Nuevas formas de trata de personas: explotación de mujeres con fines reproductivos (EMFR)

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento que contiene, en sus 30 artículos, los derechos humanos considerados básicos (OACDH, 2014).

Es obligación de los Estados, las organizaciones y la sociedad el reconocer y respetar los derechos humanos. Sin embargo, existen situaciones en las que éstos se ven violentados, poniendo en riesgo la integridad, la libertad y/o la vida de los que las padecen, como sucede con la trata de personas.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la trata se entiende como la captación, transporte, traslado  y/o recepción de personas, recurriendo a métodos violentos, fraudes, engaños, recepción de pagos o beneficios, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, entre otros, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación (ONU, 2004).

Algunas de las modalidades de explotación a las que las víctimas son expuestas son de tipo sexual, trabajos o servicios forzados, servidumbre, y aquellas relacionadas con el uso del cuerpo de la víctima para fines específicos, como tráfico de órganos o transporte de sustancias psicoactivas (INMUJERES, 2014). Sin embargo, una práctica que ha crecido considerablemente en los últimos años, es la Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos (EMFR).

La trata de personas es una forma de “esclavitud moderna” (Organización de los Estados Americanos, 2009) en la que cerca de 2.5 millones de personas de todas las edades han caído en las manos de traficantes, tanto en su propio país como en el extranjero (ONU, 2014a). Sin embargo, esta cifra aumenta considerablemente si sumamos otras formas de explotación como la que sufren mujeres en alta marginación y necesidad económica al “rentar” su cuerpo a quienes ofrecen pagarlo con un objetivo reproductivo (Early Institute, 2014).

La EMFR, comúnmente denominada maternidad subrogada o alquiler de vientres, se ha consolidado en un mercado internacional mediado por clínicas y/o despachos especializados en la concertación de “acuerdos” entre personas con solvencia económica suficiente para la compra temporal de los cuerpos de mujeres radicadas generalmente en países en desarrollo como México (Early Institute, 2014).

De acuerdo con el Comité para los Derechos de las Mujeres y la Equidad de Género del Parlamento Europeo (2013) “la maternidad subrogada constituye una objetivación tanto de los cuerpos de las mujeres como de los niños, y representa una amenaza a la integridad corporal y a los derechos humanos de las mujeres”. Algunas naciones, como Tailandia[1], recientemente han tomado medidas recientes que puedan contrarrestar los daños que la falta de regulación o la permisión de la EMFR han causado.

Las naciones tienen la obligación de generar una legislación adecuada que tenga como objetivos principales la protección de los derechos humanos de todos sus ciudadanos y la erradicación de prácticas que ponen en riesgo la vida y la libertad de las personas que las padecen, principalmente cuando se trata de mujeres y niños.

En este día la ONU reitera su preocupación por el hecho de que, a pesar de las medidas sostenidas que se han adoptado en algunos países, la trata de personas sigue siendo uno de los problemas graves que afronta la comunidad internacional pues menoscaba el goce de los derechos humanos fundamentales por lo que requiere una respuesta global urgente (ONU, 2014b).

 

Referencias

Centro de Información de las Naciones Unidas, CINU (2014). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuperado de  http://www.cinu.mx/onu/documentos/declaracion-universal-de-los-d/

Comité de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo (2013). Informe sobre salud sexual y reproductiva y derechos afines. Recuperado de http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0306+0+DOC+XML+V0//ES

Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES (2014). Modalidades de Explotación. Recuperado dehttp://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index.php/programas/prevencion-de-la-trata-de-personas/modalidades-de-explotacion

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, OACDH (2014) ¿Qué son los derechos humanos?. Recuperado de  http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx

Organización de las Naciones Unidas, ONU (2014a). Día Mundial Contra la Trata. Recuperado dehttp://www.un.org/es/events/humantrafficking/

Organización de las Naciones Unidas, ONU (2014b). Medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra la trata de personas. Recuperado de http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/192

Organización de los Estados Americanos (2009). Legislación, Políticas Públicas y Programas Nacionales Contra la Trata de Personas. Recuperado dehttp://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_trata.asp

Organización de las Naciones Unidas, ONU (2004). Protocolo Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Recuperado dehttp://www1.umn.edu/humanrts/instree/Strafficking.html

 

 

Maternidad Subrogada: ¿de quién es el hijo?

