¿Pensión extramarital? La ocurrencia legislativa de Coahuila

El pasado 24 de noviembre se aprobó en el Congreso de Coahuila el proyecto de Ley para la Familia. Entre el articulado de esta ley se encuentra una figura que más bien suena a ocurrencia: la pensión extramarital.

Ésta consiste en la obligación de pagar una pensión alimenticia a la persona con la que se haya mantenido una relación de pareja, independientemente de que ésta se dé mientras existe una relación de matrimonio o concubinato del deudor alimentario.

Así que, de acuerdo con lo aprobado en el congreso de Coahuila, la relación extramarital puede generar la obligación de pagar pensión alimenticia si:

1. ​La relación de pareja tiene un mínimo de 3 años y está fundada en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada.

2. La pareja tiene una convivencia estable aunque el deudor alimentario también tenga otras formas de convivencia como el matrimonio o el concubinato.

3. Existe dependencia económica.

El problema de este tipo de “ocurrencias” es que lleguen a reflejarse en la Ley, pues colocan a las personas en situaciones jurídicas que impactan directamente las relaciones sociales.

La obligación alimentaria surge específicamente para el sustento familiar. Su justificación es lo suficientemente racional como para que la Constitución misma la proteja. Se puede tener una relación estable, de solidaridad y libremente aceptada con muchas personas, pero ello no crea de facto un vínculo familiar y, por lo tanto, no es razón suficiente para que exista la obligación jurídica de contribuir a su sustento.

Determinar que una persona que se encuentra fuera de una relación de matrimonio o concubinato tiene derecho a recibir pensión alimenticia, pone en riesgo las posibilidades económicas del deudor para proveer de sustento a aquellos con quienes sí tiene un vínculo familiar (cónyuge, concubina o concubino, su padres…) y, sobre todo, los hijos nacidos de estas uniones.

Una vez más, nos encontramos con una disposición legal que atiende únicamente a los intereses de los adultos que celebran este tipo de relaciones, desestimando las necesidades del menor y su interés superior.

Es muy preocupante que no haya un análisis serio sobre las consecuencias jurídicas y sociales de normalizar y legalizar una especie de poligamia, mediante el reconocimiento de relaciones pseudoconyugales sustentadas en razón de la necesidad económica y en la posibilidad de sustentarlas.

Se subraya el hecho evidente de que el principal destinatario de la norma es el hombre unido en matrimonio o en concubinato; partiendo de una presunción de que es la mujer quien se encuentra generalmente en una situación de dependencia económica y que el ‘hombre infiel debe pagar y hacerse responsable de ella’.

En lugar de tales ocurrencias, el legislador debiera preocuparse en reformar las normas relativas a la exacta ejecución de la obligación  alimentaria, que han demostrado  ser notoriamente  insuficientes por su carencia de certeza. El diseño actual de las normas dirigidas a lograr el efectivo cumplimiento de la obligación alimentaria permite que el deudor evada su cumplimiento, sirviéndose de artificios jurídicos, en franco detrimento de las personas que le son dependientes.

Debemos reformar los métodos para determinar el monto de las pensiones alimenticias, con base a los egresos del deudor o al estilo de vida que daba a su familia. O bien, que el  Estado asuma las obligaciones alimenticias como una primera medida para proteger a los dependientes, reservándose el derecho de proceder en contra del deudor originario, como ya se practica en otros países del mundo, como lo son Dinamarca, Finlandia y Noruega.

Los alcances negativos de esta figura, atentan contra el sustento y desarrollo de los niños, la integridad familiar e incluso, la igualdad de género; de ahí que resulte preocupante la frecuencia con que se emiten leyes sin el debido análisis de su impacto social.

Campaña de recaudación “Definamos el Rumbo”

Invertir en nuestros niños es, con toda seguridad, el único gasto que siempre nos hará más ricos

En Early Institute estamos convencidos de que el rumbo para lograr el desarrollo de nuestra sociedad, es  invertir en los primeros años de vida de los niños, concretando propuestas para su bienestar.

En Early Institute, diseñamos e impulsamos políticas públicas y reformas legislativas destinadas a crear un sistema de protección para los más pequeños y sus familias.

Fomentamos que la protección de los niños sea el criterio preferente y superior en la toma de todas las decisiones; en todos los órdenes sociales y niveles de gobierno.

