaz Salazar, y la doctora Irene López Faugier, catedrática de Derecho Familiar e investigadora de la Facultad de Derecho de la UNAM.

También compartieron sus puntos de vista Marcelo Bartolini Esparza, coautor del informe «Maternidad Subrogada: Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos”» y Mely Romero Celis, Subsecretaria de Desarrollo Rural de la SAGARPA.

La Subsecretaria Romero Celis es una de las autoras de la iniciativa aprobada en días pasados en el Senado de la República para evitar que la subrogación se practique con fines de lucro porque pueden dar lugar a la explotación de las mujeres, al tráfico de órganos y a la vulneración de los derechos de los niños que nacen de estas prácticas.

La ex senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que la reforma a la Ley de Salud en México, no es prohibicionista, pues deja abierta la posibilidad de la subrogación con fines no lucrativos, estableciendo candados para quienes pretendan violentar los derechos y la integridad de mujeres y niños.

NOM-046: riesgos jurídico y costos sociales

La NOM-046-SSA2-2005 establece las reglas que deben seguir los centros de salud al brindar atención médica a una mujer que ha sido víctima de violencia familiar y sexual, así como las conductas que deben adoptar los médicos para prevenir estos casos.

El pasado 24 de marzo se publicaron en el diario oficial de la federación, las modificaciones a esta NOM en materia de anticoncepción de emergencia y la práctica de aborto en casos de violación.

Las víctimas de violación merecen todo nuestro respeto y necesitan protección, particularmente aquellas que sufren de este abuso siendo menores de edad. De ahí que las modificaciones a la NOM 046 nos preocupan porque:

a) Desestiman la denuncia penal, y si no se denuncia, el ministerio público no puede investigar el abuso; lo que permite el encubrimiento del agresor y propicia que este deleznable delito no se castigue;

b) El personal de salud no estará obligado a verificar la violación de la mujer que solicita el aborto; bastará con que ella así lo señale

c) En los casos de niñas de entre 12 y 18 años de edad, se ha dejado fuera a sus padres o tutores, cuando resulta indispensable el acompañamiento de un adulto en estas circunstancias;

d) Se violenta la legislación de los estados en materia de capacidad jurídica y patria potestad, que de manera unánime establecen que los menores no pueden disponer libremente de su persona y de sus bienes si no cuentan con la autorización de sus padres o tutores;

e) Se sustituye el concepto de aborto por el de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y debido a ello, deja de ser visto como un delito para constituirse en un derecho de las víctimas, dejando fuera la legislación de los Estados.

Por lo anterior, es importante reflexionar sobre los riesgos y costos sociales que implican estas modificaciones y exhortamos respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que las revise a detalle y se ajuste al marco jurídico vigente.

 

 

La CoIDH vs Costa Rica: un atentado a la soberanía

El 28 de noviembre de 2012, al resolver el caso conocido como Artavia Murillo vs Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), condenó a Costa Rica por violaciones a los derechos humanos. La sentencia se sustenta en la prohibición que hizo el Estado a un determinado grupo de personas respecto a la utilización de la fertilización in vitro (FIV) como método de reproducción[1].

En concreto, la CoIDH ordenó a Costa Rica dos cosas:

1. Adoptar las medidas necesarias para dejar sin efectos la prohibición de la FIV y,

2. Garantizar la no repetición del acto, el tratamiento psicológico adecuado a las víctimas y el pago de una indemnización compensatoria

Desde la emisión de la sentencia, el Estado de Costa Rica había reportado una serie de iniciativas que se encontraban en la Asamblea Legislativa, al considerar que esta era la vía idónea para dar cumplimiento a lo ordenado por la CoIDH. Sin embargo, se trata de un tema sensible en la política local, en el que distintos grupos tienen desacuerdos sustanciales que les impiden llegar a un consenso.

Ante la falta de aprobación de una ley por parte del legislativo, la presidencia emitió el Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S, denominado “Autorización para la realización de la técnica de reproducción asistida Fertilización in Vitro y Transferencia Embrionaria”, mediante el que pretendía dar cumplimiento a la sentencia y permitir la realización de esta técnica, como una forma de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas con infertilidad. Sin embargo, el 3 de febrero de este año, el decreto fue declarado inconstitucional al considerar que el Ejecutivo extralimitó sus facultades legislativas e invadió la esfera de competencias de la Asamblea.

Bajo estas circunstancias, en la última audiencia celebrada en el caso Artavia Murillo vs Costa Rica el pasado 26 de febrero, la CoIDH no sólo determinó que las autoridades costarricenses no han cumplido cabalmente con la sentencia, sino que además, señaló directamente a la Sala Constitucional por desconocerla y obstaculizar su cumplimiento[2]. Motivo por el que decidió invalidar la resolución de la Sala y devolver la validez y vigencia al Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S.