Con avisos pegados en postes y paredes una clínica que se dice especializada en infertilidad y medicina reproductiva, invita a mujeres de entre 18 y 35 años de edad, a subrogar (rentar) su vientre a cambio de un “donativo” de 120 mil pesos, aun cuando la práctica de este procedimiento no es legal y se aprovecha de la vulnerabilidad económica de las mujeres que prestan su cuerpo para gestar.

La subrogación de vientre o de útero, mejor conocida como “maternidad subrogada” es la práctica mediante la que una mujer gesta en su vientre un niño que, al nacer, será entregado a otra persona (s). El tema es muy complejo, pero es importante conocer los numerosos riesgos y problemas vinculados con el tema, ante la posibilidad de que su práctica se extienda por todo el país.

“La Maternidad subrogada implica diversas y complejas situaciones para las que nuestro sistema jurídico no está preparado para regular y resolver satisfactoriamente”, enfatiza la abogada Ingrid Tapia, especialista de Early Institute. “Una de las más importantes se refiere a la filiación de la paternidad o lo que es lo mismo ¿quién, de los distintos padres y madres involucrados en el “pedido” y gestación del bebé tiene derecho sobre él? ¿Cuáles son las circunstancias que lo determinarían? -y explica-: “En la maternidad subrogada pueden existir dos  padres: el que paga por el hijo y el que -de ser necesario- aporta el material genético (semen); y hasta 3 madres: la que aporte el material genético (óvulos), la que geste al bebé y la que lo desea y paga por él. ¿Cuál de estos padres/madres lleva la mano a la hora de responder por el bienestar del menor? que finalmente es lo que debería preocuparnos.

Por otro lado, se han preguntado ¿qué pasa si la mamá gestante se niega a entregar al hijo? ¿Qué pasa si el hijo nace con algún defecto o malformación y es rechazado por quienes lo encargaron? ¿Y si sólo pagaste por uno y nacen gemelos? Y ¿Si la pareja que lo encargó se separa o uno o ambos cónyuges fallecen durante el período de embarazo? ¿de quién es el hijo ahora?, espero que los legisladores que están promoviendo la legalización de esta práctica tengan las respuestas precisas para que la vida y la dignidad humana prevalezcan por encima de intereses particulares, por legítimos que estos sean”, puntualiza la jurista.

 

Maternidad subrogada: explotación de mujeres con fines reproductivos (EMFR)

La explotación de mujeres con fines reproductivos (EMFR) es una realidad que se esconde a la vista de todos. Oculta tras el velo del altruismo y escudándose en un derecho imaginario a la maternidad y paternidad, esta práctica genera una industria millonaria dedicada a rentar mujeres dentro y fuera de las fronteras nacionales.

Conocida por todos como “maternidad subrogada” o “alquiler de vientres”, esta figura es legal en algunos países. En México sólo dos estados, Sinaloa y Tabasco, tienen leyes al respecto. En todos los casos, el común denominador es la gran disparidad entre quienes encargan al menor -típicamente parejas o personas con altos ingresos- y la gestante, quien suele acceder a esta clase de acuerdos por su precaria condición económica.

La situación es tan grave -y tan evidentemente contraria a los Derechos Humanos- que en países como Francia, en el seno de las comisiones más radicales del Parlamento Europeo, ha unido tanto a las derechas como a las izquierdas en su rechazo al creciente mercado de seres humanos. En una carta abierta dirigida al presidente Francois Hollande, diversos intelectuales de izquierda le recuerdan al mandatario que en febrero de 2013 “adquirió un compromiso formal contra la introducción en Francia de los vientres de alquiler, llamada hoy madre de alquiler, declarando su firme y coherente oposición a una práctica social alienante…”.