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¡Te invitamos a invertir en el bienestar de los niños!

Tu aportación mensual nos ayudará a continuar con la investigación e inclusión de estos temas en la agenda nacional; contribuyendo a que Early Insitute permanezca velando por la infancia, como referente para la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno.

 

“Invertir en la primera infancia tiene un alto rendimiento económico y social”

James J. Heckman, premio Nobel de economía en el año 2000

 

Teléfono: (55) 5589 5600

(55) 5294 3617

Correo: eortiz@earlyinstitute.org

 

¿Juez o político? El relevo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el pináculo de uno de los tres poderes del Estado y como tal, se encuentra inmersa permanentemente en un juego de pesos y contrapesos de poder. Sobre todo, después de la reforma jurisdiccional de 1994, cuando se forjó su carácter de Corte Constitucional y se reforzaron sus facultades de control sobre los actos de los otros poderes y niveles de gobierno, a través de figuras como la Controversia Constitucional y la Acción de Inconstitucionalidad.

Con la salida de los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, se ha generado toda una discusión sobre el perfil ideal de la persona que ocupará su lugar; la tendencia indica que la contienda final será entre un político y un juez de carrera, debido a la importancia que ha cobrado este órgano supremo en el ámbito de la política nacional.

Se instauró así, como el árbitro de los actores políticos del país

Las recientes reformas estructurales llevadas a cabo por la administración actual en el ámbito educativo, fiscal y energéticó, son un ejemplo de cómo en los últimos años, la Suprema Corte se ha instaurado como árbitro en las decisiones políticas del país; aunque si bien es cierto que no hemos llegado al extremo de una juristocracia (gobierno de jueces), también lo es el hecho de que hoy en día se tiene que gobernar con y a pesar de los ministros: cualquier tomador de decisiones debe estar consciente de que su actuar será juzgado, tarde que temprano, a la luz del Derecho.

Es en este sentido es que el nuevo ministro se convertirá en ‘un político’, pues conocerá y decidirá sobre cuestiones de esa naturaleza. Sin embargo, no puede perder de vista que es, antes que nada, un jurista, y que en ningún momento debe convertirse en aquel político que contiende por el poder.

De ahí que la elección popular de los miembros de la Corte no sea la vía para legitimarla; al contrario, sería el salto directo hacia su completa desnaturalización como órgano de control de la toma de decisiones.

Un ministro de la SCJN se legitima a través de sus votos y sus razonamientos. Este juez tiene la encomienda de leer la cuestión política a través de la Constitución para garantizar que se ajuste a ésta. Su carácter político lo determina el objeto de las controversias sobre las que dirime; pero su resolución final deberá encontrar fundamentos esencialmente jurídicos.

La tarea de la Corte, tal como está constituida hoy en día, es la de judicializar la política, controlarla a partir del Derecho a fin de proteger los Derechos Humanos, de mantener la División de Poderes, el Federalismo y la Democracia.

El juez: un tomador de decisiones jurídicas con trascendencia política

Desde esta perspectiva, resulta no sólo lógica, sino legítima, la exigencia al Presidente y al Senado de no designar como ministro a un político, sobre todo para evitar que alguna aspiración electoral o compromiso previo con ciertos intereses, interfiera en su parcialidad al momento de ejercer su labor jurisdiccional.

Elegir un perfil con estas características estaría bajo tela de juicio y dañaría la credibilidad del órgano en su conjunto.

Por su parte, también se debe considerar que el juez de carrera puede verse limitado si carece de tacto político. El ministro de la Suprema Corte tiene que ser consciente de la naturaleza de los asuntos que va a resolver y de su trascendencia para la construcción democrática del país. Es claro que tendría ventaja en virtud de su experiencia en la resolución de conflictos o moderación de intereses interpuestos; sin embargo, los actores e intereses involucrados en los asuntos que se resuelven en el la Corte tienen características muy peculiares y el juez debe estar al tanto de ello.

Finalmente, es importante también considerar los perfiles de académicos y litigantes que han probado ser dignos del puesto a lo largo de la historia de la institución; de aquellos que provienen del servicio público, sin ser necesariamente políticos, y que pudiesen contar con la pericia en derecho y la experiencia política necesarias.