Lo anterior significa que la CoIDH ha obligado a Costa Rica, en la revisión del cumplimiento de una sentencia, a tomar como válido un Decreto Ejecutivo inconstitucional, vulnerando el actuar de la Sala Constitucional como último revisor de la constitucionalidad de los actos de autoridad del Estado costarricense.

Cabe aclarar que su inconstitucionalidad no se dio por violaciones de Derechos Humanos, sino por violentar los principios de división de poderes y de reserva de ley. Principios que garantizan la representatividad e impiden la arbitrariedad en la toma de decisiones.

En su resolución, la CoIDH afirmó que ante la falta de actividad del Legislativo, tocaba al Ejecutivo tomar cartas en el asunto y dar cumplimiento a la sentencia. Sin embargo, no corresponde a la Corte, como tribunal internacional de Derechos Humanos, determinar las facultades de los poderes de un Estado, o decidir si para la regulación e implementación de los Derechos Humanos se requiere de un acto administrativo o legislativo. Ello corresponde únicamente a la Constitución y, ante conflictos en su aplicación, al tribunal nacional competente de su interpretación.

Por otro lado, el reconocer la facultad sustitutiva a un Poder Ejecutivo de legislar ante la omisión de un Legislativo sería inaudito en cualquier sistema que se jacte de ser constitucional y democrático, pues todo acto reglamentario o administrativo del Ejecutivo debe de estar fundamentado en una Ley.

Además, la justificación de requerir un acto legislativo para cumplir con lo ordenado en la sentencia es perfectamente razonable, si se considera que se trata de la implementación y ponderación de los Derechos Humanos involucrados, las facultades legislativas de la Asamblea a legislar en materia de salud y la necesidad de disposiciones presupuestales, que también deben estar fundamentados en Ley.

Como lo menciona el Juez Vio Grossi, única voz disidente en la resolución que se comenta, con estas decisiones la Corte viola de manera flagrante el principio de Derecho Internacional de no injerencia o no intervención[3], que parte del concepto de soberanía estatal y obliga a los demás Estados y organismos internacionales a no interferir en los procesos democráticos y constitucionales internos de los Estados[4], como lo son las relaciones entre sus Poderes y los procesos legislativos.

Por tanto, se considera que la decisión de la Corte ha sido arbitraria porque:

a) se arroga facultades que no le han sido atribuidas y

b) se violentan los principios que la rigen, así como el propio artículo segundo de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH)[5].

Sin duda alguna se trata de un precedente peligroso que de pasar desapercibido, dejaría la puerta abierta para futuras intervenciones directas e invasivas. Cualquier tribunal que actúe en abuso de su poder, cualquiera que sea la fuente de éste y cualquiera que sea su finalidad, debe ser señalado y rectificado en pos de una adecuada impartición de justicia.

Referencias:

[1] Es importante subrayar que la prohibición surge a partir de una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema costarricense, al declarar inconstitucional un decreto que regulaba dicha técnica.

[2] Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de febrero de 2016. Considerando 14.

[3] Artavia Murillo y otros, supra. Voto individual disidente del Juez Eduardo Vio Grossi. Párrafo 54.

[4]Corte Internacional de Justicia. Caso de las Actividades Paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua vs. Estados Unidos). 26 de noviembre de 1984. Parágrafo 207.

[5] En dicho artículo se establece que los Estados Partes adoptarán, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades que se establecen en la Convención mencionada.

 

Un libro que responde a las interrogantes sobre la infertilidad

¿Por qué no puedo embarazarme? 

  • Médicos especialistas llaman a las parejas que padecen algún tipo de infertilidad, a no desestimar el problema; aseguran que, con la atención correcta, el 85% de los casos obtiene resultados satisfactorios

Los doctores Aquiles R. Ayala Ruiz y Rodrigo Ayala Yáñez, presentaron a los medios de comunicación el libro ¿Por qué no puedo embarazarme?, una obra que orienta a las parejas con dificultades médicas para concebir, sobre las opciones a considerar para lograrlo.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México alrededor de 1.5 millones de parejas presentan algún tipo de infertilidad y menos del 50 % acude a un especialista para buscar solución, es decir, cerca de 750 mil parejas se quedan sin respuesta a su problemática.

El doctor Aquiles Ayala, coautor de la obra, admitió que la infertilidad es una situación que genera angustia a la pareja o a alguno de sus integrantes, por lo que debe atenderse el problema de origen y sus posibles efectos. Expuso que el primer paso es reconocer que existen dificultades o limitaciones para lograr un embarazo; el segundo es reflexionar sobre la situación que se vive como pareja.