Los intelectuales de izquierda piden al presidente de Francia que no ceda a las presiones y defienda la dignidad de las mujeres y los niños que son cosificados al convertirlos en bienes de consumo.  Entre los firmantes de la carta, todos de reconocida trayectoria en las izquierdas francesas, se encuentran: Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea, Lionel Jospin, exprimer ministro de Francia, Yvette Roudy, exministra socialista de Derechos de la Mujer, Nicole Pery, exvicepresidenta del Parlamento Europeo,  y Catherine Tasca, quien ha sido ministra y es actualmente primer vicepresidente del Senado, por mencionar algunos.

Esto va en consonancia con lo que el Comité para los Derechos de las Mujeres y la Equidad de Género del Parlamento Europeo dijo en un informe el año pasado, que “la maternidad subrogada constituye una objetivación tanto de los cuerpos de las mujeres como de los niños, y representa una amenaza a la integridad corporal y a los derechos humanos de las mujeres[1].”

No deja, por tanto, de sorprender que en nuestro país sean representantes de los partidos de izquierda quienes incesantemente promueven la legalización de la EMFR, y que sea con la bandera de defender los derechos de las mujeres o de ciertas minorías con la que pretendan alcanzar su objetivo. Lo cierto es que no puede protegerse ni defenderse a las mujeres negándoles su condición de personas y reduciéndolas a sus meras capacidades reproductivas; y mucho menos puede considerarse progresista revivir la comercialización de seres humanos, una práctica que el propio José María Morelos condenó en sus Sentimientos de la Nación.

[1] Reporte del Comité de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo del 29/09/2013.

La maternidad subrogada en Tabasco: el fracaso de un experimento social

La industria relacionada con la gestación de hijos ajenos en Tabasco ha crecido enormemente y se le ha salido de las manos a las autoridades que la permiten, de ahí la propuesta reciente de adicionar algunas modificaciones jurídicas que les permitan recuperar el “control” sobre dicha práctica.

“El predictamen anunciado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local no hace sino reconocer que el experimento social emprendido hace 17 años, y conocido como maternidad subrogada, ha fracasado. Lo que en algún momento se pensó «progresista» ha servido únicamente para exponer a un gran número de tabasqueñas en situación vulnerable y a los hijos gestados mediante esta técnica; a la explotación de un mercado de seres humanos en el que intervienen médicos, juristas y parejas acaudaladas de México y del extranjero”, explica la abogada Ingrid Tapia, especialista en el tema y consultora de Early Institute.

La propuesta plantea sustituir el contrato de maternidad subrogada por un “instrumento de subrogación gestacional” que establece que las partes sólo podrán suscribirse de manera gratuita; con lo que se pretende, al menos en el marco jurídico, eliminar la posibilidad de recibir un pago por gestar el hijo de un tercero. También pretende limitar a 35 años, la edad máxima de las mujeres contratadas como gestantes y el acceso a esta técnica únicamente a parejas casadas o en concubinato. Por último, también se prevé establecer un requisito de al menos cinco años de residencia en el estado para evitar el turismo reproductivo.

Al respecto de las modificaciones en dicha figura jurídica, la abogada Tapia comenta: “La pregunta que valdría la pena hacer al Congreso de Tabasco es ¿por qué insistir en mantener una figura que ha demostrado ser claramente nociva para la dignidad humana? ¿por qué, en lugar de cerrar cada vez más el espectro dentro del que una pareja puede hacer uso de una mujer como outsourcing para gestar a su hijo, no se prohíbe completamente esta práctica? Las mujeres no debemos olvidar que nuestro cuerpo no tiene precio, y un hijo menos”.

 

La filiación y el derecho a la identidad: el caso de los gemelos de Cancún

Distintos medios de comunicación han dado cuenta del caso de una pareja de hombres españoles que llegaron a México con el fin de contratar a una mujer para que gestara a su hijo de acuerdo con la legislación de Tabasco.

Fue en Cancún donde, previo pago, recibieron a los gemelos que nacieron de la mujer gestante contratada. Posteriormente, la pareja acudió a registrar a los menores y a solicitar los pasaportes correspondientes a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La dependencia se negó a autorizarlos porque en la filiación no se establecía quién era la madre de los niños.

Como hasta el día de hoy no se ha esclarecido dicha información, la pareja, con los niños adquiridos mediante la Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos (EMFR), vive en un albergue para personas en su situación[1].