La SCJN es una institución que se debe resguardar de los vaivenes de la política y de cualquier aspiración al poder por parte de sus miembros. Por ello es importante, y necesario, el debate público respecto a estos temas; de la Corte depende, en gran medida, las decisiones que se toman en lo público y que impactan a la sociedad.

Una designación que ignore estas implicaciones, podría entorpecer los pasos andados ya en nuestra incipiente democracia.

 

Las malas estrategias le cuestan mucho a México: James J. Heckman

A principios de año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que el presupuesto 2015-2016 para nuestro país se haría bajo el modelo conocido como “Base Cero”[1]; es decir, que se formularía después de revisar y evaluar el gasto público, con la finalidad de mejorar la distribución presupuestal.

De acuerdo con expertos en la materia, este proceso ofrece una oportunidad histórica para el gobierno mexicano de replantear la forma en la que invierte sus recursos y mejorar su desarrollo futuro. Uno estos especialistas es James Heckman, profesor de la Universidad de Chicago y ganador del Premio Nobel de Economía en el año 2000[2].

Hace un par de meses, el profesor Heckman impartió una conferencia en el marco del Congreso Internacional “Invierte Temprano, aportaciones al presupuesto Base Cero”, que tuvo como sede el Palacio Legislativo de San Lázaro. En su participación, el economista destacó que México tiene el índice de productividad laboral y el nivel educativo más bajos de los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además de un alto índice de pobreza infantil y de desigualdad social.

 De acuerdo con el premio Nobel, dichas situaciones se derivan de la mala administración de los recursos, de la visión de “inmediatez” que tiene el gobierno para erradicar los inconvenientes a los que nos enfrentamos como país: si se elevan los índices de criminalidad, hay que contratar más policías; si falta educación hay que construir más escuelas; si no hay acceso a la salud hay que abrir más hospitales, etcétera. Por lo que no es de sorprenderse que este paradigma de “acción/reacción” no tenga los buenos resultados que se esperan.

Heckman propone un cambio: la implementación de estrategias efectivas basadas en el desarrollo humano; un enfoque que parta desde la prevención de las problemáticas como eje del replanteamiento y la creación de los programas y las políticas públicas. Uno de los principales ejemplos planteados por el especialista fue la urgencia de implementar programas que busquen desarrollar habilidades y capacidades de los menores desde la infancia temprana[3]; dichos proyectos deben estar basados en invertir en la salud, en el apoyo y empoderamiento estratégico de la familia (núcleo clave en el desarrollo infantil), y mejorar la calidad de la educación.

Trabajar en estos rubros, tendrá como resultado la disminución de los índices de delincuencia, de los embarazos a edades tempranas y de inequidad; lo que contribuiría, sin duda, al incremento de la productividad y competitividad de las personas y, por lo tanto,  de la ganancia económica que se pueda generar, impactando positivamente la economía del país. Invertir en la infancia temprana tiene resultados muy positivos debido a las experiencias y aprendizajes que se generan en esta etapa infantil, capacidades que sin duda determinarán la arquitectura básica del cerebro y el éxito de la vida adulta.

El premio Nobel también subrayó en su conferencia magistral, que los beneficios de invertir en la primera infancia depende en gran medida de la relación que existe entre la cantidad de dinero que se destina para ello, y el tiempo en el que se interviene: mientras más tarde se intente solucionar el problema que afecta a un grupo de personas, más dinero se tendrá que utilizar. Por ejemplo, generar una cultura de prevención de adicciones desde la infancia requiere una cantidad de dinero menor que la que seguramente se emplearía para desarrollar programas de rehabilitación en la etapa adulta.

 Sin embargo, aumentar la inversión en políticas y programas para la primera infancia no significa que se dejen de enfocar recursos para etapas posteriores del ciclo de vida. Al contrario, al mejorar el contexto y desarrollo infantil, se tendrán mejores resultados con los programas y políticas públicas enfocadas a otros grupos de edad, los cuales también se enfrentarán a menores dificultades sociales de las que ya tienen hoy en día.

 Con la organización del Congreso Internacional “Invierte Temprano, aportaciones al presupuesto Base Cero” y la participación de expertos de la talla del profesor James Heckman, se pretende concientizar a los tomadores de decisiones y a las instituciones interesadas en el tema, de la gran área de oportunidad que México tiene para distribuir su presupuesto. Esperemos que las autoridades sean capaces de aprovechar este intercambio de experiencias y se dejen de “tapar los hoyos” con estrategias paliativas que nos  impiden ser un país innovador y estratégico, ocupado en el beneficio integral de su población, y por lo tanto, de sus instituciones.

