¿Juez o político? El relevo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el pináculo de uno de los tres poderes del Estado y como tal, se encuentra inmersa permanentemente en un juego de pesos y contrapesos de poder. Sobre todo, después de la reforma jurisdiccional de 1994, cuando se forjó su carácter de Corte Constitucional y se reforzaron sus facultades de control sobre los actos de los otros poderes y niveles de gobierno, a través de figuras como la Controversia Constitucional y la Acción de Inconstitucionalidad.

Con la salida de los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, se ha generado toda una discusión sobre el perfil ideal de la persona que ocupará su lugar; la tendencia indica que la contienda final será entre un político y un juez de carrera, debido a la importancia que ha cobrado este órgano supremo en el ámbito de la política nacional.

Se instauró así, como el árbitro de los actores políticos del país

Las recientes reformas estructurales llevadas a cabo por la administración actual en el ámbito educativo, fiscal y energéticó, son un ejemplo de cómo en los últimos años, la Suprema Corte se ha instaurado como árbitro en las decisiones políticas del país; aunque si bien es cierto que no hemos llegado al extremo de una juristocracia (gobierno de jueces), también lo es el hecho de que hoy en día se tiene que gobernar con y a pesar de los ministros: cualquier tomador de decisiones debe estar consciente de que su actuar será juzgado, tarde que temprano, a la luz del Derecho.

Es en este sentido es que el nuevo ministro se convertirá en ‘un político’, pues conocerá y decidirá sobre cuestiones de esa naturaleza. Sin embargo, no puede perder de vista que es, antes que nada, un jurista, y que en ningún momento debe convertirse en aquel político que contiende por el poder.

De ahí que la elección popular de los miembros de la Corte no sea la vía para legitimarla; al contrario, sería el salto directo hacia su completa desnaturalización como órgano de control de la toma de decisiones.

Un ministro de la SCJN se legitima a través de sus votos y sus razonamientos. Este juez tiene la encomienda de leer la cuestión política a través de la Constitución para garantizar que se ajuste a ésta. Su carácter político lo determina el objeto de las controversias sobre las que dirime; pero su resolución final deberá encontrar fundamentos esencialmente jurídicos.

La tarea de la Corte, tal como está constituida hoy en día, es la de judicializar la política, controlarla a partir del Derecho a fin de proteger los Derechos Humanos, de mantener la División de Poderes, el Federalismo y la Democracia.

El juez: un tomador de decisiones jurídicas con trascendencia política

Desde esta perspectiva, resulta no sólo lógica, sino legítima, la exigencia al Presidente y al Senado de no designar como ministro a un político, sobre todo para evitar que alguna aspiración electoral o compromiso previo con ciertos intereses, interfiera en su parcialidad al momento de ejercer su labor jurisdiccional.

Elegir un perfil con estas características estaría bajo tela de juicio y dañaría la credibilidad del órgano en su conjunto.

Por su parte, también se debe considerar que el juez de carrera puede verse limitado si carece de tacto político. El ministro de la Suprema Corte tiene que ser consciente de la naturaleza de los asuntos que va a resolver y de su trascendencia para la construcción democrática del país. Es claro que tendría ventaja en virtud de su experiencia en la resolución de conflictos o moderación de intereses interpuestos; sin embargo, los actores e intereses involucrados en los asuntos que se resuelven en el la Corte tienen características muy peculiares y el juez debe estar al tanto de ello.

Finalmente, es importante también considerar los perfiles de académicos y litigantes que han probado ser dignos del puesto a lo largo de la historia de la institución; de aquellos que provienen del servicio público, sin ser necesariamente políticos, y que pudiesen contar con la pericia en derecho y la experiencia política necesarias.

La SCJN es una institución que se debe resguardar de los vaivenes de la política y de cualquier aspiración al poder por parte de sus miembros. Por ello es importante, y necesario, el debate público respecto a estos temas; de la Corte depende, en gran medida, las decisiones que se toman en lo público y que impactan a la sociedad.

Una designación que ignore estas implicaciones, podría entorpecer los pasos andados ya en nuestra incipiente democracia.

 

Las malas estrategias le cuestan mucho a México: James J. Heckman

A principios de año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que el presupuesto 2015-2016 para nuestro país se haría bajo el modelo conocido como “Base Cero”[1]; es decir, que se formularía después de revisar y evaluar el gasto público, con la finalidad de mejorar la distribución presupuestal.

De acuerdo con expertos en la materia, este proceso ofrece una oportunidad histórica para el gobierno mexicano de replantear la forma en la que invierte sus recursos y mejorar su desarrollo futuro. Uno estos especialistas es James Heckman, profesor de la Universidad de Chicago y ganador del Premio Nobel de Economía en el año 2000[2].

Hace un par de meses, el profesor Heckman impartió una conferencia en el marco del Congreso Internacional “Invierte Temprano, aportaciones al presupuesto Base Cero”, que tuvo como sede el Palacio Legislativo de San Lázaro. En su participación, el economista destacó que México tiene el índice de productividad laboral y el nivel educativo más bajos de los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además de un alto índice de pobreza infantil y de desigualdad social.

 De acuerdo con el premio Nobel, dichas situaciones se derivan de la mala administración de los recursos, de la visión de “inmediatez” que tiene el gobierno para erradicar los inconvenientes a los que nos enfrentamos como país: si se elevan los índices de criminalidad, hay que contratar más policías; si falta educación hay que construir más escuelas; si no hay acceso a la salud hay que abrir más hospitales, etcétera. Por lo que no es de sorprenderse que este paradigma de “acción/reacción” no tenga los buenos resultados que se esperan.