De la anécdota anterior se distinguen tres cosas:

  • que Cancún no está en Tabasco
  • que en la filiación de los niños nacidos de EMFR no es posible determinar la maternidad
  • que existen albergues para atender situaciones similares

El caso permite evidenciar sólo algunas de las problemáticas más evidentes que resultan de la EMFR, y hace visible la inseguridad jurídica que permea a los involucrados, en concreto a los menores y a las mujeres que los gestan para después entregarlos.

Legislaciones permisivas como la de Tabasco han propiciado el desarrollo de una industria que abastece de seres humanos a nacionales y extranjeros; personas que, ya sea por la imposibilidad de hacerlo en su país, o simplemente porque en el nuestro es más barato, llegan a México buscando mujeres que acepten ser incubadoras de niños.

Esta es una realidad que ha llamado recientemente la atención de legisladores tabasqueños, sobre todo en lo que se refiere a las implicaciones jurídicas y sus posibles consecuencias. La “flexibilidad” de Tabasco en este tema no sólo afecta a ese estado, pues dada la anuencia de los notarios locales para certificar contratos de subrogación, las clínicas y “enganchadores” de mujeres se han expandido por buena parte del sur de nuestro país (como es el caso de la nota).

La imposibilidad de establecer la filiación de los hijos tiene consecuencias severas, no sólo porque se generan dudas de si efectivamente la EMFR se llevó a cabo con arreglo a la legislación de Tabasco, o se trata de un caso más de tráfico de menores. De cualquier manera, se está atentando contra el derecho de los niños a la identidad y a conocer a sus padres. Además, esta opacidad respecto a la mujer que es utilizada/rentada para gestar un niño, no permite conocer las condiciones en las que se lleva a cabo el proceso, lo que hace más evidente su condición de vulnerabilidad.

Por último, el hecho de que existan albergues específicamente para extranjeros en problemas con las autoridades por no poder determinar la filiación de los niños que pretenden sacar del país, implica la existencia de una serie de prácticas deshonestas que cotidianamente colocan a un número no determinado de menores, pero lo suficientemente grande para necesitar de un albergue, en un profundo vacío jurídico en el que se les niega su derecho a la identidad.

Queda la duda acerca de qué hay detrás de las asociaciones civiles operadoras de dichos “albergues”, que aparentemente brindan un servicio para paliar las consecuencias de malas prácticas. En este contexto es necesario insistir en que los legisladores, locales y federales, reflexionen sobre este tema y pongan un alto definitivo a la práctica de la EMFR y al floreciente mercado de seres humanos en nuestro país.

Afortunadamente ya existen esfuerzos conjuntos liderados por la Senadora Mely Romero y la Diputada Leticia López Landero[2], trabajos que visibilizan el tema e impulsan las modificaciones necesarias.

[1] Recuperado el 19 de febrero de 2014, de http://www.sinembargo.mx/19-02-2015/1256763

[2] Más información al respecto: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/denuncian-aumento-deexplotacion-con-fines-reproductivos-1063890.html

 

Iniciativa de maternidad subrogada en Coahuila: ¿una nueva forma de explotación?

Luego de que el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, firmara una iniciativa para reformar el Código Civil y permitir la renta de vientres en el estado, se abren una serie de cuestionamientos que sería importante tener en cuenta antes de aprobar una reforma de esta naturaleza.

A decir de los promotores, lo primero que tendría que hacerse sería elaborar un proyecto que esté sustentado y que se realice bajo un marco legal, pero la pregunta de fondo sería ¿nuestro sistema jurídico está lo suficientemente preparado como para regular esta práctica?

Al respecto, la abogada Ingrid Tapia, especialista en el tema comenta: “La problemática es muy compleja, pero antes que nada, es importante conocer los numerosos riesgos y problemas vinculados con el tema. La experiencia en países como la India nos habla no de una motivación «altruista» de «ayudar» en su anhelo de paternidad a terceros, sino de un creciente mercado de bebés y de un sinnúmero de mujeres que son explotadas con fines reproductivos”.