[1] Para más detalles sobre este tema consulte: http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_discurso_funcionarios/secretarioSHCP/2015/lvc_fin_publicas_iv_trime_2014_30012015.pdf

[2] Mayor información al respecto:http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2000/

[3] Esta etapa comprende de los 0 a los 5 años, antes de la entrada del niño a la educación primaria

Se presenta en el Senado, iniciativa para prohibir la gestación por sustitución

  • “No podemos consentir que las mujeres y los niños sean tratados como objetos y no como sujetos que necesitan protección”: Senadora Mely Romero

 

La Senadora Mely Romero Celis, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó ante el pleno del Senado de la República, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud para prohibir la gestación por sustitución, comúnmente conocida como maternidad subrogada o vientre de alquiler.

Romero Celis señaló que la iniciativa presentada tiene como objetivos prohibir la subrogación de vientres, e imponer una sanción privativa de la libertad y una multa económica a las personas que la promuevan o participen en ella.

La Senadora Romero comentó que esta práctica, a todas luces violatoria de los derechos fundamentales de las mujeres y los niños involucrados, es una nueva forma de explotación, que trae consigo 3 grandes conflictos: 1) la explotación de mujeres; 2) el tráfico de niñas, niños y órganos; y 3) problemas legales que resultan de este tipo de prácticas.

En México, la flexibilidad de algunas legislaciones estatales, particularmente las de Tabasco y Sinaloa que permiten la práctica bajo la figura de “maternidad subrogada”, ha propiciado, de acuerdo con la Senadora, que nuestro país “sea considerado como parte de un modelo de negocio global de alquiler de vientres”, derivado de una situación legal que permite la subrogación comercial, y de la facilidad con que se puede encontrar a mujeres con altos índices de vulnerabilidad dispuestas a rentarse para mejorar su situación económica.

La prohibición del comercio con seres humanos mediante la EMFR es una tema que ha logrado importantes consensos entre las diversas fuerzas políticas de países como Francia, España, Alemania y Austria. De ahí, que la senadora Romero esté convencida de que la tendencia más protectora de los Derechos Humanos de las personas y, la más acorde con los dispositivos constitucionales de nuestro país, es aquella que la prohíbe.

“Un país respetuoso de la dignidad humana no puede consentir que las personas, en especial las mujeres y los niños, sean tratados como objetos y no como sujetos que necesitan protección; para ello necesitamos erradicar las prácticas que facilitan el comercio humano: desde sus modalidades más crudas, hasta las que se llevan a cabo de manera velada, como es el caso de la explotación de mujeres con fines reproductivos”, puntualizó la senadora.

 

México podría convertirse en “paraíso” para la explotación de mujeres con fines reproductivos

 

 

  • La senadora Mely Romero Celis anunció que presentará al Senado de la República una iniciativa para prohibir el alquiler de vientres

 

México podría convertirse en un “paraíso” para las agencias que explotan mujeres con fines reproductivos, alertó la senadora Mely Romero Celis, quien adelantó que en el actual periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Senadores  presentará una iniciativa para frenar esas acciones.

Al presentar el libro “Maternidad Subrogada: Explotación con Fines Reproductivos”,  en el Senado de la República, la legisladora expuso que en coordinación con Early Institute trabaja en la sensibilización sobre las consecuencias de la maternidad subrogada, cuya liberación a nivel nacional permitiría la llegada al país de grupos que buscan traficar con la vulnerabilidad social de mujeres.

Explicó que esta práctica que nació con fines altruistas para ayudar a parejas que no pueden concebir, se ha desvirtuado a un grado tal, que se ha convertido en un negocio millonario para supuestas agencias que se han instalado en nuestro país, que enganchan a mujeres pobres con baja escolaridad e indígenas, a quienes les ofrecen cantidades que van de 15 mil a 150 mil pesos por la renta de su vientre y la entrega de bebés por encargo, en detrimento de su seguridad, su salud y su dignidad como persona.

Anunció que promoverá el consenso legislativo para prohibir la maternidad subrogada que da lugar a una nueva forma de explotación de mujeres.