El especialista recomendó a las parejas que en el momento de buscar ayuda médica, consideren que puede encontrar una solución mediante procedimientos terapéuticos no invasivos, con los que se logran tasas de embarazo por arriba del 85%.

El doctor Aquiles R. Ayala Ruiz es especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias de la Salud “Salvador Zubirán” y sub-especialista en endocrinología gineco-obstétrica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es autor de cinco libros y más de cien artículos nacionales e internacionales sobre temas relacionados con la endocrinología y la gineco-obstetricia. Actualmente ejerce como médico endocrinólogo del Hospital ABC en la Ciudad de México, y es también investigador independiente.

Por su parte, el doctor Rodrigo Ayala Yáñez tiene la especialidad en Ginecología y Obstetricia por el Instituto Nacional de Perinatología, y realizó estudios de posgrado en endocrinología reproductiva, neuroendocrinología y biología molecular en Oregon Health and Science University. Tiene un curso de posgrado en cirugía laparoscópica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una Maestría en Investigación Clínica por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Actualmente ejerce en el Centro Médico ABC y es Director General de Grupo Gen y CIMIGen.

La gestación subrogada es contraria a la dignidad humana de la mujer: Parlamento Europeo

Recientemente, el Parlamento Europeo emitió su informe anual sobre los Derechos Humanos, la Democracia en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto. En dicho documento se declaró lo siguiente:

“Se condena la práctica de la gestación por sustitución, que es contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una mercancía; se considera que debe prohibirse esta práctica, que implica la explotación de las funciones reproductivas y la utilización del cuerpo con fines de lucro o de otro tipo, en particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo, y pide que se examine con carácter de urgencia en el marco de los instrumentos de derechos humanos”.

Esta declaración no es cosa menor y da lugar a varias reflexiones en materia de protección a los derechos de la mujer.

a) Por un lado, se da cuenta de las razones generales por las que los países más representativos de la Unión (como Francia o Alemania) prohíben tajantemente esta práctica. La lógica es simple: porque es contraria a la dignidad humana de la mujer, al implicar la explotación de sus funciones reproductivas y la utilización de su cuerpo.

b) Por otro, tenemos que si bien no es una resolución vinculante para los miembros ni para sus órganos de gobierno, se trata de una toma de postura oficial respecto a un tema que, de alguna u otra forma, preocupan a toda la Unión Europea: la gestación por sustitución es a todas luces, una forma de explotación

De esta declaración se desprende la advertencia del riesgo de participar en esta práctica en países en desarrollo. De ahí que no resulta casual que entre las naciones señaladas como ‘paraísos’ de esta práctica, se encuentren la India, Nepal, Vietnam, Tailandia o México. Países en los que se conjugan la existencia de grandes sectores de la población con importantes grados de vulnerabilidad socioeconómica y lagunas legislativas en la materia.

Desde esta perspectiva, se entiende que la preocupación surge por una especie de relación de poder inequitativa que se da entre Europa y los países mencionados en este tema en particular; donde parejas provenientes de países ricos contratan agencias que les “consiguen” mujeres de países pobres, para gestar a sus hijos.

En su declaración, el Parlamento estima que esta práctica debe prohibirse. No regularse, ni mucho menos permitirse abiertamente. Los riesgos de explotación y de utilización del cuerpo de una mujer son suficiente justificación para proponer a esta medida.

La declaración termina con un llamado del Parlamento para que estas consideraciones se expresen en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. Es decir, en el entendido de que se trata de una industria global que ha sabido trasladarse y desarrollarse en diferentes regiones, se cae en la cuenta de que las prohibiciones y restricciones nacionales no han sido suficientes para su erradicación; y por el contrario, se requiere de una acción multilateral donde prevalezca la cooperación entre los países de primer mundo y los países en desarrollo.

Por supuesto, es muy importante señalar que esta postura es omisa respecto de las afectaciones en la dignidad de los niños nacidos de esta práctica, porque no se señalan los riesgos de la comercialización de estos menores, ni las posibles violaciones a sus derechos de acceso a una familia, a una identidad y al conocimiento pleno de su origen.

Con todo y sus carencias en materia de protección a los derechos de los niños nacidos de vientres subrogados, esta declaración del Parlamento Europeo es de gran trascendencia, debido a que se trata del posicionamiento general de una región que incluye a países que ejercen un liderazgo internacional importante en materia de Derechos Humanos. Situación que pudiera tener un impacto en las relación es de la Unión Europea y sus miembros con el resto del mundo, sobre todo respecto de aquellos países donde esta industria ha encontrado “condiciones” favorables para desarrollarse.

Nuestras autoridades deberán tener muy en cuenta esta postura al momento de discutir alguna ley en la materia y cuidarse de no abrir la puerta a situaciones poco claras que atentarían contra los derechos de las mujeres y los niños de nuestro país.