De acuerdo con la especialista de Early Institute, un estudio realizado por Center for Social Researchen 2011, reveló que en la India, cerca del 51.7% de las madres de alquiler son analfabetas, en promedio el 40% solo tiene la primaria terminada, y el 38% se dedica al servicio doméstico.

“¿Qué nos dicen estos números?, pues que la gran mayoría de mujeres que se alquilan como madres gestantes, son mujeres vulnerables social y económicamente; mujeres que pretenden salir  -temporalmente- de su precaria situación económica a costa de ellas mismas, olvidando que su cuerpo no tiene precio, y un hijo menos”.

“Por otro lado, se encuentra lo endeble de nuestra legislación, pues este tipo de explotación de mujeres implica diversas y complejas situaciones que nuestro sistema jurídico no podría regular y resolver satisfactoriamente. Una de las más importantes se refiere a la filiación de la paternidad, es decir, ¿quién, de los distintos padres y madres involucrados en el «pedido» y gestación del bebé tiene derecho sobre él? ¿Cuáles son las circunstancias que lo determinarían?”

De acuerdo con la conocida jurista, en la maternidad subrogada pueden existir dos  padres: el que paga por el hijo y el que -de ser necesario- aporta el material genético (semen); y hasta 3 madres: la que aporte el material genético (óvulos), la que geste al bebé y la que lo desea y paga por él. “¿Cuál de estos padres/madres lleva la mano a la hora de responder por el bienestar del menor? que finalmente es lo que debería preocuparnos. ¿Qué pasa si la mamá gestante se niega a entregar al hijo? ¿Qué pasa si el hijo nace con algún defecto o malformación y es rechazado por quienes lo encargaron? ¿Y si sólo pagaste por uno y nacen gemelos? Y ¿Si la pareja que lo encargó se separa o uno o ambos cónyuges fallecen durante el período de embarazo? ¿de quién es el hijo ahora?, espero que los legisladores que están promoviendo la legalización de esta práctica tengan las respuestas precisas para que la vida y la dignidad humana prevalezcan por encima de intereses particulares, por legítimos que estos sean”, puntualiza la jurista.

Idoneidad en la adopción: la importancia de homologar los criterios

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el caso de una bebé de siete meses que sobrevivió al accidente aéreo en el que fallecieron sus padres.

En un principio, los abuelos (paternos y maternos) promovieron de manera conjunta, un juicio de patria potestad y guarda y custodia en el que no intervino el ministerio público. Se acordó que la niña quedara al cuidado de sus abuelos paternos. Sin embargo, los tíos (paternos) de la menor solicitaron y obtuvieron su adopción, aún sin presentar el certificado de idoneidad que expide el DIF en estos casos.

El juicio que debe ahora resolver la SCJN versa sobre la figura de la patria potestad, una institución de orden público que es irrenunciable; sobre el papel que juega el ministerio público en los juicios en los que ésta se debate, y también sobre la necesidad de que quienes adoptan a un menor, sean idóneos para ello. Todo esto visto desde el principio del bien superior del menor, establecido en el artículo 4o. de la Constitución[1].

Este caso, por demás trágico y complejo, sirve para evidenciar un grave problema que enfrenta la adopción en México: la falta de criterios uniformes para determinar quién es apto o idóneo para adoptar y está en posibilidad de recibir un niño o una niña para integrarlo de nuevo a una familia.

Actualmente, como los trámites de adopción dependen de los DIF estatales, los criterios que se utilizan para determinar qué parejas o personas son idóneas para hacerse cargo de un menor cambian de un estado a otro, dentro de un espectro que tiene estados con muy buenas regulaciones (Morelos y Coahuila, por ejemplo), y otros en los que estos criterios se ciñen a la interpretación de los funcionarios (como es el caso de Guanajuato).

Por si fuera poco, en ciertos sectores de la sociedad y del gobierno, prevalece una visión que considera la adopción como un derecho de quienes la solicitan, y no como una forma de restituir al menor su derecho a tener una familia.

Esta visión errónea, suele poner a los adoptantes por encima de los menores adoptables, lo que dificulta todavía más que los criterios de idoneidad se homologuen, y expone a los niños a innumerables riesgos.