Durante la presentación del libro, en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República, la legisladora y los especialistas de Early Institute expusieron los casos registrados en fechar recientes en el sureste del país, en donde varias mujeres jóvenes pobres y marginadas en situación de vulnerabilidad económica y social, fueron reclutadas en Cancún, Quintana Roo, por la agencia Surrogacy Beyond Borders, para gestar a bebés de otras parejas, y dar a luz en Tabasco, en donde la ley lo permite y que finalmente fueron abandonadas a su suerte.

Los autores, Marcelo Bartolini Esparza, Cándido Pérez Hernández y Adrián Rodríguez Alcocer, hicieron una recapitulación del origen de la maternidad subrogada y de cómo se ha corrompido en distintas regiones del mundo, hasta convertirse en un problema de magnitudes insospechadas. Los casos más dramáticos ocurrieron en Tailandia e India, en donde fueron descubiertas “granjas” de decenas de mujeres utilizadas como “pie de cría”, dijeron.

Marcelo Bartolini expuso que la renta de vientres con fines reproductivos constituye un problema internacional, que ha dado lugar a la creación de un mercado global que se mueve en la medida en la que se encuentran parejas con capacidad económica y mujeres que se ofrecen para rentar su vientre porque no tienen otra manera de obtener ingresos.

La presentación del libro en la más alta tribuna del país, es un parteaguas en el tratamiento del tema de la maternidad subrogada en México, una invitación al debate abierto, responsable e informado sobre una problemática que ya se discute y analiza en otras partes del mundo por las implicaciones que tiene al convertirse de un asunto altruista a un tema de organizaciones criminales que lucran con las mujeres y los niños del mundo.

En el libro se conjuntaron las investigaciones de los especialistas del Early Institute, Marcelo Bartolini Esparza, Cándido Pérez Hernández y Adrián Rodríguez Alcocer, bajo la supervisión de Ingrid Tapia Gutiérrez, miembro consultor y de  Martha Tarasco Michel, presidenta de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, A.C.

El volumen de 59 páginas, fue editado con la colaboración de la Sextagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial de Lucha Contra la Trata de Personas.

En la presentación de la obra participaron el senador Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política; y el maestro Francisco Vázquez Gómez Bisogno, profesor de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Panamericana, Investigador Panamericano de Jurisprudencia y Consultor de Early Institute

Asimismo, el doctor Aquiles R. Ayala Ruiz, Médico por la Facultad de Medicina de la UNAM, Investigador e Endocrinología de  la Reproducción Humana, por los institutos Nacionales de Salud de Bethesda, Maryland, Estados Unidos y Consultor e Early Institute; así como la Licenciada Ingrid Tapia Gutiérrez, Consultora de la misma institución.

La prohibición de la maternidad subrogada en Tailandia y sus implicaciones para México

La Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos (EMFR) genera una industria millonaria dedicada a rentar mujeres dispuestas a embarazarse dentro y fuera de las fronteras nacionales; este redituable negocio ha evadido las prohibiciones impuestas en países donde se tiene registro de abuso, mediante el constante traslado del mercado de una región a otra.

El pasado 30 de julio, el diario tailandés Bangkok Post dio a conocer la publicación de una reforma en Tailandia que restringe el acceso a la maternidad subrogada (sólo se permitirá a parejas heterosexuales nacionales, que estén casadas y que no tengan hijos[1]).

¿Por qué tanto interés en la legislación de Tailandia?

La industria de la EMFR es muy ágil: si un mercado se cierra, inmediatamente encuentra una vía alterna. A partir de los estudios de Carolin Schurr, experta en economía y geopolítica por la Universidad de Zurich[i], se ha podido determinar cómo es que este mercado ha tenido la capacidad de huir de las prohibiciones, mediante el traslado de un país a otro. Inicialmente se ubicó en la India, pero después de varios escándalos relacionados con la sobrepoblación y los maltratos en albergues de madres de alquiler, la maternidad subrogada se desplazó a Tailandia, debido a que sus condiciones socioeconómicas son similares y existen algunas zonas grises en su legislación de la materia.

Si bien en los últimos años ha sido Tailandia el país donde se ha dado la mayor demanda, luego de las restricciones establecidas por el gobierno militar en días recientes, los analistas coinciden en que México –particularmente Quintana Roo y Tabasco- será el nuevo paraíso de la EMFR.