Heckman propone un cambio: la implementación de estrategias efectivas basadas en el desarrollo humano; un enfoque que parta desde la prevención de las problemáticas como eje del replanteamiento y la creación de los programas y las políticas públicas. Uno de los principales ejemplos planteados por el especialista fue la urgencia de implementar programas que busquen desarrollar habilidades y capacidades de los menores desde la infancia temprana[3]; dichos proyectos deben estar basados en invertir en la salud, en el apoyo y empoderamiento estratégico de la familia (núcleo clave en el desarrollo infantil), y mejorar la calidad de la educación.

Trabajar en estos rubros, tendrá como resultado la disminución de los índices de delincuencia, de los embarazos a edades tempranas y de inequidad; lo que contribuiría, sin duda, al incremento de la productividad y competitividad de las personas y, por lo tanto,  de la ganancia económica que se pueda generar, impactando positivamente la economía del país. Invertir en la infancia temprana tiene resultados muy positivos debido a las experiencias y aprendizajes que se generan en esta etapa infantil, capacidades que sin duda determinarán la arquitectura básica del cerebro y el éxito de la vida adulta.

El premio Nobel también subrayó en su conferencia magistral, que los beneficios de invertir en la primera infancia depende en gran medida de la relación que existe entre la cantidad de dinero que se destina para ello, y el tiempo en el que se interviene: mientras más tarde se intente solucionar el problema que afecta a un grupo de personas, más dinero se tendrá que utilizar. Por ejemplo, generar una cultura de prevención de adicciones desde la infancia requiere una cantidad de dinero menor que la que seguramente se emplearía para desarrollar programas de rehabilitación en la etapa adulta.

 Sin embargo, aumentar la inversión en políticas y programas para la primera infancia no significa que se dejen de enfocar recursos para etapas posteriores del ciclo de vida. Al contrario, al mejorar el contexto y desarrollo infantil, se tendrán mejores resultados con los programas y políticas públicas enfocadas a otros grupos de edad, los cuales también se enfrentarán a menores dificultades sociales de las que ya tienen hoy en día.

 Con la organización del Congreso Internacional “Invierte Temprano, aportaciones al presupuesto Base Cero” y la participación de expertos de la talla del profesor James Heckman, se pretende concientizar a los tomadores de decisiones y a las instituciones interesadas en el tema, de la gran área de oportunidad que México tiene para distribuir su presupuesto. Esperemos que las autoridades sean capaces de aprovechar este intercambio de experiencias y se dejen de “tapar los hoyos” con estrategias paliativas que nos  impiden ser un país innovador y estratégico, ocupado en el beneficio integral de su población, y por lo tanto, de sus instituciones.

[1] Para más detalles sobre este tema consulte: http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_discurso_funcionarios/secretarioSHCP/2015/lvc_fin_publicas_iv_trime_2014_30012015.pdf

[2] Mayor información al respecto:http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2000/

[3] Esta etapa comprende de los 0 a los 5 años, antes de la entrada del niño a la educación primaria

Se presenta en el Senado, iniciativa para prohibir la gestación por sustitución

  • “No podemos consentir que las mujeres y los niños sean tratados como objetos y no como sujetos que necesitan protección”: Senadora Mely Romero

 

La Senadora Mely Romero Celis, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó ante el pleno del Senado de la República, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud para prohibir la gestación por sustitución, comúnmente conocida como maternidad subrogada o vientre de alquiler.

Romero Celis señaló que la iniciativa presentada tiene como objetivos prohibir la subrogación de vientres, e imponer una sanción privativa de la libertad y una multa económica a las personas que la promuevan o participen en ella.

La Senadora Romero comentó que esta práctica, a todas luces violatoria de los derechos fundamentales de las mujeres y los niños involucrados, es una nueva forma de explotación, que trae consigo 3 grandes conflictos: 1) la explotación de mujeres; 2) el tráfico de niñas, niños y órganos; y 3) problemas legales que resultan de este tipo de prácticas.

En México, la flexibilidad de algunas legislaciones estatales, particularmente las de Tabasco y Sinaloa que permiten la práctica bajo la figura de “maternidad subrogada”, ha propiciado, de acuerdo con la Senadora, que nuestro país “sea considerado como parte de un modelo de negocio global de alquiler de vientres”, derivado de una situación legal que permite la subrogación comercial, y de la facilidad con que se puede encontrar a mujeres con altos índices de vulnerabilidad dispuestas a rentarse para mejorar su situación económica.

La prohibición del comercio con seres humanos mediante la EMFR es una tema que ha logrado importantes consensos entre las diversas fuerzas políticas de países como Francia, España, Alemania y Austria. De ahí, que la senadora Romero esté convencida de que la tendencia más protectora de los Derechos Humanos de las personas y, la más acorde con los dispositivos constitucionales de nuestro país, es aquella que la prohíbe.

“Un país respetuoso de la dignidad humana no puede consentir que las personas, en especial las mujeres y los niños, sean tratados como objetos y no como sujetos que necesitan protección; para ello necesitamos erradicar las prácticas que facilitan el comercio humano: desde sus modalidades más crudas, hasta las que se llevan a cabo de manera velada, como es el caso de la explotación de mujeres con fines reproductivos”, puntualizó la senadora.