La uniformidad de estos criterios es necesaria, porque garantiza que el menor que va a ser adoptado encuentre un entorno familiar en las mejores condiciones posibles (sociales, económicas, psicológicas) y que éste favorezcan su sano y libre desarrollo. Para ello, además de definir los criterios, los reglamentos de adopción deben prever cuáles son los medios para acreditar que los solicitantes cumplan efectivamente con lo estipulado (particularmente importante es la evaluación psicológica de éstos).

Casos como el expuesto al principio, dan fe de la necesidad y urgencia de que las entidades federativas que no han tomado cartas en el tema de idoneidad, sigan los ejemplos de estados como Coahuila, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán, entidades que ya han iniciado modificaciones a sus reglamentos de adopción para incluir estos criterios teniendo en cuenta siempre, el bien superior del menor.

[1] Recuperado el 6 de febrero: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/5.htm?s

Fallo de la Corte Suprema de EE. UU. : precedente en el tema de la objeción de conciencia

Hace unos meses, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una sentencia que reconoce a ciertas corporaciones el derecho a ejercer la objeción de conciencia en contra de leyes o mandatos de la autoridad que pongan una carga excesiva contraria a sus creencias religiosas, de acuerdo con el Acta para la Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA, por sus siglas en inglés) de 1993.

Se trata de una de las decisiones más importantes de la Corte en los últimos años pues está centrada en un debate entre la libertad religiosa y la pretensión de la administración de Obama de obligar a los empleadores a incluir -y pagar- dentro de las coberturas de seguros médicos obligatorias, diversos métodos anticonceptivos y abortivos con base en un supuesto interés apremiante[1] del Estado.

La Corte sostuvo que si bien el Estado tiene un interés apremiante en facilitar el acceso a los servicios de salud que incluyan la anticoncepción, éste no pudo acreditar que limitar la libertad religiosa fuera necesario para alcanzar dicho interés.

El razonamiento se basa en que la propia administración ya había puesto en práctica mecanismos para que los empleados de las organizaciones religiosas no lucrativas pagaran la cobertura de métodos anticonceptivos.  En este sentido, la mayoría  de la Corte (5-4) consideró que esos mismos mecanismos de excepción pueden ser puestos a disposición de empresas que decidan hacer uso de su objeción de conciencia y, de esta manera, no violentar la libertad religiosa de sus dueños.

Esta decisión pone fin a un debate acerca de si las corporaciones lucrativas, es decir, las empresas, pueden ser consideradas personas y dentro de la protección de la RFRA, al igual que las organizaciones no lucrativas. Al respecto la Corte ha hecho una diferencia entre las empresas públicas (que cotizan en bolsa) y aquellas de capital cerrado[2], con uno o pocos dueños y no abiertas a la inversión pública.

En el caso de las empresas de capital cerrado (que no quiere decir que sean pequeñas), la posibilidad de objetar el mandato de la administración es necesaria para garantizar los Derechos Humanos de las personas que las conforman (dueños, directivos, empleados). En la sentencia, redactada por el justice Alito, la Corte señala que una persona no puede ser puesta en la “cruel” disyuntiva entre vivir de acuerdo con su fe y poder mantener sus negocios.

La decisión ampara directamente a tres empresas cuyos dueños son cristianos devotos que se opusieron a financiar métodos abortivos, pero existen en diversas cortes inferiores numerosos casos de empresas en la misma situación: uno de los más sonados es el del consorcio católico de medios de comunicación EWTN, cuyo caso fue rechazado en primera instancia y ahora espera una apelación que, a la luz de esta sentencia, probablemente obtenga.

No deja de llamar la atención la protección que nuestros vecinos dan a su libertad religiosa, una protección tan amplia que puede ser invocada, incluso, por personas morales cuyos integrantes sienten agredida su conciencia por un mandato del Estado. Mientras tanto, en México, el debate sobre la libertad religiosa avanza lentamente y la objeción de conciencia por motivos religiosos permanece prohibida en el artículo 1 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

[1] Compelling interest

[2] Closely Held

 

1.2 millones de niños, necesitan cuidados paliativos en el mundo: OMS

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que anualmente más de 20 millones de personas a nivel mundial necesitan cuidados paliativos al final de la vida: cerca del 6% son niños.