La tendencia de los últimos años es clara: la industria siempre termina por trasladarse a un país donde encuentre las dos condiciones que la favorecen:

  1. la existencia de grandes sectores de la población con grados importantes de vulnerabilidad socioeconómica (sobre todo mujeres)
  2. la falta de legislación en materia

 

¿Cuáles son los riesgos?

1º. Aumento en la demanda

En medios de comunicación australianos, por ejemplo, se documentó el testimonio de un empresario dedicado a este negocio que, ante las restricciones recientes en Tailandia, decide trasladar sus negocios a México a fin de evitar enfrentamientos con la ley, luego de que su clínica fuera clausurada por autoridades del país asiático por posible tráfico de personas[ii].

Por lo tanto, resulta previsible el hecho de que gran parte de la industria localizada en Tailandia decida asentarse en México, lo que provocaría que las parejas solicitantes que ya no tuvieron acceso a los otros mercados, se dirijan directamente a este destino.

2º. Aumento en la oferta

Con el aumento de la demanda, el efecto natural será el del surgimiento de nuevos proveedores del servicio, tanto nacionales como provenientes del extranjero. Es decir, el surgimiento de nuevas clínicas y la aparición de nuevos agentes e intermediarios [1].

La agencia de turismo médico/reproductivo Planet Hospital, es un ejemplo de cómo se maneja esta industria. Establecida en California, comenzó ofreciendo sus servicios de gestación subrogada en la India, hasta que se implementaron las restricciones. Fue entonces que se trasladó a México y hoy en día, está sujeta a un concurso mercantil de acreedores, además de encontrarse sujeta a una investigación del FBI por haber defraudado a más de 40 parejas solicitantes –número que no considera a otras tantas gestantes contratadas y abandonadas en el proceso- [iii].

3º. Imitación del modelo en otros Estados

Por último, es muy factible que al vislumbrar ciertos beneficios económicos por el desarrollo de esta industria, otras entidades federativas quieran imitar el modelo de Tabasco y permitir el establecimiento de la industria aprovechando las lagunas legales. Situación que, de acuerdo con nuestro carácter de federación, subraya la necesidad de una legislación que no se limite al ámbito local.

En suma, la materialización de cualquiera de estos riesgos tendría como consecuencia directa, el aumento proporcional en el reclutamiento de mujeres para su explotación con fines reproductivos.

 

 

Referencias:

[1] Para más información, consultar: http://www.bangkokpost.com/news/general/638264/law-banning-commercial-surrogacy-takes-effect

[i] SCHURR, Carolin. Mütter zu verleihen Erst Indien, dann Thailand – und jetzt auch Mexiko: Warum das globalisierte Baby-Business boomt. Publicado el 26 de Agosto de 2014, por Süddeutsche Zeitung. Disponible en: http://www.geo.uzh.ch/fileadmin/files/content/news_and_events/Schurr_WOZ_28.8.14_SZ.pdf

[ii] Artículo: Former RAAF officer will move surrogacy business to Mexico. Fuente: new.com.au, publicado el 10 de Agosto de 2014. Disponible en: http://www.news.com.au/national/former-raaf-officer-will-move-surrogacy-business-to-mexico/story-fncynjr2-1227019723522

[iii] Como lo han documentado varios medios, entre ellos The Guardian, CBS o ABC News Australia. Consultar: http://www.theguardian.com/world/2014/sep/25/tales-of-missing-money-stolen-eggs-surrogacy-mexico; http://www.cbsnews.com/news/agency-accused-of-ripping-off-clients-in-international-surrogacy-births/; http://www.abc.net.au/news/2014-07-08/would-be-parents-fleeced-by-mexican-surrogacy-operation/5572262

 

Lo más importante en los cuidados paliativos infantiles es el apoyo familiar

En palabras del Dr. José Méndez Venegas, especialista del Hospital Infantil Teletón Oncológico (HITO), es necesario impulsar la creación de unidades en cuidados paliativos en todos los hospitales pediátricos de nuestro país. Esto, ante el incremento de enfermedades neurológicas que afectan a los menores, que si bien no conducen a una muerte inmediata, sí provocan un considerable desgaste físico.

El especialista señala que “los cuidados paliativos en los niños tienen por objetivo eliminar el dolor -cuando existe-, dar un tratamiento sintomático y lo más importante es el apoyo emocional a la familia”. Y es que, “el niño es más sencillo en su forma de pensar, a diferencia del adulto”: al niño enfermo que tiene un pronóstico fatal, se le dice que se le enviará a su casa y se pone feliz. Los familiares en cambio, lo toman de otra manera y es natural”.

De ahí que se le brinde a la familia todo el apoyo emocional necesario para que puedan enfrentar la situación, de hecho “no es lo mismo la pérdida de un hijo que de cualquier otro miembro de la familia: si se muere la pareja te quedas viudo, si te quedas sin papá o mamá, eres huérfano, pero si se muere tu hijo, no existe una palabra para describirlo. Nos da mucho miedo enfrentarlo y duele. Nadie se ha preocupado por encontrar una palabra que describa ese fenómeno. Por eso el trabajo de cuidados paliativos en pediatría se hace mucho más difícil que con los adultos: es una cuestión de formación, de cultura, de personalidad, y tolerancia”.

Los cuidados paliativos no atrasan ni aceleran la muerte, sólo controlan el dolor generado por los síntomas del padecimiento: cuidan cuando no es posible curar. En este sentido, niños, jóvenes, adultos o adultos mayores pueden recibir los cuidados ante el padecimiento de enfermedades que los llevan a un estado terminal. “Al adulto se le prepara morir; hay que enfrentarlo a la muerte porque es su verdad, su realidad y él tendrá que aprender a resolverlo. Pero el caso de los niños es muy difícil por el entorno (sus padres, abuelos, hermanos, tíos). Aún cuando el niño aprende mucho más fácil a aceptar la condición de estar enfermo y luego de morir, es su entorno el que hace más difícil el momento”.

En cuanto a la atención en cuidados paliativos pediátricos, en opinión del Dr. Méndez Venegas, en México “a nivel de escritos y de proyectos, estamos muy bien, pero falta operatividad”. Finalmente, expresa “los cuidados paliativos son una especialidad muy humana, donde  los aspectos humanos y éticos son muy importantes. La base es la comunicación con la familia y con el niño para dejar que la muerte llegue a su tiempo”.

 

Nuevas formas de trata de personas: explotación de mujeres con fines reproductivos (EMFR)

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento que contiene, en sus 30 artículos, los derechos humanos considerados básicos (OACDH, 2014).

Es obligación de los Estados, las organizaciones y la sociedad el reconocer y respetar los derechos humanos. Sin embargo, existen situaciones en las que éstos se ven violentados, poniendo en riesgo la integridad, la libertad y/o la vida de los que las padecen, como sucede con la trata de personas.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la trata se entiende como la captación, transporte, traslado  y/o recepción de personas, recurriendo a métodos violentos, fraudes, engaños, recepción de pagos o beneficios, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, entre otros, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación (ONU, 2004).

Algunas de las modalidades de explotación a las que las víctimas son expuestas son de tipo sexual, trabajos o servicios forzados, servidumbre, y aquellas relacionadas con el uso del cuerpo de la víctima para fines específicos, como tráfico de órganos o transporte de sustancias psicoactivas (INMUJERES, 2014). Sin embargo, una práctica que ha crecido considerablemente en los últimos años, es la Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos (EMFR).

La trata de personas es una forma de “esclavitud moderna” (Organización de los Estados Americanos, 2009) en la que cerca de 2.5 millones de personas de todas las edades han caído en las manos de traficantes, tanto en su propio país como en el extranjero (ONU, 2014a). Sin embargo, esta cifra aumenta considerablemente si sumamos otras formas de explotación como la que sufren mujeres en alta marginación y necesidad económica al “rentar” su cuerpo a quienes ofrecen pagarlo con un objetivo reproductivo (Early Institute, 2014).

La EMFR, comúnmente denominada maternidad subrogada o alquiler de vientres, se ha consolidado en un mercado internacional mediado por clínicas y/o despachos especializados en la concertación de “acuerdos” entre personas con solvencia económica suficiente para la compra temporal de los cuerpos de mujeres radicadas generalmente en países en desarrollo como México (Early Institute, 2014).

De acuerdo con el Comité para los Derechos de las Mujeres y la Equidad de Género del Parlamento Europeo (2013) “la maternidad subrogada constituye una objetivación tanto de los cuerpos de las mujeres como de los niños, y representa una amenaza a la integridad corporal y a los derechos humanos de las mujeres”. Algunas naciones, como Tailandia[1], recientemente han tomado medidas recientes que puedan contrarrestar los daños que la falta de regulación o la permisión de la EMFR han causado.