En el marco del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, a celebrarse este sábado, es necesario reflexionar sobre los cuidados que deben recibir los niños que, lamentablemente, viven con alguna enfermedad terminal. “El niño tiene una manera de pensar muy distinta al adulto, cuando su expectativa de vida es corta, se le dice que se le enviará a casa y se pone feliz. Los familiares en cambio, lo toman de una manera muy distinta, es natural, y ahí es donde los cuidados paliativos también pueden ayudar”, comenta el Dr. José Méndez Venegas, psico-oncólogo y especialista de Early Institute.

Los cuidados paliativos infantiles involucran una atención integral del menor, que implica no sólo resolver las necesidades biológicas que tenga por su padecimiento, sino también, atender adecuadamente las psicológicas y las emocionales; además de incluir apoyo psicológico y de acompañamiento a la familia durante el proceso del menor. Al respecto, el especialista comenta: “los cuidados paliativos en niños tienen por objeto eliminar el dolor -si es que existe- y dar un tratamiento sintomático; pero sin duda, lo más importante es el apoyo emocional que la familia le brinda al niño en esta situación, es un factor que puede hacer una gran diferencia. Me atrevería a decir que, el trabajo de cuidados paliativos en pediatría es mucho más difícil con los adultos porque es una cuestión de formación, de personalidad y de falta de cultura para enfrentar la muerte”.

En la investigación “Global Atlas of Palliative Care”, la OMS señala algunos datos importantes sobre el estado de los cuidados paliativos infantiles en el mundo, dos de los más significativos son:

El número estimado de niños a nivel mundial que necesitan cuidados paliativos es de casi 1.2 millones (52% son niños y 48% son niñas)

En un listado de padecimientos que hacen necesario este tipo de cuidados en menores, los 3 principales padecimientos son: anomalías congénitas (25.06%), condiciones neonatales (14.64%) y desnutrición y problemas relacionados (14.12%).

Para el Dr. Méndez, este tipo de cuidados pertenecen a una especialidad donde los aspectos éticos y humanos son muy importantes: “en donde sólo nos queda cuidar, cuando ya no es posible curar”.

 

El aborto, la alternativa de un Estado claudicante

Son muchas las deudas que tiene el Estado con la maternidad en desamparo. Sin el apoyo de la pareja, la familia o el Estado, el aborto pareciera “la alternativa” para una mujer en el DF.

Las cifras son alarmantes. Tan sólo en el 2009, el INEGI reportó 153,237 nacimientos en el Distrito Federal mientras que El Colegio de México y Guttmacher Institute afirmaron que durante este mismo año ocurrieron 122,455 abortos.

“Sin apoyo y embarazada, la mujer busca opciones que puedan ayudarle a enfrentar la maternidad. Desafortunadamente, y después de un calvario burocrático de desinformación, malos tratos, procesos largos y un sinfín de obstáculos propios de un Estado que no considera a la mujer embarazada como un sector relevante, muchas de ellas toman decisiones desesperadas que luego lamentan.”, comenta la abogada Ingrid Tapia, especialista de Early Institute.

De acuerdo con la especialista, un ejemplo claro de ello es el programa de aborto creado e impulsado por el gobierno del DF desde hace más de siete años. Basado en un discurso puramente ideológico, el gobierno del DF ha claudicado en su esfuerzo por proponer e impulsar estrategias reales de vida para la mujer embarazada y su hijo en gestación. “Hace más de siete años, el gobierno local asumió que despenalizar el aborto disminuiría drásticamente la práctica clandestina y, en consecuencia, la mortalidad materna. Por supuesto, esto no ha sucedido. Las muertes maternas continúan y nadie sabe a ciencia cierta cuántos abortos ocurren y en qué condiciones, pues no se eliminó la clandestinidad”, concluye la especialista.

Los pendientes del Estado son muchos y, mientras se atienden, el gobierno del DF busca “salir del paso” con programas fallidos como la política de aborto, que genera nuevos daños. En el camino, miles de mujeres embarazadas continúan en el centro de la discriminación, el desamparo y la violencia de nuestro país.