Las naciones tienen la obligación de generar una legislación adecuada que tenga como objetivos principales la protección de los derechos humanos de todos sus ciudadanos y la erradicación de prácticas que ponen en riesgo la vida y la libertad de las personas que las padecen, principalmente cuando se trata de mujeres y niños.

En este día la ONU reitera su preocupación por el hecho de que, a pesar de las medidas sostenidas que se han adoptado en algunos países, la trata de personas sigue siendo uno de los problemas graves que afronta la comunidad internacional pues menoscaba el goce de los derechos humanos fundamentales por lo que requiere una respuesta global urgente (ONU, 2014b).

 

Referencias

Centro de Información de las Naciones Unidas, CINU (2014). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuperado de  http://www.cinu.mx/onu/documentos/declaracion-universal-de-los-d/

Comité de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo (2013). Informe sobre salud sexual y reproductiva y derechos afines. Recuperado de http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0306+0+DOC+XML+V0//ES

Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES (2014). Modalidades de Explotación. Recuperado dehttp://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index.php/programas/prevencion-de-la-trata-de-personas/modalidades-de-explotacion

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, OACDH (2014) ¿Qué son los derechos humanos?. Recuperado de  http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx

Organización de las Naciones Unidas, ONU (2014a). Día Mundial Contra la Trata. Recuperado dehttp://www.un.org/es/events/humantrafficking/

Organización de las Naciones Unidas, ONU (2014b). Medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra la trata de personas. Recuperado de http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/192

Organización de los Estados Americanos (2009). Legislación, Políticas Públicas y Programas Nacionales Contra la Trata de Personas. Recuperado dehttp://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_trata.asp

Organización de las Naciones Unidas, ONU (2004). Protocolo Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Recuperado dehttp://www1.umn.edu/humanrts/instree/Strafficking.html

 

 

Maternidad Subrogada: ¿de quién es el hijo?

Con avisos pegados en postes y paredes una clínica que se dice especializada en infertilidad y medicina reproductiva, invita a mujeres de entre 18 y 35 años de edad, a subrogar (rentar) su vientre a cambio de un “donativo” de 120 mil pesos, aun cuando la práctica de este procedimiento no es legal y se aprovecha de la vulnerabilidad económica de las mujeres que prestan su cuerpo para gestar.

La subrogación de vientre o de útero, mejor conocida como “maternidad subrogada” es la práctica mediante la que una mujer gesta en su vientre un niño que, al nacer, será entregado a otra persona (s). El tema es muy complejo, pero es importante conocer los numerosos riesgos y problemas vinculados con el tema, ante la posibilidad de que su práctica se extienda por todo el país.

“La Maternidad subrogada implica diversas y complejas situaciones para las que nuestro sistema jurídico no está preparado para regular y resolver satisfactoriamente”, enfatiza la abogada Ingrid Tapia, especialista de Early Institute. “Una de las más importantes se refiere a la filiación de la paternidad o lo que es lo mismo ¿quién, de los distintos padres y madres involucrados en el “pedido” y gestación del bebé tiene derecho sobre él? ¿Cuáles son las circunstancias que lo determinarían? -y explica-: “En la maternidad subrogada pueden existir dos  padres: el que paga por el hijo y el que -de ser necesario- aporta el material genético (semen); y hasta 3 madres: la que aporte el material genético (óvulos), la que geste al bebé y la que lo desea y paga por él. ¿Cuál de estos padres/madres lleva la mano a la hora de responder por el bienestar del menor? que finalmente es lo que debería preocuparnos.

Por otro lado, se han preguntado ¿qué pasa si la mamá gestante se niega a entregar al hijo? ¿Qué pasa si el hijo nace con algún defecto o malformación y es rechazado por quienes lo encargaron? ¿Y si sólo pagaste por uno y nacen gemelos? Y ¿Si la pareja que lo encargó se separa o uno o ambos cónyuges fallecen durante el período de embarazo? ¿de quién es el hijo ahora?, espero que los legisladores que están promoviendo la legalización de esta práctica tengan las respuestas precisas para que la vida y la dignidad humana prevalezcan por encima de intereses particulares, por legítimos que estos sean”, puntualiza la jurista.